STC11167-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11167-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01390-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 26 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Cabrera Cabrera contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2015-00978. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abtrabajo, vida digna (\u2026) [y] tutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Rodrigo Cabrera Cabrera promovi\u00f3 declarativo en contra de Luis Alberto Gonz\u00e1lez Chaux, Construcciones Lago S.A.S y Multiservicios Profesionales S.A.S., en procura del reconocimiento de la relaci\u00f3n de trabajo entre ambas partes, \u00aba t\u00e9rmino indefinido entre el 1 de noviembre de 2000 y el 15 de septiembre de 2013\u00bb1 y, en consecuencia, solicit\u00f3 el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00abla indemnizaci\u00f3n moratoria, (\u2026) el reajuste de \u00ablos aportes a cotizaci\u00f3n a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n [\u2026] [y] la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa\u00bb, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, quien declar\u00f3 la existencia del v\u00ednculo laboral, en consecuencia conden\u00f3 a los all\u00ed querellados a pagar la suma de $2.731.350 a t\u00edtulo de sanci\u00f3n moratoria y decret\u00f3 \u00abparcialmente fundadas las excepciones (\u2026) denominadas inexistencia de la obligaci\u00f3n que se reclama, pago, buena fe, compensaci\u00f3n y prescripci\u00f3n [desde el 14 de septiembre del 2012 hacia atr\u00e1s]\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Modificar el ordinal primero de la sentencia apelada, en el sentido de que la \u00faltima remuneraci\u00f3n mensual del actor acreditada en juicio ascend\u00eda a la suma de $4.772.131. SEGUNDO: Revocar el apartado contenido en el ordinal segundo del fallo (\u2026) en el cual se declara infundada totalmente la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n. TERCERO: Adicionar al fallo apelado en ordinal 2A, [y en tal sentido] condenar a los demandados a pagarle al actor, la suma de $990.266 pesos, por concepto de saldo insoluto de prestaciones sociales y la suma de $2.386.066 pesos, por el salario correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2013; valores que deber\u00e1n cancelarse debidamente indexados desde el 15 de septiembre de 2013 hasta el momento en que se haga efectivo el pago. CUARTO: Adicionar la sentencia en la ordinal subsecci\u00f3n B [as\u00ed:] Condenar a las demandadas al pago y reajuste de aportes pensionales que (\u2026) en favor del demandante y en la AFP Protecci\u00f3n, previa solicitud del c\u00e1lculo actuarial QUINTO: Modificar el ordinal tercero del fallo apelado, en el sentido de que la sanci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST a cargo de los demandados y en favor del actor, asciende a la suma de $22.102.875 pesos, esa es la \u00fanica sanci\u00f3n que se da. SEXTO: Condenar a las demandadas a pagar el 70% de las costas de la segunda instancia, en favor del demandante\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, los dos extremos de la litis, recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 que no se \u00abencuentra[n] acreditados los equ\u00edvocos endilgados al [fallador de segundo grado]\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, en sentir del aqu\u00ed gestor, incurri\u00f3 en exceso de ritual manifiesto pues respecto de la prescripci\u00f3n del auxilio de cesant\u00edas \u00abla Sala No. 1 ten\u00eda la competencia para realizar el juicio de legalidad sobre las consideraci\u00f3n jur\u00eddicas adoptadas por el fallador de segundo grado al declarar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues, en \u00faltimas, fue esta la inconformidad elevada por el profesional del derecho al elevar la apelaci\u00f3n, esto es, la extinci\u00f3n de [las] cesant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello, sobre la indemnizaci\u00f3n moratoria \u00abla Sala 1 de Descongesti\u00f3n Laboral, [infiri\u00f3] que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al absolver sobre [dicha] condena (\u2026), con el razonamiento seg\u00fan el cual los demandados estaban bajo el convencimiento que el v\u00ednculo que los uni\u00f3 no fue de car\u00e1cter laboral. (\u2026) Tal conclusi\u00f3n es manifiestamente contraria a lo demostrado con los medios de convicci\u00f3n, de los que se evidencia que la demandada conoc\u00eda la verdadera naturaleza de la relaci\u00f3n de trabajo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n SL2181-2022 del 22 de junio de 2022 y en consecuencia se profiera un nuevo fallo \u00aben el que se resuelvan los cargos con total apego a las reglas que impone el derecho fundamental al trabajo, vida digna, debido proceso y tutela judicial efectiva, y, en atenci\u00f3n al precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abno se observa que esta Sala hubiese vulnerado los derechos del accionante ni incurrido en un defecto f\u00e1ctico, pues, la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en criterios que distan de ser subjetivos, ya que luego del an\u00e1lisis de las pruebas denunciadas, se concluy\u00f3 que de ellas no era posible derivar un yerro en la decisi\u00f3n del Tribunal en la medida en que, en primer lugar, se demostr\u00f3 que el actor, en el recurso de apelaci\u00f3n no hizo un reparo expreso y concreto frente a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n decretada en primera instancia en particular respecto de las cesant\u00edas, siendo imposible que el Tribunal y esta Sala se pronunciaran de oficio, y, en segundo lugar, no se prob\u00f3 que la demandada hubiera actuado de mala fe, sino que se evidenci\u00f3 un obrar ajustado a la buena fe, que hizo improcedente la indemnizaci\u00f3n moratoria\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Laboral del Circuito de Neiva refiri\u00f3 las actuaciones procesales surtidas en el juicio e indic\u00f3 que desconoce \u00ablos t\u00e9rminos de la decisi\u00f3n de primer grado, toda vez que fue proferida por el anterior titular del despacho\u00bb. <\/p>\n
