STC11164-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11164-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00317-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 1 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jeanette Hidalgo Mej\u00eda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, Heli Mart\u00ednez Garc\u00eda, Eduardo Barrera Aguirre, Orlando Melo Bernal, Arnold Ferney y Daniel Mart\u00ednez Mantilla, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2018-00086. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho enjuiciado. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Refiere que, en el a\u00f1o 2016, present\u00f3 demanda para que se declarara el incumplimiento de la promesa de compraventa que hab\u00eda celebrado Amanda Mantilla Mu\u00f1oz, respecto de los inmuebles identificados con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 307-9826 y 307-9825, quien falleci\u00f3 durante el tr\u00e1mite, debi\u00e9ndose efectuar la respectiva sucesi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Que el juzgado accionado dict\u00f3 sentencia el 19 de julio de 2017, declarando resuelto el contrato por \u00abmutuo incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, Hel\u00ed Mart\u00ednez Garc\u00eda, Daniel Mart\u00ednez Mantilla y Arnol Ferney Mart\u00ednez Mantilla, iniciaron un tr\u00e1mite verbal, el cual se identific\u00f3 con el radicado n.\u00ba 2018-00086, solicitando el reconocimiento de la suma de $95\u2019322.500, por concepto de mejoras, pretensiones respecto de las cuales se opuso, formulando las excepciones que nomin\u00f3 \u00abcosa juzgada, preclusi\u00f3n, caducidad, y falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb; mismas que fueron declaradas como no probadas por parte del Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot, reconociendo el rubro peticionado y ordenando pagar la suma de $31\u2019004.869 a favor de los reclamantes. <\/p>\n
Que, respecto del pronunciamiento antedicho, fue interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n por la aqu\u00ed quejosa, mismo que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe, c\u00e9lula judicial que, el 9 de octubre de 2020, resolvi\u00f3 confirmar lo decidido en primera instancia. <\/p>\n
En vista de lo anterior, instaur\u00f3 tutela, argumentando diversos yerros al momento de desatar la alzada, amparo constitucional que fue estimado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante sentencia de 13 de mayo de 2021, ordenando que fuera proferido un nuevo fallo, determinaci\u00f3n que, tras ser impugnada, fue confirmada por esta Sala mediante providencia STC8444-2021. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el 28 de mayo de 2021, el juzgado del circuito dict\u00f3 nueva decisi\u00f3n, manteniendo lo dispuesto en primer grado; se\u00f1alando que la presente acci\u00f3n tiene fundamento en la \u00abinconformidad de falta de aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales de justicia y equidad\u00bb, pues, si ya hab\u00eda sido declarado el mutuo incumplimiento, sin que le fueran reconocidos los frutos civiles, en su sentir, no puede orden\u00e1rsele pagar mejoras. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Girardot, expres\u00f3 que, efectivamente, la sentencia cuestionada fue notificada el 9 de mayo de 2022, debido a dificultades administrativas del despacho, llamando la atenci\u00f3n en punto a que en el actuar de la tutelante existe \u00abtemeridad y mala fe\u00bb, debido a que en enero del a\u00f1o pasado formul\u00f3 amparo por id\u00e9nticos hechos y pretensiones, se\u00f1alando que, si considera que no se hab\u00eda dado cumplimiento a la orden all\u00ed impartida, el camino pasible de tramitaci\u00f3n, era el incidente de desacato. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil Municipal de esa ciudad, se\u00f1al\u00f3 que no se advierten cumplidos los presupuestos generales y espec\u00edficos para que proceda la acci\u00f3n tuitiva, al afirmar que la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 est\u00e1 enmarcada dentro de la \u00ablegalidad y constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, los demandados en el proceso, vinculados al tr\u00e1mite, se opusieron aduciendo que la actora estar\u00eda incurriendo en \u00abdelito de falso testimonio y otras defraudaciones de la ley penal\u00bb, al reiterar unos hechos, pretensiones y derechos que ya fueron invocados en contra de las mismas partes y en un \u00abtiempo de acci\u00f3n muy