STC11166-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11166-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00342-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que Constanza L\u00f3pez Agudelo, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija Daniela Berm\u00fadez L\u00f3pez, instaur\u00f3 en contra de los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la guarda de los derechos a la \u00abvida, estabilidad emocional, salud, seguridad para la sobrevivencia, para que, <\/p>\n
(\u2026) no se vulneren sus Derechos Humanos fundamentales, por el actuar contra constitucional de la Se\u00f1ora Juez Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y el Juez Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1, quien obra como comisionado de la primera, al pretender desconocer el derecho al dominio que por prescripci\u00f3n (…) creen tener adquirido, sobre el bien inmueble, Apartamento 202, en menor extensi\u00f3n, ubicado dentro del edificio localizado en la Calle 13 7 -57 del Barrio Centro del \u00e1rea urbana de Tocancip\u00e1, Departamento de Cundinamarca, y del que se busca desalojarlas por la fuerza de la ley, anteponiendo gravemente la misma a las evidentes consideraciones relacionadas con la condici\u00f3n de madre soltera, cabeza de hogar, manifiestamente vulnerable, que corresponden a la primera, ni de los derechos que le asisten a su hija de 10 a\u00f1os de edad, que conllevar\u00edan a afectar, incluso su propia vida, su estabilidad emocional, su salud, su relativa seguridad para la sobrevivencia, habiendo, Se\u00f1or\u00edas, demandado con antelaci\u00f3n a la diligencia de desalojo, la correspondiente acci\u00f3n de pertenencia que debe ser procesada y definida por el competente. <\/p>\n
En compendio, adujo que su ex pareja Alejandro Berm\u00fadez Valencia adquiri\u00f3 la propiedad y dominio del inmueble ubicado en la Calle 13 No. 7-57, barrio centro del \u00e1rea urbana de Tocancip\u00e1, consistente en \u00abun edificio de tres (3) pisos con dos apartamentos en los niveles tres (3) y dos (2) y tres (3) subdivisiones en el piso uno (1), dos apartamentos y un local comercial\u00bb (23 mar. 2011); que convivieron en el apartamento 202 y procrearon a Daniela Berm\u00fadez L\u00f3pez; empero, debido al \u00abdeteriorado de la relaci\u00f3n de pareja (\u2026) y se hab\u00eda producido el alejamiento definitivo del Se\u00f1or Berm\u00fadez L\u00f3pez\u00bb, frente a una reclamaci\u00f3n que le hiciera \u00abrespecto a la responsabilidad que ya ten\u00eda con su hija, le manifest\u00f3, que \u00e9l ya estaba cumpliendo al haberle regalado el apartamento a las dos\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 en el ejecutivo hipotecario que Bancolombia formul\u00f3 contra Berm\u00fadez L\u00f3pez (n\u00b0 2013-00057), decret\u00f3 \u00abel secuestro de todo el edificio por estar garantizando una deuda que el se\u00f1or BERM\u00daDEZ L\u00d3PEZ ten\u00eda con Bancolombia\u00bb (22 nov. 2013), aprob\u00f3 el remate del bien dado en garant\u00eda (6 may. 2019) y declar\u00f3 terminado el proceso por pago de la obligaci\u00f3n con el producto de la almoneda (19 may. 2021); empero, \u00abpor su limitada formaci\u00f3n acad\u00e9mica, no sab\u00eda de la deuda y mucho menos supo interpretar la gravedad de la situaci\u00f3n que se estaba presentando con el secuestro\u00bb, es decir, \u00abnunca ejercit\u00f3 el eventual mecanismo establecido por el art\u00edculo 597 del C. G. del P. y, los a\u00f1os pasaron sin que sucediera alguna anormalidad respecto al bien\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, posteriormente, dicho estrado comision\u00f3 al Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 (exhorto n\u00b0 013 de 10 de mayo de 2022) para llevar a cabo la \u00abentrega del segundo piso rematado en diligencia de 21 de enero de 219, ubicado en la calle 13 No. 7-57 del municipio de Tocancip\u00e1, dentro del proceso ejecutivo hipotecario (\u2026)\u00bb, diligencia en la que, por medio de abogado \u00abpresent\u00f3 oposici\u00f3n y ante la negativa, la cual se encuentra expresa en el art. 456 del C.G.P., se interpuso recurso de reposici\u00f3n al que no se dio tr\u00e1mite y frente a esta decisi\u00f3n el togado, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia por presuntas vulneraciones al derecho de defensa requiriendo la presencia del Ministerio P\u00fablico y Defensor\u00eda\u00bb (1 jul.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que, reprogramada la actuaci\u00f3n, previa citaci\u00f3n de la Personer\u00eda Municipal y Comisaria de Familia al informarse que habitaba una menor en el lugar, su mandatario \u00abPersisti\u00f3 en la oposici\u00f3n a la entrega del inmueble\u00bb aduciendo que \u00absemanas antes, la misma se\u00f1ora Constanza L\u00f3pez, hab\u00eda presentado demanda de pertenencia promoviendo el Proceso Verbal Especial de que trata el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre el bien inmueble Apartamento 202, en menor extensi\u00f3n, del edificio localizado en la Calle 13 7 -57 del Barrio Centro del \u00e1rea urbana de Tocancip\u00e1\u00bb (8 jul.). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, una vez m\u00e1s pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n de la \u00abentrega\u00bb hasta \u00abtanto se definiera, por sentencia judicial ejecutoriada, si realmente las accionantes ten\u00edan el derecho a obtener el dominio del mismo, toda vez que ya se hab\u00edan iniciado los tr\u00e1mites legales para ello\u00bb y, como sus ruegos no fueron atendidos, \u00abrecurri\u00f3 la decisi\u00f3n, impugnaci\u00f3n que se concedi\u00f3 en el efecto \u201cdevolutivo\u201d que, en manera alguna, impedir\u00e1 el desalojo previsto y advertido. Dicha determinaci\u00f3n extrema, qued\u00f3 en vilo hasta el 8 de septiembre hoga\u00f1o (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que las autoridades querelladas, inobservaron: <\/p>\n
