STC11455-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11455-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00501-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Manuel Escorcia Nigrinis frente al fallo proferido el 22 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra los Juzgados Doce Civil del Circuito, Quince Civil Municipal y Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, propiedad, \u00aba[c]ceso a la justicia\u00bb, petici\u00f3n y \u00abvida digna\u00bb, presuntamente conculcadas por la sedes judiciales acusadas por no acceder al levantamiento cautelar que deprec\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar el restablecimiento de la propiedad que tiene medidas cautelares…[,] levantar el embargo y el remanente como ordena el art. 317 C.G.P.[,] de[l] inmueble de matr[\u00ed]cula no. 040-37307[,] por pago total de la obligaci[\u00f3]n, y por existir dos demandas ejecutiva[s] por los mismos hechos contra las mismas demandadas\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. El actor cuestion\u00f3 la negativa del Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla frente al levantamiento del embargo dispuesto sobre el inmueble cautelado en el juicio ejecutivo hipotecario impulsado por el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. contra Martha Cecilia Ariza Orozco (casada con el accionante y quien falleci\u00f3 el 12 de octubre de 2019), identificado bajo el radicado 2006-00068 y terminado desde el 1\u00ba de septiembre de 2008 por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Narr\u00f3 que, supuestamente, para dicho asunto se recibi\u00f3 embargo de remanentes seg\u00fan oficio Nro. 1888 de 16 de julio de 2007 del Juzgado 15 Civil Municipal de esa ciudad, para el proceso ejecutivo incoado por la Cooperativa Multiactiva Cooler contra Ariza Orozco (rad. 2007-00226), comunicaci\u00f3n que, extra\u00f1amente, aparece radicada el 24 de marzo de 2007. Asunto tambi\u00e9n terminado pero por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que el 6 de abril de 2022 pidi\u00f3 al referido Juzgado Doce Civil del Circuito el levantamiento de la cautela, por ser el estrado que conoce del referido juicio hipotecario, pero dicho despacho le indic\u00f3 que deb\u00eda plantear su solicitud ante el mentado Juzgado Quince Civil Municipal, pero en \u00e9ste no aparece ninguna constancia de haberse comunicado el aludido embargo de remanentes. <\/p>\n
2.4. Destac\u00f3 que resulta extra\u00f1o que ante Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital atlanticense curse otro proceso ejecutivo impulsado por la misma entidad bancaria y contra su difunta esposa, con la diferencia que el oficio del Juzgado Quince de 24 de marzo de 2007 all\u00ed aparece calendado el d\u00eda 22 de los mismos mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que requiere obtener la cancelaci\u00f3n de tal cautela para poder iniciar el respectivo juicio sucesorio de quien fuera su esposa. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla indic\u00f3 que tuvo a su cargo el proceso ejecutivo promovido por la Cooperativa Cooler contra Rosa Aurora Cuervo Chaverra y otro (rad. 2007-00226), el cual culmin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito con auto de 3 de noviembre de 2016, en el que se orden\u00f3 el levantamiento de cautelas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, sin embargo, \u00abrevisada la foliatura del cuaderno de medidas se puede observar que no hay auto del juzgado de origen ni de [esa] judicatura mediante el cual se haya decretado embargo de inmueble o de remanente dentro de [ese] proceso, por lo cual no es posible elaborar alg\u00fan tipo de oficio comunicando levantamiento de medidas de alg\u00fan inmueble cuando no hay cautela sobre este\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil del Circuito de la capital atlanticense histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas en el juicio hipotecario propuesto por el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. contra Martha Cecilia Ariza Orozco (rad. 2006-00068); destac\u00f3 que, tras su finalizaci\u00f3n por el pago total de la obligaci\u00f3n, por embargo de remanentes comunicado mediante \u00aboficio No. 1888 de 16 de julio de 2007\u00bb, dej\u00f3 el inmueble gravado a \u00f3rdenes del Juzgado Quince Civil Municipal, para el proceso ejecutivo incoado por Juan P\u00e9rez Rubiano contra Martha Ariza Orozco (rad. 2003-00443); todo lo cual puso en conocimiento del quejoso, al darle respuesta adversa a sus peticiones de levantamiento cautelar, y lo \u00abrequiri\u00f3 para que gestionara la solicitud ante el Juzgado Quince Civil Municipal y anexara el folio de matr\u00edcula inmobiliaria actualizado\u00bb; por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, dado que\u2026 no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor\u00bb, comoquiera que \u00abmal puede librarse el oficio de desembargo del bien\u2026 hipotecado[,] toda vez\u2026 que fue puesto a disposici\u00f3n del Juzgado Quince Civil Municipal, quien en su oportunidad\u2026 