STC11168-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11168-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00658-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, para que se ordenara a la autoridades acusadas: i) \u00abdeclarar nulo\u00bb todo lo prove\u00eddo y, consecuencialmente, ii) \u00abse requiera al quejoso [para que] se sirva manifestar el contenido [del] escrito [donde] desist\u00eda de la queja para que lo afirme o niegue\u00bb; iii) \u00abde manera razonada y detallada se verifique las fechas con la que fue presentada la queja (\u2026)\u00bb; iv) \u00abse haga valer todas las actuaciones de la recopilaci\u00f3n de las pruebas que fueron a favor del se\u00f1or Guzm\u00e1n\u00bb; v) \u00abse aplique la prescripci\u00f3n (\u2026) del art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007\u00bb; vi) \u00abse [l]e absuelva (\u2026) de todas las quejas en [su] contra\u00bb; vii) se rese\u00f1e \u00aben todas las bases de datos (\u2026) que est[\u00e1] absuelto y exonerado\u00bb; viii) \u00abse ordene seguir con el proceso [laboral que originaron aquellas], para (\u2026) presentar la regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb; o en su defecto, ix) Se ordenara a la segunda de ellas, pronunciarse sobre la petici\u00f3n de \u00abexoneraci\u00f3n de la sanci\u00f3n disciplinaria por existir un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
Del confuso libelo y las piezas arrimadas al plenario se puede extractar que Jos\u00e9 Hernando Guzm\u00e1n interpuso \u00abqueja\u00bb contra el actor por incurrir en presuntas \u00abfaltas disciplinarias\u00bb en el ejercicio del mandato que le confiri\u00f3 para iniciar \u00abproceso ordinario laboral\u00bb contra Colpensiones (29 jun. 2016), la cual fue asumida por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira; luego, solicit\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb o \u00abdesistimiento de la queja\u00bb (13 feb. 2017). <\/p>\n
En \u00abaudiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional\u00bb se imput\u00f3 al encartado las \u00abfaltas\u00bb descritas en los art\u00edculos 34, literales d) y h); 37, numeral 1\u00ba; y 39 de la Ley 1123 de 2007, en raz\u00f3n a que su \u00abactuaci\u00f3n\u00bb en aquel \u00ablitigio\u00bb tuvo vigencia desde el 24 de enero de 2013 hasta el 10 de julio de 2017; abandon\u00f3 la gesti\u00f3n encomendada, pues sin aviso, se ausent\u00f3 de su oficina y no atendi\u00f3 el requerimiento del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha para asistir a una \u00abaudiencia\u00bb; no le comunic\u00f3 a dicho estrado ni a su cliente la existencia de dos \u00absanciones disciplinarias\u00bb que le imped\u00edan ejercer la profesi\u00f3n (3 y 6 meses), las cuales se empezaron a ejecutar el 4 de mayo de 2017; no inform\u00f3 con veracidad sobre la evoluci\u00f3n de su labor y omiti\u00f3 \u00absustituir o renunciar\u00bb al \u00abpoder\u00bb, representaci\u00f3n que culmin\u00f3 el 1\u00ba de agosto de 2017, cuando otra abogada radic\u00f3 \u00abpoder para representar al quejoso\u00bb. <\/p>\n
La primera instancia se defini\u00f3 en contra del gestor, ya que fue sancionado con \u00absuspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de ocho (8) meses\u00bb, tras haber sido hallado responsable, a t\u00edtulo de dolo, de las aludidas \u00abfaltas\u00bb, a excepci\u00f3n de la consagrada en el numeral 1\u00ba del canon 37 del se\u00f1alado estatuto (19 oct. 2021). <\/p>\n
El \u00abdisciplinable\u00bb propuso recurso de apelaci\u00f3n, rechazado por extempor\u00e1neo, por lo que se remitieron las diligencias a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta (30 nov. 2021); pero \u00e9sta, al revisar el legajo not\u00f3 que la impugnaci\u00f3n fue formulada en tiempo, motivo por el cual la solvent\u00f3, resolviendo \u00abMODIFICAR la sentencia de primera [instancia]\u00bb en el sentido de \u00abREVOCAR la decisi\u00f3n de declararlo responsable y, en su lugar ABSOLVERLO, de la falta contenida en el art\u00edculo 34 literal d) ibidem\u00bb, quedando inc\u00f3lumes las dem\u00e1s y, por ende, rebaj\u00f3 la \u00absanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de ocho (8) a seis (6) meses en el ejercicio profesional\u00bb (23 mar. 2022). <\/p>\n
