STC11448-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11448-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02554-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Camilo Torres Cort\u00e9s y Gladys Torres Rodr\u00edguez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Civil) y el Juzgado 31\u00b0 Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los promotores deprecaron, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00ab[acceso] a la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) vida digna y (\u2026) vivienda\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a las m\u00e1s recientes providencias proferidas dentro del expediente de pertenencia n.\u00b0 \u00ab2012-00270\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos importantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 31\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se surt\u00eda el descrito litigio declarativo, por demanda de los titulares del pedimento de resguardo de marras contra los herederos de Dolores Cort\u00e9s Vda. de Novoa (q.e.p.d.), otrora propietaria inscrita del inmueble objeto de la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda, en la que concurrieron por pasiva Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito Torres Cort\u00e9s, como sobrina de la aludida causante, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en calidad de adjudicatario del predio al interior de un juicio sucesoral, provino, luego de varias incidencias, prove\u00eddo de 28 de febrero de la anualidad en curso, por cuya virtud el despacho cognoscente dispuso \u00abDECRETAR [SU] TERMINACI\u00d3N ANTICIPADA\u00bb acorde a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 375, num. 4\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Tal resoluci\u00f3n la confirm\u00f3 el correspondiente Tribunal Superior (Sala Civil), mediante auto de 31 de mayo postrero1, en sede de apelaci\u00f3n que interpusieran los all\u00ed reclamantes, ahora tutelantes.<\/p>\n
4. Los inicialistas criticaron los pronunciamientos en cita, pues a m\u00e1s de que se pas\u00f3 por alto, por cuenta de los dispensadores naturales de justicia, que al momento de ellos demandar ya contaban con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n (iniciada en \u00ab1990\u00bb), seg\u00fan el relato de los testigos, lo cierto es que tambi\u00e9n fue errado terminar el pleito sin previamente agotar la \u00abaudiencia de fallo\u00bb. A\u00f1adieron que con lo resuelto hubo de ser demeritada su condici\u00f3n de adultos mayores. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supralegal y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de h\u00e1bito. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 31\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo estarse a lo por \u00e9l resuelto. Comparti\u00f3 copia magn\u00e9tica del dossier disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) exhort\u00f3 a la inviabilidad del amparo, en apoyo a las providencias censuradas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Es de lineamiento doctrinario que, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por el demarcado sendero, conveniente es anotar que en los casos en los cuales el funcionario jurisdiccional cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por anomal\u00eda o antojo, puede intervenir el juez de amparo para restablecer el orden jur\u00eddico cuando el agraviado no cuente con otro conducto de patrocinio. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios detentan la libertad discreta y proporcional para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento, la justicia constitucional puede inmiscuir en tal funci\u00f3n, si aquellos consolidan una flagrante desviaci\u00f3n de su desempe\u00f1o. <\/p>\n
Como en este nivel ha manifestado, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Plasmada la anterior salvedad, corresponde auscultar en sus cimientos el auto dimanado del Tribunal Superior capitalino el 31 de mayo de los corrientes (m\u00e1s all\u00e1 de lo resuelto el 16 de junio postrero, en sede de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n), pues acab\u00f3 por definir, en apelaci\u00f3n, lo ata\u00f1edero a la conducencia o no de la terminaci\u00f3n anticipada del litigio de pertenencia que promovieran los aqu\u00ed quejosos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mem\u00f3rese que en el descrito pronunciamiento, a la postre, se previno: carente de utilidad ser\u00eda \u00abentrar a dilucidar (\u2026) si(\u2026)las (\u2026) pruebas recaudadas [flu\u00edan] indicativas del se\u00f1or\u00edo cuya declaraci\u00f3n judicial en vano reclam\u00f3 la parte actora\u00bb del pleito de usucapi\u00f3n (all\u00e1 recurrentes y ahora promotores), ante el hecho de que el ICBF -entidad de derecho p\u00fablico- adquiri\u00f3 el dominio del inmueble en disputa mediante sentencia emitida en juicio sucesoral, en \u00abmarzo\u00bb de 2014; por tanto, era adecuada la culminaci\u00f3n anticipada de la contienda conforme al art\u00edculo 375 (num. 4\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2. Argumentaci\u00f3n a ra\u00edz de la cual deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta extraordinaria jurisdicci\u00f3n, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal querellado ciertamente rehus\u00f3 estudiar a fondo los reparos vertidos por los aqu\u00ed inicialistas en su recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de terminaci\u00f3n, en cuanto infieren (sin embargo de la adquisici\u00f3n, por el ICBF, del fundo en reyerta) que al momento de demandar contra los herederos de la otrora propietaria inscrita ya hab\u00edan computado m\u00e1s de los \u00ab20 a\u00f1os\u00bb exigidos para usucapir2; aseveraci\u00f3n que, remarcaron, est\u00e1 apoyada por los testigos deponentes y cuyos relatos, en su sentir, fueron mal apreciados por el juez a-quo. <\/p>\n
