STC11394-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11394-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02796-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Lavely SAS, Inveriana SAS, Inversiones R. Silva, Hijos CIA S en C, Inversiones Silpla SCA y Ram\u00f3n Silva Beltr\u00e1n, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, y Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas y Seguridad Ciudadana Magdalena Medio y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, con radicado N\u00b0 68001-31-21-0012015-00186-02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
De los soportes allegados y de la extensa queja constitucional, se establece que Isolina Pava Rodr\u00edguez inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de tierras para lograr, en su nombre y en el de su esposo fallecido, Nicol\u00e1s Franco Fandi\u00f1o, la restituci\u00f3n \u00abjur\u00eddica y material de los terrenos denominados \u201cEl Para\u00edso\u201d, que cuenta con el folio N\u00b0 320-13752 (\u2026) [y el] \u201cEl Porvenir\u201d, distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 320-13876, (\u2026)\u00bb, ubicados en la vereda Yarima, municipio de San Vicente de Chucur\u00ed -Santander-. <\/p>\n
Frente a lo anterior, las sociedades Lavely SAS, Inveriana SAS, Inversiones R. Silva, Hijos CIA S en C, e Inversiones Silpla SCA manifestaron su oposici\u00f3n como propietarias de algunos porcentajes de los terrenos reclamados, cuestionando el despojo alegado por la demandante y su calidad de v\u00edctima, y, asimismo, reclamaron su reconocimiento como compradores de buena fe y, en consecuencia, el pago de las compensaciones pertinentes y de las mejoras plantadas en los inmuebles, de manera subsidiaria, alegaron su calidad de segundos ocupantes. <\/p>\n
Surtidas las actuaciones correspondientes, las diligencias se remitieron al Tribunal Superior de C\u00facuta, y en sentencia de 20 de abril de 2022, resolvi\u00f3 acceder a la restituci\u00f3n pretendida, declarar impr\u00f3speras las oposiciones de las sociedades aqu\u00ed accionantes, al no probar su buena fe exenta de culpa y resultar improcedente su reconocimiento como segundas ocupantes. <\/p>\n
Como las sociedades, junto con otros interesados en el proceso, reclamaron la adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n de la anterior providencia porque, se hab\u00eda omitido proveer sobre las mejoras pedidas, en auto de 11 de mayo de 2022, el Tribunal Superior adicion\u00f3 su sentencia \u00abpara DENEGAR el pretendido pedimento de reconocimiento de mejoras en atenci\u00f3n a las precisiones que anteceden\u00bb. <\/p>\n
Tales conclusiones, seg\u00fan expusieron, son desatinadas si en cuenta se tiene, que la demandante y su esposo adquirieron nuevos predios y continuaron viviendo un tiempo en la regi\u00f3n, adem\u00e1s que tuvieron v\u00ednculos con personas se\u00f1aladas como paramilitares, y, de otra parte, porque que fueron m\u00faltiples las gestiones que realizaron para adquirir los predios y averiguar la situaci\u00f3n en la cual se encontraban, e igualmente, si bien la zona estuvo catalogada como de conflicto en los a\u00f1os 90, los accionantes adquirieron los predios m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os despu\u00e9s de esa \u00e9poca y sin ejercer violencia o presiones para ese efecto. <\/p>\n
A\u00f1aden que el Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo y defecto por desconocimiento del precedente\u00bb, ya que no aplic\u00f3 en favor de los aqu\u00ed accionantes el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, sobre el r\u00e9gimen de compensaciones y mejoras y, de igual modo, desconoci\u00f3 la sentencia que profiri\u00f3 esa misma Corporaci\u00f3n en el radicado N\u00b0 20130000801, providencia en la que accedi\u00f3 a reconocer las mejoras peticionadas en un caso similar al ahora controvertido. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicitaron, dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Superior accionado y ordenarle proferir otra \u00abpor medio de la cual se nieguen la totalidad de las pretensiones de la solicitud presentada (\u2026) en el marco del Proceso de Restituci\u00f3n\u00bb, de manera subsidiaria requirieron, que en el nuevo fallo se decrete la buena fe exenta de culpa de los opositores y se les reconozca el pago de compensaciones y mejoras o, en defecto de ello, s\u00f3lo las mejoras. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de C\u00facuta, se opuso a la prosperidad del amparo, en raz\u00f3n a que en los pronunciamientos que profiri\u00f3 en el proceso criticado, no incurri\u00f3 en ninguna irregularidad, ya que \u00abno fueron edificados sobre apreciaciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas y much\u00edsimo menos comportan manifestaciones carentes de cualquier soporte\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed manifest\u00f3 que fue comisionado para la entrega de los predios materia del juicio censurado, diligencia que no pudo llevarse a cabo en la fecha programada -8 de agosto de 2022-, ante la \u00abausencia de log\u00edstica para realizar la entrega de los bienes\u00bb, por lo cual se fij\u00f3 el l7 de septiembre siguiente para lo pertinente. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas y Seguridad Ciudadana Magdalena Medio, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo reclamado, toda vez que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno a los actores\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de proferir la sentencia, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
2. A la luz de lo expresado, advierte la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada por Ram\u00f3n Silva Beltr\u00e1n, pues no est\u00e1 habilitado para formular este amparo, en tanto que en el proceso censurado no actu\u00f3 como demandante, opositor, ni intervino para alegar las cuestiones aqu\u00ed propuestas, por tanto, resulta evidente que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar la actuaci\u00f3n adelantada por el Tribunal Superior de C\u00facuta en el litigio cuestionado. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala, reiteradamente ha se\u00f1alado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (Ver CSJ. STC926-2018 y STC10191-2018, reiterada en STC318-2019 y en STC9272-2022, entre otras). <\/p>\n
3. Determinado lo anterior, se advierte que la censura constitucional formulada por Lavely SAS, Inveriana SAS, Inversiones R. Silva, Hijos CIA S en C, e Inversiones Silpla SCA, quienes participaron en el proceso controvertido como opositoras, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no se encuentra arbitrariedad en la sentencia de 20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta, en la que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n restitutoria, no acogi\u00f3 la oposici\u00f3n de dichas sociedades y les neg\u00f3 el reconocimiento de compensaciones y de la calidad de segundas ocupantes. <\/p>\n
De igual modo, no se observa ilegalidad en el auto de 11 de mayo de 2022, en el que la Corporaci\u00f3n accionada adicion\u00f3 la sentencia rese\u00f1ada para \u00abdenegar el pretendido reconocimiento de mejoras\u00bb, efectuado por las accionantes. <\/p>\n
3.1 En efecto, analizada la rese\u00f1ada sentencia, encuentra la Sala, que el Tribunal atacado, tras exponer los antecedentes del caso, la actuaci\u00f3n procesal surtida ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga y el sustento de las oposiciones interpuestas, entre \u00e9stas, las de las sociedades aqu\u00ed actoras, determin\u00f3 que el despojo forzado alegado por la demandante Isolina Pava Rodr\u00edguez, estaba acreditado respecto de ella y su esposo fallecido, Nicol\u00e1s Franco Fandi\u00f1o. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, adem\u00e1s de encontrarse los bienes reclamados en la vereda Yarima, municipio de San Vicente de Chucur\u00ed \u2013Santander-, lugar en el que fue notoria la presencia de \u00abestructuras paramilitares\u00bb, de acuerdo con lo declarado por los testigos e, incluso, con las \u00absendas pruebas documentales suministradas por el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica y los fallos de la jurisdicci\u00f3n especial de Justicia y Paz- (lo que por s\u00ed solo lo permite asociar con hecho propio del conflicto armado)\u00bb, fueron probadas las afirmaciones de la demandante, relativas a la presi\u00f3n que sobre ella y su esposo ejercieron Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz, presunto paramilitar y la estructura que comandaba en la regi\u00f3n, para que le vendieran sus terrenos, lo cual realizaron sin recibir el pago de \u00e9stos y aunque intentaron cobrar, recibieron amenazas. <\/p>\n
