STC11450-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11450-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00709-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 3 de agosto de 2022, proferido por la Sala \u201cA\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cB\u201d en representaci\u00f3n de \u201cC\u201d y \u201cD\u201d, contra el Juzgado de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores de edad involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en la prenotada calidad y a trav\u00e9s de mandatario judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, y con soporte en las pruebas adosadas a la foliatura, se tienen los siguientes: <\/p>\n
2.1. \u201cE\u201d inici\u00f3 ejecutivo de alimentos contra \u201cB\u201d, aqu\u00ed libelista, por el presunto incumplimiento del numeral 3 del punto 6.4. del acta de conciliaci\u00f3n de 2010, suscrita en la Notar\u00eda, en la que se acord\u00f3, entre otros aspectos, el pago de $4.000.000 por concepto de dicho estipendio, cuyo conocimiento correspondi\u00f3, en su momento, al Juzgado de Familia anterior, quien, en principio, lo hab\u00eda absuelto. <\/p>\n
Sin embargo, en virtud de una orden de tutela, ese estrado vari\u00f3 su decisi\u00f3n inicial, con providencia de 12 de agosto de 2015, y lo conden\u00f3 al pago de las sumas all\u00ed establecidas, pese a que, adem\u00e1s de asumir \u00abla mayor cantidad de alimentos congruos y necesarios\u00bb, observ\u00f3 la obligaci\u00f3n de transferir, en calidad de alimentos futuros, el local comercial 101 del Edificio \u201cH\u201d, el cual se arrend\u00f3 a Davivienda, con un canon de $18.000.000. <\/p>\n
Dicha causa se remiti\u00f3 al hom\u00f3logo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias el 5 de noviembre de 2015, donde actualmente sigue su curso, pero insisti\u00f3 en que el cognoscente \u00abha dado una interpretaci\u00f3n que no respeta el acuerdo inicial y para la cual tampoco est\u00e1 facultado, pues no se trata de un debate para determinar la titularidad de los alimentos, pues se trata de la ejecuci\u00f3n de una sentencia, y en el debate procesal ya desatado, no se alleg\u00f3 prueba siquiera sumaria de que la madre haya asumido la totalidad de los alimentos, para beneficiarse econ\u00f3micamente y a t\u00edtulo personal de los dineros que son de las hijas que poseen en com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
2.2. Aunado a ello, cuestion\u00f3 que, de forma sorpresiva, \u201cE\u201d, como madre de las menores involucradas y representante legal de \u201cK\u201d S.A.S., \u00abalter\u00f3\u00bb el contrato de arriendo inicial suscrito sobre el prenombrado local, disminuyendo en un 50% el valor del canon de forma retroactiva, aplicable desde marzo de 2015. <\/p>\n
Con posterioridad, \u00abcontraviniendo todos los acuerdos y derechos econ\u00f3micos de las menores\u00bb, \u201cE\u201d cedi\u00f3 la posici\u00f3n en el contrato de arriendo suscrito con Davivienda a \u201cL\u201d C\u00eda. S.C.A., sociedad de la cual ella es, a su vez, socia gestora y representante legal, por lo que, dado el contexto, le solicit\u00f3 que permitiera el ejercicio de inspecci\u00f3n para poder \u00abvelar\u00bb por los derechos econ\u00f3micos de sus hijas, ya que ellas est\u00e1n vinculadas como socias comanditarias, prerrogativa a la que aquella no accedi\u00f3 y adem\u00e1s \u00abimpidi\u00f3\u00bb la asamblea ordinaria. <\/p>\n
2.3. Con fundamento en lo anterior, el aqu\u00ed censor present\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas, ya que desconoce el destino y administraci\u00f3n de los recursos de las menores, derivados de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del mencionado local comercial, cuyo estudio lo avoc\u00f3 el despacho Civil del Circuito (1), asunto en el que se han suscitado varias dificultades, como el fallecimiento de su apoderado y los problemas de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2.4. De otra parte, en el compulsivo que el aqu\u00ed interesado sigue contra \u201cK\u201d S.A.S. ante el Juzgado Civil del Circuito (2), con prove\u00eddo de 3 de junio de 2022 se autoriz\u00f3 el pago directo del cr\u00e9dito embargado con destino estrado DE Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias denunciado, con lo que, en su criterio, \u00abse encuentran en grave riesgo los derechos de la menor, ya que actualmente ha transferido sucesivamente la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del local comercial, fuente de pago de alimentos\u00bb. <\/p>\n
