STC11397-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00878-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 2 de agosto de 2022 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Yulver Fernando Aguirre Salguero, Hermes Remolina Gonz\u00e1lez, Eduver Garz\u00f3n Rayo y Erminson Gonz\u00e1lez Berm\u00fadez le instauraron a la Sala Plena de la Corte Constitucional, extensiva a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el presente asunto, al Juzgado 77 de Instrucci\u00f3n Penal Militar, la Fiscal\u00eda 147 de la Unidad de Vida de Antioquia y dem\u00e1s intervinientes en el expediente CJU-764. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores pidieron \u00abse decrete la nulidad del Auto 115\/22 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del compendio factual adosado y el escrito inaugural se extrae que por hechos acaecidos el 20 de mayo de 2020 en la vereda Los Trozos del Municipio de Anor\u00ed en donde perdi\u00f3 la vida Ariolfo S\u00e1nchez Ruiz, tanto el Juzgado 77 de Instrucci\u00f3n Penal Militar como en la Fiscal\u00eda 147 de la Unidad de Vida, se adelant\u00f3 la correspondiente investigaci\u00f3n contra los accionantes, quienes son integrante de la fuerza p\u00fablica componente Ej\u00e9rcito Nacional. Debido a que las dos jurisdicciones reclamaron la competencia, el asunto fue enviado a la Corte Constitucional para dirimir la controversia y mediante auto de 3 de febrero dispuso que \u00abla Fiscal\u00eda 147 Unidad de Vida de Antioquia es la autoridad competente para conocer de la investigaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Bajo este escenario los convocantes se dolieron de que el \u00f3rgano l\u00edmite no realizara la correspondiente valoraci\u00f3n sobre, <\/p>\n
i) Naturaleza y legitimidad de la operaci\u00f3n militar (fundamentos normativos); <\/p>\n
ii) Alcance del concepto de duda en relaci\u00f3n con la ocurrencia de los hechos; <\/p>\n
iii) valoraci\u00f3n probatoria acorde con los medios de conocimiento que reposan en las jurisdicciones penal militar y la jurisdicci\u00f3n ordinaria, con la prueba obrante en el proceso dentro de sus cauces racionales. <\/p>\n
2. La Vicepresidenta de la Corte Constitucional defendi\u00f3 su prove\u00eddo y se opuso a las pretensiones. La Fiscal\u00eda 147 Seccional de la Unidad de Vida de Antioquia inform\u00f3 que el asunto fue asignado a la Fiscal\u00eda 21 Seccional de Anor\u00ed. El ente acusador receptor hizo el recuento de las actuaciones. El Juzgado 77 de Instrucci\u00f3n Penal Militar coadyuv\u00f3 en los anhelos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Recurrieron los actores apoyados en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado debe respaldarse, por cuanto de la providencia que resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En primer lugar, la autoridad accionada determin\u00f3 la competencia para dirimir este tipo de conflictos y en ese evento explic\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) Esta corporaci\u00f3n ha indicado que \u201clos conflictos de competencia entre la jurisdicci\u00f3n ordinaria y la jurisdicci\u00f3n penal militar, pueden ser promovidos por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ante posibles graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo es una presunta ejecuci\u00f3n extrajudicial. Adicionalmente, cuando exista duda sobre la relaci\u00f3n directa del delito investigado con el servicio militar no es posible acreditar el supuesto funcional de activaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n penal militar. Por tanto, dado el car\u00e1cter excepcional y restrictivo del fuero penal militar, el conocimiento de los hechos investigados le corresponda a la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u201d1. <\/p>\n
(\u2026) A esta conclusi\u00f3n lleg\u00f3 la Sala Plena, al considerar que la justicia penal militar solo conocer\u00e1 de aquellos casos en los que se determine claramente que el delito cometido tiene relaci\u00f3n con el servicio militar o policivo. En caso de duda, deber\u00e1 aplicarse la regla general de competencia, motivo por el cual la investigaci\u00f3n ser\u00e1 adelantada por la justicia ordinaria2. Lo anterior, en consideraci\u00f3n a que, si la Jurisdicci\u00f3n Penal Militar conoce de delitos que no fueron cometidos por miembros de la Fuerza P\u00fablica en servicio activo y en relaci\u00f3n con dicho servicio, es decir, como aquellos en los que el agente se separa de su misi\u00f3n y se extralimita en sus funciones, ello generar\u00eda una diferencia de trato en cuanto al \u00f3rgano llamado a conocer del caso, respecto de conductas delictivas que no requieren de un sujeto activo cualificado. Este escenario vulnerar\u00eda los principios de igualdad, juez natural y autonom\u00eda e independencia judicial3. <\/p>\n
