STC11456-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11456-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01532-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones formuladas por el Banco Davivienda S.A. y la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n frente al fallo proferido el 27 de julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por la citada entidad bancaria contra los Juzgados Veintitr\u00e9s Civil Municipal y Treinta y Uno Civil del Circuito, ambos de esa ciudad; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas al terminar por desistimiento t\u00e1cito el juicio criticado, sin atender que debi\u00f3 mantenerse suspendido con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas que se adelanta frente al deudor. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar el fallo proferido el 16 de diciembre de 2021, por el Juzgado\u2026 Municipal [acusado]\u2026[,] que fuera apelado ante el Juzgado\u2026 del Circuito [convocado]\u2026, quien el\u2026 08 de julio de 2022 confirma el auto apelado\u00bb; y ordenar \u00abnuevamente la suspensi\u00f3n del proceso hipotecario, ya que existe un acuerdo de Ley de insolvencia, que tiene vigencia hasta el\u2026 02\/05\/2024, teniendo en cuenta lo que reza el art\u00edculo 548 numeral segundo y art\u00edculo 555 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. El juicio ejecutivo hipotecario incoado por el Banco Davivienda S.A. contra Guillermo Alberto Escobar D\u00edaz, encontr\u00e1ndose embargados los bienes gravados y descorrido el traslado de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la pasiva, con auto de 22 de octubre de 2019 el Juzgado Municipal acusado, en acatamiento del numeral 1\u00ba del canon 545 del C\u00f3digo General del Proceso, lo suspendi\u00f3, con ocasi\u00f3n de la comunicaci\u00f3n remitida por la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n informando la aceptaci\u00f3n de la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas all\u00ed presentada por el ejecutado. <\/p>\n
2.2. El 4 de marzo de 2020 ese estrado judicial reanud\u00f3 el tr\u00e1mite al considerar \u00abfenecido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 544 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y orden\u00f3 oficiar a la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n para que informara \u00abel estado actual del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas del deudor\u00bb, comunicaci\u00f3n que el apoderado del extremo ejecutante acredit\u00f3 haber radicado en dicha entidad el 7 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.3. El 15 de diciembre de 2021 el a-quo recriminado termin\u00f3 el asunto hipotecario, por desistimiento t\u00e1cito, de acuerdo al numeral 2\u00ba del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso; determinaci\u00f3n que el 8 de julio \u00faltimo confirm\u00f3 el ad-quem convocado. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, el Banco reclamante cuestion\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito porque i) cumpli\u00f3 con la \u00fanica carga que le era exigible, consistente en diligenciar la comunicaci\u00f3n dirigida a la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n para que informara el estado actual del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, sin que fuese su responsabilidad la falta de respuesta a la misma; ii) el proceso hipotecario se hallaba para continuar con la etapa subsiguiente al traslado de las excepciones de m\u00e9rito, de donde el impulso estaba a cargo del juzgador que no de las partes; iii) en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas el ejecutado se comprometi\u00f3 a saldar su obligaci\u00f3n con el banco hasta el 2 de mayo de 2024, por lo que, acorde con los preceptos 548 y 555 del C\u00f3digo General del Proceso, el asunto hipotecario debi\u00f3 permanecer suspendido, sin interrupci\u00f3n, desde la aceptaci\u00f3n de tal negociaci\u00f3n; iv) no se le hizo requerimiento previo a la terminaci\u00f3n para que atendiera la carga supuestamente omitida; y v) se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n sin que se le hubiera corrido traslado para sustentarla. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n deprec\u00f3 la concesi\u00f3n de la salvaguarda y declarar \u00abla nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la comunicaci\u00f3n de la apertura de la negociaci\u00f3n de deudas\u00bb, porque \u00abhay una FLAGRANTE, violaci\u00f3n al DEBIDO PROCESO\u00bb, en tanto que \u00e9ste encierra \u00abtodas las garant\u00edas procesales que la ley da tanto a deudores como acreedores y una de estas\u2026 es la suspensi\u00f3n procesal especial para tr\u00e1mites de insolvencia, suspensi\u00f3n\u2026 que cobija la ejecuci\u00f3n del acuerdo y una vez cumplido el conciliador certifica dicho cumplimiento, para as\u00ed dar por terminado el proceso (art. 555 CGP) y en el posible caso de fracaso del tr\u00e1mite o del incumplimiento del acuerdo, hasta la remisi\u00f3n del expediente al Juez de liquidaci\u00f3n, perdiendo de ese modo la competencia el Juez de ejecuci\u00f3n, pues \u00e9sta es trasladada al Liquidador (art. 564 num. 4), para que se adjudiquen activos, se declaren saldos insolutos y proceda el descargue