3. Luis Alberto Gonz\u00e1lez Chaux adujo que \u00ablo que pretende es se\u00f1alar un presunto desconocimiento de precedente jurisprudencia, sin embargo, lo que aqu\u00ed ocurre es que el ciudadano no est\u00e1 conforme con la decisi\u00f3n y busca obtener una opini\u00f3n diferente, acudiendo a mecanismos excepcionales, sin probar la excepcionalidad requerida\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abal resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b01 no pod\u00eda asumir el estudio de asuntos que no fueron objeto de reproche en el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la parte actora, pues de hacerlo estar\u00eda quebrantando el debido proceso por desconocer el principio de consonancia establecido en el art\u00edculo 66A del CPTSS, conforme al cual la sentencia de segunda instancia \u201cdeber\u00e1 estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n con las consideraciones planteadas en el fallo de casaci\u00f3n cuestionado (SL2181-2022 de 22 de junio de 2022) sobre la indemnizaci\u00f3n moratoria, se evidencia en el texto de la providencia confutada que all\u00ed se expuso con claridad y suficiencia la valoraci\u00f3n de las pruebas relacionadas con la conducta del empleador con miras a establecer la procedencia de imponerle el pago de la indemnizaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL2181-2022, rad. 86152), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que no se \u00abencuentra[n] acreditados los equ\u00edvocos endilgados al [fallador]\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo formulado por el promotor, en el que se acus\u00f3 a la providencia de segundo grado de ser \u00abviolatoria de la ley sustancial, por la v\u00eda directa en la modalidad de infracci\u00f3n directa del numeral 4 del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, en relaci\u00f3n con los numerales 1 y 3 de este mismo art\u00edculo y el 102 de la Ley 50 de 1990; lo que condujo a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 249 y 488 del CST\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l recurrente cuestiona que no se hubiese advertido que la exigibilidad del auxilio de cesant\u00edas solamente surge una vez finaliza el v\u00ednculo de trabajo; raz\u00f3n por la cual, considera que ha debido ordenarse el pago de esta prestaci\u00f3n desde el a\u00f1o 2001, esto es, por todo el tiempo laborado, y no limitarse a verificar su pago del a\u00f1o 2012 en adelante\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 que \u00abeste cuestionamiento en torno al momento a partir del cual se hacen exigibles las cesant\u00edas, y, por ende, se empieza a contabilizar su t\u00e9rmino prescriptivo, no fue planteado por el actor ante el juez de la alzada y por ese mismo motivo, tampoco el Tribunal se pronunci\u00f3 al respecto\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 analizando el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el gestor en su momento, en el cual se presentaron los siguientes reparos: \u00abi) el extremo inicial de la relaci\u00f3n de trabajo; iii) (sic) el verdadero monto del salario devengado; iii) la procedencia de la indemnizaci\u00f3n por despido indirecto; iv) un \u00aberror de precisi\u00f3n\u00bb en la definici\u00f3n de la prescripci\u00f3n, fundado \u00fanica y expresamente en que la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda no correspond\u00eda al 15 de septiembre de 2015 sino al 14 del mismo mes y a\u00f1o y; v) la mala fe con que obr\u00f3 la parte accionada, al pretender sustentar que las numerosas consignaciones bancarias a favor del actor correspond\u00edan a ganancias o utilidades recibidas como socio, lo cual \u00abno es real\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Sobre este aspecto, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla parte actora no controvirti\u00f3 de manera expresa en la alzada la determinaci\u00f3n del momento a partir del cual resultaba exigible el auxilio de cesant\u00edas ni cuestion\u00f3 el decreto de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n frente a este concepto en particular. Ninguna fundamentaci\u00f3n o argumentaci\u00f3n hizo al respecto, pese a que el a quo consider\u00f3 que todos \u00ablos derechos\u00bb causados con una antelaci\u00f3n superior a los tres a\u00f1os contados desde la presentaci\u00f3n de la demanda (15 de septiembre de 2015), se encontraban afectados por la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que el convocante, al no objetar puntualmente dicho aspecto que ahora plantea en el cargo \u00abimpidi\u00f3 que el juez colegiado lo abordara en la sentencia impugnada y de paso, que esta Corte pudiera analizar su correcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[N]o podr\u00eda endilgarse un error jur\u00eddico al colegiado, pues su decisi\u00f3n se limit\u00f3 a la competencia asignada por el art\u00edculo 66A del CPTSS, que solo le permite al juez de segundo grado conocer y resolver sobre los asuntos motivo de la alzada. Debe resaltarse que en la apelaci\u00f3n es necesario cuestionar de manera expresa y concreta cada una de las condenas o materias objeto de pronunciamiento en primer grado con las que no se est\u00e9 conforme, sin que pueda entenderse que al aludir a un \u00aberror de precisi\u00f3n\u00bb frente a la prescripci\u00f3n, sustentado \u00fanicamente en la fecha exacta de presentaci\u00f3n de la demanda, como aqu\u00ed lo hizo el demandante, tambi\u00e9n rebati\u00f3 la exigibilidad de las cesant\u00edas y la definici\u00f3n de la prescripci\u00f3n que surge de ella en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 249 del CST\u00bb y de esta forma desestim\u00f3 el reproche. <\/p>\n
