STC11396-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11396-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02805-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gilberto Castro Corrales, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2014-00238. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, ante el supuesto incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones pactados y las cuotas de administraci\u00f3n respecto del apartamento 410 y garaje 29 de la Calle 34 No. 6-59, Luis Alejandro y Jos\u00e9 Gustavo Guti\u00e9rrez Leguizam\u00f3n en calidad de cesionarios del arrendador V\u00edctor Guillermo Guti\u00e9rrez Leguizam\u00f3n, promovieron en el a\u00f1o 2014 proceso ejecutivo en su contra como coarrendatario y de Lioubov Lachtchivskaia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 4 de marzo de 2021, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de merito denominada \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, decisi\u00f3n que apelada por los ejecutantes revoc\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 14 de julio de 2022 y, orden\u00f3 continuar con el proceso <\/p>\n
Indica que, acude a la presente v\u00eda residual, como quiera que la Corporaci\u00f3n accionada pas\u00f3 por alto que la cesi\u00f3n no les fue debidamente comunicada ni a \u00e9l, ni a la arrendataria principal y, por el contrario, si bien se \u00abacept\u00f3 expresamente y de ello dej\u00f3 constancia en la sentencia, que la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n a los demandados no se hab\u00eda producido antes de la demanda ejecutiva\u00bb, lo cierto es que, \u00aben \u00faltimas, concluy\u00f3 que en aplicaci\u00f3n de las normas procesales, la referida notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n s\u00ed se pod\u00eda tener por cumplida\u00bb, porque \u00abla notificaci\u00f3n del auto ejecutivo ten\u00eda, a su vez, el efecto de considerar notificada la cesi\u00f3n realizada\u00bb, de conformidad a lo normado en el canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que no ten\u00eda aplicaci\u00f3n en el asunto examinado. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 dejar sin efecto la referida providencia, y ordenar al Tribunal accionado que vuelva a \u00abproferir el fallo que dirima el recurso de apelaci\u00f3n, pero observando las normas que deben aplicarse al conflicto y, en especial, las exigencias para la validez, respecto de los demandados, de la cesi\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de compartir el expediente digital respectivo, solicit\u00f3 negar el amparo pretendido, porque, <\/p>\n
[f]rente a los hechos que expone la parte actora, manifiesto que, cuando el juicio compulsivo se inici\u00f3, ya estaba en vigencia el C.G.P., luego esa normatividad es la que gobierna la materia, sin que como de manera equivocada lo aduce el demandante, se haya aplicado en forma retroactiva, recu\u00e9rdese que, a tono con el canon 624 ej\u00fasdem que modific\u00f3 la regla 40 de la Ley 153 de 1887, <\/p>\n
\u201cLas leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir\u201d y, a rengl\u00f3n seguido, se plasmaron algunas excepciones a saber: \u201cSin embargo, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones\u201d. <\/p>\n
Es evidente que, trat\u00e1ndose de la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo que produce el enteramiento de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito al deudor, contenida en el inciso segundo del canon 94 ib\u00eddem, no corresponde a uno de los casos de excepci\u00f3n, por lo mismo, en cuanto a ella, opera el principio general de vigencia inmediata de ese ordenamiento legal. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, adem\u00e1s, ninguna de las causales ni gen\u00e9ricas o espec\u00edficas para la procedencia del amparo frente a providencias judiciales se halla cumplida. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien tambi\u00e9n remiti\u00f3 copia digital de las actuaciones objeto de an\u00e1lisis, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, luego de invocar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, como quiera que la decisi\u00f3n que se cuestiona es la de segundo grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que existen causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: i) defecto f\u00e1ctico: ha determinado que se incurre en una v\u00eda de hecho cuando el juez carece por completo de apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n; ii) defecto org\u00e1nico: carece absolutamente de competencia para tomar la decisi\u00f3n; iii) defecto procedimental absoluto: act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido, es decir cuando ostensiblemente se desv\u00eda el deber de cumplir con las formas propias de cada juicio; iv) defecto sustantivo: la decisi\u00f3n se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable. <\/p>\n