El Tribunal Superior destac\u00f3, que si bien existieron testimonios que pusieron en duda la calidad de v\u00edctimas de la demandante y su esposo y la supuesta vinculaci\u00f3n de este \u00faltimo con el grupo criminal presente en la zona, advirti\u00f3 que, en realidad, apenas resultaban ser meras afirmaciones que adem\u00e1s de no referir un conocimiento directo de la situaci\u00f3n, no hallaban otro respaldo y nada desvirtuaban sobre el negocio realizado sobre los bienes en disputa y el despojo sufrido por los presuntos vendedores. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que las declaraciones de algunos testigos -que cit\u00f3 en extenso-, daban cuenta \u00abcon marcada concordancia\u00bb de c\u00f3mo esos espacios que concern\u00edan a las fincas pretendidas, en \u00e9pocas del domino de Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz se convirtieron en lugares de reuni\u00f3n con l\u00edderes de bandas de autodefensas y se aplicaban adem\u00e1s para el procesamiento de drogas, situaci\u00f3n armonizada con lo relatado por la demandante sobre \u00ablas amenazas sufridas cuando fue a reclamar por el pago del precio\u00bb, aseveraciones refrendadas por otros testigos y por indicios extra\u00eddos del expediente e informes de otras entidades que \u00abvinculan las actividades del citado RAM\u00d3N con el \u201cnarcotr\u00e1fico\u201d, verbi gratia, lo que fuere se\u00f1alado en el fallo de restituci\u00f3n de tierras promovido por BAUDILIO GONZ\u00c1LEZ CALDER\u00d3N en el que apareci\u00f3 justamente como despojador el mism\u00edsimo RAM\u00d3N GALVIS respecto de un predio contiguo\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 el hecho de que Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz \u00abhubiere sido solicitado en extradici\u00f3n por una Corte de Estados Unidos que no lleg\u00f3 a ejecutarse porque falleci\u00f3 antes de hacerse efectiva la orden (\u2026); que su hijo RAM\u00d3N GIOVANNY s\u00ed fue enviado a una prisi\u00f3n en el extranjero por esos motivos\u00bb, que varios predios que aqu\u00e9llos adquirieron en la regi\u00f3n se encuentren ahora intervenidos y en tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, y, que, existieran indicios de la vinculaci\u00f3n de Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz a grupos de paramilitares, resultaban ser \u00abfactores\u00bb que demostraban \u00ablas afirmaciones de la demandante\u00bb, las cuales, reiter\u00f3, no pudieron ser desvirtuadas por los opositores, pues ninguno de los testimonios o dem\u00e1s elementos de prueba tuvieron el m\u00e9rito suficiente para demeritar las afirmaciones de aqu\u00e9lla, relativas a las presiones en su consentimiento para acceder a la venta, manifestaciones revestidas de presunci\u00f3n de acierto, de acuerdo con el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto ata\u00f1e a las oposiciones de las sociedades ahora accionantes, el Tribunal accionado sostuvo que, al no probarse la buena fe exenta de culpa de aqu\u00e9llas, no proced\u00eda el reconocimiento de compensaciones. <\/p>\n
Al punto, refiri\u00f3 extensamente la cualificaci\u00f3n de la buena fe reclamada para estos asuntos y la necesidad, por parte de los opositores, de probar fehacientemente su diligencia y extremo cuidado a la hora de adquirir bienes como los reclamados en restituci\u00f3n, a fin de establecer con certeza que no estuvieron incursos en actos de despojo o abandono forzado para que, en tal caso, pudieran resultar acreedores de compensaciones. <\/p>\n
