STC11460-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11460-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01076-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Jer\u00f3nima \u00c1lvarez Cano contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, vida digna, \u00abaplicaci\u00f3n precedente\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n SL1430-2022\u2026\u00bb; y se \u00abprofiera la que corresponda, concediendo la pensi\u00f3n de sobrevivencia, siguiendo el precedente de la Sala Laboral de la Corte, entre ellas la SL1130 del 22 de marzo de 2002 y otras\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Jer\u00f3nima \u00c1lvarez Cano promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos SA, con miras a que se le reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su compa\u00f1ero. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tulu\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga en fallo de 9 de septiembre de 2020 la confirm\u00f3, decisi\u00f3n que fue recurrida en casaci\u00f3n, pero que en providencia de 26 de abril de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que ten\u00eda 59 a\u00f1os; que fue compa\u00f1era del causante Jos\u00e9 Justino Sandoval por m\u00e1s de 30 a\u00f1os, con quien tuvo una hija y era el encargado del sostenimiento del hogar; y que se separ\u00f3 temporalmente de su compa\u00f1ero, sin que este dejara de aportarles econ\u00f3micamente. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que su pareja regres\u00f3 al hogar, en donde convivieron por 4 a\u00f1os, 6 meses y 25 d\u00edas hasta que falleci\u00f3; que lo asisti\u00f3 en su enfermedad; y que interpuso la demanda para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que le negaron su derecho porque se consider\u00f3 que no logr\u00f3 acreditar que hubiera convivido con el causante los 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento, en aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 797 de 2003, sin tener en cuenta que vivieron por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, con separaci\u00f3n de 2 a\u00f1os, en los que el causante se cas\u00f3 con otra persona, pero que luego reanudaron su convivencia, estando con ella por m\u00e1s de 4 a\u00f1os. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que en algunos casos se hab\u00eda morigerado la aplicaci\u00f3n de la ley para brindar igualdad, siempre que la convivencia fuese superior a 5 a\u00f1os en cualquier tiempo; y que se afectaba su m\u00ednimo vital con la no aplicaci\u00f3n del precedente y la negativa en el reconocimiento pensional. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que se ci\u00f1\u00f3 a los argumentos planteados en los cargos formulados y a las reglas propias del recurso de casaci\u00f3n; que sigui\u00f3 el precedente de esta Corporaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de la Ley 1781 de 2016, respecto del requisito de convivencia en las pensiones de sobrevivientes cuando se trataba de compa\u00f1eros permanentes; que la perspectiva de g\u00e9nero fue considerada por la Sala en la determinaci\u00f3n emitida; y que no se incurri\u00f3 en defecto alguno, ni se desconoci\u00f3 la jurisprudencia. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga se\u00f1al\u00f3 que con la decisi\u00f3n adoptada no se transgredi\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental, pues la misma observaba la normatividad procesal aplicable. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n adujo que no hizo parte ni fue vinculado al juicio criticado; que lo debatido en el proceso era un asunto que le correspond\u00eda a Colpensiones; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tulu\u00e1 inform\u00f3 que remiti\u00f3 el expediente al ad-quem para que se surtiera la segunda instancia, sin que a la fecha hubiese retornado el mismo. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal asever\u00f3 que no contaba con los procesos a los que hac\u00eda alusi\u00f3n la accionante; y que se ce\u00f1\u00eda a lo que le fue notificado, por lo que no pod\u00eda emitir concepto alguno. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante; que la providencia censurada se fundaba en normas aplicables y precedentes fijados por esa Corporaci\u00f3n, lo que eliminaba cualquier viso de arbitrariedad; que se expusieron los argumentos claros y suficientes para desestimar los cargos presentados; que en la decisi\u00f3n se consign\u00f3 que no hubo violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, pues la promotora no logr\u00f3 satisfacer los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica establecidos en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatoria de los art\u00edculos 46 y 47-74 de la Ley 100 de 1993; que no demostr\u00f3 que la interrupci\u00f3n de la convivencia se produjera por temas asociados a violencia de genero e intrafamiliar, supuesto al que refiere la sentencia SL1130-2022 mencionada en la tutela; que esta acci\u00f3n excepcional no era una instancia adicional; y que la autoridad criticada actu\u00f3 en derecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos del escrito inicial y aduciendo que se deb\u00edan analizar todos los cargos formulados, adem\u00e1s de los principios de legalidad, seguridad jur\u00eddica y confianza legitima; y que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura hab\u00eda iniciado un camino a romper las barreras de la discriminaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el presente asunto, se observa que el planteamiento de los cargos adolece de deficiencias t\u00e9cnicas, pues revela una mixtura en las v\u00edas de ataque seleccionadas. En efecto, aun cuando el primero se dirige por la senda del derecho, contiene argumentos de orden probatorio. Por si fuera poco, en el segundo, perfilado por la v\u00eda indirecta, la demostraci\u00f3n est\u00e1 mal estructurada, pues no detalla los medios de convicci\u00f3n en los que basa su acusaci\u00f3n. <\/p>\n