corto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, por cuanto no se satisface el requisito de la subsidiariedad, puesto que \u00abal quejarse la accionante de que la sentencia de 28 de mayo de 2021, notificada el 9 de mayo del a\u00f1o en curso, que mantuvo la decisi\u00f3n de primer grado reconoci\u00e9ndole las mejoras a los demandantes, y orden\u00e1ndole a ella pagar la suma de $31\u2019004.889, no hace cuenta, en ning\u00fan momento, de que dicha decisi\u00f3n fue emitida en cumplimiento de una orden de tutela, ya que la autoridad judicial accionada no hab\u00eda abordado \u201cla totalidad de temas\u201d que le hab\u00eda expuesto la quejosa en el recurso de apelaci\u00f3n, pues \u201cen su motivaci\u00f3n dej\u00f3 en el vac\u00edo situaciones jur\u00eddicas que debieron resolverse\u201d (\u2026), desde luego que para determinar si el juzgador acat\u00f3 lo referido en dicho pronunciamiento, el escenario para discutirlo no es otra tutela, sino el desacato\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abla sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el H. Tribunal Superior de Cundinamarca (Tutela 2021-00011-00), ten\u00eda como objeto que el accionado (Juzgado Primero Civil del Circuito) abordara todos los temas de la defensa propuestas ante el Juez de primera instancia, pero jam\u00e1s insinu\u00f3 par\u00e1metros de que se tuviera en cuenta el fallo de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa…\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la tutela satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la autoridad querellada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la gestora dentro del verbal (rad. 2018-00086), tras condenar a la accionante al pago de unas mejoras que, en su inteligir, no debe asumir. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto – la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente, se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
Bajo tales premisas, del estudio de los hechos expuestos por la aqu\u00ed reclamante, se advierte que la denegaci\u00f3n del auxilio deber\u00e1 respaldarse, al no superarse el presupuesto de procedibilidad antedicho, el cual constituye uno de los principios esenciales que orienta esta acci\u00f3n excepcional, ya que la actora tiene a su alcance el incidente de desacato para procurar la satisfacci\u00f3n de sus s\u00faplicas. <\/p>\n
Sobre este tema en particular, en un asunto similar esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [N]o resulta viable la protecci\u00f3n rogada, puesto que la decisi\u00f3n censurada fue emitida por la autoridad judicial acusada en cumplimiento del fallo de tutela que otrora oportunidad se ampar\u00f3 los derechos fundamentales deprecados [\u2026] circunstancia que pone al descubierto la improcedencia de la acci\u00f3n aqu\u00ed impetrada, toda vez que su objeto se trata de una decisi\u00f3n respecto de la cual el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno, am\u00e9n de que apunta a un nuevo estudio de la misma naturaleza dentro de una etapa procedimental inexorablemente ligada a la que defini\u00f3 la procedencia del primigenio amparo tutelar (\u2026). <\/p>\n
En efecto, resulta claro, como ya se dijera, que la providencia que ahora [se] cuestiona [\u2026] fue dictada en acatamiento al fallo de 2 de agosto de 2012, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, ordenando al juzgado recriminado proferir una nueva sentencia en la que tuviera en cuenta las observaciones all\u00ed dispuestas, \u201cde modo que el escenario apropiado para escrutar la actitud asumida por el funcionario judicial en la referida providencia, es el previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991\u201d (Sentencia de 21 de septiembre de 2006, dictada por esta Corporaci\u00f3n dentro del Exp. T. No. 11001-22-03-000-2006-01249-01, reiterada en fallo de 18 de febrero de 2013, exp. 02090-01, entre otros), es decir, que de cara al acotado pronunciamiento judicial recriminado, el interesado podr\u00e1 acudir al incidente de desacato a efectos de que se cumpla la orden del juez de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) [P]or manera que habiendo dise\u00f1ado el legislador otra herramienta id\u00f3nea para elucidar la problem\u00e1tica expuesta, se estructura, entonces, el motivo legal de improcedencia que prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del citado Decreto, puesto que al margen de toda consideraci\u00f3n, lo cierto es que la decisi\u00f3n de [18 de junio de 2010] -que constituye el detonante del amparo- se adopt\u00f3 para acatar una sentencia de tutela, lo que implica que cualquier cr\u00edtica relacionada con que en ese proceder se hubiere lesionado el ordenamiento jur\u00eddico, cumple suscitarla en ese particular terreno tutelar (\u2026)\u00bb.(CSJ. STC de 13 de marzo de 2006, exp. 00302-01, reiterada entre otras en STC6700-2019, 28 may., rad. 2019-00112-01). <\/p>\n