Ahora bien, en el estudio del segundo embate en el que se acus\u00f3 a la determinaci\u00f3n de segunda instancia de ser \u00abviolatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 65 del CST modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2002\u00bb, la autoridad enjuiciada refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Sala establecer si el juez colegiado incurri\u00f3 en error al negar el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n moratoria a partir del 4 de febrero de 2014 en adelante, por considerar que los demandados tuvieron una intenci\u00f3n razonable de asumir las obligaciones laborales y, por ende, obraron de buena fe\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo en lo establecido en el fallo SL 8 may. 2012, rad. 39186, razon\u00f3 que \u00abla indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST no es de aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica, tal como lo refiri\u00f3 el colegiado, sino que su imposici\u00f3n debe estar precedida de un an\u00e1lisis del comportamiento del empleador que omite o retarda el pago de las obligaciones laborales a su cargo al t\u00e9rmino de la relaci\u00f3n de trabajo. Para lo cual, el juzgador tiene el deber de verificar, a trav\u00e9s de los medios de pruebas allegados al proceso, cu\u00e1les fueron las razones de esta conducta omisiva o renuente, y si estas resultan serias y admisibles\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, procedi\u00f3 a revisar las pruebas denunciadas por el censor. En primer lugar, sobre la contestaci\u00f3n de la demanda y sus anexos, destac\u00f3 que \u00abes dable colegir, que el pago de prestaciones sociales sobre una base equivalente al SMLMV as\u00ed como el reconocimiento de un concepto denominado \u00abacuerdo de asociados\u00bb que all\u00ed se informa, aunque equivocado seg\u00fan lo verdaderamente acreditado en el proceso, corresponde al entendimiento de la pasiva frente a la naturaleza de la relaci\u00f3n que sostuvo con el actor, la cual solamente fue definida judicialmente en aplicaci\u00f3n del principio de la primac\u00eda de la realidad sobre las formas.\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablo que se advierte es que la forma en que se hicieron los pagos en la liquidaci\u00f3n final del contrato (\u2026), refleja la creencia de la parte demandada sobre la modalidad contractual sostenida con el demandante, pues adujo que se trat\u00f3 de una relaci\u00f3n profesional entre ingenieros para obtener la adjudicaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de diferentes contratos de obras p\u00fablicas civiles, en la que el se\u00f1or Cabrera Cabrera fungi\u00f3 como socio y realiz\u00f3 sus actividades de manera aut\u00f3noma e independiente, y en virtud de ello, recib\u00eda el pago de utilidades o ganancias por cada proyecto realizado; y que adicionalmente o al margen de ello, los Consorcios que participaban en cada obra lo vinculaban laboralmente, por lo que surg\u00eda el pago de acreencias\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, concluy\u00f3 que \u00abla parte accionada ten\u00eda motivos razonables para entender que no se estaba necesariamente ante una verdadera relaci\u00f3n laboral subordinada, sino que era posible que la vinculaci\u00f3n se rigiera por otro tipo de convenio societario o comercial entre el ingeniero demandante y los demandados. Esto, dado que no solo fueron estos \u00faltimos quienes as\u00ed lo creyeron, sino que tambi\u00e9n era un aspecto que fue admitido en el ambiente de trabajo, aunque de manera equivocada seg\u00fan el an\u00e1lisis efectuado por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre las inconformidades respecto de la apreciaci\u00f3n del escrito inicial, el estrado querellado, adujo que \u00ab[l]a parte recurrente no presenta ninguna sustentaci\u00f3n en cuanto a lo que informa esta pieza procesal y cu\u00e1l pudo ser su incidencia en la decisi\u00f3n de la alzada. Se limita a enunciarla, pero sin realizar una confrontaci\u00f3n entre lo que ella acredita y las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal, con miras a evidenciar los yerros que le endilga, omisi\u00f3n que le impide a la Sala cualquier pronunciamiento, tal como se precis\u00f3 en sentencia CSJ SL 17 may. 2011, rad. 42037\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que \u00abla Sala no advierte un yerro ostensible en la decisi\u00f3n del colegiado, por lo que el cargo no prospera\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo de casaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
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STC11167-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11167-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01390-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66370","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66370"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66370\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66370"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}