El querellante se duele de que los jueces de esa causa no tuvieron en cuenta, en compendio, el \u00abdesistimiento de la queja disciplinaria\u00bb presentado por quien fuera su cliente, en tanto, ante tal situaci\u00f3n, lo procedente era \u00abarchivar el proceso\u00bb; que no se encontraba \u00abinhabilitado ni suspendido en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb para el momento en que le fue \u00abconferido el poder y durante el tiempo en que represent\u00f3 los intereses del quejoso\u00bb; que no es cierto que haya \u00ababandonado la gesti\u00f3n que le fue encomendada\u00bb, toda vez que \u00abpresent\u00f3 la demanda laboral y sustituy\u00f3 el poder conferido a la abogada Andrea Ojeda Mej\u00eda\u00bb, y \u00abno pudo estar en contacto permanente con su cliente, en raz\u00f3n a que tuvo que abandonar la ciudad de Riohacha por ser v\u00edctima de amenazas contra su vida\u00bb; que en el \u00abproceso laboral\u00bb de marras se conden\u00f3 a Colpensiones a reconocer y pagar al \u00abquejoso\u00bb la pensi\u00f3n de vejez suplicada, por lo que se \u00abconfigur\u00f3 un hecho superado\u00bb; y que \u00abla acci\u00f3n disciplinaria se encuentra prescrita, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, de haber requerido ante la Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria censurada la \u00abexoneraci\u00f3n de la sanci\u00f3n disciplinaria por existir un hecho superado\u00bb (6 abr. 2022), sin que \u00abhasta la fecha no se han pronunciado ni hay radicado de recibido\u00bb. <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso al auxilio, porque \u00abla declaraci\u00f3n de responsabilidad estuvo ajustada a derecho, atendi\u00e9ndose los hechos jur\u00eddicamente relevantes que fueron materia de imputaci\u00f3n por la primera instancia y encontraron demostraci\u00f3n en cada una de las pruebas practicadas\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, luego de relatar las actuaciones del \u00abproceso disciplinario\u00bb opugnado, destac\u00f3 la improcedencia del ruego, dado que \u00aben parte alguna del l\u00edbelo de tutela el doctor Vargas Moncaleano indica ni justifica que en el caso concreto se cumpla alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que al indagarse en la \u00abSecretar\u00eda de esta Comisi\u00f3n Seccional\u00bb, se supo que, el 6 de abril de los corrientes, la \u00abpetici\u00f3n\u00bb de Vargas Moncaleano fue puesta en conocimiento \u00abdel Presidente Hern\u00e1n Reina Caicedo a trav\u00e9s de la auxiliar judicial del despacho\u00bb, pero \u00absolamente hasta el d\u00eda de hoy 21 de abril de 2022\u00bb se remiti\u00f3 al Magistrado sustanciador, quien \u00abse encuentra de permiso\u00bb, por lo que \u00abse proceder\u00e1 a su estudio para dar respuesta a la misma a la mayor brevedad posible, como quiera que \u201cla suspensi\u00f3n de la sanci\u00f3n\u201d no es un asunto que a primera vista est\u00e9 consagrado en la ley 1123 de 2007, y amerita un an\u00e1lisis m\u00e1s minucioso\u00bb. <\/p>\n
La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de la citada territorialidad inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abni en las pretensiones ni en los hechos, se refieren situaciones que deban ser conocidas y\/o tramitadas por este Consejo Seccional, ni existen actuaciones que comprometan su responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Agreg\u00f3, en cuanto a \u00abla terminaci\u00f3n del proceso disciplinario por desistimiento de la queja\u00bb, que la \u00abparticipaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n judicial [del quejoso] est\u00e1 limitada a las facultades que le otorga la Ley 1123 de 2007, que se restringen a i) poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos presuntamente constitutivos de faltas disciplinarias, ii) ampliar la queja, y iii) aportar las pruebas que sustenten su dicho. Por tanto, su desistimiento no extingue la acci\u00f3n disciplinaria al no ser una prerrogativa otorgada por el estatuto aplicable al caso, ni tampoco una causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria que se caracteriza por su car\u00e1cter oficioso\u00bb, de ah\u00ed que \u00abno hab\u00eda lugar a terminar la actuaci\u00f3n disciplinaria por las razones aducidas por el tutelante, ni a realizarse un pronunciamiento oficioso por parte de las autoridades judiciales sobre este particular\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, en relaci\u00f3n con la tardanza en responder a la \u00absolicitud de