STC11459-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11459-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2022-00307-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de julio de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Jeimy Quintero Tibabisco, en nombre propio y representaci\u00f3n de su menor hija, contra el Juzgado de Familia de Funza, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, igualdad y dignidad humana, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abrevocar el fallo de fecha 15 de junio de 2022\u2026\u00bb; y se le ordene al accionado \u00abproferir sentencia\u2026 con observancia de los derechos deprecados\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Luz Jeimy Quintero Tibabisco promovi\u00f3 juicio de aumento de cuota alimentaria contra Helmuth Mauricio C\u00e1rdenas Cajamarca, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 15 de junio de 2022, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la gestora que en atenci\u00f3n a que las condiciones del alimentante y alimentario cambiaron promovi\u00f3 el proceso criticado; que aport\u00f3 el certificado laboral del demandado, quien se desempe\u00f1a como gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Mosquera, con ingresos que superan los $7.000.000, as\u00ed como propiedades y un veh\u00edculo. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or C\u00e1rdenas Cajamarca demostr\u00f3 tener dos hijos que nacieron recientemente, pero no vive en arriendo ni tiene gastos adicionales; y que a lo largo de la relaci\u00f3n fue objeto de maltrato, pero nunca denunci\u00f3 porque fue intimidada. <\/p>\n
2.4. Adujo que se le concedieron las solicitudes al demandado, afectando los derechos de su descendiente, pese a sus condiciones econ\u00f3micas y a que ella no contaba con trabajo; y que no se valoraron las pruebas aportadas. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que estaban en indefensi\u00f3n, pues el padre de la menor era influyente y contaba con poder pol\u00edtico; y que su hija no ten\u00eda la cuota m\u00ednima establecida por el legislador, pues deb\u00eda subsistir con $100.000. <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de Funza realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que en la actuaci\u00f3n no se vulneraron los derechos fundamentales; que el 50% de los ingresos del demandado se dividi\u00f3 entre sus tres hijos menores, determin\u00e1ndose que le correspond\u00eda a cada uno $1.156.117, suma con la que cumpl\u00eda; que se garantizaron las prerrogativas de todos los menores; que entre las partes cursaba un proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad, en el que se dict\u00f3 sentencia de primera instancia, pero fue devuelto el expediente por prematuridad, en tanto que no se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite al padre biol\u00f3gico; que tambi\u00e9n curso un juicio de alimentos, en el que se entregaron t\u00edtulos por suma superior a $30.000.000 a la demandante; que se hab\u00edan formulado distintas tutelas por la impugnaci\u00f3n de paternidad y deprecando la suspensi\u00f3n de los alimentos; y que en el tr\u00e1mite censurado no se incurri\u00f3 en defecto que constituyera una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. Helmuth Mauricio C\u00e1rdenas Cajamarca adujo que en el momento en que suscribi\u00f3 el acta en la comisar\u00eda de familia ten\u00eda la convicci\u00f3n de que era el padre de la menor; que siempre cumpli\u00f3 con sus obligaciones; que la demandante no hab\u00eda tenido un trabajo estable, por lo que tuvo que hacerse cargo de los gastos; que cuando fue demandado ejecutivamente confront\u00f3 a la madre de Luz Jeimy Quintero Tibabisco, en donde al preguntarle que si estaba segura que la ni\u00f1a era su hija, contest\u00f3 con evasivas y afirm\u00f3 que ten\u00eda dudas; que se realiz\u00f3 la prueba de ADN el 29 de septiembre de 2020, la que tuvo como resultado incompatibilidad en todos los marcadores gen\u00e9ticos; que inici\u00f3 el juicio de impugnaci\u00f3n de paternidad; que era absurdo que despu\u00e9s del resultado de dicha prueba se promoviera un juicio de aumento de cuota; que desde el 2005 fue enga\u00f1ado en su buena fe al hacerle creer que la menor era su descendiente, sin importarle los derechos de aquella; que adem\u00e1s la accionante inici\u00f3 una serie de amenazas y una campa\u00f1a de desacreditaci\u00f3n en su contra, por lo que debi\u00f3 denunciarla ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la que se estaba en curso y en donde lo remitieron a Medicina Legal, extendi\u00e9ndole una medida de protecci\u00f3n; que eran evidentes las maniobras dilatorias y de mala fe dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad, en donde se dict\u00f3 sentencia anticipada, pero se regres\u00f3 el expediente porque no se hab\u00eda dado informaci\u00f3n del verdadero padre de la menor; que el juicio ahora criticado no fue suspendido, pese a las m\u00faltiples solicitudes elevadas, por lo que hasta que el fallo de impugnaci\u00f3n no quedara en firme, seguir\u00eda expuesto a las actuaciones desleales; que se le han causado perjuicios emocionales irreparables; que la gestora hab\u00eda extendido las amenazas a su compa\u00f1era sentimental y a sus hijos; que en la actualidad estaba en terapia psicol\u00f3gica; que se deb\u00edan analizar los tres procesos de manera integral y determinar si las actuaciones de la accionante eran violatorias de los preceptos de la Ley 1123 de 2007 y lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no