a)- Que nunca \u00abse les ha requerido oficialmente para la entrega, a alguien en particular, de lo que consideran su vivienda desde hace m\u00e1s de once (11) a\u00f1os. Salvo el sorpresivo operativo desplegado p\u00fablicamente el 1 de julio y el 8 de julio hoga\u00f1o\u00bb; <\/p>\n
b)- Que \u00abdemand\u00f3 oportunamente el Derecho a obtener el dominio de la vivienda que posee antes de que se iniciar\u00e1 el proceso judicial que culmin\u00f3 con la orden de remate en el a\u00f1o 2019. Dicha demanda, como se indic\u00f3 en los hechos, est\u00e1 radicada bajo el n\u00famero 2022-00400 del 24 de junio 2022 en el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1\u00bb, lo que, en su opini\u00f3n, le otorg\u00f3 \u00abel derecho ineludible a que el servicio de justicia, absolviera si le asiste o no tal derecho, pues alega cumplir con todos los requisitos indicados concretamente por el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. Lo contrario, es denegarle a las accionantes su derecho a la justicia\u00bb; y, <\/p>\n
c)- \u00abSi bien es cierto, (\u2026) no dispuso de la oposici\u00f3n al momento en que se realiz\u00f3 la diligencia de secuestro, en el a\u00f1o 2013, cuando ella junto a su hija, ya ten\u00edan el due\u00f1aje del apartamento 202\u00bb, ello tuvo lugar, porque \u00abse los hab\u00eda regalado el entonces propietario del edificio Berm\u00fadez L\u00f3pez, en cumplimiento de su deber como padre, con respecto a su reci\u00e9n nacida hija, la Se\u00f1ora Constanza, digo, se opuso f\u00e9rreamente a la entrega cuando de manera directa, el 1 de julio de 2022, el Juez comisionado, le exigi\u00f3 lo entregara\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y dijo que \u00ab(\u2026) apenas con la notificaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional conoce de [los] hechos, ya que a la fecha no se tiene noticia sobre los resultados del despacho comisorio librado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 relat\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al comisorio n\u00ba 013 y resalt\u00f3 que tanto \u00abla accionante Constanza L\u00f3pez Agudelo como Silvio de Jes\u00fas Morales, [formularon] oposici\u00f3n que es rechazada de plano por [aqu\u00e9l] y niega solicitud de suspensi\u00f3n elevada por los opositores interponiendo los recursos de ley, entre ellos el de apelaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, acot\u00f3 que \u00ab(\u2026) las partes han llegado a un acuerdo, solicitando la suspensi\u00f3n de la diligencia por el t\u00e9rmino de 60 d\u00edas para hacer la entrega de los dos apartamentos [por lo que] se fija el 8 de septiembre de 2022 para continuar con la diligencia\u00bb. <\/p>\n
Alejandro Berm\u00fadez Valencia narr\u00f3 los hechos por los que fue demandado y Mercedes Polo Tamayo, quien inco\u00f3 dos pleitos contra el primero, destac\u00f3 que no se satisfizo el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Cundinamarca desestim\u00f3 el auxilio, en tanto, no encontr\u00f3 \u00ab(\u2026) la vulneraci\u00f3n de alg\u00fan derecho superior de la quejosa o de su hija, pues aquellas tienen su hontanar en determinaciones judiciales que hace tiempo adquirieron firmeza, pues mem\u00f3rase que el remate fue aprobado por el juzgado de circuito en auto de 6 de mayo de 2019, por supuesto que, as\u00ed las cosas, mal puede pensarse en la tutela como remedio para la accionante\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, coligi\u00f3, en torno a la subsidiariedad del medio tuitivo que, \u00abde cualquier modo, el rechazo de la oposici\u00f3n que present\u00f3 a la entrega en que dio el funcionario judicial comisionado, es una decisi\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n, naturalmente que, en esas circunstancias, la tutela no viene de recibo (\u2026)\u00bb; y en relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable, que \u00abla entrega judicial de un inmueble \u201cno constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela (STC 29 de noviembre de 2006)\u00bb. <\/p>\n
