STC11408-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11408-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Otto Luis Nassar Montoya contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de la misma ciudad y los intervinientes en el amparo constitucional con radicado 2021-00458. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, manifest\u00f3 que en su condici\u00f3n de v\u00edctima promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Cartagena, y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad en sentencia de 14 de octubre de 2021 ampar\u00f3 su derecho al debido proceso y, orden\u00f3 al ente acusador que, dentro de los 60 d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo definiera la indagaci\u00f3n n\u00b0 2010-10992, bien fuera solicitando audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, preclusi\u00f3n u ordenando el archivo de la misma. <\/p>\n
Sostuvo que impuls\u00f3 incidente de desacato, empero, el Tribunal Superior lo sustituy\u00f3 por un \u00abincidente de cumplimiento\u00bb, donde se solicitaron informes constantes a la Fiscal\u00eda, no obstante, al evidenciar la tardanza por parte de ese \u00f3rgano en atender lo resuelto en sede constitucional, present\u00f3 nuevamente incidente de desacato. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada en auto de 24 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite del incidente de desacato y dispuso archivo del de cumplimiento, tras determinar que la orden constitucional hab\u00eda sido atendida, pues la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n n\u00ba 2010-10992. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal accionado err\u00f3 al disponer el archivo de esas actuaciones y no obligar \u00aba la fiscal\u00eda a investigar y acusar, de conformidad a los informes presentados, y en el t\u00e9rmino que exigi\u00f3 en la sentencia de tutela. No hace un an\u00e1lisis de las motivaciones por las cuales opta por solicitar la preclusi\u00f3n, no hay una revisi\u00f3n de las pruebas aportadas en los informes de desacato y cumplimiento\u00bb (sic). <\/p>\n
Por otra parte, afirm\u00f3 que ha presentado diferentes derechos de petici\u00f3n ante la Fiscal\u00eda obteniendo respuestas favorables, tenientes a desarrollar las investigaciones pertinentes y formular la imputaci\u00f3n de cargos, sin embargo, el ente acusador, al solicitar la preclusi\u00f3n, est\u00e1 actuando en contrav\u00eda de lo manifestado en la contestaci\u00f3n a los derechos de petici\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 adem\u00e1s, que el 21 de enero de 2022 radic\u00f3 una petici\u00f3n ante ese organismo solicitando, en su condici\u00f3n de v\u00edctima, la realizaci\u00f3n de algunas entrevistas y el estudio de algunas pruebas relevantes para la investigaci\u00f3n y la imputaci\u00f3n de cargos con el fin de interrumpir los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, requerimiento que fue contestado el 10 de febrero de 2022, donde se le indic\u00f3 que las entrevistas ser\u00edan llevadas a cabo y que se ordenar\u00eda oficiar al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para que remitiera copia del expediente donde obraban las pruebas, sin embargo, afirm\u00f3, que no existe certeza de que esa gesti\u00f3n se halla llevado a cabo. <\/p>\n
En su sentir, existe un perjuicio irremediable consistente en la imposibilidad de acceder en los t\u00e9rminos legales a la justicia, as\u00ed como su consecuente imposibilidad de obtener una reparaci\u00f3n y un pleno conocimiento de la verdad. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, i). \u00abdecretar el desacato del fallo de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, ii). \u00abdecretar el cumplimiento del fallo de la acci\u00f3n de tutela ordenando la imputaci\u00f3n de cargos en congruencia con las pruebas que solicit\u00f3 y [est\u00e1n] pendientes por ejecutar\u00bb y iii). \u00abGarantizar el derecho fundamental de petici\u00f3n ordenando el cumplimiento a la fiscal\u00eda 4 seccional de Cartagena de las decisiones adoptadas en sus respuestas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, alleg\u00f3 copia del auto de 24 de mayo de 2022, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite de incidente de desacato promovido por Otto Luis Nassar Montoya y orden\u00f3 archivar el incidente de cumplimiento adelantado contra el Fiscal Cuarto Seccional de esa ciudad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, al determinar que la decisi\u00f3n de 24 de mayo de 2022, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena se abstuvo de continuar con el tr\u00e1mite del incidente de desacato presentado por Otto Luis Nassar Montoya contiene una interpretaci\u00f3n razonable, y as\u00ed mismo, resalt\u00f3, <\/p>\n
Ahora, el accionante se queja de que, en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, el Tribunal accionado err\u00f3, pues deb\u00eda analizar los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscal\u00eda incidentada para, ah\u00ed s\u00ed, determinar si cumpli\u00f3 lo ordenado. <\/p>\n
Sin embargo, se le recuerda que una cosa es el tr\u00e1mite imponible a la solicitud de preclusi\u00f3n elevada el 27 de abril de 2022 ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena (rad.: 2010-10992) y otra, muy diferente, es que la Fiscal\u00eda Cuarta haya obedecido lo que le fue ordenado en el proceso de tutela (rad.: 2021-00458). <\/p>\n