exoneraci\u00f3n de la sanci\u00f3n disciplinaria por existir un hecho superado\u00bb, que la misma \u00abfue remitida por la referida oficina de apoyo judicial al correo institucional de la Presidencia de esa Corporaci\u00f3n, que, a su vez, el 21 de abril de 2022, es decir, al d\u00eda siguiente de radicarse el mecanismo de amparo -20 del mismo a\u00f1o y mes- la envi\u00f3 a la cuenta electr\u00f3nica asignada al despacho del Magistrado ponente de primera instancia\u00bb, lo cual significa que \u00abla autoridad judicial accionada no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del actor, (\u2026) en la medida en que, a la fecha de promoverse la acci\u00f3n de tutela, no conoc\u00eda el contenido de ese escrito y, por ende, le era imposible emitir alguna consideraci\u00f3n al respecto\u00bb; sin embargo, la destinataria, \u00abel 22 de abril de la presente anualidad, se pronunci\u00f3 acerca la solicitud referida por el accionante\u00bb, neg\u00e1ndola, \u00abpronunciamiento fue remitido en la fecha de su emisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico suministrado por el accionante para efectos de notificaciones (javiervargasmoncaleano@hotmail.com)\u00bb. <\/p>\n
2.- Objet\u00f3 el accionante iterando los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera fase, porque el quejoso fue negligente en exponer ante el superior su inconformidad frente al \u00abdesistimiento\u00bb de la \u00abqueja\u00bb efectuado por el \u00abquejoso\u00bb en el \u00abproceso disciplinario\u00bb confutado (rad. 2016-00137); el pronunciamiento de segunda instancia debatido no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal; y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina tachada atendi\u00f3 la \u00abpetici\u00f3n\u00bb que iz\u00f3 el promotor para ser \u00abexonerado\u00bb de la \u00absanci\u00f3n disciplinaria\u00bb por \u00abexistir un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2.- En efecto, al otearse la encuadernaci\u00f3n referenciada se advierte que Javier Vargas Moncaleano, a pesar de que cuestion\u00f3 el veredicto de primer grado a trav\u00e9s del remedio vertical, no exhibi\u00f3 como \u00abreparo\u00bb lo atinente a las derivaciones del \u00abdesistimiento\u00bb de la \u00abqueja\u00bb manifestado por Jos\u00e9 Hernando Guzm\u00e1n. <\/p>\n
En tal sentido, tuvo la posibilidad de exteriorizar ante la \u00abjuzgadora natural\u00bb la irregularidad que ahora plantea en este sendero especial\u00edsimo, y no lo hizo, ya que no la arguy\u00f3 con el mecanismo autorizado para rebatir lo dictaminado en primera fase. De ah\u00ed que deba soportar los efectos adversos de su omisi\u00f3n por no haber hecho un buen uso de esa herramienta. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026), STC6663-2018, citada en STC6916-2020 y en la STC3496-2022. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020 y en la STC7199-2022). <\/p>\n
3.- De otro lado, al escrutar la directriz de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, se aprecia que \u00e9sta, despu\u00e9s de readecuar la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb, en tanto advirti\u00f3 mal denegada la alzada, al dirimirla realiz\u00f3 un sensato estudio de los reproches enunciados por el recurrente a la luz de las normas que disciplinan el asunto y la jurisprudencia aplicable al mismo, de las cuales concluy\u00f3, en paralelo con los medios de convicci\u00f3n, que el \u00abdisciplinado\u00bb solo es responsable de las \u00abfaltas\u00bb establecidas en los art\u00edculos 34, literal h) y, 39 de la Ley 1123 de 2007, m\u00e1s no de la enlistada en el literal d) del primero de los mentados preceptos, respecto de las cuales no se \u00abconfigur\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb, por lo que lo dictaminado por el a quo deb\u00eda modificarse. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, preliminarmente cavil\u00f3, frente a la figura procesal extintiva ilustrada, en lo pertinente, que, <\/p>\n
no es procedente decretar la terminaci\u00f3n del proceso disciplinario, en relaci\u00f3n con ninguna de las faltas por las cuales se impuso sanci\u00f3n al profesional del derecho. <\/p>\n
Al respecto, como lo ha sostenido esta corporaci\u00f3n judicial, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria es una figura jur\u00eddica en virtud de la cual cesa la potestad sancionadora del Estado por el paso del tiempo que ha sido consagrado previamente en la ley, prevista en el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007 (\u2026). <\/p>\n