Ahora al descender sobre el caso concret\u00f3 la magistratura querellada argument\u00f3 que, <\/p>\n
(…) en este caso, debe aplicarse la regla general de competencia atribuida a la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria en el art\u00edculo 29 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que existe duda y no hay convencimiento sobre los hechos asociados a la operaci\u00f3n \u201cMacana\u201d por parte de la compa\u00f1\u00eda \u201cD\u201d BACOA\u201d del Ej\u00e9rcito Nacional, cuya finalidad consist\u00eda en \u201cubicar, confirmar, fijar, capturar y\/o neutralizar el objetivo il\u00edcito militar Ricardo Abel Ayala Orrego, al\u00edas \u201cCabuyo o el Mono\u201d, cabecilla principal GAO-r E-36\u201d4. Tambi\u00e9n, sobre la pertenencia de la v\u00edctima a grupos al margen de la ley. En virtud de las pruebas obrantes en el expediente no es posible advertir de manera clara una relaci\u00f3n directa, pr\u00f3xima y evidente entre el delito investigado y el servicio militar. Lo anterior, con base en los siguientes fundamentos: <\/p>\n
(\u2026) La investigaci\u00f3n adelantada en contra de los militares implicados en los hechos del 20 de mayo de 2020 cumple con el elemento subjetivo para activar el fuero penal militar. La investigaci\u00f3n efectuada por la Fiscal\u00eda 147 Unidad de Vida de Antioquia surgi\u00f3 con ocasi\u00f3n de la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio por parte de alg\u00fan(os) militar(es). Aquellos, para el 20 de mayo de 2020, compon\u00edan las tropas de la Compa\u00f1\u00eda \u201cD\u201d BACOA\u201d del Ej\u00e9rcito Nacional. Tal grupo se encontraba en desarrollo de la operaci\u00f3n \u201cMacana\u201d cuando ocurrieron los hechos. Todos sus integrantes eran miembros activos del Ej\u00e9rcito Nacional para ese entonces. Este hecho nunca fue objeto de discusi\u00f3n en el marco de la investigaci\u00f3n. De lo expuesto, es posible concluir que se cumple el elemento subjetivo requerido por la jurisprudencia constitucional para aplicar el fuero penal militar. <\/p>\n
Finalmente se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis de los medios suasorios obrantes en el expediente y en esa l\u00ednea de pensamiento se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) tomado en consideraci\u00f3n los elementos probatorios aportados en el expediente, esta Corporaci\u00f3n observa que la actividad militar no legitima desmanes ni el desborde del ordenamiento jur\u00eddico penal por parte de miembros de la fuerza p\u00fablica, que actuando por fuera de la ley incurren en violaciones graves de la misma, raz\u00f3n por la cual la muerte del se\u00f1or Ariolfo, aunque producto de una orden de operaci\u00f3n militar, evidencia que en su ejecuci\u00f3n ocurrieron muchas anomal\u00edas. Por ejemplo, en el lugar de los hechos no hab\u00eda pista que les aseguraran que all\u00ed estaba Cabuyo, no estaban las motocicletas en las que el objetivo se transportaba, no hab\u00eda animales para transporte, tampoco personal que se supon\u00eda ten\u00eda que estar para custodiar al capo, es decir, lo que se encontr\u00f3 en dicho sitio, solamente pod\u00eda suponer, que una persona de tan alto perfil delincuencial, no estaba all\u00ed, sobre todo porque el ej\u00e9rcito estaba all\u00ed, desde antes de las 7 de la ma\u00f1ana y no hubo ni un movimiento que pudiera hacerlos pensar que SI estaban en el sitio verdadero. Con todo, se procedi\u00f3 a la \u201cNEUTRALIZACION y EJECUCION\u201d5. Adicionalmente, seg\u00fan la apreciaci\u00f3n actual de la Fiscal\u00eda, el presupuesto f\u00e1ctico asociado a este caso y las dudas sobre las condiciones en que se verificaron los hechos, coinciden con los patrones reconocidos por organismos supranacionales6 sobre las ejecuciones extrajudiciales, que han sido entendidas como graves violaciones a los derechos humanos. <\/p>\n