advert\u00eda capricho ni arbitrariedad en la argumentaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria de la decisi\u00f3n cuestionada; que no hab\u00eda error en los par\u00e1metros para establecer la cuota, pues el 50% de los ingresos del demandado se distribuy\u00f3 entre los 3 hijos en proporciones iguales; que si bien la accionante aduc\u00eda no tener trabajo, esa era una contingencia que deb\u00eda resolver y que no pod\u00eda redundar en perjuicio de los dem\u00e1s hijos del demandado ni de este mismo, adem\u00e1s que los alimentos son para la atenci\u00f3n de la menor y no para las necesidades de la demandante; que la cuota se determin\u00f3 con base en la capacidad econ\u00f3mica del demandado acreditada en el proceso, por lo que no era admisible considerar una superior, vulnerando los derechos de los dem\u00e1s menores; que la simple inconformidad no era suficiente para acceder a las pretensiones; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que sin argumento jur\u00eddico y f\u00e1ctico se denegaron las pretensiones de la demanda; que se afirm\u00f3 que el demandado, despu\u00e9s de descuentos legales, contaba con un salario de $6.936.705, lo que no correspond\u00eda a la realidad, pues el certificado que alleg\u00f3 era de $7.276.182 en el 2019, por lo que no era posible que en tres a\u00f1os se desmejoraran sus condiciones; que no hab\u00eda neutralidad en la valoraci\u00f3n probatoria; que la suma que se cancelaba en el colegio era de $530.000 y las onces de $180.000, dando $710.000; que la cuota se liquid\u00f3 con una asignaci\u00f3n salarial menor; que el demandado hab\u00eda incumplido con las obligaciones pactadas en el acta; que no se valoraron todos los hechos denunciados en el escrito inicial; que se le dej\u00f3 la misma cuota del 2007; y que observaba argumentaciones de \u00abtipo pasional y no en derecho y de fondo frente al acervo probatorio y la intocabilidad de quienes hacen parte de fuertes esferas del poder pol\u00edtico de este pa\u00eds\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Helmuth Mauricio C\u00e1rdenas Cajamarca refiri\u00f3 que la accionante contaba su salario sin los descuentos de salud y pensi\u00f3n; que no se prob\u00f3 que recibiera alg\u00fan ingreso adicional; que ten\u00eda otras dos obligaciones de alimentos; que si se tuvieron en cuenta los valores relacionados en la demanda, en donde se indicaba que los gastos educativos eran de $971.589, sin la matr\u00edcula que ascend\u00eda a $3.000.000 adicionales, es decir, la cuota era de $1.221.589 aproximadamente, adicional a los gastos de salud y vestuario a su cargo, por lo que su aporte mensual estaba por encima de lo estimado; y que los \u00fanicos derechos vulnerados son los de sus otros dos menores hijos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el juzgador accionado, en la providencia definitoria del asunto de 15 de junio de 2022, se pronunci\u00f3 frente a la normatividad y jurisprudencia aplicable, as\u00ed como a las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Asimismo, hizo referencia sobre la variaci\u00f3n de las condiciones del alimentario y alimentante, determin\u00f3 el valor que el demandado suministraba a la menor -pensi\u00f3n, matr\u00edcula, alimentaci\u00f3n, salud y vestuario-, los ingresos de aquel y sus otras obligaciones alimentarias, para concluir que el 50% del salario integral que recib\u00eda se dividir\u00eda tambi\u00e9n con sus otros dos hijos menores. <\/p>\n
Al respecto, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026No se acredita en el expediente que el demandado recibiera otro tipo de ingresos para efecto de ampliar su capacidad econ\u00f3mica y se falla con relaci\u00f3n a las pruebas que se alleguen en las oportunidades procesales, no podemos partir de las simples afirmaciones, dado que el art\u00edculo 167 es muy claro en lo que dice: quien pretenda probar el supuesto de hecho, pues as\u00ed deber\u00e1 probarlo. <\/p>\n
Se determina que el se\u00f1or Helmuth C\u00e1rdenas Cajamarca esta obligado a suministrar a su hija\u2026 actualmente una cuota alimentaria, aproximada, con educaci\u00f3n, salud, vestuario, en el valor de $1.138.192, sin tener en cuenta\u2026, los gastos de uniformes, \u00fatiles escolares, que est\u00e1n regulados en el acta, y gastos de salud cuando haya necesidad, es decir, de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su capacidad econ\u00f3mica y no gravando m\u00e1s del 50%, que es frente a la obligaci\u00f3n de los hijos, la cuota fijada de conformidad con el acta y dado el porcentaje que este asume\u2026 corresponder\u00eda a su capacidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Y por qu\u00e9 le vari\u00f3 al demandado?, y si bien al comienzo de la demanda no exist\u00edan dos obligaciones, pues en el transcurso de la demanda, nacieron dos hijos del demandado\u2026 a quienes igualmente el despacho no les puede desconocer, tienen iguales de condiciones, no podemos surtir una desigualdad frente a los mismos y merecen igual protecci\u00f3n que XXX. <\/p>\n
Por tanto, este despacho encuentra que la cuota alimentaria si bien al transcurso del tiempo vari\u00f3 por la capacidad econ\u00f3mica, por el crecimiento de XXX, lo cierto es que haciendo un an\u00e1lisis\u2026 teniendo en cuenta esos otros dos menores que existen a la fecha, no pod\u00eda gravarse m\u00e1s o imponerse una cuota alimentaria porque la misma ya esta frente a los limites y esta en igualdad con los otros hijos\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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