STC11390-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC11390-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02783-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernando Vargas Moreno contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero y Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 001-2013-00427-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Juan Francisco Rodr\u00edguez Ardila promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva con garant\u00eda real contra Shaila Magaly Mantilla Rojas, Ingrid Johana Estrada Ruiz, Cristian Rueda Escamilla y Alexander Quiroga Guti\u00e9rrez, proceso en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de octubre de 2013, y como el demandante no conoc\u00eda la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de los ejecutados, solicit\u00f3 se surtiera ese acto procesal en el lugar donde est\u00e1 ubicado el predio objeto del gravamen. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 6 de diciembre de 2013 Rodr\u00edguez Ardila aport\u00f3 al Juzgado de conocimiento los citatorios judiciales, junto con unas fotos que daban cuenta que el lote estaba desocupado pero que era de propiedad de los ejecutados, por lo que solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de curador ad-l\u00edtem con quien se adelant\u00f3 el proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3, que el 25 de junio de 2018 fue aceptada la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que celebr\u00f3 con el acreedor, raz\u00f3n por la cual actualmente es el demandante – cesionario en el citado asunto. <\/p>\n
Narr\u00f3 que posteriormente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, en audiencia celebrada el 24 de noviembre de 2021, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado desde \u00abel ciclo notificatorio\u00bb de Alexander Quiroga Guti\u00e9rrez y Cristian Rueda Escamilla, y dispuso tenerlos por notificados por conducta concluyente desde el d\u00eda que se reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a su apoderada. <\/p>\n
Considera que la providencia que declar\u00f3 la nulidad es violatoria del debido proceso, porque en su sentir, si la misma deb\u00eda ser decretada lo ser\u00eda \u00aba partir del a\u00f1o 2018\u00bb cuando se reconoci\u00f3 personer\u00eda a la mandataria judicial de los mismos demandados en el juicio declarativo que instaur\u00f3 Daniel Meneses radicado No. 2015-00462 que curs\u00f3 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, y en el que se registr\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda sobre el bien gravado con hipoteca, se notificaron, descorrieron el traslado de las excepciones, y sab\u00edan de la existencia de la cautela decretada en el pleito ejecutivo No. 001-2013-00427-00, adelantado en su contra, por tanto, ten\u00edan conocimiento del mismo porque aportaron copias de la totalidad de ese expediente, pero nunca cancelaron valor alguno de una deuda de doscientos millones, con lo que se demuestra su mala fe. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Tribunal Superior de Bucaramanga, en providencia de 28 de enero de 2022, confirm\u00f3 el auto que decret\u00f3 la nulidad de lo actuado respecto de los dos demandados en el pleito ejecutivo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto las determinaciones de 24 de noviembre de 2021 y 28 de enero de 2022, para en su lugar, disponer que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite, o modificar la fecha de notificaci\u00f3n por conducta concluyentes de los se\u00f1ores de Alexander Quiroga Guti\u00e9rrez y Cristian Rueda Escamilla, para tenerla a partir del a\u00f1o 2018 o antes, como se comprob\u00f3 en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, y orden\u00f3 el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n ejecutiva que motiv\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la Sala Civil del Tribunal de Bucaramanga, se limit\u00f3 a remitir copia de la providencia que motivo la queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de ese distrito judicial contest\u00f3 que, ha actuado con total apego al debido proceso, respetando los derechos de contradicci\u00f3n, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, refiri\u00f3 que resolvi\u00f3 cada una las solicitudes procesales de la parte accionante, aunque estas sean negativas a sus intereses, lo cual se realiz\u00f3 de forma oportuna, a pesar de la alta congesti\u00f3n que presenta el despacho con m\u00e1s de 2.000 procesos a cargo. <\/p>\n
3.La apoderada Judicial de los demandados Christian Rueda Escamilla y Alexander Quiroga Guti\u00e9rrez en el proceso ejecutivo, dijo que la acci\u00f3n es improcedente porque la tutela no es una tercera instancia para resolver un litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n adoptada por otra autoridad judicial, siendo estos: <\/p>\n
i) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y vi) Que, no se trate de sentencias de tutela. (CC. SU184-2019) (subrayado fuera del texto) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este mecanismo excepcional debe cumplir con el requisito de la inmediatez, so pena de ser declarado improcedente, pues la finalidad de la acci\u00f3n de tutela es brindar una protecci\u00f3n inmediata a los derechos amenazados o vulnerados, como quiera que, \u00abha sido instituida como remedio de aplicaci\u00f3n urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza\u00bb. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Fernando Vargas Moreno dirige su reclamo constitucional contra las decisiones, proferidas por el Juzgado Segundo Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga el 24 de noviembre de 2021, mediante la cual se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el \u00abciclo notificatorio\u00bb de los demandados Alexander Quiroga Guti\u00e9rrez y Christian Rueda Escamilla, y dispuso tenerlos notificados por conducta concluyente desde el d\u00eda de reconocimiento de personer\u00eda a su apoderada judicial, y el auto de 28 de enero de 2022 por el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial confirm\u00f3 el anterior, sin embargo, la Corte solo se ocupar\u00e1 del de segundo grado, porque es el que resuelve la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n
3. Ante ese panorama, se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente porque no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que, la acci\u00f3n de tutela fue promovida solo hasta el 18 de agosto de 2022, seg\u00fan acta de reparto (derivado No. 0001 del expediente digital), esto es, luego de pasados los seis (6) meses y veinte (20) d\u00edas despu\u00e9s de proferirse la providencia de segundo grado reprochada, t\u00e9rmino que supera el lapso se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que el peticionario haya dado a conocer alguna causa para justificar tal extemporaneidad. <\/p>\n
Debe tenerse presente que el presupuesto de la inmediatez, esto es, el plazo dentro del que se debe reclamar la protecci\u00f3n constitucional, esta Corte ha se\u00f1alado que el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n y el reclamo constitucional contra esta, no puede superar los seis meses, con el objeto de que aquella no pierda su raz\u00f3n de ser (Ver CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6331-2022, STC6747-2022 y STC9625-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, si esa circunstancia no fuera suficiente observa la Sala que tampoco se cumple con el requisito de la subsidiaridad, como quiera que, el reproche tambi\u00e9n radica en la fecha a partir de la cual se tuvieron notificados por conducta concluyente a los se\u00f1ores Alexander Quiroga Guti\u00e9rrez y Cristian Rueda Escamilla, circunstancia que ha debido ponerla de presente en el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3, no obstante, al revisar tal escrito es claro que la petici\u00f3n se encamin\u00f3 \u00fanicamente a pedir que \u00abse revoque la decisi\u00f3n y en su lugar se niegue la nulidad presentada por los demandados\u00bb, y ante el Tribunal Superior no expuso la inconformidad que ahora suplica en esta solicitud de amparo. <\/p>\n
No puede olvidarse que, el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n constitucional, impone al interesado, la carga de haber dirigido su actuar a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jur\u00eddico, para la protecci\u00f3n de sus derechos porque esta acci\u00f3n excepcional, no es un mecanismo alterno que permita sustituirlos. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernando Vargas Moreno contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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