STC11437-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11437-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00249-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 28 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Guillermo Mart\u00ednez Mart\u00ednez contra los Juzgados Trece, D\u00e9cimo y Quince de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los pleitos con radicados 2015-01966, 2016-00901, 2016-00393 y 2018-00694. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, en el diligenciamiento de los asuntos antes referidos. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que la g\u00e9nesis de la problem\u00e1tica cuya \u00abrevisi\u00f3n\u00bb persigue a trav\u00e9s de esa acci\u00f3n, corresponde a la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho adelantada ante el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn bajo el n\u00b0 2015-01966, porque en dicho proceso, \u00abpr\u00e1cticamente me obligaron a firmar esa conciliaci\u00f3n con argumentos acomodados\u00bb, y tras ello tuvo lugar la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, donde \u00abtambi\u00e9n hubo muchos yerros y vulneraci\u00f3n a de mis derechos fundamentales, ya que por raz\u00f3n de mi desplazamiento no tuve ninguna defensa t\u00e9cnica y lo poco que se hizo no fue acorde a lo que debe ser (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que los ataques, \u00abtanto jur\u00eddicamente como en forma personal\u00bb, por parte de su ex compa\u00f1era \u00aby su apoderado [Ramiro Moreno Correa]\u00bb, tambi\u00e9n se evidenciaron porque luego de ventilarse un pleito de simulaci\u00f3n del contrato de compraventa de un inmueble que hab\u00eda celebrado con su progenitora, fue demandado \u00abpor ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes sociales\u00bb (rad. 2016-00393), el proceso fue fallado por el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn el 2 de junio de 2017 \u00abnegando pretensiones\u00bb, y en raz\u00f3n a ello, celebr\u00f3 un nuevo contrato de compraventa, esta vez con \u00abCarlos Mario Quintero David\u00bb, negociaci\u00f3n que, en su sentir, no es simulada como recientemente lo determin\u00f3 un juez civil municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
Que igualmente su ex compa\u00f1era permanente demand\u00f3 la \u00absanci\u00f3n por ocultamiento y\/o distracci\u00f3n de bienes de la sociedad patrimonial\u00bb (rad. 2018-00694), en cuyo proceso el 11 de septiembre de 2019 el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia estimatoria, y como consecuencia de esa decisi\u00f3n, la actora obtuvo dentro del proceso liquidatorio de la sociedad patrimonial, que se le adjudicara \u00abla totalidad del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que fue en la anterior actuaci\u00f3n judicial \u00abdonde efectivamente se violaron todos mis derechos, por lo que debe ser minuciosamente revisado\u00bb, y que para corroborarlo, \u00abbasta mirar la notificaci\u00f3n, la [admisi\u00f3n] de la demanda, el nombramiento del curador ad litem, la forma extempor\u00e1nea en la que contest\u00f3 la demanda, las pocas actuaciones de mi parte acosado por mi desplazamiento (\u2026), raz\u00f3n por la que se emiti\u00f3 una sentencia totalmente leonina en mi contra [y] es de ah\u00ed de donde nace la sentencia anticipada emanada del Juzgado Catorce Civil Municipal [quien declar\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada]\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, es que se invaliden las decisiones adoptadas por los jueces convocados dentro de los juicios adelantados en su contra, \u00abordenando tomar todas las medidas necesarias y conducentes\u00bb para remediar las falencias por \u00e9l advertidas, \u00abdevolviendo el proceso a la etapa adecuada y permiti\u00e9ndome ejercer mi derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Trece de Familia de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que el accionante expres\u00f3 que el despacho \u00abvulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad con patrimonial [rad. 2016-00901], sin expresar concretamente ning\u00fan yerro\u00bb, y que, ante ello, \u00absea \u00fanicamente expresar que el proceso fue debidamente notificado en todas sus providencias a los interesados (\u2026), y se cumplieron con todas las ritualidades del caso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez D\u00e9cimo de Familia de la capital en menci\u00f3n, inform\u00f3 que ese estrado adelant\u00f3 \u00abel proceso contentivo de la acci\u00f3n con pretensi\u00f3n de sanci\u00f3n por ocultamiento y\/o distracci\u00f3n de bienes de la sociedad