hab\u00eda comunicado el embargo del remanente y de los bienes que se llegaren a desembargar dentro del proceso que [all\u00ed] se adelantaba\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Quince Civil Municipal de Barranquilla solicit\u00f3 \u00abnegar la solicitud de tutela\u2026 por cuanto no\u2026 ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb, comoquiera que lo pretendido por el quejoso es que \u00abse ordene a los accionados expedir el oficio de desembargo de remanente dentro del proceso ejecutivo 08001400302020070022600\u00bb, el que si bien inicialmente estuvo a su cargo, fue reasignado \u00abal Juzgado 6 de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de [esa] ciudad. De ah\u00ed que\u2026 le corresponder\u00eda a dicha agencia judicial atender la solicitud del reclamante\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, de una parte, por ausencia de vulneraci\u00f3n, y de otro lado, al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo primero, porque el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla \u00abadelant\u00f3 las diligencias correspondientes a la ubicaci\u00f3n del expediente que contiene el proceso ejecutivo hipotecario, y le ha suministrado al accionante la informaci\u00f3n pertinente, para que \u00e9ste se acerque al Juzgado Quince Civil Municipal\u2026, a solicitar el desembargo en el proceso ejecutivo Rad. 2008-00344-00 al que fue colocado a disposici\u00f3n el inmueble identificado con M.I. 040-37307 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, actuaci\u00f3n que entonces no se advierte caprichosa ni carente de fundamentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos, pues se ci\u00f1e a la realidad de la informaci\u00f3n contenida en el proceso ejecutivo hipotecario\u00bb; juicio \u00faltimo que, consign\u00f3, fue instaurado por Juan P\u00e9rez Rubiano contra Martha Cecilia Ariza Orozco, y dista del referido por el accionante, de Cooperativa Multiactiva Cooler contra Ariza Orozco. <\/p>\n
Y lo segundo, porque \u00ab[t]ampoco se evidencia vulneraci\u00f3n alguna por parte del Juzgado Quince Civil Municipal de Barranquilla, dado que no se cuenta con prueba demostrativa de que en el proceso ejecutivo Rad. 2008-00344-00 el accionante haya solicitado el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el inmueble distinguido con M.I. 040-37307\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el accionante insistiendo en sus pretensiones y resaltando que resulta extra\u00f1o que un oficio emitido en el a\u00f1o 2007 provenga de un proceso iniciado en el 2008, acorde con el radicado referido por el Tribunal en su fallo, lo que ratificaba la denunciada vulneraci\u00f3n de sus derechos de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, circunscrita a la impugnaci\u00f3n propuesta, de entrada, advierte la Sala su fracaso y, por ende, la forzosa confirmaci\u00f3n del fallo emitido por el a-quo constitucional, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, comoquiera que, ciertamente, en respuesta a las solicitudes de desembargo del reclamante en el juicio con radicado 2006-00068 (hipotecario de Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. contra Martha Cecilia Ariza Orozco), el estrado Doce Civil del Circuito de Barranquilla le inform\u00f3, con suficiencia, su inviabilidad, con ocasi\u00f3n del embargo de remanentes que, en su momento, le comunic\u00f3 el Juzgado Quince Civil Municipal para el proceso con radicado 2003-00443; precis\u00e1ndole, adem\u00e1s, que los documentos por \u00e9l aportados como soporte de su dicho no correspond\u00edan a dicho asunto sino al identificado con el consecutivo 2007-00226, el que no guardaba ninguna relaci\u00f3n con los remanentes en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, el fundamento expuesto por el Juzgado Doce Civil del Circuito encartado para negarse a tramitar el desembargo rogado halla soporte en la actuaci\u00f3n surtida en el juicio a su cargo y, ciertamente, despeja toda duda en punto a que es al reclamante a quien corresponde acudir ante el estrado Quince Civil Municipal de Barranquilla para tramitar lo pertinente de cara al pretendido desembargo, pero en el asunto con radicado 2003-00443, que no en el que erradamente lo ha hecho, esto es, el de radicado 2007-00226. <\/p>\n
3. Luego, como el censor no acredit\u00f3 haber deprecado, con los soportes del caso, el pretendido levantamiento cautelar al interior del juicio con radicado 2003-00443 (promovido por Juan P\u00e9rez contra Martha Ariza), ante el fallador natural, esto es, el Juzgado Quince Civil Municipal de Barranquilla; se evidencia que no ha agotado tal tem\u00e1tica ante el fallador competente, lo cual configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb, he impide al juzgador constitucional ocuparse de ello de primera mano, pues no le es dable anticiparse a los pronunciamientos que compete emitir a las autoridades comunes. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
4. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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