STC11433-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11433-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02854-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Cesar Pineda Fuentes contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil Familia. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado, el respeto de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la Colegiatura accionada, dentro del proceso verbal de petici\u00f3n de herencia que en su contra presentaron Dennys Esther, Betty y Mar\u00eda del Rosario Pineda Fuentes, <\/p>\n
Y en concreto solicita, \u00abse revoque el fallo emitido por (\u2026) la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Atl\u00e1ntico y se ordene reportar la novedad a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al magistrado que le sigue en turno, quien deber\u00e1 asumir la competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento el actor sostuvo que dentro del referido decurso el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla dict\u00f3 sentencia con que accedi\u00f3 a las pretensiones en su contra, pese a que, asevera, la acci\u00f3n impetrada estaba prescrita, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el expediente del proceso fue recibido por el Tribunal Superior de la misma ciudad en el mes de agosto de 2021, por lo que el 15 de diciembre siguiente dicha autoridad emiti\u00f3 prove\u00eddo con que prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para decidir por seis (6) meses m\u00e1s. <\/p>\n
Adujo que el 15 de junio del presente a\u00f1o, cuando se cumpli\u00f3 el anotado lapso, el Tribunal debi\u00f3 informar de la situaci\u00f3n a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el asunto al siguiente Magistrado en turno, para que asumiera su conocimiento, conforme establece el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pero en vez de ello, el 15 de julio siguiente dict\u00f3 sentencia con que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Asegura que por la situaci\u00f3n el 9 de agosto pasado le pidi\u00f3 al Magistrado ponente del fallo que decretara la nulidad del mismo, a lo cual \u00e9ste no accedi\u00f3 en prove\u00eddo de 17 de agosto pasado, bas\u00e1ndose en lo establecido en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo cual, afirma, dicha autoridad desconoci\u00f3 que hab\u00eda perdido \u00abautom\u00e1ticamente\u00bb la competencia para conocer del decurso desde el 15 de junio hoga\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supralegal de marras y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tanto la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla como el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, limitaron su intervenci\u00f3n a remitir el acceso al expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delanteramente, refulge que el quejoso dej\u00f3 de solicitar la nulidad de la actuaci\u00f3n antes de que el Tribunal profiriera el fallo de segunda instancia que pretende invalidar durante el presente tr\u00e1mite, circunstancia que se traduce como un repudio de la oportunidad dirigida a ventilar ante el fallador natural los reproches ahora tra\u00eddos, por supuestamente haberse fallado sin competencia para ello, al emitirse la decisi\u00f3n por fuera del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\u2026 la calificaci\u00f3n de pleno derecho de la nulidad de las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia por el vencimiento del t\u00e9rmino para concluir la respectiva instancia, vulnera el derecho la resoluci\u00f3n oportuna de las decisiones judicial, el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, dicha Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la inexequibilidad \u00abde la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, aclarando los alcances de la nulidad que dicho canon contempla, aspecto sobre el cual expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 como quiera que la declaratoria de inexequibilidad versa exclusivamente sobre la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d, pero mantiene la validez de la nulidad de las actuaciones adelantadas por los jueces por fuera del t\u00e9rmino legal, se debe precisar el alcance que tiene esta figura a la luz de la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
En efecto, en la comunidad jur\u00eddica se entendi\u00f3 que con la calificaci\u00f3n de la nulidad como \u201cde pleno derecho\u201d, esta deb\u00eda operar por ministerio de la ley y no necesariamente a solicitud de parte, y que adem\u00e1s deb\u00eda ser insubsanable, sustray\u00e9ndose, de este modo, del r\u00e9gimen general contemplado en la legislaci\u00f3n civil. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, la nulidad originada en la actuaci\u00f3n extempor\u00e1nea queda, al menos en principio, sujeta a las previsiones de los art\u00edculos 132 y subsiguientes de este mismo cuerpo normativo, en tanto ello sea compatible con la naturaleza de la figura prevista en la disposici\u00f3n demandada. <\/p>\n
En este orden de ideas, deben hacerse las siguientes precisiones: <\/p>\n
(i) Seg\u00fan el art\u00edculo 132 del CGP, el juez debe el deber de corregir y sanear los vicios que configuren nulidades al agotarse cada etapa del proceso, vicios que no pueden alegarse en las fases siguientes, salvo que se trate de hechos nuevos. Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 135, esta no puede ser alegada por quien despu\u00e9s de ocurrida la irregularidad, act\u00faa en el proceso sin proponerla. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas. <\/p>\n
(ii) Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa. Al declararse la inexequibilidad de la expresi\u00f3n de \u201cde pleno derecho\u201d, la nulidad all\u00ed contemplada puede ser saneada en los t\u00e9rminos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiraci\u00f3n de los t\u00e9rminos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeci\u00f3n a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el tr\u00e1mite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores. <\/p>\n
De esta manera, la Sala deber\u00e1 integrar conformar la unidad normativa con resto del inciso 6 que regulan la figura de la nulidad de las actuaciones extempor\u00e1neas de los jueces, aclarando, primero, que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del CGP. (Negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
De ese modo, teniendo en cuenta la interpretaci\u00f3n que desde la \u00f3ptica constitucional se consign\u00f3 en el citado precedente, la cual se acoge por respeto a la institucionalidad en trat\u00e1ndose de pronunciamientos de ese tipo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los instrumentos legales de impugnaci\u00f3n prestablecidos, los extremos contendientes quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Ergo, si la ac\u00e1 actora opt\u00f3 por desaprovecharlos: <\/p>\n
\u2026[N]o (\u2026) puede[n] acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u2026 (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
4. Valga se\u00f1alar que la omisi\u00f3n verificada no se supera por el hecho de que el actor pidi\u00f3 la invalidaci\u00f3n del proceso con posterioridad a la emisi\u00f3n del fallo de instancia porque, acorde con el pronunciamiento que se acaba de citar, y como acertadamente lo indic\u00f3 el Tribunal convocado en el prove\u00eddo de 17 de agosto pasado con que rechaz\u00f3 de plano esa solicitud, para ese momento el supuesto vicio ya estaba saneado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se impone cerrar paso a la salvaguarda protestada, en vista de la regla de inviabilidad prevista en el art\u00edculo 6\u00b0 (numeral 1\u00b0) del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo deprecado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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