Como puede verse, se trata de tres formas diferentes de realizaci\u00f3n de la conducta, las cuales prescriben de distinta manera. Para las conductas instant\u00e1neas, el plazo comienza a contabilizarse desde el d\u00eda de su consumaci\u00f3n, mientras que para las de car\u00e1cter permanente o continuado -que no son lo mismo- se debe tener en cuenta la realizaci\u00f3n del \u00faltimo acto. <\/p>\n
Ahora bien, trat\u00e1ndose de conductas de omisi\u00f3n la norma guarda silencio. En tal virtud, como ha sido se\u00f1alado previamente por esta corporaci\u00f3n, debe aplicarse por integraci\u00f3n normativa el art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002, norma que es clara en precisar que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n empezar\u00e1 a contarse \u201cpara las [conductas] omisivas cuando haya cesado el deber de actuar\u201d [Negrillas fuera de texto] <\/p>\n
Bajo esa premisa, en lo que toca con \u00abla conducta omisiva de \u201ccallar\u201d prevista en el literal h) del art\u00edculo 34, ibidem\u00bb, estim\u00f3 que <\/p>\n
es claro que se trata de una conducta de omisi\u00f3n que empez\u00f3 a ejecutarse cuando surgi\u00f3 la situaci\u00f3n que el abogado Vargas Moncaleano deb\u00eda comunicar a su cliente, consistente en el inicio de una sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n que lo apartaba del ejercicio profesional. Luego, entonces, la conducta omisiva de callar y, correlativamente, el deber de informar al cliente sobre la existencia de una situaci\u00f3n determinante para la continuidad de la relaci\u00f3n profesional fue un comportamiento omisivo ejecutado hasta cuando el cliente finalmente se enter\u00f3 sobre la sanci\u00f3n impuesta a su abogado, hecho que con claridad tuvo lugar en el mes de julio de 2017. <\/p>\n
Y, en lo concerniente con la consignada en el art\u00edculo 39 del rese\u00f1ado estatuto, que \u00abes claro que fue ejecutada por el abogado Vargas Moncaleano a partir del momento en el que empez\u00f3 a regir la primera sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n, hecho registrado el 4 de mayo de 2017. La incompatibilidad se mantuvo hasta el 1.\u00b0 de agosto siguiente, cuando la nueva abogada del se\u00f1or Guzm\u00e1n radic\u00f3 el poder ante el despacho judicial y, con ello, relev\u00f3 al profesional de la representaci\u00f3n que, en forma ilegal, ejerc\u00eda desde el 4 de mayo anterior\u00bb. <\/p>\n
Por lo que coligi\u00f3, que \u00abverificada la naturaleza de cada una de las faltas a las que se ajust\u00f3 la tipicidad de los comportamientos, es del caso desestimar el argumento del apelante porque ninguna relaci\u00f3n guarda con la forma en la que se ejecutan las faltas disciplinarias y la previsi\u00f3n legal que establece el t\u00e9rmino de vigencia de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, en relaci\u00f3n a la materializaci\u00f3n de las \u00abfaltas\u00bb, comenz\u00f3 por aseverar en cuanto a la previamente subrayada, que, <\/p>\n
en este caso estuvo demostrado que el abogado ejerci\u00f3 la profesi\u00f3n \u201cen los t\u00e9rminos del art\u00edculo 19 de la ley 1123 de 2007\u201d, pues cumpli\u00f3 la funci\u00f3n de asistir a una persona natural \u201cdentro del proceso o juicio, mediante la representaci\u00f3n judicial\u201d a pesar de estar suspendido del ejercicio profesional entre el 4 de mayo y el 1.\u00b0 de agosto de 2017, lapso en el que le era exigible renunciar o sustituir del poder. <\/p>\n
Por otro lado, aunque el abogado Vargas Moncaleano no desconoci\u00f3 que se enter\u00f3 sobre la sanci\u00f3n y la fecha en la que empez\u00f3 a regir, es importante referir que en este caso estuvo acreditado que el disciplinado tuvo acceso a esta informaci\u00f3n. Esta informaci\u00f3n encuentra soporte en el testimonio de la abogada Ojeda Mej\u00eda quien manifest\u00f3 que entre los meses de abril y mayo de 2017 fue abordada por un intermediario del abogado Vargas Moncaleano, para ponerla en contacto con el cliente porque este no pod\u00eda continuar a cargo del asunto. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el sucinto argumento del apelante no est\u00e1 llamado a prosperar y, en todo caso, las pruebas permiten verificar que el motivo de la inconformidad del se\u00f1or Guzm\u00e1n comprend\u00eda la omisi\u00f3n de renunciar o sustituir el poder luego de entrar en vigor la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n, as\u00ed como la existencia de la conducta y el conocimiento del abogado Vargas Moncaleano sobre la existencia de esta, previo a continuar en ejercicio del mandato, aspectos fundamentales para confirmar la declaraci\u00f3n de responsabilidad por ejercer en forma ilegal la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