2.5. Con todo, coligi\u00f3 que cumpli\u00f3 las obligaciones alimentarias frente a sus descendientes, por lo que, mantener la decisi\u00f3n de pago directo a la progenitora de aquellas es una violaci\u00f3n de los acuerdos y de las normas que protegen los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, \u00abm\u00e1xime si no existe una sola prueba que indique que la se\u00f1ora E asumi\u00f3 la totalidad de los gastos de las ni\u00f1as y, por el contrario, se ha tenido que iniciar un proceso de rendici\u00f3n de cuentas\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, censur\u00f3 que \u00ablas medidas cautelares resultan excesivas, lo cual se ha solicitado en varias oportunidades al despacho que se reduzcan o se limiten, el mismo ha manifestado que no es posible, decisi\u00f3n que resulta lesiva y cada vez que el apoderado de la se\u00f1ora E, solicita ampliaci\u00f3n de medidas, las mismas son concedidas, pese a que actualmente la facultad de extinguir las obligaciones est\u00e1n en cabeza de la misma demandante quien solicit[\u00f3] autorizaci\u00f3n de pago directo al despacho\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, en la medida en que \u00abcarece de un total apoyo probatorio al supuesto legal de que se presume que ella asumi\u00f3 la totalidad de los gastos de las menores, ello es as\u00ed, porque la demanda ejecutiva de que dio pie a la sentencia, tan solo se limit\u00f3 a un \u00edtem del acuerdo, y de todas las pruebas recaudadas se da cuenta, que la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del Local 101 del Edificio m\u00e1s su valor comercial, eran suficientes para garantizar los alimentos congruos y necesarios de las menores, por dem\u00e1s, ante el cumplimiento de las dem\u00e1s obligaciones contenidas en el acta de conciliaci\u00f3n de 2010, en el punto 6, en cuanto se refiere a los alimentos a cargo exclusivo del padre\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, que se ordene al Juzgado de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abreconozca a favor de la menor C el 50% del cr\u00e9dito reconocido dentro del tr\u00e1mite con radicado 2011-153\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abque los dineros sean entregados al se\u00f1or B quien actualmente ostenta la custodia de la menor y el cual ha demostrado haber cumplido con sus obligaciones a cargo, as\u00ed como la se\u00f1ora E, no ha demostrado cumplir con la totalidad de los gastos de las menores durante el tiempo del proceso ejecutivo\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abse comparta al correo reportado en el proceso judicial la totalidad del expediente virtual conforme a las actuales normas procesales\u00bb; y <\/p>\n
<\/p>\n
iv. \u00abordenar al despacho, que levante las medidas cautelares innecesarias como impedir que el se\u00f1or B pueda salir del pa\u00eds, pues existen bienes inmuebles embargados y autorizaci\u00f3n de pago directo por la ejecutante que garantizan 100% el cumplimiento de las obligaciones econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado censurado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, relat\u00f3 las actuaciones del ejecutivo de alimentos y adujo que, \u00aben sentencia del 12 de agosto de 2015, el Juzgado de Familia profiri\u00f3 pronunciamiento de fondo, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de pago de la obligaci\u00f3n y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, providencia que fue modificada con base en la decisi\u00f3n constitucional, y no por arbitrariedad del Estrado Judicial de Origen\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, a\u00f1adi\u00f3 que se ha dado tr\u00e1mite a todas las solicitudes, recursos e incidentes que ha formulado el apoderado del pretensor, dentro de los cuales se destaca la petici\u00f3n de nulidad que se neg\u00f3 con auto de 1 de junio de 2022, pues el abogado contaba con poder desde el 30 de agosto de 2020 para actuar en ese decurso, pero solo hasta el 7 de diciembre de 2021 censur\u00f3 lo actuado, por lo que procedi\u00f3 de conformidad con el numeral 1 del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito (1) expuso que en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas se han garantizado las prerrogativas de las partes, aclarando que, con auto de 5 de noviembre de 2021, se realiz\u00f3 control de legalidad y, a la fecha, el asunto est\u00e1 a despacho para designar un nuevo curador a las descendientes de las partes. <\/p>\n
3. El estrado Civil del Circuito (2) refiri\u00f3 que se abstiene de hacer pronunciamiento sobre el objeto de este amparo, ya que se dirige exclusivamente contra las actuaciones surtidas en el ejecutivo de alimentos. En todo caso, reliev\u00f3 que en el declarativo y en el recaudo propuesto a continuaci\u00f3n se han resuelto todas las peticiones de forma oportuna. <\/p>\n