patrimonial, por simulaci\u00f3n, instaurada por la se\u00f1ora M\u00f3nica Mar\u00eda Bedoya Zuluaga en contra del promotor de la acci\u00f3n que nos ocupa, el se\u00f1or Juan Guillermo Mart\u00ednez Mart\u00ednez [n\u00b0 2018-00694]\u00bb, y que \u00abmediante sentencia del 11 de septiembre de 2019 se dispuso declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito instauradas por los demandados y, en consecuencia, se conden\u00f3 al se\u00f1or Juan Guillermo Mart\u00ednez Mart\u00ednez a las sanciones propias de dicha pretensi\u00f3n, sentencia la cual no resisti\u00f3 ning\u00fan tipo de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al demandado \u00abse le intent\u00f3 notificar de la demanda, personalmente, lo cual no fue posible, tal y como inform\u00f3 el servicio postal de turno, y como consta en el dossier virtual, raz\u00f3n por la cual se orden\u00f3 su emplazamiento, el cual se llev\u00f3 a cabo, previos requerimientos del Despacho, hasta 3 veces, siempre en aras de garantizar su debida citaci\u00f3n a las diligencias, y en vista de su no comparecencia, se le design\u00f3 curador ad litem, quien lo represent\u00f3, hasta tanto compareci\u00f3 personalmente a dichas diligencias, lo cual acaeci\u00f3 el 7 de junio de 2019, quien solamente constituy\u00f3 apoderado judicial mediante memorial radicado el 17 de septiembre de 2019\u00bb. Solicit\u00f3 declarar improcedente la tutela \u00abno solo porque no se satisfacen los presupuestos de inmediatez ni de subsidiariedad, sino, adem\u00e1s, por cuanto del an\u00e1lisis del proceso en conjunto se advierte que al accionante no se le vulneraron los postulados constituciones a que refiere\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Quince de Familia de la misma ciudad, indic\u00f3 que en ese estrado \u00abcurs\u00f3 proceso verbal de ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes sociales, promovido por la se\u00f1ora M\u00f3nica Maria Bedoya Zuluaga contra el se\u00f1or Juan Guillermo Mart\u00ednez Mart\u00ednez, radicado 05001311001520160039300, el cual termin\u00f3 con sentencia emitida el 2 de junio de 2017, negando pretensiones\u00bb, y que el tribunal, en sede de apelaci\u00f3n, con providencia del 15 de agosto de 2017 la confirm\u00f3 \u00abrevocando solo lo atinente a la condena en costas en contra de la demandante\u00bb. <\/p>\n
4. Ramiro Moreno Correa, \u00abactuando en \u2026representaci\u00f3n de la se\u00f1ora M\u00f3nica Mar\u00eda Bedoya Zuluaga\u00bb, asever\u00f3 que \u00abno hay el m\u00e1s m\u00ednimo comportamiento de atacar, lesionar, perseguir, presionar o abusar del tutelante. Siempre ha contado \u00e9l con la totalidad de las garant\u00edas procesales con respeto absoluto para su dignidad personal y los derechos que la constituci\u00f3n y las leyes le otorgan. El suscrito abogado no ha tenido inter\u00e9s personal, ni ha tenido contacto personal con el tutelante (\u2026)\u00bb. Anot\u00f3 igualmente, que \u00abfue necesario dar inicio a los procesos judiciales para la defensa de los intereses y derechos de M\u00f3nica Mar\u00eda Bedoya Zuluaga, todo ello como respuesta al comportamiento del tutelante que procur\u00f3 ocultar en dos oportunidades, a su compa\u00f1era, el bien obtenido como fruto del esfuerzo conjunto durante la convivencia como pareja. Los procesos subsiguientes son simples respuestas a la conducta asumida en el devenir de los tr\u00e1mites y procedimientos judiciales, lo que culmina en la sanci\u00f3n impuesta en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el Art. 1824 del C\u00f3digo Civil, que no era el inter\u00e9s de la se\u00f1ora Bedoya Zuluaga\u00bb. <\/p>\n
5. Carlos Mario Quintero David, dijo que \u00abcomparto plenamente lo expresado por el demandante Juan Guillermo Mart\u00ednez Mart\u00ednez, en el sentido de que siempre, en el caso m\u00edo, estuve esperando que se diera la oportunidad de debatir y demostrar que por mi parte ning\u00fan hecho il\u00edcito comet\u00ed al llevar a cabo la negociaci\u00f3n, ya que al momento de la compra el 25 de abril de 2018 ning\u00fan viso de ilegalidad pose\u00eda la escritura y el certificado de libertad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio dirigido contra el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, al evidenciar que \u00abno se colm\u00f3 en el caso el presupuesto de la inmediatez\u00bb, porque en el proceso de existencia de uni\u00f3n marital de hecho n\u00b0 2015-01966, \u00abdel que se derivaron los dem\u00e1s (\u2026), la sentencia fue emitida desde el 20 de junio de 2016, habiendo transcurrido ya seis (6) a\u00f1os, respecto a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, y en cuanto a los liquidatorios, \u00abid\u00e9ntica situaci\u00f3n ocurre\u00bb, pues la primera partici\u00f3n (rad. 2016-00901), se aprob\u00f3 en \u00abmarzo 9 de 2017\u00bb, y la segunda (rad. 2018-0094), \u00abel 25 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