de la obligaci\u00f3n, por lo tanto, no hay lugar a que se le coloquen cargas al demandante o al demandado cuando se est\u00e1 en ejecuci\u00f3n de un acuerdo de insolvencia o se declara la apertura de una liquidaci\u00f3n patrimonial\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 atenerse al contenido de la decisi\u00f3n que se le reproch\u00f3, \u00aben donde aparece\u2026 debidamente argumentada toda la motivaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica que dio lugar a [su] emisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de la capital de la Rep\u00fablica histori\u00f3 el tr\u00e1mite all\u00ed surtido e indic\u00f3 que la salvaguarda \u00abNO est\u00e1 llamada a prosperar, en virtud a que no se advierte que con las actuaciones adelantadas se haya afectado gravemente el debido proceso y con ello, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues todas se ajustan a derecho, de donde el amparo constitucional solicitado carece de fundamento, en tanto tampoco se da ninguno de los presupuestos establecido[s] por la Corte Constitucional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que la decisi\u00f3n de cierre criticada al Juzgado ad-quem \u00abse bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por cuanto\u2026, tras advertir que el proceso permaneci\u00f3 inactivo por espacio superior a un a\u00f1o, dispuso dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n que contempla el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del estatuto procesal civil, sin que los reparos formulados por el extremo demandante tuvieran la virtualidad de frustrar la terminaci\u00f3n decretada, pues si bien es cierto que el deudor fue admitido a un proceso de negociaci\u00f3n de deudas, tras la reanudaci\u00f3n del juicio ejecutivo ninguna gesti\u00f3n adelant\u00f3 el extremo ejecutante con miras a informar al juzgado el resultado de dicho tr\u00e1mite, a pesar de ser parte en esa tramitaci\u00f3n y conocer acerca de la celebraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del acuerdo que difiri\u00f3 el pago de la deuda con el Banco\u2026 hasta el a\u00f1o 2024\u00bb. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon el banco actor y la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n, el primero insisti\u00f3 en los planteamientos expuestos en el libelo introductor, mientras que la segunda reiter\u00f3 los tra\u00eddos al responder la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela claramente se desprende que el reclamante, en concreto, se duele de que, a pesar de que el juicio ejecutivo cuestionado deb\u00eda encontrarse suspendido con ocasi\u00f3n de la negociaci\u00f3n de deudas en la que se acept\u00f3 al deudor, se dio por culminado por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Con base en las premisas denotadas, halla la Corte que el resguardo de que se trata estaba llamado a prosperar, lo que impone revocar la decisi\u00f3n del Tribunal a-quo, al advertir que con la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo en cuesti\u00f3n, por desistimiento t\u00e1cito, las autoridades encausadas cometieron un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque incurrieron en claro defecto procedimental, con claras repercusiones de cara al debido proceso del banco inconforme. <\/p>\n
3.1. De esta manera, delanteramente debe recordarse que el juicio ejecutivo cuestionado, promovido por el Banco Davivienda S.A. contra Guillermo Alberto Escobar D\u00edaz, con auto del 22 de octubre de 2019 el Juzgado Municipal convocado resolvi\u00f3 suspenderlo en aplicaci\u00f3n de la regla contemplada en el numeral 1\u00ba del canon 545 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo a la comunicaci\u00f3n mediante la cual la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n inform\u00f3 haber aceptado la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas all\u00ed presentada por Escobar D\u00edaz. <\/p>\n
Posteriormente, el 4 de marzo de 2020 ese estrado judicial reanud\u00f3 el tr\u00e1mite al considerar \u00abfenecido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 544 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y orden\u00f3 oficiar a la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n para que informara \u00abel estado actual del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas del deudor\u00bb; comunicaci\u00f3n que el apoderado del extremo ejecutante acredit\u00f3 haber radicado en dicha entidad el 7 de octubre siguiente; y sin haberse recibido respuesta, el 15 de diciembre de 2021 el a-quo recriminado termin\u00f3 el asunto ejecutivo, por desistimiento t\u00e1cito, aplicando el numeral 2\u00ba del canon 317 ib\u00eddem; determinaci\u00f3n que el 8 de julio \u00faltimo confirm\u00f3 el ad-quem convocado. <\/p>\n
3.2. Teniendo en cuenta lo anterior, para definir este caso, se muestra trascendente acudir a los siguientes apartes normativos: <\/p>\n