4. El apoderado de \u201cE\u201d en el compulsivo de alimentos se opuso a la prosperidad del petitum, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abes importante destacar que el objeto del proceso que conoce el juzgado accionado es un proceso ejecutivo de alimentos por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n contenida en el numeral 2\u00b0 del punto 6.4 del Acta de Conciliaci\u00f3n de 2010 por parte del se\u00f1or B, que en nada tiene que ver con las otras obligaciones que surgieron para el se\u00f1or B en virtud del mencionado acuerdo y que, como en reiteradas oportunidades se le ha indicado al apoderado, en nada tienen que ver con este proceso\u00bb. <\/p>\n
5. El Defensor de Familia del ICBF, adscrito al despacho encartado, conceptu\u00f3 que, \u00aba pesar de que se encuentre en discusi\u00f3n el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria de una menor, producto de su participaci\u00f3n en una actividad societaria, este debate debe hacerse al interior del proceso reglado, a fin de que el Juez de conocimiento decida si se dan los elementos necesarios para reconocer la pretensi\u00f3n alegada por el derecho de amparo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, porque, \u00ablo pretendido por el padre de las menores, fue objeto de estudio del Juzgado bajo una argumentaci\u00f3n razonable, en auto del 10 de marzo de 2022, mediante el cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por su apoderado judicial, en contra del proferido el 1\u00ba de diciembre de 2021, que a su vez solvent\u00f3 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. Por ello, agreg\u00f3 que \u00ablos anteriores razonamientos pudieran ser adversos para el promotor de la acci\u00f3n constitucional, pero no denotan arbitrariedad o desafuero alguno lesivo para los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, sobre la administraci\u00f3n de los recursos para la manutenci\u00f3n de las descendientes, expuso que \u00abla queja no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que se encuentra en tr\u00e1mite ante el Juzgado Civil del Circuito (1) de esta ciudad el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, instaurado por el accionante en contra de la se\u00f1ora E y de la sociedad K SAS, con fundamento en id\u00e9nticos hechos a los aqu\u00ed expuestos, seg\u00fan se advierte de la demanda y dem\u00e1s actuaciones obrantes en dicho asunto y que fueron allegadas para su revisi\u00f3n a esta instancia constitucional\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la censura sobre el acceso al expediente del ejecutivo de alimentos, estableci\u00f3 que \u00abse observa la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por faltar al presupuesto de la inmediatez, pues, la solicitud presentada sobre el env\u00edo del expediente digital fue resuelta por el Juzgado en auto del 1\u00ba de diciembre de 2021, notificado por estado del d\u00eda siguiente, esto es, hace m\u00e1s de seis meses, y en el mismo se le indic\u00f3 que pod\u00eda acercarse al despacho judicial en horario h\u00e1bil, de conformidad con lo autorizado en el acuerdo PCSJA21-11840 del 26 de agosto de 2021, a efectos de revisar el proceso comoquiera que para ese momento el Consejo Superior de la Judicatura no hab\u00eda suministrado los recursos para digitalizarlo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reliev\u00f3 que \u00abel auto del 1\u00ba de junio de 2022, mediante el cual el Juzgado neg\u00f3 la solicitud de nulidad alegada por el apoderado judicial del ejecutado, por presuntas irregularidades en la actuaci\u00f3n a partir del 12 de junio de 2018, donde refiere a la vulneraci\u00f3n del debido proceso, tampoco fue cuestionado por el quejoso\u00bb, aunado a que \u00aben lo atinente a la medida de impedimento para salir del pa\u00eds, tampoco se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, pues no cuestion\u00f3 el auto de la misma fecha (1\u00ba de junio de 2022), lo que no es \u00f3bice en todo caso para que pueda insistir en su petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del convocante recurri\u00f3 la precitada providencia, resaltando que \u00abel se\u00f1or B, cumpli\u00f3 con los alimentos contenidos en el acuerdo de custodia, seg\u00fan lo establece la legislaci\u00f3n civil y el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, es decir, los que son necesarios para el normal desarrollo de los ni\u00f1os, esto es salud, educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n, habitaci\u00f3n, etc.