STC11171-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11171-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00659-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de julio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Juan David Torres Salazar instaur\u00f3 en contra del Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, extensiva al Juzgado Quinto de Familia de la misma urbe y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 1991-00001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, vida y alimentos del menor\u00bb, para que, le restituyeran \u00ablos derechos cercenados con la decisi\u00f3n del JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA, en la que solo reconoce el capital, sin los debidos intereses como s\u00ed lo hab\u00eda reconocido en auto de fecha 20 DE AGOSTO DE 2019 (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se conminara al estrado cuestionado \u00abdejar en firme el auto de fecha 20 DE AGOSTO DE 2019 FOLIO 105 DEL CUADRENO, por la cual reconoce [su] derecho fundamental de los alimentos con capital e inter\u00e9s con los argumentos descritos en [su] escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, en el coercitivo de alimentos que instaur\u00f3 en su representaci\u00f3n Mercedes Salazar contra Carlos Alfonso Torres – fallecido -, orden\u00f3 seguir adelante con el cobro y efectuar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (16 may. 1997), cuyo saldo para ese momento arroj\u00f3 la cifra de ($4.347.212,80). <\/p>\n
Sostuvo que correspondi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la sentencia al Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de esta localidad, quien aprob\u00f3 \u00abla liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por la actora, por cuanto no fue objetada\u00bb (20 ag. 2019); no obstante, despu\u00e9s de haber cobrado firmeza ese prove\u00eddo, \u00abprofiri\u00f3 un auto dejando sin valor y efecto el [que] aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb (12 dic.); decisi\u00f3n contra la que interpuso reposici\u00f3n y el despacho criticado mantuvo inc\u00f3lume (10 ag. 2020). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tales determinaciones lesionaron sus garant\u00edas supralegales, en tanto \u00abes inconcebible que durante las casi 2 d\u00e9cadas en que dur\u00f3 el proceso de alimentos, el cual inici\u00f3 cuando yo ten\u00eda 12 a\u00f1os (hoy 43 a\u00f1os), el resultado sea el de recibir la irrisoria cifra de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($4.347.218.oo)\u00bb, sumado a que \u00abuna vez el juez decret\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, calculando la cuota con el porcentaje que se incrementaba anualmente y los intereses, esta fue discutida por la contraparte a trav\u00e9s de la nulidad [Reconoci\u00e9ndola el juez] coartando de esa manera la prevalencia del derecho a los alimentos a que en aquel entonces ten\u00eda lugar\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abel hecho de que en el curso del proceso no se haya obtenido la cuota alimentaria a [su] favor, cercena el derecho que debi\u00f3 ser[le] asistido como reclamante de alimentos, pues, el derecho se desvaneci\u00f3 en el tiempo sin ser materializado a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y dijo que \u00abno existe vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental, debido a que se dio contestaci\u00f3n a las solicitudes impetradas, recordando que (\u2026) tanto las partes como sus apoderados en buena medida deben realizar las gestiones para dar impulso al proceso, y entre las actuaciones que deben realizar las partes est\u00e1 contemplado la presentaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, solicitud de medidas cautelares, entre otras (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Quinto de Familia relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el pleito confutado y exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00ablas actuaciones adelantadas por [ese] estrado judicial se ajustan a derecho y no dieron lugar a la presunta vulneraci\u00f3n que de sus derechos viene denunciando el quejoso\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego por no satisfacer el presupuesto de la inmediatez, toda vez que \u00ablas actuaciones que se tildan de vulneradoras de los derechos fundamentales del actor tuvieron lugar entre los a\u00f1os 2019 y 2020, sin que el accionante acudiera oportunamente a este mecanismo constitucional, ni justificara en modo alguno la raz\u00f3n por la cual no lo hizo, por tanto, (\u2026) se declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
4.- El gestor impugn\u00f3, enfatizando que, <\/p>\n
(\u2026) es claro que el principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir de tres reglas. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la inmediatez es un principio que busca proteger la seguridad jur\u00eddica y garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de terceros, que puedan verse afectados por la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela dentro de un tiempo que no es razonable. En segundo lugar, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto. En tercer lugar, es evidente que el concepto de \u201cplazo razonable\u201d se predica de la naturaleza misma de la acci\u00f3n de tutela, en tanto \u00e9sta constituye una respuesta urgente e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales. <\/p>\n
Por lo tanto, adujo que, \u00aba partir de los eventos expuestos anteriormente, los cuales por supuesto no son taxativos, el juez constitucional podr\u00e1 valorar el caso concreto para establecer si la acci\u00f3n es procedente, aun cuando hubiese inactividad del accionante durante un tiempo considerable con respecto al momento en el que se gener\u00f3 el hecho presuntamente vulneratorio de sus derechos fundamentales\u00bb, por lo que, deber\u00e1 el \u00abjuez valorar si la tardanza en el ejercicio de la acci\u00f3n tuvo origen en razones jur\u00eddicamente v\u00e1lidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, de tal forma que, en caso de que concurran estos eventos, el amparo constitucional ser\u00eda procedente y la acci\u00f3n se entender\u00eda interpuesta dentro de un t\u00e9rmino razonable\u00bb. <\/p>\n
Para conjurar la demora en acudir a este resguardo, expuso que: a)- Lleg\u00f3 la \u00abcuarentena en el a\u00f1o 2020 producida por la pandemia del Covid-19 y [su] vida econ\u00f3mica [le] imposibilit\u00f3 contratar un abogado para ejercer mediante acci\u00f3n de tutela, [sus] derechos (\u2026) se trata de una acci\u00f3n de tutela que ataca una decisi\u00f3n judicial y que sus argumentos revisten una profundidad distinta en los argumentos que se tienen para atacar dicha decisi\u00f3n\u00bb; y, b)- Que \u00abFue hasta este a\u00f1o, de tanto buscar apoyo, que logr[\u00f3] que un abogado [le] prestara asesor\u00eda gratuita y por ende el desarrollo del escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De los elementos de convicci\u00f3n incorporados al paginario, muy pronto se anuncia el decaimiento del socorro y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal a la que el a quo hizo menci\u00f3n. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que, entre la fecha de la notificaci\u00f3n por estado (11 ag. 2020) del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el de 12 de diciembre de 2019, y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (11 jul. 2022), transcurri\u00f3, un (1) a\u00f1o y (11) meses, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el promotor se demor\u00f3 en interponer la acci\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
1.1.- A prop\u00f3sito de lo aducido por el gestor respecto del \u00abprincipio de inmediatez\u00bb, esta Colegiatura ha decantado que: <\/p>\n
(\u2026) [e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (-Se resalta- STC4535-2020, STC 3457-2021 y STC1919-2022). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). STC10258-2015 y STC10045-2022). <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021, se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, el impulsor, se limit\u00f3 a enunciar que (i) Debido a la \u00abcuarentena en el a\u00f1o 2020 producida por la pandemia del Covid-19 y [su] vida econ\u00f3mica [le] imposibilit\u00f3 contratar un abogado para ejercer mediante acci\u00f3n de tutela, [sus] derechos\u00bb y, (ii) Que \u00abFue hasta este a\u00f1o, de tanto buscar apoyo, que logr[\u00f3] que un abogado [le] prestara asesor\u00eda gratuita y por ende el desarrollo del escrito de tutela\u00bb, exculpaciones que no son de recibo, ya que si estimaba lesionadas sus garant\u00edas con dicha \u00abprovidencia\u00bb debi\u00f3 acudir oportunamente a este especial\u00edsimo sendero, para cuyo ejercicio no requiere de apoderado. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, se impone el acompa\u00f1amiento del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11171-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11171-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00659-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}