Acto seguido, dedujo frente a la otra contravenci\u00f3n endilgada, que <\/p>\n
no hay duda frente a la conducta consistente en callar al cliente una situaci\u00f3n que pod\u00eda configurar un motivo determinante para interrumpir la relaci\u00f3n profesional. Esta situaci\u00f3n era del todo relevante y ten\u00eda serias implicaciones en la continuidad de la relaci\u00f3n profesional, pues al omitir la correcta informaci\u00f3n, el abogado finalmente pretend\u00eda continuar a cargo del asunto, a pesar de no serle posible el ejercicio de la profesi\u00f3n entre los meses de mayo a diciembre de 2017 <\/p>\n
A lo cual adicion\u00f3, que <\/p>\n
la imprecisi\u00f3n de los argumentos del apelante no releva por completo a la Comisi\u00f3n de precisar las razones por las cuales la conducta de omitir la debida informaci\u00f3n sobre la existencia de las sanciones disciplinarias, no solo resulta irrefutable de cara a las pruebas practicadas, sino que adem\u00e1s configura la conducta t\u00edpica de (i) callar (ii) la existencia de una situaci\u00f3n espec\u00edfica que le imped\u00eda ejercer la profesi\u00f3n y (iii) era un motivo determinante para que el cliente interrumpiera la relaci\u00f3n profesional, en procura de acceder a los servicios de un profesional que estuviera en condiciones de acudir a las audiencias que con la prontitud iban a programarse (archivo AB AP 2016 00137 JAVIER VARGAS MONCALEANO 39 Y 34.D (1).pdf., carpeta respuestas). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Corte no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el tutelante, pues la Corporaci\u00f3n reprochada examin\u00f3 las criticas esgrimidas contra la \u00absentencia\u00bb de primer nivel con sujeci\u00f3n a la normatividad y precedente que rigen la tem\u00e1tica, y efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, por lo que es evidente que la aspiraci\u00f3n del precursor es imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pol\u00e9mica, sin que tal designio se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, como la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira antes de que se emitiera el \u00abfallo constitucional\u00bb impugnado, se pronunci\u00f3 frente a la \u00absolicitud\u00bb de inaplicaci\u00f3n de la \u00absanci\u00f3n disciplinaria\u00bb que radic\u00f3 el impulsor (22 abr. 2022), neg\u00e1ndola (archivo 04AutoPoneEnConocimiento.pdf., ejusdem), determinaci\u00f3n que le fue notificada al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 (archivo RecibidoCorreoEnvioRespuesta.pdf.pdf., Cit.), es indudable que aflora una ausencia actual de objeto en ese aspecto y, por tanto, ning\u00fan sentido tiene que el \u00abjuez de tutela\u00bb estudie ese clamor y, dado el caso, imparta mandatos de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con una circunstancia que en el pasado hubiera podido configurarse, pero que, en este momento procesal, no existe. <\/p>\n
Sobre ese tema, la Corte Constitucional ha esgrimido: <\/p>\n
(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: (\u2026). <\/p>\n
Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que [,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (\u2026). C.C. T-038 de 2019; Exp. T-7.000.184; citada en CSJ STC7504-2021 y STC4724-2022, resalto intencional. <\/p>\n
5.- Ergo, como se anunci\u00f3, el prove\u00eddo rebatido ser\u00e1 respaldado, en atenci\u00f3n a lo aqu\u00ed revelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las reflexiones vertidas en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11168-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11168-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00658-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66371","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66371"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66371\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}