El mismo criterio aplic\u00f3 respecto al \u00abproceso verbal por ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes sociales que curs\u00f3 en el Juzgado D\u00e9cimo de Familia [ya que] la sentencia data del 11 de septiembre de 2019, frente a la cual ning\u00fan recurso present\u00f3 [ni] se excus\u00f3 de la inasistencia a la audiencia [por lo que] dicho lapso no es proporcionado ni razonable, y solamente revela falta de diligencia del accionante para promover las acciones legales (\u2026), m\u00e1xime (\u2026) que pudo haber promovido recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, y \u00abno obra en el expediente prueba alguna justificativa de la inactividad del actor, quien tampoco acredit\u00f3 estar en circunstancias de debilidad manifiesta o alguna otra que le impidiera actuar (\u2026) en un t\u00e9rmino oportuno\u00bb. Por lo dem\u00e1s, neg\u00f3 la tutela contra el Juzgado Quince de Familia, ya que \u00abning\u00fan yerro enrostr\u00f3 [en relaci\u00f3n con el proceso n\u00b0 2016-00393], dado que las sentencias que all\u00ed se profirieron, lo favorecieron\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para reiterar la petici\u00f3n de que se proceda a \u00abrevisar minuciosamente el contenido de la presente tutela por v\u00edas de hecho [incurridas por] el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de oralidad de Medell\u00edn\u00bb, ya que con la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2019, \u00abtodas las actuaciones y yerros existentes en dicho proceso son revividos\u00bb, en el pleito donde \u00e9l pretend\u00eda \u00abdemostrar que al no haber habido ocultamiento [de bienes] tampoco hay ning\u00fan viso de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien se enunci\u00f3 que la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirig\u00eda contra el Juzgado Quince de Familia de la misma ciudad, hay lugar a su desvinculaci\u00f3n en tanto ning\u00fan reproche se hizo frente a esa autoridad, pues de la informaci\u00f3n adosada al presente expediente, se establece que la decisi\u00f3n adoptada en el juicio all\u00ed adelantado, fue favorable a los intereses procesales del ac\u00e1 querellante. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Circunscrito el estudio al planteamiento del problema jur\u00eddico descrito en precedencia, con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio, dado que no supera los aludidos presupuestos gen\u00e9ricos, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la Inmediatez. <\/p>\n
En el entendido de que el primer reproche se dirige contra lo resuelto en el proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho (rad. 2015-01966), porque -seg\u00fan el quejoso-, el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn aprob\u00f3 la conciliaci\u00f3n pese a las supuestas \u00abirregularidades\u00bb en la manifestaci\u00f3n de voluntad, el impedimento de procedibilidad en comento se configura porque esa actuaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el fallo proferido el 20 de junio de 2016, mientras la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 7 de julio de 2022, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
En segundo lugar, al censurar la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial surgida en virtud del referido declarativo, se hace necesario precisar que tras haberse aprobado el inicial trabajo partitivo el 9 de marzo de 2017, la misma autoridad judicial valid\u00f3 la partici\u00f3n adicional surtida dentro del radicado n\u00b0 2016-00094, mediante sentencia fechada el 25 de mayo de 2018, por lo que de esa data a aquella en que fue impetrada la presente acci\u00f3n, tambi\u00e9n se supera el semestre y con ello su extemporaneidad. <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne a la actuaci\u00f3n surtida por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de la misma ciudad, la Sala advierte que el proceso enfilado a obtener \u00absanci\u00f3n por ocultamiento y\/o distracci\u00f3n de bienes de la sociedad patrimonial, por simulaci\u00f3n\u00bb (rad. 2018-00694), concluy\u00f3 mediante sentencia estimatoria proferida el 11 de septiembre de 2019, de donde emerge que la tutela cuestionando dicha resoluci\u00f3n, tambi\u00e9n desatiende el presupuesto temporal, pues, it\u00e9rase, el amparo se formul\u00f3 el 7 de julio de 2022. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul. 2022, rad. 00535-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago. 2022, rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
