STC11385-2022<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11385-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01206-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Jos\u00e9 Manuel Pi\u00f1eros Moreno, Oscar Mauricio Salazar Ricaurte, Damaris Li\u00e9vano Moreno, Nansy Li\u00e9vano Moreno, Alejandro Sanabria Moreno, Jhon Jairo Li\u00e9vano Moreno, Jos\u00e9 Vicente Li\u00e9vano Moreno e Indalecio Pi\u00f1eros Moreno frente a la sentencia de 11 de julio de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes instauraron contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado Penal del Circuito de Melgar y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso pernal No. 73449-60-00-454-2009-80189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los gestores pretenden que se deje sin valor y efecto la providencia proferida por el Tribunal accionado en el proceso penal en comento, por medio de la cual se abstuvo de reconocer como v\u00edctimas de la conducta penal a los aqu\u00ed actores (15 diciembre 2021), para que, en su lugar, se expida una decisi\u00f3n en la que se les reconozca dicha calidad. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujeron que, en el Juzgado Penal del Circuito de Melgar, en contra de Hemel P\u00e9rez Lizarazo y otros, se adelanta proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, invasi\u00f3n de tierras, urbanizaci\u00f3n ilegal, fraude procesal, estafa agravada, falso testimonio, falsedad en documento privado y cohecho propio. Precisaron que el origen de dicha acci\u00f3n est\u00e1 en que, presuntamente, los imputados han procedido a invadir inmuebles, para luego proceder a alegar supuestos derechos de posesi\u00f3n con el fin de enga\u00f1ar a autoridades administrativas, judiciales y de polic\u00eda buscando as\u00ed que les sea reconocida fraudulentamente la propiedad sobre los mismos. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que su abogado, en la audiencia de acusaci\u00f3n, solicit\u00f3 que se les reconociera la calidad de v\u00edctimas, toda vez que la familia Barrag\u00e1n Moreno es la leg\u00edtima propietaria del predio denominado \u00abEl Pedregal\u00bb, pues cuenta con las escrituras p\u00fablicas del bien y certificaciones expedidas por la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos del Guamo; sin embargo, el Juzgado no los reconoci\u00f3 como v\u00edctimas (26 abril 2021) y aunque promovieron recurso de apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, el Tribunal accionado la confirm\u00f3 (15 diciembre 2021). <\/p>\n
A juicio de los gestores, la autoridad judicial no valor\u00f3 \u00edntegramente las pruebas documentales adosadas al expediente, las cuales daban cuenta de la existencia de las fincas \u00abEl Pedregal\u00bb y \u00abEl Rodeo\u00bb e indicaban que el derecho de dominio de los solicitantes surg\u00eda en raz\u00f3n que son los herederos de Indalecio y Jos\u00e9 Barrag\u00e1n. Tambi\u00e9n se\u00f1alaron que la magistratura les exigi\u00f3 un certificado de registro para ser reconocidas como v\u00edctimas, con lo cual soslay\u00f3 que v\u00edctima es toda persona que tiene un inter\u00e9s para intervenir. <\/p>\n
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2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que el mismo no cumple con los requisitos de procedibilidad; adem\u00e1s, los actores pretenden imponer su propia interpretaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el asunto. <\/p>\n
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2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo tras se\u00f1alar que no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que los accionantes tienen la oportunidad de insistir en el reconocimiento como v\u00edctimas en el proceso penal en comento, \u00abclaro est\u00e1, si a partir de la evoluci\u00f3n probatorita, var\u00edan las circunstancias en favor de ello; pues la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en la que ejercitaron su derecho, no es el \u00fanico \u2013ni el \u00faltimo momento procesal para elevar tal postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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2. Los actores impugnaron. Se\u00f1alaron que se les \u00abimpone una camisa de fuerza imposible de superar, pues nada hacemos con intentar nuevamente el reconocimiento de v\u00edctima si ya nos encontramos frente a una decisi\u00f3n tomada, cuya base f\u00e1ctica es la misma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se respaldar\u00e1, pero por advertirse que la decisi\u00f3n cuestionada por esta senda es razonable. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal accionado, al decidir el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra la providencia que neg\u00f3 el reconocimiento de los gestores como victimas en el proceso penal en comento, precis\u00f3 que para que se admita la calidad de victima en la audiencia de acusaci\u00f3n, etapa procesal en la que no se ha demostrado la ocurrencia del il\u00edcito, es necesario que quien la pretenda demuestre un perjuicio directo que mantenga estrecha relaci\u00f3n con la teor\u00eda del caso que defienda la fiscal\u00eda. Al respecto precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAspecto que sustenta el camino de soluci\u00f3n de la segunda pregunta, dado que para poder referirse a la calidad de v\u00edctima en concreto, debe necesariamente hacerse con relaci\u00f3n a un delito, que como es apenas obvio, dada la etapa procesal en que se da el reconocimiento, est\u00e1 pendiente de demostrarse, pues la acusaci\u00f3n no es m\u00e1s que la presentaci\u00f3n en p\u00fablico de los cargos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos por los que el ente instructor decide convocar a juicio a un ciudadano, aspecto f\u00e1ctico frente al cual pueden relacionarse perjudicados, que de tal manera se encuentran en posibilidad de acudir en calidad de v\u00edctimas. De tal forma, el trabajo que corresponde cumplir al Juez de instancia, es revisar el escrito de acusaci\u00f3n para de all\u00ed directamente por su narraci\u00f3n establecer la relaci\u00f3n que pueda existir con la sustentaci\u00f3n que al respecto efect\u00faen el mismo perjudicado, su representante o el delegado fiscal, incluso con prueba sumaria, y as\u00ed sacar las conclusiones frente a tal pedimento. Por supuesto, se trata de un ejercicio muy sint\u00e9tico, que no parte de la demostraci\u00f3n cierta del delito (que solo puede pregonarse al finalizar el juicio oral), sino de la indicaci\u00f3n de un perjuicio atado a la teor\u00eda del caso que propone la fiscal\u00eda, por lo que ser\u00eda una carga absurda plantear m\u00e1s exigencias que estas, dado que el debate probatorio tendr\u00e1 lugar en momento posterior\u00bb (\u2026). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, el Tribunal enlist\u00f3 cada una de las pruebas adosadas por los aqu\u00ed actores y a partir de las mismas concluy\u00f3 que los interesados no acreditaron ser titulares del derecho de dominio de los predios en disputa, incluida el denominado \u00abRancho Luna\u00bb y tampoco demostraron que dicho terreno hiciera parte del inmueble \u00abEl Pedregal\u00bb, cuya titularidad tampoco probaron. En este punto la autoridad judicial se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn efecto, si bien el doctor H\u00e9ctor Castiblanco Maldonado aduce que se valor\u00f3 indebidamente la evidencia, ya que las escrituras con las que fundamenta su pretensi\u00f3n SI est\u00e1n inscritas en la Oficina de Registro, termina admitiendo qu\u00e9 tal dependencia NO ha incluido en el sistema tales t\u00edtulos, es decir, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n sobre las razones por la que no se ha logrado tal anotaci\u00f3n, lo cierto de la situaci\u00f3n, en t\u00e9rminos l\u00f3gicos, es que sus poderdantes no figuran como titulares de derechos sobre el predio Rancho Luna, que es el vinculado a esta actuaci\u00f3n penal. <\/p>\n
No sobra recordar, que en materia inmobiliaria, los derechos de propiedad se acreditan con tal registro, y que en tanto no se suceda el mismo, se encuentran los peticionarios en condici\u00f3n de expectativa del reconocimiento de un derecho, y toda vez que el est\u00e1ndar de admisi\u00f3n en calidad de v\u00edctima se\u00f1ala la necesidad acreditaci\u00f3n real y concreta de un da\u00f1o, no puede pregonarse cumplido el mismo en tal condici\u00f3n precaria. <\/p>\n
Adicionalmente, la evidencia aportada, no permite llegar a la conclusi\u00f3n expuesta por el recurrente seg\u00fan la cual el predio Rancho Luna se encuentra abarcado, incluido o superpuesto en los m\u00e1rgenes del denominado El Pedregal, ya que si bien el apoderado reitera esta afirmaci\u00f3n, no explica bajo qu\u00e9 an\u00e1lisis, par\u00e1metros o lineamientos concretos llega a la misma, quedando as\u00ed su conclusi\u00f3n sin soporte probatorio alguno\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el tribunal s\u00ed valor\u00f3 las pruebas existentes en el expediente y las analiz\u00f3 a la luz de la etapa procesal que se surt\u00eda, lo que condujo a que concluyera que los actores, para ese momento, no acreditaron el perjuicio directo que los catalogara como v\u00edctimas de los hechos delictivos en virtud de los cuales se surti\u00f3 la apelaci\u00f3n, por lo que resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que los gestores consideran que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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