De todas maneras, no se trata de escollos insalvables, pues el examen en conjunto de ambas acusaciones permite remediarlos. <\/p>\n
Dicho esto, advierte la Sala que en las instancias qued\u00f3 probado que Jos\u00e9 Justino Sandoval Castro falleci\u00f3 el 6 de mayo del 2013, fecha para la cual ten\u00eda la calidad de pensionado. <\/p>\n
Por lo tanto, le corresponde a la Sala definir si el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que la demandante no ten\u00eda el derecho a percibir la pensi\u00f3n de sobrevivientes, ya que no logr\u00f3 acreditar que hubiera convivido con el causante en los \u00faltimos cinco a\u00f1os anteriores al fallecimiento de este. <\/p>\n
Cotejadas las conclusiones de hecho a las que lleg\u00f3 el ad quem a partir de las pruebas que analiz\u00f3, la Sala no encuentra ning\u00fan yerro con el car\u00e1cter de evidente, ostensible o manifiesto que conduzca al decaimiento de la sentencia de segundo grado, como lo solicita la recurrente, y como enseguida se ver\u00e1: <\/p>\n
-Fotos, cartas, invitaciones, certificados y videos allegados al proceso (f.\u00b0 5 y 6). En relaci\u00f3n con estos medios de convicci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, por s\u00ed mismas y de manera aislada, estas no son calificadas en casaci\u00f3n, adem\u00e1s, no permiten acreditar los supuestos f\u00e1cticos que se invoquen por la parte, en este caso, la convivencia real y efectiva de la pareja (CSJ SL903-2014). <\/p>\n
-Declaraciones extrajuicio rendidas en su momento por el causante Jos\u00e9 Anan\u00edas, Mar\u00eda Jer\u00f3nima \u00c1lvarez y familiares de la demandante (f.\u00ba. 2 a 3, 7 a 9). Ha de decirse que estos no son prueba calificada en casaci\u00f3n, pues a luz de los dispuesto en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969, solo tienen dicha connotaci\u00f3n el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n o la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Estas pruebas corresponden a documentos que contienen una declaraci\u00f3n de tercero, que en casaci\u00f3n laboral reciben el mismo tratamiento de la prueba testimonial, es decir no son aptas en el recurso extraordinario (CSJ SL 36218, 4 nov. 2009, SL1251-2019). <\/p>\n
Testimonio de \u00c1ngel Gabriel Restrepo (f.\u00b0 101, c1, disco compacto). Esta prueba no puede estructurar los yerros f\u00e1cticos enrostrados, ya que no es calificada en casaci\u00f3n, a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969. As\u00ed, solo es posible habilitar su estudio en caso de que se advierta alg\u00fan error en la valoraci\u00f3n de un medio de convicci\u00f3n que s\u00ed lo sea, lo que no acontece en el sub judice. <\/p>\n
Se sigue de todo lo expuesto que el ad quem no cometi\u00f3 la trasgresi\u00f3n normativa enrostrada por la censura. Por el contrario, lo que se advierte es que valor\u00f3 las pruebas recabadas en el juicio en el ejercicio de la facultad legal que le dispensa el art\u00edculo 61 del CPTSS, sin que se observe una conclusi\u00f3n caprichosa o manifiestamente apartada de las evidencias examinadas y allegadas oportunamente al plenario. <\/p>\n
Por \u00faltimo, debe dejar claro la Corte que esta decisi\u00f3n no comporta una omisi\u00f3n del deber de juzgar con perspectiva de g\u00e9nero, pues, incluso desde ese enfoque no podr\u00eda llegarse a la conclusi\u00f3n deseada por la actora, si en el proceso no se logr\u00f3 acreditar debidamente que esta hubiera convivido con el causante al menos en sus \u00faltimos cinco a\u00f1os de vida. Es m\u00e1s, n\u00f3tese que ni siquiera en la demanda inaugural del proceso se refiri\u00f3 la demandante a que su convivencia se hubiera interrumpido en alg\u00fan momento, ni mucho menos que ello obedeciera a un hecho atribuible al pensionado, de modo que la alegaci\u00f3n al respecto apenas se vino a plantear despu\u00e9s de haberse trabado la litis. <\/p>\n
De todas maneras, juzgar con perspectiva de g\u00e9nero no implica desplazar los requisitos que exige la norma para la obtenci\u00f3n del derecho, de modo que, si en el caso bajo examen no se vislumbran escenarios discriminatorios entre las partes, o asimetr\u00edas que conduzcan a actuar de forma diferente, con el objeto de romper la desigualdad, no es posible llegar a una conclusi\u00f3n diferente. <\/p>\n
En el anterior contexto, los cargos no prosperan\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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