STC11406-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11406-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02874-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Bonilla N\u00fa\u00f1ez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta Sala Civil Familia Laboral, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres, y la Nueva EPS, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, el Consejo de Administraci\u00f3n del Fosyga y el Hospital Universitario Erasmo Meoz, y citadas las parte e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional No. 2022-00142-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela efectiva, igualdad, salud, seguridad social, dignidad humana, y m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Decreto 3990 de 2007 reglament\u00f3 la subcuenta de Riesgos Catastr\u00f3ficos y Accidentes de Tr\u00e1nsito del Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda \u2013 Fosyga, el que estableci\u00f3 las condiciones de operaci\u00f3n del aseguramiento de los riesgos derivados por da\u00f1os corporales causados a las personas en accidentes de tr\u00e1nsito, eventos catastr\u00f3ficos y terroristas, que posteriormente fueron regulados por el Decreto 056 de 2015 que determin\u00f3 las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud e indemnizaciones. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, debido a un artefacto explosivo puesto por la Polic\u00eda Nacional, sufri\u00f3 una lesi\u00f3n grave en su integridad f\u00edsica, por lo que fue atendido en los Hospitales de Tib\u00fa, as\u00ed como en el Universitario Erasmo Meoz. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por lo anterior, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela con el objetivo que le fuera garantizada la realizaci\u00f3n de la junta m\u00e9dica a efectos de adquirir la indemnizaci\u00f3n a la que tiene derecho por el da\u00f1o causado por el evento terrorista, pero el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta lo que decidi\u00f3 en la sentencia de 1\u00ba de junio de 2022, fue que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 Adres resolviera de fondo el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que le hab\u00eda elevado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en cumplimiento de lo anterior, Adres le contest\u00f3 que ten\u00eda derecho a la indemnizaci\u00f3n, pero que deb\u00eda tener en cuenta que esa administradora no pod\u00eda asumir el pago de honorarios, no obstante, que lo pretendido con el amparo era que se ordenara realizar la junta m\u00e9dica de calificaci\u00f3n para establecer el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral sufrido con ocasi\u00f3n del artefacto explosivo. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que impugn\u00f3 y confirm\u00f3 el Tribunal Superior de C\u00facuta el 7 de julio de 2022. <\/p>\n
Considera que los fallos de tutela proferidos vulneraron sus garant\u00edas fundamentales, porque no fueron congruentes con lo pedido, no se valoraron las pruebas aportadas, ni la historia cl\u00ednica, se desconocieron los decretos citados, as\u00ed como la ley estatutaria de salud, porque se trata de una persona lesionada en el conflicto armado que requiere del dictamen pedido para adquirir las prestaciones econ\u00f3micas a que tiene derecho. <\/p>\n
2. Con fundamento en dichos argumentos, pidi\u00f3 ordenar i) a las autoridades judiciales accionadas, modificar sus fallos para garantizar sus derechos fundamentales, ii) a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, cancelar los honorarios ante la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, para determinar la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y as\u00ed adquirir la indemnizaci\u00f3n de la que hablan los Decretos 3990 de 2007 y 056 de 2015 expedidos por el Ministerio de Salud, o iii) a la NUEVA EPS SA realizar la valoraci\u00f3n con el fin de determinar el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral causado, para adquirir la citada indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
\u202f3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, y orden\u00f3 el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto constitucional que motiv\u00f3 esta nueva acci\u00f3n de tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Al momento de proferir la sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n constitucional, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s ese mismo mecanismo excepcional: <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb. (Corte Constitucional SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Ahora bien, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abEl legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (Ver CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022, entre muchas). <\/p>\n
Con todo la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios en los que, de manera excepcional, procede la utilizaci\u00f3n de este mecanismo constitucional, <\/p>\n
4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el reclamo del se\u00f1or Wilson Bonilla N\u00fa\u00f1ez se centra en el hecho que, en la acci\u00f3n de tutela No. 006-2022-00142-00 que promovi\u00f3 contra la NUEVA EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, el Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad en las sentencias proferidas el 1\u00ba de junio y el 7 de julio de 2022, no ordenaron realizar la junta m\u00e9dica de calificaci\u00f3n que requiere para que se establezca el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral que sufri\u00f3 con ocasi\u00f3n del artefacto explosivo, ni ordenaron a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, cancelar los honorarios a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez para el efecto pretendido. <\/p>\n
3. No obstante, el accionante no puede controvertir las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje, m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, esto es, que la sentencia proferida por los funcionarios cuestionados hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
Con todo, el demandante puede solicitar ante la Corte Constitucional que la acci\u00f3n de tutela No. No. 2022-00142-00, sea escogida para su eventual revisi\u00f3n, escenario jur\u00eddico donde puede alegar las inconformidades respecto del fallo proferido, y en caso de no quedar seleccionada, a\u00fan cuenta con el recurso de insistencia. <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Bonilla N\u00fa\u00f1ez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, la Nueva EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 Adres. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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