4.- Dicho desenlace fue repelido por la quejosa, quien insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito primigenio y, resalt\u00f3 que: (i) No \u00abdesconocen los derechos que el nuevo propietario del edificio ha adquirido, las accionantes le reclaman con natural y obvia vehemencia, a las autoridades judiciales, suspendan la orden de desalojo, hasta tanto se decida debidamente (\u2026)\u00bb la acci\u00f3n de pertenencia por ella incoada y, (ii) Que \u00abella se opuso al desalojo, pero le fue negado, por lo que debi\u00f3 impugnar dicha decisi\u00f3n, concedi\u00e9ndole, el Juez del momento, el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo, tal como lo establece la ley vigente. Por esa raz\u00f3n, como lo descubre la Honorable Sala, esa decisi\u00f3n \u201cse encuentra en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 que el a quo se atuvo \u00ab(\u2026) a las documentales levantadas por los agentes judiciales contra quienes est\u00e1 perfilada la pretendida transgresi\u00f3n a los derechos humanos de las v\u00edctimas entre los que se incluyen su propia vida, su estabilidad emocional, su salud, su relativa seguridad para la sobrevivencia\u00bb, pero no atendi\u00f3 su \u00abpetici\u00f3n probatoria de interrogar a la accionante\u00bb a efectos de demostrar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb; menos a\u00fan advirti\u00f3 que \u00ablas hoy accionantes nunca formaron parte de los procesos que determinaron el embargo, el remate y\/o la entrega del edificio dentro del cual se encuentra el apartamento 202 que reclaman para s\u00ed las actoras, ellas, Se\u00f1or\u00eda, son terceros, seres humanos que requieren de la especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del socorro y la consecuente ratificaci\u00f3n de la sentencia confutada, pero, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Respecto de las censuras de la gestora contra la entrega del inmueble objeto del juicio hipotecario n\u00b0 2013-00057, la salvaguarda se torna anticipada, teniendo en cuenta que para la fecha en la que acudi\u00f3 a este sendero (27 jul. 2022), a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Es as\u00ed, porque L\u00f3pez Agudelo interpuso \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb (mins 00:03:30-00:08:45, video: 03.MP4, exp. 2022-00013) contra la providencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 que rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n que propuso frente a la \u00abdiligencia de entrega\u00bb, y al d\u00eda de hoy est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n por el Tribunal Superior de Cundinamarca; de ah\u00ed que, esa particular incidencia, sumada a la identidad que existe entre las premisas que soportaron la sustentaci\u00f3n y las aqu\u00ed exhibidas por la impulsora, suponen un presuroso ejercicio de esta ayuda constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que mientras no se desentra\u00f1e el mencionado medio impugnaticio no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, ya que implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC13188-2021, reiterada en STC5379-2022). <\/p>\n
Es por eso que esta Magistratura ha predicado en forma reiterada que, <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC6904-2020, STC13188-2021 y STC5379-2022). <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, porque entre la data del \u00faltimo de tales pronunciamientos (19 may. 2021), y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 jul. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de un (1) a\u00f1o, dos (2) meses y ocho (8) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC6690-2021 y STC5379-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la sedicente se demor\u00f3 en interponer la \u00abpetici\u00f3n supralegal\u00bb, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad atacada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados. <\/p>\n
Si bien, en algunos casos se ha superado la omisi\u00f3n de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la tardanza en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Sin embargo, en este evento, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis se\u00f1aladas en el prove\u00eddo STC3949-2021, debido a que, la actora se limit\u00f3 a manifestar que \u00abnunca formaron parte de los procesos que determinaron el embargo, el remate y\/o la entrega del edificio dentro del cual se encuentra el apartamento 202 que reclaman para s\u00ed las actoras, ellas, Se\u00f1or\u00eda, son terceros, seres humanos que requieren de la especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, exculpaciones que no son de recibo, ya que si cre\u00eda que sus garant\u00edas b\u00e1sicas estaban siendo lesionadas con dichas decisiones, debi\u00f3 acudir oportunamente a este selecto instrumento, en tanto lo acreditado es que, intervino en ese paginario (2013-00057) el 8 de octubre de 2019, solicitando la nulidad \u00abdel remate\u00bb, negada en auto del 6 de marzo de 2020 (fl. 11 C-2). <\/p>\n
2.- De otro lado, pese a que la accionante asegur\u00f3 que la situaci\u00f3n puesta de presente les est\u00e1 ocasionado a ella y a Daniela Berm\u00fadez L\u00f3pez un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no demostr\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas rogadas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (STC3455-2020 y STC16008-2021). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se refrendar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11166-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11166-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00342-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66369\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}