STC11423-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11423-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02799-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Elena Molina Aguilar contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional requerida, dentro del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que present\u00f3 contra lo fallado en el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio que en su contra tramit\u00f3 Saul Dur\u00e1n Dur\u00e1n, ante el Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta \u00abcontin\u00fae con el proceso del recurso de revisi\u00f3n con radicado 2018-00112-00 decretando las pruebas solicitadas, fijar fecha para practicarlas, posterior o\u00edr alegatos y proferir sentencia seg\u00fan lo estipula el art\u00edculo 358 inciso 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, ya que de manera injustificada ha actuado en mora judicial al no realizar lo correspondiente seg\u00fan la norma y concluir tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a la autoridad accionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta inform\u00f3 que el 11 de septiembre de 2018 remiti\u00f3 a su superior funcional el expediente del proceso objeto de la revisi\u00f3n y a la fecha no le ha sido devuelto. <\/p>\n
2. El Tribunal convocado y los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. La queja de la actora se circunscribe a que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta no ha continuado con el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n presentado contra el fallo emitido dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio que Saul Dur\u00e1n Duran promovi\u00f3 contra ella, tramitado por el Juzgado Cuarto de Familia de aquella ciudad. <\/p>\n
3. De la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, la revisi\u00f3n del registro de actuaciones del proceso en la p\u00e1gina web de la rama judicial, lo informado por el Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta referente a que no le ha sido devuelto el expediente del proceso objeto de la revisi\u00f3n, sumado a la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el precepto 20 del Decreto 2591 de 1991, ante la falta de pronunciamiento expreso por parte de la Colegiatura accionada frente a los hechos expuestos en la demanda de tutela, en especial, respecto a la ausencia de impulso al proceso luego de que, seg\u00fan afirm\u00f3 la accionante, se efectuara el emplazamiento exigido en prove\u00eddo de 19 de septiembre de 2019, concluye la Corte que raz\u00f3n le asiste a \u00e9sta, por lo que el resguardo debe concederse. <\/p>\n
3.1. Ciertamente se muestra inaceptable que despu\u00e9s m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y once (11) meses de verificada la \u00faltima actuaci\u00f3n, no se haya tomado la decisi\u00f3n que corresponda para imprimir impulso al tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n, siendo que, seg\u00fan lo que afirm\u00f3 la gestora en su escrito inicial y que en este caso se presume cierto, el impulso le corresponde al Tribunal, por ya haberse realizado el emplazamiento ordenado en prove\u00eddo del 19 de septiembre de 2019. <\/p>\n
3.2. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse respecto a la tardanza del Tribunal accionado en continuar con el proceso, sin que se advierta la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), en pret\u00e9ritas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
4. En ese orden, no cabe duda de que el Tribunal accionado ha trasgredido las garant\u00edas de la actora, porque ha dilatado injustificadamente el tr\u00e1mite del recurso en comento, lo que impone conceder la salvaguarda para que dicha autoridad adopte las medidas adecuadas para dar continuidad a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para acceder a la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que, dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n adelantado bajo el radicado 2018-00112-00, adopte las decisiones que en derecho correspondan para impulsar su tr\u00e1mite subsiguiente, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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