STC11442-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11442-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00679-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Alberto Acosta Saravia contra los Juzgados Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Cincuenta Civil Municipal de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo de Familia y Catorce Civil del Circuito de esta capital, as\u00ed como los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2002-00577. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que impetr\u00f3 demanda de pertenencia (rad. 2018-00141), respecto de un apartamento y un garaje ubicados en Bogot\u00e1, la cual fue admitida por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta capital el 16 de abril de 2018, siendo demandados Mauricio Rolando Mart\u00edn Delvasto y Francisco Jos\u00e9 Agudelo, pero como este \u00faltimo hab\u00eda fallecido desde diciembre de 2012, con auto del 25 de octubre de 2021 se invalid\u00f3 lo actuado y se le orden\u00f3 subsanar lo pertinente. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que dentro del ejecutivo de alimentos seguido contra Mart\u00edn Delvasto (rad. 2002-00577), Carlos Alberto Leal Castro adquiri\u00f3 los derechos de dominio sobre el 50% de los bienes \u00absabiendo y teniendo conocimiento del tr\u00e1mite del proceso de pertenencia\u00bb, se procedi\u00f3 a su vinculaci\u00f3n al juicio de usucapi\u00f3n aplic\u00e1ndose lo previsto en el art\u00edculo 70 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que tomaba el proceso \u00aben el estado en que se halle en el momento de su intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que el se\u00f1or Leal Castro \u00abahora busca que le entreguen los inmuebles, porque los adquiri\u00f3, primeramente, a trav\u00e9s de remate (\u2026), en fecha junio 18 del a\u00f1o 2018, y en fecha junio cuatro (4) del a\u00f1o 2021 se le adjudicaron los derechos de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Agudelo Agudelo Francisco Jos\u00e9 por escritura p\u00fablica n\u00famero 1358 de la Notar\u00eda Octava de Bogot\u00e1, quedando con el 100% de la propiedad sin tener la posesi\u00f3n de los inmuebles\u00bb, y ante ello, \u00aben fecha siete (7) de julio [de 2022], fue la Juez Cincuenta Civil Municipal de Bogot\u00e1, a practicar diligencia de la entrega de los inmuebles comisionada por el Juzgado Segundo de Familia (sic)\u00bb, y con ello \u00abaprovech\u00e1ndose del remate y compra que hizo, [al] solicitar la entrega material, [est\u00e1] desconociendo los derechos que trae la posesi\u00f3n real [ejercida] por m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abque la diligencia iniciada para hacer entrega de los inmuebles quede suspendida, hasta que el fallo [que se profiera en el proceso de pertenencia] quede ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, inform\u00f3, entre otras actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo de alimentos seguido contra Mauricio Mart\u00edn Delvasto, el cual instaur\u00f3 Martha In\u00e9s Agudelo Murcia y prosigui\u00f3 directamente la alimentaria Laura Andrea Mart\u00edn Agudelo, que en la diligencia de secuestro del apartamento realizada el 21 de abril de 2015, \u00abse present\u00f3 oposici\u00f3n por parte del [hoy] accionante [la cual] fue negada por el Juzgado 2\u00b0 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n el 29 de abril de 2015\u00bb, y tras fallo de tutela en el que se orden\u00f3 tramitar la apelaci\u00f3n interpuesta subsidiariamente, el tribunal \u00abdeclar\u00f3 desierto\u00bb dicho recurso por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que a la ejecutante se le adjudicaron los bienes por cuenta de su cr\u00e9dito y que tanto el derecho de esta (50%), como el restante sobre dichos bienes, fueron cedidos a favor del se\u00f1or Carlos Alberto Leal Castro, quien \u00abes el realmente perjudicado [en su calidad de] tercero de buena fe\u00bb. Pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo ya que \u00abno agot\u00f3 el recurso ordinario al interior del presente proceso\u00bb, el cual remiti\u00f3 escaneado para su correspondiente inspecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta Civil Municipal de esta ciudad, inform\u00f3 que \u00abpara llevar a la entrega del 50% de los inmuebles\u00bb objeto de la comisi\u00f3n \u00abN\u00b0 2002-2021\u00bb librada dentro del ejecutivo de alimentos adelantado por el Juzgado 2\u00b0 de Familia de Ejecuci\u00f3n, se fij\u00f3 \u00abel d\u00eda 07 de julio de 2022, a las 10:00 am\u00bb, diligencia que \u00abno pudo llevarse a cabo, toda vez que no hab\u00eda presencia de ninguna persona en los predios (\u2026) , de tal suerte que se procedi\u00f3 a levantar