No obstante, para el caso bajo estudio, advirti\u00f3 que no obraban \u00abelementos persuasivos que sirviesen al prop\u00f3sito de patentizar su diligencia en esas gestiones de indagaci\u00f3n\u00bb, como quiera que, si bien dichas opositoras no propiciaron el despojo y tampoco derivaron sus derechos de las organizaciones ilegales, de las declaraciones de sus representantes legales y otros testigos, se constataba que en la adquisici\u00f3n de los predios reclamados en restituci\u00f3n no colmaron \u00ablos m\u00ednimos de prudencia que aqu\u00ed son exigidos\u00bb, ya que, adem\u00e1s de resultar \u00abcurioso\u00bb que se hubieren conformado tantas sociedades entre los mismos familiares para conseguir por partes los terrenos reclamados, el mero estudio de los t\u00edtulos es una actividad m\u00ednima que se espera de quien adquiere, y, en cuanto a las averiguaciones que respecto de los predios hicieron ante algunas entidades, se\u00f1al\u00f3 que las mismas resultaron ineficaces porque los \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb presentados para ese efecto no fueron contestados, salvo por la DIAN que se limit\u00f3 a indicar que \u00abno ten\u00eda informaci\u00f3n sobre ello\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el Tribunal que a pesar de la falta de informaci\u00f3n, las sociedades accionantes insistieron en la realizaci\u00f3n de los negocios y sobre las \u00abcondiciones de tranquilidad o seguridad del sector\u00bb, apenas probaron que tuvieron certeza de las mismas \u00abpara el tiempo de su adquisici\u00f3n\u00bb; por tanto, sostuvo la Corporaci\u00f3n accionada que si los bienes se ubicaban en una regi\u00f3n dif\u00edcil, que antiguamente y de manera notoria \u00abhab\u00eda sido tocada\u00bb por diversos actores de la violencia y que los mismos opositores \u00abcalificaron como \u201czona roja\u201d\u00bb, les correspond\u00eda investigar las situaciones presentadas respecto de los inmuebles con anterioridad a su compra, por ejemplo, lo relativo a \u00abla eventual injerencia de organizaciones ilegales. No fuera a ser que all\u00ed se hubieren sucedido delicados sucesos concernientes con afectaciones al orden p\u00fablico que de alg\u00fan modo y otrora alcanzaren a incidir en la justa y legal transmisi\u00f3n de los derechos respecto de los predios\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese \u00faltimo aspecto, resalt\u00f3 que de un detenido estudio de los t\u00edtulos se habr\u00eda evidenciado que, como adquirentes anteriores, figuraban Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz y su hijo, personas indiciadas como miembros de grupos paramilitares y que tuvieron investigaciones por narcotr\u00e1fico, siendo reclamadas, incluso, en extradici\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que la debida diligencia de las sociedades actoras en la adquisici\u00f3n de los bienes en disputa no hab\u00eda sido probada y, por ello, ning\u00fan derecho ten\u00edan, en cuanto a las compensaciones que reclamaron. <\/p>\n
En adici\u00f3n, neg\u00f3 el reconocimiento de dichas sociedades como \u00absegundas ocupantes\u00bb, toda vez que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional (C.C. Sentencia C-330 de 2016), no ten\u00edan derecho a lo reclamado, al no tratarse de personas naturales. <\/p>\n
3.2 Ahora, en lo que respecta a la providencia de 11 de mayo de 2022, mediante la cual el Tribunal Superior de C\u00facuta adicion\u00f3 la anterior sentencia para determinar que no hab\u00eda lugar al reconocimiento y pago de las mejoras plantadas por las sociedades accionantes, quienes se dedicaron, entre otras actividades, a la explotaci\u00f3n del caucho, se encuentra que tal determinaci\u00f3n se apoy\u00f3 en que en el fallo se hab\u00eda determinado la improcedencia de las oposiciones propuestas, de donde se extra\u00eda que tampoco hab\u00eda lugar al pago de dichas mejoras, cuesti\u00f3n que soport\u00f3 en la postura de ese mismo Tribunal en casos similares y en fallos de tutela de esta Sala (STC4502-2021, STC11304-2021 y STC885-2022), en los que se encontr\u00f3 razonable esa postura. <\/p>\n
4. Como se advirti\u00f3, no encuentra la Corte arbitrariedad en la gesti\u00f3n del Tribunal accionado, pues defini\u00f3 el asunto puesto bajo su conocimiento con suficiencia y valorando razonablemente los elementos probatorios, de los cuales extrajo que el despojo alegado por la demandante estaba plenamente probado, m\u00e1xime si se constataba que quien le compr\u00f3 a la demandante y a su esposo era una persona vinculada a distintos procesos por nexos con paramilitares y narcotr\u00e1fico, sin que existiera condena, pues muri\u00f3 antes de que concluyeran esos tr\u00e1mites. <\/p>\n