Respecto a los efectos del procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas, acorde con el numeral 1\u00ba del precepto 545 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que aqu\u00ed interesa, se tiene que, \u00ab[a] partir de la aceptaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, se suspender\u00e1n los juicios ejecutivos que para ese momento \u00abestuvieren en curso\u00bb, facult\u00e1ndose al deudor para \u00abalegar la nulidad del proceso ante el juez competente\u00bb; a su turno, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 548 ib\u00eddem contempla que \u00ab[e]n el auto que reconozca la suspensi\u00f3n, el juez realizar\u00e1 el control de legalidad y dejar\u00e1 sin efecto cualquier actuaci\u00f3n que se haya adelantado con posterioridad a la aceptaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el canon 544 de la misma codificaci\u00f3n, en cuanto a la duraci\u00f3n de tal tr\u00e1mite, ense\u00f1a que \u00ab[e]l t\u00e9rmino para llevar a cabo el procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas es de sesenta (60) d\u00edas, contados a partir de la aceptaci\u00f3n de la solicitud. A solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relaci\u00f3n definitiva de acreencias, este t\u00e9rmino podr\u00e1 ser prorrogado por treinta (30) d\u00edas m\u00e1s\u00bb; y en correlaci\u00f3n con ello en su art\u00edculo 559 contempla que \u00absi transcurrido\u00bb ese lapso, \u00abno se celebra el acuerdo de pago, el conciliador declarar\u00e1 el fracaso de la negociaci\u00f3n e inmediatamente remitir\u00e1 las diligencias al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n patrimonial\u00bb. <\/p>\n
3.3. Bajo tales derroteros, al auscultar detenidamente la actuaci\u00f3n surtida en el juicio reprochado, en contraposici\u00f3n con las reglas procedimentales atr\u00e1s destacadas, la concesi\u00f3n del resguardo implorado se muestra infranqueable, en tanto que, comunicada oportunamente la aceptaci\u00f3n del deudor al tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, como efectivamente ocurri\u00f3, en el juicio ejecutivo fustigado no se pod\u00eda emitir decisi\u00f3n distinta a aquella que dispusiera su suspensi\u00f3n, misma que habr\u00eda de mantenerse hasta tanto la autoridad a cargo de aquel decurso especial, esto es, la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n, comunicara situaci\u00f3n distinta. <\/p>\n
De all\u00ed que la reanudaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, de oficio, como lo dispuso el 4 de marzo de 2020 el Juzgado Municipal acusado, result\u00f3 contraria a lo reglado en el referido numeral 1\u00ba del art\u00edculo 545 del actual estatuto procesal civil, constituyendo, per se, una actuaci\u00f3n viciada de nulidad, acorde a lo reglado en esa norma y, por v\u00eda de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, en la parte final del canon 559 ib\u00eddem, que expresamente destaca que al juzgador natural le corresponde dejar \u00absin efecto cualquier actuaci\u00f3n que se haya adelantado con posterioridad a la aceptaci\u00f3n\u00bb, como, sin duda, lo es el prove\u00eddo en comento. <\/p>\n
As\u00ed, tampoco resultaba viable que el 15 de diciembre de 2021 se diera por terminado el asunto, por desistimiento t\u00e1cito, y mucho menos, como acaeci\u00f3, que el 8 de julio de 2022 el Juzgado ad-quem confirmar\u00e1 tal determinaci\u00f3n; siendo lo procedente, por parte del fallador municipal, en atenci\u00f3n a sus deberes, especialmente el contemplado en el numeral 12 del canon 42 del C\u00f3digo General del Proceso1, en consonancia con los art\u00edculos 1322 y 548 -inciso 2\u00ba-3 del mismo estatuto, efectuar el control de legalidad pertinente que lo llevara a restar efectos a su decisi\u00f3n del 4 de marzo de 2020 para, en su lugar, mantener suspendido el proceso hasta tanto la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n le informe cosa distinta. <\/p>\n
En otras palabras, era inviable disponer la terminaci\u00f3n del juicio por desistimiento t\u00e1cito e, incluso, reanudarlo sin contar con certificaci\u00f3n que diera cuenta del fracaso del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, por falta de acuerdo o incumplimiento del mismo, de donde el proceder de las sedes judiciales convocadas, al resultar validando el levantamiento de la suspensi\u00f3n, contrari\u00f3 abiertamente las reglas procedimentales que gobiernan la materia, especialmente el numeral 1\u00ba del canon 545 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual establece, sin condicionamiento, la suspensi\u00f3n desde la aceptaci\u00f3n de la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas; por lo que lo adecuado para reanudar el proceso, a diferencia de lo dispuesto en ese asunto, era tener certeza respecto al fracaso de aqu\u00e9lla, de lo que en el asunto atacado no se ten\u00eda noticia cierta, siendo improcedente su reanudaci\u00f3n y subsiguiente terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
3.4. Entonces, patentes afloran en este asunto los presupuestos jurisprudenciales establecidos por el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para la viabilidad del auxilio supralegal ante la presencia del anunciado defecto procedimental, el que se configur\u00f3 cuando el Juzgado Municipal acusado, sin efectuar el control de legalidad que le era exigible, resolvi\u00f3 dar por culminado, por desistimiento t\u00e1cito, un asunto que se reanud\u00f3 sin existir causal v\u00e1lida alguna para poner fin a su suspensi\u00f3n; lo que impone concluir que el proceder de los juzgadores acusados no descansa en un criterio razonable que, al margen de que se comparta, pueda recibir respaldo por esta Corte. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