constancia, [y con] providencia de 12 de julio del hoga\u00f1o, [se se\u00f1al\u00f3] pata el 03 de agosto de 2022 a las 10:00\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el link para acceder al expediente digital contentivo del declarativo de pertenencia promovido por Acosta Saravia, aduciendo que con \u00abauto del 25 de octubre de 2021, mediante control de legalidad, se dej\u00f3 sin efecto la admisi\u00f3n por haberse demandado al se\u00f1or Francisco Agudelo Agudelo cuando este ya hab\u00eda fallecido, [y] en su lugar se dispuso la inadmisi\u00f3n. Igualmente, por auto [de la misma data], se reconoci\u00f3 al abogado Carlos Alberto Leal Castro como propietario del predio sub lite\u00bb, y que \u00absurtidos los recursos, por auto de fecha de hoy [19 de julio de 2022] se rechaz\u00f3 la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Carlos Alberto Leal Castro, \u00aben mi condici\u00f3n de propietario del cien por ciento (100%) del garaje No. 3 y del apartamento 402 del edificio Portoalegre P.H.\u00bb, se opuso a lo pretendido aduciendo que \u00abning\u00fan derecho ha sido vulnerado por las actuaciones judiciales [ya que] como ciudadano solamente estoy ejerciendo el leg\u00edtimo derecho que me confiere la ley, orientado en obtener la entrega material de unos inmuebles que fueron adjudicados a mi favor a trav\u00e9s de unas decisiones judiciales ejecutoriadas\u00bb. Destac\u00f3 que frente a la diligencia de secuestro del apartamento, el 29 de abril de 2015 del juzgado comisionado se neg\u00f3 la oposici\u00f3n planteada por el ac\u00e1 accionante, \u00abal encontrar demostrado que: \u201c\u2026el se\u00f1or Germ\u00e1n Acosta era inquilino, no (\u2026) poseedor\u201d\u00bb, y que esa actuaci\u00f3n, pas\u00f3 al conocimiento del tribunal, primero en sede de queja -no concedida-, y luego de apelaci\u00f3n -admitida previa orden de tutela-, en la que el 19 de diciembre de 2019 se \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso al evidenciar que el apoderado del opositor no hab\u00eda cumplido con la carga procesal de sustentar en su oportunidad legal\u00bb. <\/p>\n
Que con la ejecutoria de dicha providencia \u00abqued\u00f3 concluida jur\u00eddicamente la oposici\u00f3n al secuestro y se continu\u00f3 con el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hasta llegar a la diligencia de remate y adjudicaci\u00f3n de los inmuebles para pagar la [obligaci\u00f3n] alimentaria del padre para con su hija adeudada por m\u00e1s de 16 a\u00f1os\u00bb, y notificado el se\u00f1or Acosta Saravia \u00aby su apoderado\u00bb de que se \u00abdesconoc\u00eda cualquier calidad de poseedor, aceptaron el tr\u00e1nsito a la cosa juzgada inmutable y no se interesaron ni se hicieron presente nunca m\u00e1s en el proceso ejecutivo desde el 19 de diciembre de 2016 hasta la fecha\u00bb; por ello \u00abproced\u00ed a negociar el valor del inmueble y adelantar el remate y su posterior adjudicaci\u00f3n [aprobado el 17 de septiembre de 2018]\u00bb, y para \u00abconsolidar el 100% de la propiedad compr\u00e9 los derechos herenciales en el proceso de sucesi\u00f3n de Francisco Jos\u00e9 Agudelo (\u2026), como consta en la escritura p\u00fablica No. 1358 del 4 de junio de 2021 ante la Notar\u00eda 8 de Bogot\u00e1, acto inscrito en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que al no lograr ubicar al secuestre de los inmuebles, para su entrega acudi\u00f3 al juzgado de ejecuci\u00f3n, encontrando nuevamente oposici\u00f3n del tutelante bajo el supuesto de una demanda de pertenencia que rechaz\u00f3 el Juzgado 14 Civil del Circuito. Pidi\u00f3 se declare \u00abque no se ha violado ning\u00fan derecho fundamental al accionante y que nos encontramos en el ejercicio de mi derecho como propietario a recibir los inmuebles (\u2026), mediante entrega de los mismos por parte del juez\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que ese despacho \u00abno conoci\u00f3 ni tuvo procesos con las partes mencionadas\u00bb y que, seg\u00fan el sistema de consulta, el asunto est\u00e1 a cargo del \u00abJuzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n\u00bb, previo conocimiento del Juzgado Once de Familia de esta capital. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para reiterar los argumentos de la demanda tutelar y refutar su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al disponer la entrega material de los bienes al adjudicatario de los derechos de dominio. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de esta ciudad, ning\u00fan reparo puede endilgarse en tanto s\u00f3lo est\u00e1 fungiendo como comisionado para ejecutar la orden impartida por el despacho cognoscente, procediendo entonces su desvinculaci\u00f3n; de la misma manera se procede en relaci\u00f3n con el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, en tanto a ese despacho le es ajeno el conocimiento del pleito en cuesti\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, se advierte que hubo escisi\u00f3n de la tutela respecto de lo pretendido contra los jueces municipales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del ruego tuitivo, pero precisando que lo ser\u00e1 porque no supera el requisito general de la inmediatez. <\/p>\n