Resulta pertinente mencionar que, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte Constitucional, (Sentencia T-781\/11), el defecto sustantivo se presenta cuando: <\/p>\n
(i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, esta Sala tiene establecido, que, un funcionario incurre en el defecto sustantivo, \u00abcuando en desarrollo de la actividad judicial el juez se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo una determinaci\u00f3n que vulnera derechos fundamentales\u00bb (Ver STC de 31 de oct5ubre de 2012, exp. 1800122140002012-02455-00). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del accionante Gilberto Castro Corrales, radica en el hecho que, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al conocer en apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante la cual resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, en consecuencia, la terminaci\u00f3n del juicio ejecutivo. <\/p>\n
3. Empero, revisado el enlace que contiene el proceso ejecutivo quirografario promovido por Jos\u00e9 Gustavo y Luis Alejandro Guti\u00e9rrez Leguizam\u00f3n contra Liubov Laschivska, Andr\u00e9s Velasco Apraez y Gilberto Castro Corrales, se encuentra que la referida Corporaci\u00f3n, al resolver como lo hizo en la sentencia de aludida, no incurri\u00f3 en ninguno de los defectos enrostrados por el se\u00f1or Castro Corrales. <\/p>\n
Y es que, para resolver la apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 empez\u00f3 por explicar, que el problema jur\u00eddico a dilucidar, se centraba en si los ejecutantes, estaban o no legitimados para iniciar la causa coercitiva, en la que se trajo como fuente de la obligaci\u00f3n exigida, el contrato de arrendamiento VU-7526799, suscrito por los deudores el 13 de diciembre de 2002, por el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, prorrogable autom\u00e1ticamente. Lo anterior, a la luz de los motivos en los que se fund\u00f3 la apelaci\u00f3n, relativos a que los ejecutados conoc\u00edan de la cesi\u00f3n, para lo cual hicieron referencia a los distintos medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
no hay duda en que los demandantes con la sola presentaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo no acreditaban su legitimaci\u00f3n, por no haber sido parte del pacto negocial aportado para el cobro; no obstante, con el fin de adquirir esa calidad, traen al litigio junto con el citado instrumento, la cesi\u00f3n celebrada por los demandantes con el arrendador, quien ostentaba la facultad inicial de reclamar las obligaciones derivadas de este convenio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hizo \u00e9nfasis en que para que dicha cesi\u00f3n surtiera efectos frente a los deudores, era necesario que la misma les fuera notificada por parte del cesionario, o, en su defecto, expresamente aceptada por aqu\u00e9llos, y sobre ese particular escenario, se\u00f1al\u00f3, que <\/p>\n
los alzadistas sostienen que de las probanzas documentales es susceptible concluir que los convocados conoc\u00edan de la cesi\u00f3n de la obligaci\u00f3n a su favor, en tanto hubo un cruce de comunicaciones entre el se\u00f1or Andr\u00e9s Velasco Apraez y los hermanos Guti\u00e9rrez Leguizam\u00f3n. <\/p>\n
Para demostrar lo anterior allegaron un \u201cACTA DE RETIRO DE MAQUINARIA\u201d que data del 15 de agosto de 2015, en la cual consta que \u201cse procede a retirar la m\u00e1quina ubicada en el garaje No.29, proceso que se realiza con previa autorizaci\u00f3n de su propietario Sr. Andr\u00e9s Velasco Apraez con C.C. 19.489.917 de Bogot\u00e1, de acuerdo a la autorizaci\u00f3n verbal dada por celular (a los se\u00f1ores Guti\u00e9rrez Leguizam\u00f3n propietarios del inmueble 410), quien fuera coarrendatario de la ex inquilina del apartamento 410 Sra. Lioubov Lachtchivskaia con Cedula de Extranjer\u00eda (sic) C.E. 224.486, quien de igual forma autoriz\u00f3 el retiro de la maquina (sic) por medio de whatsapp. <\/p>\n
La m\u00e1quina (sic) se retira en las mismas condiciones que manifiesta en que fue dejada por el Sr. Andr\u00e9s Velasco Aprez y la Sra. Lioubov Lachtchivskaia\u201d y firmaron como testigos Beatriz Marl\u00e9n Sabogal Pulido, Alejandro Guti\u00e9rrez Leguizam\u00f3n y Nelson Ernesto Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Por otro lado, obran las conversaciones, que seg\u00fan se observa datan del 28 de julio de 2017 al 17 de agosto de esa misma anualidad, sostenidas entre Jos\u00e9 Gustavo, Andr\u00e9s Velasco, Lioubov y el abogado de los demandados, referentes al retiro de la maquina mencionada en la documental anterior, en donde el primero, les solicita sacar ese bien del garaje que le corresponde al apartamento 410, hasta que finalmente logra que el se\u00f1or Velasco le env\u00ede una autorizaci\u00f3n para ello, relev\u00e1ndolo de cualquier responsabilidad. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 el Tribunal que esos medios de prueba, as\u00ed como todos los dem\u00e1s recaudados con ese fin, no eran suficientes para poder tener por cumplido el requisito de la notificaci\u00f3n, en tanto que ninguna manifestaci\u00f3n expresa se hizo por parte de los arrendatarios frente a las de quien se present\u00f3 como propietario del apartamento y el garaje, con el fin de que fuera retirada la mentada maquinaria. <\/p>\n