En cuando a la desestimaci\u00f3n de las oposiciones de las sociedades actoras, tampoco se encuentra irregularidad, ya que la fundamentaci\u00f3n del Tribunal para tener por no probada la diligencia necesaria en las labores de investigaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del predio al momento del despojo demandado, resultan acordes con el material probatorio, el cual reflej\u00f3 que ninguna duda les caus\u00f3 a las accionantes que en los certificados de los bienes aparecieran como anteriores propietarios personas vinculadas a procesos penales por motivos como los antes enunciados, resultando, por tanto, inviable reconocerles las compensaciones que reclamaron, ya que no se prob\u00f3 suficientemente su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n de los predios, figura exigida para estos casos en las normas y jurisprudencia imperante. Incluso, esta Corte, en asuntos similares, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Ahora, el precepto 98 de [la Ley 1448 de 2011] establece que en la sentencia se conceder\u00e1 la compensaci\u00f3n a terceros opositores que prueben la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
\u201cFrente a la aludida buena fe, esta Sala en sede de casaci\u00f3n, aduj\u00f3: \u201c(\u2026) una cosa es la buena fe exenta de culpa o cualificada o creadora de derechos (\u2026) y otra bien distinta la buena fe simple o buena fe posesoria definida por el art\u00edculo 768 del C.C. como \u201cla conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio (…)\u00bb, que a diferencia de la anterior no necesita probarse sino que se presume legalmente, tal como lo dispone el art\u00edculo 769 ib\u00eddem, y que es la requerida por el art\u00edculo 964 de la misma obra para que el poseedor vencido restituya \u00fanicamente los frutos percibidos o que pudieron percibirse despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda. (Ver CSJ. STC. 4 de febrero de 2014, exp. 00078-00, reiterada en STC14153-2015 y en STC598-2022, entre otras). <\/p>\n
5. De igual modo, nada evidencia desafuero en el hecho de no reconocerle mejoras a las sociedades accionantes, pues, en verdad, si la buena fe cualificada no fue demostrada no proced\u00eda compensaci\u00f3n alguna, adem\u00e1s, en este punto, la Sala ha avalado tal argumentaci\u00f3n en las sentencias de tutela indicadas por el Tribunal, entre otras (STC16642-2021 y STC5010-2022) y, con todo, aunque no se acogiera \u00edntegramente la tesis mencionada, esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, por cuanto \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Ver CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
6. Finalmente, debe se\u00f1alarse, que si el Tribunal accionado profiri\u00f3 una decisi\u00f3n en un caso similar, accediendo a las mejoras, el hecho de no apoyarse en ella o repetir esa decisi\u00f3n, no sugiere el defecto alegado por las actoras, relativo al desconocimiento del \u00abprecedente\u00bb, pues para que una decisi\u00f3n judicial constituya \u00abdoctrina probable\u00bb de la que se imponga exponer los motivos por los que no se aplica, es necesario que se trate de \u00abtres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho\u00bb (art. 4, Ley 169 de 1986), tal como lo ha comprendido esta Sala en varias oportunidades (Ver CSJ. STC10992-2017, STC1509-2021 y STC3798-2022, entre otras), no obstante, para el caso, debe indicarse que la sentencia del Tribunal que refirieron las actoras no tiene tal connotaci\u00f3n. <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo implorado no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Lavely SAS, Inveriana SAS, Inversiones R. Silva, Hijos CIA S en C, Inversiones Silpla SCA y Ram\u00f3n Silva Beltr\u00e1n contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11394-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11394-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02796-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la tutela formulada por Lavely […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66401","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66401","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66401"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66401\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}