3.1. Esto, porque al dirigirse la censura contra la entrega material de los bienes que fueron objeto de adjudicaci\u00f3n dentro del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2002-00577, fund\u00e1ndose en que se desconocieron sus derechos como poseedor, se advierte que la oposici\u00f3n formulada por el hoy querellante contra el secuestro, fue resuelta en primera instancia por el comisionado el 21 de abril de 2015, y que el ad quem declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra dicha decisi\u00f3n el 24 de julio de la misma anualidad. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, al coincidir la actual inconformidad con el aspecto que fue discutido y resuelto de manera desfavorable al pretensor -pues su posici\u00f3n jur\u00eddica de cara a los bienes no ha sido variada desde entonces a la fecha-, emerge di\u00e1fana la extemporaneidad de la tutela pretendiendo controvertir con ella tal condici\u00f3n, en tanto esta fue invocada el 13 de julio de 2022, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover el auxilio de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia de la acci\u00f3n se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul. 2022, rad. 00535-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago. 2022, rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
3.2. Ahora, aunque el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al resguardo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene coment\u00e1ndose. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del censor, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en los procesos, y con ello, la inexistencia de excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
En el mismo sentido, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que el actor extienda su inconformidad contra los autos dictados recientemente por el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogot\u00e1, pues estos se produjeron en claro cumplimiento al mandato del juzgado de ejecuci\u00f3n que funge como comitente, en actuaci\u00f3n que se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme, descart\u00e1ndose la posibilidad de que se habilite el t\u00e9rmino para atacar en sede constitucional la resoluci\u00f3n que estima afect\u00f3 sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar controversias jur\u00eddicas sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27 may. 2011, exp. 00096-01, citada en STC9106-2021, 22 jul. 2021, rad. 00332-01, entre otras). <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, recu\u00e9rdese que frente a la orden de entrega de bienes tras agotarse las etapas del proceso, de cuyo tr\u00e1mite no se avizora afectaci\u00f3n a derecho fundamental o una situaci\u00f3n especial que impida su realizaci\u00f3n, la Corte ha se\u00f1alado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9769-2022, 1\u00b0 ago. 2022, rad. 00330-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo antedicho, se ha dicho y reiterado que la pr\u00e1ctica de las diligencias de entrega \u00abno constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026). De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, rad. 00079-01, citada entre otras en STC9958-2022, 3 ago. 2022, rad. 02398-00). <\/p>\n
N\u00f3tese tambi\u00e9n que, para la prosperidad de la salvaguarda bajo la modalidad transitoria para evitar un perjuicio irremediable, requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), situaci\u00f3n que en este asunto no fue demostrada por el quejoso. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la inmediatez, el cual ac\u00e1 no se satisface, sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, ese criterio se impondr\u00e1 para confirmar la improcedencia del auxilio, ya que no se advirti\u00f3 un motivo que excusara la demora en su invocaci\u00f3n y tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11442-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11442-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00679-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66429","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66429"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66429\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}