Luego es claro que a la corporaci\u00f3n judicial en comento le compet\u00eda entrar a indagar el trasfondo de las descritas alegaciones impugnaticias, precedido del examen de la consabida valoraci\u00f3n integral del material probatorio ah\u00ed acopiado, independientemente de si estuvieran destinadas o no al fracaso, en la medida en que, a la postre, lo sugerido por los tutelantes en ese estadio de inconformidad es que con anterioridad a la adjudicaci\u00f3n del predio en favor de la entidad p\u00fablica ya ellos habr\u00edan consolidado el tiempo de se\u00f1or\u00edo necesario en aras de lograr la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio frente a los sucesores de la primigenia due\u00f1a. <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, al Tribunal le era dable adentrarse a evaluar sobre la veracidad de lo arg\u00fcido por los accionantes dentro de la apelaci\u00f3n (es decir, si estos acreditaron o no la posesi\u00f3n aducida), m\u00e1xime cuando acorde al criterio vertido por esta suprema Magistratura en sentencia CSJ SC3934, 19 oct. 2020, rad. 2012-00365-01, reiterativa de las SC, 31 jul. 2002 y SC, 6 oct. 2009, existe la posibilidad de acceder a acciones de pertenencia con relaci\u00f3n a predios de entidades p\u00fablicas, si el lapso para usucapir \u00abse cumpli\u00f3 (\u2026) con anterioridad al d\u00eda\u00bb en que dicho tipo de entes adquiriera la propiedad del respectivo inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora bien: no se pretende sentar que los precursores de la s\u00faplica de resguardo tienen raz\u00f3n en sus alegatos de cara al decurso de la segunda instancia en el pleito repelido. S\u00f3lo se advierte por la Corte que el juez de la alzada ha debido asumir el estudio correspondiente acerca del tema, bien para darle cabida a las afirmaciones de aquellos, ora para desecharlas, con apego en el aut\u00f3nomo ejercicio de valoraci\u00f3n suasoria y decisi\u00f3n que le asiste como fallador ordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De suerte que por haber abordado de modo equivocado el ya descrito planteamiento impugnativo de los quejosos, el colegiado bogotano lacer\u00f3 el deber de motivaci\u00f3n de las resoluciones judiciales, que, en palabras de esta Sala, equivale a \u00abun imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798, 22 ag. 2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (Destacado adrede. CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda grave falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para acabar, el embiste tocante en s\u00ed a la culminaci\u00f3n anticipada de la pertenencia escapa del presente examen constitucional por sustracci\u00f3n de materia, al depender eso del estudio a exhortar al Tribunal como corolario de la apertura de la s\u00faplica tutelar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador judicial de segunda instancia recriminado, sumido en inadecuada fundamentaci\u00f3n, escatim\u00f3 mayor esfuerzo en desatar un pronunciamiento valedero de cara a la apelaci\u00f3n que le brind\u00f3 potestad para terciar al interior del juicio disentido; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a restarle efecto y proveer otra vez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado por Camilo Torres Cort\u00e9s y Gladys Torres Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, que en un t\u00e9rmino no mayor a quince (15) d\u00edas, contado a partir del momento en que reciba el expediente de pertenencia n.\u00b0 \u00ab2012-00270\u00bb, y luego de dejar sin valor el auto ah\u00ed proferido el 31 de mayo de los corrientes, as\u00ed como todas las resoluciones que de ello dependan, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los tutelantes, acorde a lo plasmado en la considerativa de este veredicto. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado 31\u00b0 Civil del Circuito de esta misma ciudad deber\u00e1 enviar el descrito dossier al Tribunal, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a su notificaci\u00f3n, a fin de que esta \u00faltima corporaci\u00f3n pueda impartir cumplimiento a lo ac\u00e1 mandado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Misma decisi\u00f3n sobre la que los gestores del amparo (demandantes en la pertenencia) rogaron aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n; solicitudes estas, a su turno desestimadas en prove\u00eddo de 16 de junio de los corrientes. <\/p>\n
2\u0002 Al punto que afirmaron, entre otros apartes del memorial del recurso de alzada en cuesti\u00f3n, que \u00abla posesi\u00f3n (\u2026) fue iniciada en 1990\u00bb. <\/p>\n
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