Ser\u00e1 en ese primer escenario donde el juez competente, al que le sea asignado, por reparto, el proceso, analizar\u00e1 si la solicitud de preclusi\u00f3n de la Fiscal\u00eda cuenta con los requisitos establecidos en la Ley para ello. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, para indicar que el juez constitucional desestim\u00f3 algunos hechos relevantes y que hac\u00edan referencia a los derechos de petici\u00f3n y las respuestas de la Fiscal\u00eda, tendientes a satisfacer sus derechos como v\u00edctima en la participaci\u00f3n directa del debido proceso. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Corte se enfoc\u00f3 en estudiar la vulneraci\u00f3n de los derechos causados por la decisi\u00f3n del Tribunal y no por la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Cartagena. Por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales y precis\u00f3 que lo pretendido con la presente acci\u00f3n es hacer una valoraci\u00f3n constitucional de las decisiones adoptadas y que resultan vulneradoras de los derechos invocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien, la Corte ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (STC12762-2021, STC 16684-2021 y STC5402-2022), tambi\u00e9n se ha establecido que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo cuando en la tramitaci\u00f3n del desacato se ha desconocido de manera flagrante el debido proceso de los intervinientes, por lo que, <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo narrado por Otto Luis Nassar Montoya en el escrito de tutela, su ataque se dirige a cuestionar lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena en auto de 24 de mayo de 2022, mediante el cual se abstuvo de continuar con el tr\u00e1mite del incidente de desacato promovido contra la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional y, orden\u00f3 archivar el incidente de cumplimiento adelantado contra el ente acusador. <\/p>\n
Establecido lo anterior y revisada la mencionada providencia, se concluye el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, pues no se observa desafuero ni irregularidad lesiva del debido proceso -como lo prev\u00e9 la jurisprudencia antes citada, relativa a las excepciones-, para abrirle paso a este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que el Tribunal accionado , indic\u00f3, <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en virtud de la solicitud de apertura de incidente de desacato promovido por el se\u00f1or Otto Luis Nassar Montoya contra la Fiscal\u00eda 4 Seccional de Cartagena por el presunto incumplimiento del fallo emitido por esta Corporaci\u00f3n de fecha 14 de octubre de 2021, esta Sala el d\u00eda 5 de mayo de 2022 requiri\u00f3 al Dr. Paulo Xavier Romero Julio en su calidad de Fiscal 4 Seccional de Cartagena, con el prop\u00f3sito de que informara acerca del acatamiento del fallo de tutela. <\/p>\n
Cabe resaltar que la orden contenida en el fallo de fecha 14 de octubre de 2021 es la siguiente: <\/p>\n
\u201cTERCERO: ORDENAR a la Fiscal\u00eda 4 Seccional de Cartagena que dentro de los sesenta (60) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, defina la indagaci\u00f3n identificada con radicado No.130016001128201010992, ya sea solicitando audiencia de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, preclusi\u00f3n u ordenando el archivo de la indagaci\u00f3n\u201d <\/p>\n
Pese a haber sido requerido, no se recibi\u00f3 por parte de la Fiscal\u00eda 4 Seccional de Cartagena informe alguno, por tanto, mediante auto de fecha 11 de mayo de 2022 se admiti\u00f3 el incidente de desacato contra el Dr. Paulo Xavier Romero Julio en su calidad de Fiscal 4 Seccional de Cartagena. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n a la apertura de incidente de desacato, el Fiscal 4 Seccional de Cartagena inform\u00f3 que el d\u00eda 27 de abril de 2022 solicit\u00f3 ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena audiencia de preclusi\u00f3n dentro del proceso de radicado No.130016001128201010992. Como prueba de ello, aport\u00f3 la solicitud y el recibo por la dependencia encargada de realizar el reparto de la misma, junto con las constancias de notificaci\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, consider\u00f3 el Tribunal Superior que la autoridad incidentada cumpli\u00f3 la orden constitucional proferida por esa Corporaci\u00f3n el 14 de octubre de 2021, toda vez que solicit\u00f3 la audiencia de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n n\u00ba 2010-10992. <\/p>\n
En ese orden, se abstuvo de continuar con el tr\u00e1mite del incidente de desacato y orden\u00f3 el archivo del incidente de cumplimiento, por haberse acreditado la materializaci\u00f3n de la orden constitucional. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no puede predicarse arbitrariedad en la actuaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, pues esa autoridad con fundamento en las pruebas allegadas resolvi\u00f3 abstenerse de continuar el tr\u00e1mite del incidente de desacato y del de cumplimiento, al encontrar acreditado que la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional atendi\u00f3 el mandato constitucional primigenio, al solicitar la audiencia de preclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, este amparo no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, puesto que esa circunstancia no permite predicar desafuero, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (Ver CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora, bien, es preciso resaltar que la pretensi\u00f3n del actor encaminada a que se ordene a la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Cartagena el cumplimiento de las decisiones adoptadas en las respuestas remitidas al actor con ocasi\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n por \u00e9l formulados, desborda el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional, pues revisado el expediente no se observ\u00f3 que el interesado hubiese dirigido a esa autoridad una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito para obtener del ente acusador un pronunciamiento al respecto, circunstancia que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). (negrillas de esta Sala). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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