STC11458-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11458-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02694-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Alfonso Garc\u00eda Romero contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efectos el auto del 02 de agosto de 2022\u00bb; se le ordene a la accionada \u00abemitir nueva decisi\u00f3n donde proceda a conceder y decretar las pruebas de oficio solicitadas\u00bb; y, subsidiariamente, profiera una determinaci\u00f3n \u00abdonde proceda a conceder la interposici\u00f3n de los recursos de ley a que hay lugar, es decir de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra \u00c1lvaro Alfonso Garc\u00eda Romero, el 29 de junio de 2016 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por el delito de desplazamiento forzado; el 11 de septiembre de 2017 se llev\u00f3 a cabo la audiencia preparatoria; el 30 de julio de 2018 se remiti\u00f3 el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia, la que por solicitud de la defensa envi\u00f3 las diligencias a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz JEP, \u00faltima que las devolvi\u00f3 al negar el sometimiento a esa jurisdicci\u00f3n especial. <\/p>\n
2.2. El 8 de julio de 2022 el apoderado de la defensa solicit\u00f3 el decreto de pruebas de oficio; y mediante auto de 2 de agosto de 2022 la Sala Especial de Primera Instancia acusada resolvi\u00f3 que se estuviera a lo resuelto en la audiencia preparatoria. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se denegaron las pruebas de oficio deprecadas para el esclarecimiento de la verdad y para un juicio justo; que se incurri\u00f3 en una irregularidad procesal; que no se rechazaron las probanzas de manera directa y adem\u00e1s le impidieron interponer recursos, cercenando su defensa. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en los defectos de procedencia del resguardo; y que se dej\u00f3 de valorar el contenido de su solicitud, en la que quedaron plasmadas las razones por las que eran procedentes las aludidas pruebas. <\/p>\n
2.5. Adujo que conforme con el art\u00edculo 401 de la Ley 600 de 2000 el fallador pod\u00eda decretar pruebas de oficio, m\u00e1s cuando ven\u00eda alegando una nulidad por falta de defensa t\u00e9cnica; que con dichos medios de convicci\u00f3n pretend\u00eda la orientaci\u00f3n hacia la construcci\u00f3n de argumentos que dieran paso a inferir con alta probabilidad de certeza que algunos de los hechos no ocurrieron de manera que se comprometiera su responsabilidad. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que no se valor\u00f3 todo el material existente en el proceso, lo que dar\u00eda como resultado una decisi\u00f3n contraria a la recurrida; que el delegado de la Procuradur\u00eda era el actual Magistrado Ponente; y que se configur\u00f3 el defecto f\u00e1ctico al denegar la posibilidad de interposici\u00f3n de recursos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Especial de Primera Instancia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no era cierto que no se hubiese atendido lo solicitado por el gestor; que solo era factible estudiar postulaciones suasorias cuando se presentaba una prueba sobreviniente, lo que no esgrimi\u00f3 el accionante, por lo que no era posible acceder a lo deprecado; que no se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico ni se transgredi\u00f3 el deber de motivar las decisiones; que lo pedido fue el decreto de pruebas de oficio, es decir, que el apoderado de la defensa era conciente de que su peticion se encontraba por fuera de los cauces legales, por lo que al ser una facultad que reca\u00eda exclusivamente en el fallador, era este el que decid\u00eda seg\u00fan su criterio; que al advertir que las razones expuestas no justificaban su pedido se decidi\u00f3 respetar lo resuelto en las instancias; que no existi\u00f3 transgresi\u00f3n de derecho fundamental alguno; que al ser una providencia por la que se dispone impulsar una actuaci\u00f3n no proced\u00eda ning\u00fan recurso; que cuando el gestor radic\u00f3 su solicitud, la oportunidad para pedir pruebas ya hab\u00eda precluido; que no existi\u00f3 un defecto procedimental; y que la providencia criticada no conten\u00eda determinaci\u00f3n que atentara contra los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, comoquiera que el proceso censurado se encuentra en curso, por lo que el gestor puede exponer sus inconformidades en dicho tr\u00e1mite, sin que le sea dable acudir a este mecanismo excepcional y subsidiario. <\/p>\n
Ciertamente, en la actuaci\u00f3n cuestionada el peticionario tiene la posibilidad de controvertir cualquier hecho o circunstancia que considere transgrede sus prerrogativas esenciales, raz\u00f3n por la que no es dable que el juez constitucional se anticipe a las decisiones que all\u00ed sean adoptadas, pues tal asunto se encuentra en curso y, al momento de interposici\u00f3n del resguardo, a\u00fan no ha sido proferida la sentencia de primera instancia, la que de ser desfavorable a sus intereses puede ser apelada. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u2018todos\u2019 los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u2019 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada en la STC, 4 sep. 2013, rad. 01391-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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