Ahora, se hace necesario recordar que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que el actor extienda su inconformidad contra los autos dictados posteriormente por los accionados, pues estos se produjeron como ratificaci\u00f3n y en ejecuci\u00f3n de las decisiones que no fueron oportunamente controvertidas, y en esas circunstancias no se habilita el t\u00e9rmino para atacar en sede constitucional la determinaci\u00f3n que estima afect\u00f3 sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar controversias jur\u00eddicas sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27 may. 2011, exp. 00096-01, citada en STC9106-2021, 22 jul. 2021, rad. 00332-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la incuria. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta modalidad de subsidiariedad se predica de lo actuado ante los jueces accionados, pues ni los fallos que definieron el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho y su liquidaci\u00f3n, ni lo resuelto al imponer la sanci\u00f3n por ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes, fueron objeto de apelaci\u00f3n pese a que, con sujeci\u00f3n al estatuto adjetivo, contra esas providencias proced\u00eda el recurso vertical. <\/p>\n
En particular, frente a la decisi\u00f3n que el querellante considera lesion\u00f3 con mayor rigor sus prerrogativas, esto es, la proferida por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn el 11 de septiembre de 2019, declarando \u00abla p\u00e9rdida de la porci\u00f3n que en su calidad de compa\u00f1ero permanente ten\u00eda derecho sobre el bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 01N-5163133\u00bb, el expediente da cuenta que el all\u00ed demandado, quien estaba debidamente vinculado y representado por apoderado judicial, no se opuso a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n de que tal determinaci\u00f3n era susceptible. <\/p>\n
As\u00ed, como el interesado desaprovech\u00f3 la oportunidad para refutar ante el juez cognoscente la resoluci\u00f3n ac\u00e1 censurada, utilizando para ello las herramientas jur\u00eddicas consagradas para tales efectos, emerge infundado el resguardo por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, pues ese es un criterio insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, desde sus albores la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que esto procede cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice, no acontece. Sobre el punto, se dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC9222-2022, 19 jul. 2022, rad. 00431-01). <\/p>\n
3.3. De la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
En concordancia con lo antedicho, en raz\u00f3n a que el accionante enfatiza que con la decisiones criticadas se le vulner\u00f3 el derecho a una \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, porque -en su sentir- se suscitaron diversas circunstancias que impidieron constituir y obtener una oportuna y adecuada representaci\u00f3n judicial, esta Corte reitera que el comportamiento incurioso del actor y con ello la improcedencia de la tutela, no encuentra respaldo jur\u00eddico en tales exculpaciones, pues las falencias u omisiones de quien fung\u00eda como su apoderado en los juicios, no es atribuible al despacho accionado. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos jur\u00eddicos, se sostuvo que: \u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01, citada, entre otras, en STC13954-2021, 19 oct. 2021, rad. 00261-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, sobre la posibilidad de conceder la tutela de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieran probado las exigencias para ello, pues en esas condiciones se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 00320-01, entre otras), y porque esa modalidad \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario [pues de lo contrario] no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, al no superarse los esenciales requisitos temporal y de la subsidiariedad, se avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que ante la inexistencia de excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir temprana y adecuadamente a esta senda jur\u00eddica, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11437-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11437-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00249-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}