(\u2026) En consecuencia, no es posible afirmar, como lo hace el juez penal militar, que las actuaciones desplegadas por los investigados tengan una relaci\u00f3n directa y clara con el cumplimiento de una orden legal y constitucional. Existen dudas al respecto y los elementos probatorios que obran en el expediente son insuficientes para establecer la relaci\u00f3n de los hechos con la funci\u00f3n militar. Por lo tanto, el caso no cumple con el elemento funcional para ser atribuido a la jurisdicci\u00f3n penal militar. <\/p>\n
(\u2026) En virtud de la duda sobre el v\u00ednculo entre el delito investigado y el servicio militar, los hechos podr\u00edan coincidir con las denominadas ejecuciones extrajudiciales. Estas en ning\u00fan caso pueden debatirse al amparo del fuero militar, por constituir graves violaciones a los derechos humanos y al DIH7. <\/p>\n
(\u2026) Bajo ese entendimiento, toda vez que no es clara en la relaci\u00f3n entre el homicidio y la prestaci\u00f3n del servicio militar, la conducta sobre la que versa esta causa penal no puede considerarse de competencia de la jurisdicci\u00f3n penal militar. La Sala insiste en que esta \u00faltima es excepcional y depende concurrentemente de los factores subjetivo y funcional del fuero militar y, adem\u00e1s, se descarta en eventos en los que posiblemente se ha presentado una ejecuci\u00f3n extrajudicial, como en este asunto podr\u00eda ocurrir, a juicio de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento concluy\u00f3 que, <\/p>\n
Pese a que el presupuesto subjetivo necesario para la activaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n penal militar se encuentra presente, no ocurre as\u00ed con el funcional. No hay claridad sobre los hechos objeto de investigaci\u00f3n y sobre su relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n del servicio militar. Esto impide apreciar una relaci\u00f3n directa, pr\u00f3xima y evidente del delito investigado con el servicio militar. Por ende, no se cumplen los requisitos necesarios para aplicar el fuero penal militar. <\/p>\n
Por ese motivo, el caso objeto de controversia debe ser conocido por la justicia ordinaria, en aplicaci\u00f3n de la regla general de competencia atribuida por el art\u00edculo 29 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el car\u00e1cter excepcional de la Justicia Penal Militar y con las restricciones para que investigue y resuelva sobre conductas contrarias al DIH. <\/p>\n
En este sentido, no le asiste raz\u00f3n a los accionantes respecto a la indebida valoraci\u00f3n probatoria para desatar el conflicto de competencias entre la jurisdicci\u00f3n ordinaria y la penal militar, puesto que de los argumentos expuestas se extrae que tal situaci\u00f3n no aconteci\u00f3, como parecen entenderlo los inconformes, al contrario, el \u00f3rgano l\u00edmite en lo constitucional efectu\u00f3 una respetable hermen\u00e9utica y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 al desenlace reprochado, acorde con los lineamientos que sobre la materia tiene decantado. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen de que los impulsores no compartan tales inferencias, las mismas no pueden tildarse de sesgadas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis, lo que excluye la intervenci\u00f3n del juez del amparo, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia \u00ab(\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01, STC8581-2021 memoradas en STC2322-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay defecto f\u00e1ctico que corregir por esta v\u00eda residual y subsidiaria, entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A-1178 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expediente CJU-626. <\/p>\n
2\u0002 Autos 476 de 2021 (M.P. Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas); y 496 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). <\/p>\n
3\u0002 Ib. \u00cddem. <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital. Pg. 8 <\/p>\n
5\u0002 Ib \u00eddem. Pg. 16. <\/p>\n
6\u0002 La Fiscal\u00eda, al promover este conflicto, refiri\u00f3 ampliamente pronunciamientos de la Corte IDH, como del sistema de defensa de derechos humanos Europeo y Africano, para soportar sus conclusiones al respecto. <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional. Sentencia SU-190 de 2021 (M.P. Diana Fajardo Rivera); y Auto 704 de 2021. (M.P. Cristina Pardo Schlesinger). <\/p>\n
<\/p>\n
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