\u00bb, de modo que \u00abla ejecuci\u00f3n que se sigue, a pesar de estar en un acuerdo de alimentos no pertenece a los denominados congruos y necesarios, por ello, es que se ampar\u00f3 dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica con el pago de alimentos futuros, realizado con la transferencia del Local 101 del Edificio, lejos de cualquier discusi\u00f3n sobre la legalidad de dicho negocio jur\u00eddico, como lo propone la ejecutante a trav\u00e9s de su apoderado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo de alimentos que se inici\u00f3 contra el aqu\u00ed libelista, por: (i) resolver de forma desfavorable la objeci\u00f3n que formul\u00f3 contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pese a las anotadas irregularidades; as\u00ed como por (i) desestimar la solicitud de nulidad que present\u00f3. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
3.1. De la razonabilidad de la resoluci\u00f3n sobre la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Al revisar la primera determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual, el 10 de marzo de 2022, el Juzgado de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado del aqu\u00ed censor, contra lo dispuesto en el prove\u00eddo de 1 de diciembre de 2021 \u2013en lo que ata\u00f1e a la objeci\u00f3n frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2013, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, en relaci\u00f3n con los espec\u00edficos motivos de disenso expuestos a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, a saber: (i) que no se deber\u00eda \u00abpresumir\u00bb que la se\u00f1ora \u201cE\u201d asumi\u00f3 la totalidad de la obligaci\u00f3n alimentaria de las menores, pues con la transferencia del mencionado local del Edificio se intentaron cancelar \u00ablos alimentos futuros\u00bb; aunado a que, (ii) en el t\u00edtulo base del recaudo, el inconforme se oblig\u00f3 a la transferencia del citado bien \u2013lo que en efecto realiz\u00f3\u2013, pese a lo cual \u00abel canon de arrendamiento lo estaba recibiendo la parte ejecutante y modific[\u00f3] el mismo en detrimento de las menores, [con el cual] el ejecutado hab\u00eda pagado hasta el 30 de septiembre de 2015\u00bb, el estrado encartado estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSea lo primero aclarar que el t\u00edtulo ejecutivo base de la presente ejecuci\u00f3n es el acta de conciliaci\u00f3n No. 0239\/2010 suscrita en la Notar\u00eda, espec\u00edficamente en [el] numeral 6.4.2. que se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cLa suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) la cual ser\u00e1 consignada por el se\u00f1or B en la cuenta n\u00famero XXX del Banco Davivienda a nombre de E dentro de los primeros (5) d\u00edas de cada mes a partir del mes de junio de 2010 y hasta la fecha en que la se\u00f1ora E reciba el valor totalidad del cincuenta por ciento (50%) producto de la venta del apartamento 601 de la torre 4 y garajes 17, 18, 19, 20, 21, y dep\u00f3sito 2, que hacen parte del Conjunto Residencial ubicado en (\u2026), con matr\u00edculas inmobiliarias XXX (\u2026), descontado el 50% del saldo de la obligaci\u00f3n hipotecaria que recae sobre dichos inmuebles. <\/p>\n
La suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) mensuales aqu\u00ed acordada ser\u00e1 reajustada anualmente en el mes de enero, empezando en el a\u00f1o 2011, teniendo en cuenta el \u00edndice de precios al consumidor IPC establecido por el DANE respecto del a\u00f1o inmediatamente anterior\u201d. <\/p>\n
Precisando que \u00fanicamente se est\u00e1 ejecutando lo ah\u00ed establecido, pese a que los extremos procesales acordaron otras obligaciones en dicha conciliaci\u00f3n, como lo correspondiente al local 101 del edificio, lo mismo no tiene relaci\u00f3n con el presente proceso ejecutivo, record\u00e1ndole al letrado que no se acord\u00f3 que con la posesi\u00f3n, los c\u00e1nones o con alg\u00fan provecho econ\u00f3mico que obtenga la se\u00f1ora E de dicho inmueble se sufragara la obligaci\u00f3n alimentaria perseguida; siendo importante traer a colaci\u00f3n lo dispuesto por el juez constitucional en la sentencia de tutela al interior del proceso XXX proferida el 22 de julio de 2015, en la cual se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que las sumas cuyo pago se persigue corresponden a la cuota estipulada en el numeral segundo del punto 6.4, luego err\u00f3 la autoridad accionada al inferir que en el documento escriturario suscrito el 20 de mayo de 2010 las partes de manera consensuada modificaron el primigenio pacto, pues en realidad, nada