STC11461-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11461-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eliuth Eduardo Mina Mosquera contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que ordene \u00abla aprobaci\u00f3n de [su] permiso con el factor objetivo en la 3ra parte, como igualdad real\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio penal adelantado contra Eliuth Eduardo Mina Mosquera, este fue condenado a la pena de 450 meses por la comisi\u00f3n de los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el actor pidi\u00f3 se le concediera el permiso administrativo de 72 horas, solicitud que fue denegada en auto de 9 de marzo de 2022 por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira. <\/p>\n
2.3. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga en prove\u00eddo de 12 de mayo siguiente la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que cumpl\u00eda con los requisitos para el permiso deprecado; que la igualdad era obligatoria y no pod\u00eda \u00abverse la discriminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira indic\u00f3 que vigilaba la ejecuci\u00f3n de la pena impuesta al accionante; que la providencia emitida daba cuenta de las razones jur\u00eddicas por las que se adopt\u00f3 la misma, las que no son otras que el incumplimiento del requisito objetivo para acceder al permiso, concretamente, el descuento del 70% de la pena impuesta al ser condenado por la justicia especializada; que se aten\u00eda a lo all\u00ed manifestado; que dicho prove\u00eddo fue confirmado en segunda instancia; y que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no evidenciaba irregularidad o v\u00eda de hecho al exigir el cumplimiento del 70% de la pena impuesta para que el accionante acceda al beneficio administrativo deprecado; que no se advert\u00eda vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, ni que se hayan cometido yerros ostensibles. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que sin conocer o leer en derecho, reprochaba el fallo emitido por omitir que el permiso de 72 horas ten\u00eda como funci\u00f3n la reinserci\u00f3n gradual y el \u00abdesarrollo de la descongesti\u00f3n carcelaria\u00bb; y que se transgred\u00eda el derecho a la igualdad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia definitoria del asunto de 12 de mayo de 2022, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El problema jur\u00eddico planteado radica en determinar si es procedente conceder el beneficio administrativo de permiso de 72 horas fuera del establecimiento carcelario al se\u00f1or Eliuth Eduardo Mina Mosquera de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, el cual establece que para acceder al citado beneficio debe acreditarse los siguientes requisitos \u201c1. Estar en la fase de mediana seguridad. 2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. 3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. 4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria. 5. Modificado por la Ley 504 de 1999. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. 6. Haber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante la reclusi\u00f3n y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina\u201d. <\/p>\n
En el presente asunto, se advierte que el 12 de agosto de 2011 el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, conden\u00f3 al se\u00f1or Eliuth Eduardo Mina Mosquera a la pena de 480 meses de prisi\u00f3n en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, en concurso heterog\u00e9neo con los delitos de concierto para delinquir agravado y uso de documento falso, decisi\u00f3n que fue confirmada el 3 de diciembre de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
En ese orden y de manera acertada, el a-quo consider\u00f3 que el penado debe descontar el 70% de la pena impuesta porque el delito de concierto para delinquir agravado por el cual fue condenado, es de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado, de tal manera que si la sanci\u00f3n fue de 37 a\u00f1os 6 meses 18 d\u00edas, el 70% equivale a 26 a\u00f1os, 3 meses 12 d\u00edas de prisi\u00f3n, tiempo que a la fecha no se ha cumplido, atendiendo que se encuentra privado de la libertad desde el 26 de octubre de 2007, y hasta el 9 de marzo de 2022 ha purgado f\u00edsicamente 14 a\u00f1os, 4 meses 12 d\u00edas, lapso que sumado a las redenciones de pena arroja un total de 17 a\u00f1os 7 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, no hay duda de que la decisi\u00f3n apelada fue fundamentada en la normativa aplicable, es decir, el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, as\u00ed como la jurisprudencia vigente, seg\u00fan la cual, \u201c[…] De otra parte, el lapso de vigencia de la justicia penal especializada establecido en el art\u00edculo 49 de la Ley 504 de 1999, fue modificado por las Leyes 600 de 2000 -cap\u00edtulo transitorio-, 906 de 2004 y 1142 de 2007 -art\u00edculo 46-, las cuales extendieron -antes del vencimiento de los 8 a\u00f1os se\u00f1alados en la aquella disposici\u00f3n- la permanencia de la mencionada especialidad. <\/p>\n
En este sentido el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario – modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999- se encuentra vigente y as\u00ed ser\u00e1, mientras perdure la justicia penal especializada, a no ser que el Legislador en ejercicio de su facultad normativa, disponga regular de forma diferente el asunto relacionado con el permiso administrativo de hasta 72 horas, lo cual por el momento no ha ocurrido\u00bb (Criterio reiterado, entre otras, en: STP14283-2014, Rad. 76256, 14, oct. 2014; STP7276-2015, Rad. 79981, 9, jun. 2015; STP2880-2017, Rad. 90535, 2, mar. 2017).\u00bb (CSJ STP16747-2018, 18 de diciembre de 2018, rad. 102011). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica jur\u00eddica que fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-387 de 2015, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[…] De otro lado, aunque existe controversia en torno a la vigencia de la norma demandada, se constat\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias de tutela ha entendido que la modificaci\u00f3n introducida al art\u00edculo 147 numeral 5\u00b0 del C\u00f3digo Penitenciario en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 mantiene su vigencia, comoquiera que el art\u00edculo 46 de la Ley 1142 de 2007 ampli\u00f3 con car\u00e1cter indefinido las normas incluidas en el cap\u00edtulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal especializada. En atenci\u00f3n a esta interpretaci\u00f3n, la norma demandada contin\u00faa produciendo efectos lo que, en principio, habilita este Tribunal para pronunciarse sobre su constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, la l\u00ednea jurisprudencial en torno al punto es que el numeral 5 del art\u00edculo 147 C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario -modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999- se encuentra vigente y que mientras perdure la justicia penal especializada se requiere, en los delitos de su competencia, el cumplimiento del 70% de la pena para acceder al beneficio administrativo hasta de 72 horas…\u201d <\/p>\n
Por tanto, la Sala confirmar\u00e1 el auto interlocutorio No. 459 del nueve (09) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2.022), a trav\u00e9s del cual el Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira le neg\u00f3 al condenado Eliuth Eduardo Mina Mosquera el beneficio administrativo de 72 horas\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, no se advierte la transgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, pues \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas\u2026 [se] hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en STC4506-2014, 10 abr. 2014, rad. 00089-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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