Empero, m\u00e1s all\u00e1 de eso, adujo la Corporaci\u00f3n accionada, que <\/p>\n
desatendi\u00f3 el juez de instancia, que en lo que ata\u00f1e a la notificaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el art\u00edculo 94 de la Codificaci\u00f3n Adjetiva, dispone que \u201cla notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, si no se hubiera efectuado antes\u201d <\/p>\n
Y as\u00ed lo ha consagrado la doctrina: <\/p>\n
\u201cCuando la demanda se formule por un cesionario de un t\u00edtulo ejecutivo sin que se haya notificado al deudor la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, el demandante podr\u00e1 formular la demanda ejecutiva a pesar de que formalmente carece de t\u00edtulo ejecutivo para demandar al ejecutado, pero en tal caso la notificaci\u00f3n del auto ejecutivo har\u00e1 las veces \u201cde la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d (C.G.P., art.423). <\/p>\n
Es decir, el juez libra el mandamiento de pago en favor del demandante que formalmente no ostenta a\u00fan la legitimaci\u00f3n para ejecutar a ese deudor, la cual solamente se constituir\u00e1 despu\u00e9s de librado el auto ejecutivo y de notificado personalmente al ejecutado\u201d. <\/p>\n
Al analizar el documento adosado se extrae que el cedente transfer\u00eda adem\u00e1s del contrato de arrendamiento las obligaciones que del mismo se generaron y las futuras, al punto que consagr\u00f3: \u201cSe deja constancia que los arrendatarios adeudan c\u00e1nones de arrendamiento y cuotas de administraci\u00f3n causados desde junio de 2010, cifras que a fecha marzo de 2012, ascienden a la suma de cuarenta y un millones ciento setenta mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m\/cte. ($41.170.469.oo)\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumpliendo el contrato de arrendamiento, como ya se explic\u00f3 con los presupuestos para ser presentado para el cobro, el A quo, libr\u00f3 orden de apremio el 24 de abril de 2014, la cual fue notificada a los demandados de la siguiente manera: Liubov Laschivska, el 31 de mayo de 2017, Gilberto Castro Corrales el 16 de junio siguiente y Andr\u00e9s Velasco Apraez el 7 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, para la Sala con el acto de intimaci\u00f3n a los llamados al litigio de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento, se cumpli\u00f3 con el requerimiento echado de menos, para convalidar la legitimaci\u00f3n en causa por activa de los ejecutantes, motivo por el cual se impone la revocatoria del fallo censurado. <\/p>\n
Lo anterior condujo a que concluyera, que \u00abel acto de intimaci\u00f3n a los llamados al litigio de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento se cumpli\u00f3 con el requerimiento echado de menos, para convalidar la legitimaci\u00f3n en causa por activa de los ejecutantes, motivo por el cual se impone la revocatoria del fallo censurado\u00bb pues, analizada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, la misma se hall\u00f3 probada solo de manera parcial, esto es, frente a los c\u00e1nones de arrendamiento causados entre junio de 2010 hasta junio de 2012. <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, advierte la Corte que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado de conocimiento, con fundamento en el C\u00f3digo General del Proceso, mismo que ya hab\u00eda entrado en vigencia al momento de la notificaci\u00f3n del auto de apremio, la cual, analizada en conjunto con los medios probatorios y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, le convencieron, que la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa alegada, no se materializ\u00f3. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es claro que la sentencia reprochada de 14 de julio de 2022 se encuentra motivada y no luce arbitraria, ni se evidencia que con esa decisi\u00f3n se configure alguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 el defecto invocado, y as\u00ed las cosas, la sola divergencia de criterio no permite abrir camino a esta solicitud de amparo, puesto que la acci\u00f3n constitucional no es el instrumento para definir si la interpretaci\u00f3n normativa o si el an\u00e1lisis probatorio efectuado por el funcionario es el m\u00e1s acertado o el m\u00e1s correcto, pues tal prop\u00f3sito resulta ajeno a la tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para instituirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, pues como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n (Ver CSJ STC825-2020, reiterada en STC5234-2021, STC2260-2022 y STC4556-2022, entre otras). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida Gilberto Castro Corrales, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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