manifestaron expresamente sobre ese punto en concreto, por ende, el t\u00edtulo base de la obligaci\u00f3n que se demanda, se halla vigente e inc\u00f3lume\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el cognoscente recalc\u00f3 que \u00abno es procedente, como lo pretende el apoderado de la parte ejecutada, compensar, transar o novar la obligaci\u00f3n alimentaria con alg\u00fan valor que presuntamente la se\u00f1ora E obtenga por el local 101 que forma parte del Edificio debido a que no fue pactado en el t\u00edtulo ejecutivo, ni mucho menos entraremos en discusi\u00f3n sobre el pago de c\u00e1nones de arrendamiento, si los mismos son excesivos o irrisorios pues con los mismos no se acord\u00f3 que se pagara la obligaci\u00f3n alimentaria, por tanto, dichas discusiones las deber\u00e1 resolver al interior del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas\u00bb. <\/p>\n
Con todo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abcuando se habl\u00f3 de que \u201ctodos los \u00edtems que comprenden la cuota alimentaria, que es todo lo que es indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes fueron asumidos por E mientras esta detentaba la custodia de la alimentaria de C es decir, hasta el 12 de junio de 2018\u201d, en primer lugar se precisa que esa obligaci\u00f3n es la referente a la que ac\u00e1 se ejecuta, es decir, a la establecida en el numeral 6.4.2. del acta de conciliaci\u00f3n (\u2026) la cual es una presunci\u00f3n legal, determinada por la jurisprudencia, la cual podr\u00e1 ser desvirtuada si se demuestra que efectivamente se est\u00e1n cancelando las obligaciones alimentarias pactadas en dicho numeral\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta a las inconformidades expuestas \u2013aunque, de forma et\u00e9rea\u2013 frente al auto de 1 de junio de 2022, dictado por la c\u00e9lula encartada, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por el gestor, contra las actuaciones surtidas en el ejecutivo de alimentos a partir del 12 de junio de 2018, momento en el cual la custodia de \u201cC\u201d pas\u00f3 a ser ejercida por \u201cB\u201d, deviene di\u00e1fano para la Corte que no se recurri\u00f3 lo all\u00ed dispuesto, con lo que qued\u00f3 en firme, aspecto que refuerza la inviabilidad del amparo, ya que no est\u00e1 previsto para reabrir discusiones que se zanjaron en el escenario correspondiente. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487- 2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso de las defensas que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar los argumentos expuestos en esta sede releva a esta particular justicia de ahondar en los dem\u00e1s elementos expuestos por el solicitante, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del resguardo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. Precisiones finales. <\/p>\n
3.3.1. En el contexto que antecede, la Corte estima pertinente resaltar, tal como anot\u00f3 el a quo constitucional, que las censuras frente a la administraci\u00f3n de los recursos derivados del arrendamiento del local comercial del Edificio fueron exteriorizadas por el libelista, a trav\u00e9s del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas que inici\u00f3 contra \u201cE\u201d, el cual se encuentra en curso ante el Juzgado Civil del Circuito (1), de modo que es ante la autoridad competente que se deber\u00e1n discutir las variadas tem\u00e1ticas referidas por el convocante. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
3.3.2. Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a la medida de impedimento para salir del pa\u00eds, concluye la Sala que el amparo corre la misma suerte, toda vez que, contra la resoluci\u00f3n proferida tambi\u00e9n el 1 de junio de 2022, no se ejerci\u00f3 ning\u00fan mecanismo de defensa; aunado a que nada obsta para que, si en su criterio hay lugar a ello, el quejoso acuda nuevamente ante el Juzgado de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y presente los argumentos que estime convenientes. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 lo pertinente frente a la objeci\u00f3n que present\u00f3 el accionante contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
4.2. De otra parte, en lo que concierne a la denegaci\u00f3n de la nulidad de todo lo actuado en el ejecutivo de alimentos, no se ejerci\u00f3 ning\u00fan medio de defensa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC11450-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11450-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00709-01 (Aprobado en Sala de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}