Y en otra oportunidad, en un caso en el que se formul\u00f3 un auxilio para procurar el cumplimiento de una orden impartida en una salvaguarda, esta Corporaci\u00f3n expuso que el solicitante deb\u00eda acudir ante el juez que avoc\u00f3 primigeniamente el conocimiento de aquella, \u00abporque frente al incumplimiento de la orden de un fallo de tutela procede el desacato, y no otra protecci\u00f3n de amparo, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional; la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, s\u00f3lo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos previstos para el efecto\u00bb (CSJ STC, 29 de junio de 2007, exp. 00141-01, reiterada, entre otras, STC8993-2017, 21 de jun., rad. 2017-00254-01). <\/p>\n
Teniendo claro lo anterior, en el sub examine la tutelante censura la determinaci\u00f3n proferida por el juzgado del circuito, tras advertir que aquella no se ajust\u00f3 a postulados de justicia y equidad, al no tenerse en cuenta el proceso en el cual se dispuso la terminaci\u00f3n por mutuo incumplimiento, oportunidad en la que no fue solicitado el reconocimiento de mejoras, sin embargo, debe se\u00f1alar la Corte que, en la acci\u00f3n constitucional con radicado n.\u00b0 2021-00011, el tribunal dio par\u00e1metros observables al momento de emitir la nueva sentencia. <\/p>\n
Fue as\u00ed que dicha colegiatura se\u00f1al\u00f3: \u00abrevisadas las actuaciones al interior del proceso, llama poderosamente la atenci\u00f3n el c\u00f3mo se omiti\u00f3 por el Juez que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n en ocuparse de fondo respecto a la excepci\u00f3n de cosa juzgada que hab\u00eda sido planteada desde un inicio y fue igualmente presentada como reparto en la apelaci\u00f3n; lo cual se torna m\u00e1s \u00e1lgido, cuando el tema de las mejoras reclamadas y su demostraci\u00f3n -en cuanto a existencia y valor (que tambi\u00e9n fue recurrido por la contraparte)-, estando aun el bien en manos de los demandantes por retenci\u00f3n, tiene un desarrollo normativo y jurisprudencial particular que de forma alguna fue contemplado en los especiales contornos que se presenta, pretendiendo dejar todo validado bajo el manto de evitar un enriquecimiento sin causa, lo cual, no resulta suficiente para considerarlo como una motivaci\u00f3n que soporta la decisi\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
Es claro el lineamiento dictado en el sentido de que la decisi\u00f3n deb\u00eda estar a tono con el precedente imperante en la materia, as\u00ed como a la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de convicci\u00f3n arrimados al proceso. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, la queja que ahora por esta senda constitucional pretende zanjarse, entra\u00f1a, directamente, una consideraci\u00f3n de disonancia entre lo decidido en cumplimiento del fallo de tutela y lo que la accionante considera debi\u00f3 resolverse, lo cual impone concluir que el camino llamado a dirimir la controversia, tal y como se indic\u00f3 en primera instancia, es el incidente de desacato, oportunidad en la cual se analizar\u00e1 por el juez competente si la decisi\u00f3n fue cumplida o no, es decir, si se atendieron en debida forma los lineamientos impartidos en la sentencia de amparo, lo cual no se realiz\u00f3 por la convocante, raz\u00f3n por la cual, no es una nueva acci\u00f3n la llamada a estudiar tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, deviene la ratificaci\u00f3n de la negativa del amparo, porque el promotor de la salvaguarda cuenta con el tr\u00e1mite incidental de desacato, id\u00f3neo para definir si la autoridad accionada contravino la orden de tutela dada en las providencias constitucionales tantas veces referidas, en los t\u00e9rminos espec\u00edficos en que aqu\u00e9lla consisti\u00f3, correspondiendo avocarlo al juez constitucional que conoci\u00f3 en primer grado la primigenia demanda; de suerte que, mientras esa posibilidad est\u00e9 habilitada, no procede la injerencia de esta particular justicia en dicho asunto dado su estricto car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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