3.5. Por ese sendero, en un asunto con una leve simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, pero que resulta plenamente aplicable a \u00e9ste, para conceder la protecci\u00f3n all\u00ed rogada, esta Sala razon\u00f3: <\/p>\n
\u2026Silva\u2026 comunic\u00f3 del inicio del tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural impulsado ante la Notar\u00eda\u2026 y aport\u00f3 los soportes del caso, raz\u00f3n por la cual, en providencia de 26 de febrero de 2015, siguiendo lo consignado en el numeral 1\u00b0 del canon 545 del C\u00f3digo General del Proceso, se impuso <\/p>\n
\u201c(\u2026) la suspensi\u00f3n del proceso hasta tanto se celebre un acuerdo de pago y se verifique el cumplimiento o incumplimiento del mismo, al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 555 del C.G. del P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aunque Silva\u2026 deprec\u00f3 la terminaci\u00f3n del coercitivo conforme \u201c(\u2026) al acuerdo de insolvencia y negociaci\u00f3n de deudas (\u2026)\u201d allegado, el estrado encartado, en auto de 16 de julio de 2015, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) una vez verificado el cumplimiento del acuerdo y una vez allegada la certificaci\u00f3n correspondiente, junto con la comunicaci\u00f3n del conciliador de la Notar\u00eda 2\u00aa del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, se proveer\u00e1 lo pertinente sobre la terminaci\u00f3n del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 11 de diciembre de 2017, con fundamento en el literal b, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se finaliz\u00f3 el decurso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
3. Del recuento f\u00e1ctico se colige que la autoridad demandada decidi\u00f3 concluir el asunto confutado a pesar de encontrarse suspendido, pues las condiciones para su continuaci\u00f3n, insertas en el pronunciamiento de 26 de febrero de 2015, no se acreditaron. <\/p>\n
Por tanto, se constata la lesi\u00f3n de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, comoquiera que la determinaci\u00f3n de 11 de diciembre de 2017, result\u00f3 sorpresiva y, de contera, imposible de ser impugnada a trav\u00e9s de los recursos ordinarios previstos para ello. <\/p>\n
Si con la providencia rese\u00f1ada se pretendi\u00f3 reanudar el proceso interrumpido con el prop\u00f3sito de finalizarlo, dicho sea de paso, por razones distintas a la verificaci\u00f3n del referido \u201cacuerdo de pago\u201d, ha debido comunicarse tal actuaci\u00f3n a la parte actora de manera id\u00f3nea para garantizar su enteramiento y derechos de contradicci\u00f3n y defensa (CSJ STC5147-2018, 23 abr., rad. 2018-00584-01). <\/p>\n
4. Las anotadas contingencias, sin duda, comprometieron la garant\u00eda fundamental al debido proceso del banco actor, lo que impone revocar la decisi\u00f3n del a-quo constitucional para, en su lugar, conceder el resguardo, ordenando al Juzgado Municipal acusado efectuar el control de legalidad de rigor, mediante el cual reste efectos a su decisi\u00f3n del 4 de marzo de 2020 y mantenga suspendido el proceso recriminado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso del Banco Davivienda S.A., por la incursi\u00f3n en defecto procedimental por parte de las autoridades acusadas. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Dejar sin valor ni efecto alguno los autos emitidos por los Juzgados Veintitr\u00e9s Civil Municipal y Treinta y Uno Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, el 15 de diciembre de 2021 y el 8 de julio de 2022, mediante los cuales, en su orden, se dio por terminado, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso ejecutivo incoado por el Banco Davivienda S.A. contra Guillermo Alberto Escobar D\u00edaz (radicado 11001-40-03-023-2019-00769), y se mantuvo esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, efect\u00fae el control de legalidad que demanda el asunto referido a espacio, restando efectos a su prove\u00eddo de 4 de marzo de 2020 (mediante el cual reanud\u00f3 tal asunto), para que, en su lugar, mantenga suspendido dicho proceso, hasta tanto tenga certeza de lo acaecido en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas; acorde con lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
12. Realizar el control de legalidad de la actuaci\u00f3n procesal una vez agotada cada etapa del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
3<\/p>\n
<\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 548\u2026 En el auto que reconozca la suspensi\u00f3n, el juez realizar\u00e1 el control de legalidad y dejar\u00e1 sin efecto cualquier actuaci\u00f3n que se haya adelantado con posterioridad a la aceptaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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STC11456-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11456-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01532-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se deciden las impugnaciones formuladas por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66438\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}