STC11464-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11464-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00378-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 5 de agosto de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Edificio Vista Verde P.H. contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado querellado \u00abdecidir mediante providencia judicial la respectiva admisi\u00f3n o rechazo del incidente de nulidad propuesto por la parte accionada desde el 19 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. -ASER Ingenier\u00eda Ltda.- adelant\u00f3 el proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de no hacer, contra el Edificio Vista Verde Propiedad Horizontal, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, autoridad que el 25 de octubre de 2019 orden\u00f3 a la convocada \u00abproced[er] a la destrucci\u00f3n inmediata de las obras hechas en el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 300-209281, consistente en la instalaci\u00f3n de una tuber\u00eda PVC de 6\u201d para conducir vertimientos de aguas residuales a un pozo de la red de alcantarillado\u2026\u00bb, asimismo, libr\u00f3 mandamiento de pago; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 15 de marzo de 2021, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 12 de abril de siguiente, la Copropiedad ejecutada, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 la reducci\u00f3n de la medida cautelar, as\u00ed como acceso al expediente; petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 18 de mayo de ese a\u00f1o; el 10 de junio de 2021 reconoci\u00f3 personer\u00eda al togado, aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, al tiempo que, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al centro de servicios judiciales, con el fin de ser sometido a reparto a los despachos de ejecuci\u00f3n civiles del circuito; decisi\u00f3n recurrida por la ejecutada. <\/p>\n
2.3. El 19 de julio de 2021 Edificio Vista Verde formul\u00f3 incidente de nulidad de todo lo actuado en el juicio ejecutivo, al considerar que no fue debidamente enterado de la orden de apremio; petici\u00f3n que, por su parte, el d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o, tambi\u00e9n plante\u00f3 Corina Buend\u00eda Grigoriu, en calidad de copropietaria; el 16 de diciembre de 2021 se corri\u00f3 traslado a las partes de la solicitud de anulaci\u00f3n planteada por la ejecutada y, en auto separado, rechaz\u00f3 la nulidad planteada por Buend\u00eda Grigoriu, al tiempo que, mantuvo el numeral 4\u00b0 del prove\u00eddo de 10 de junio anterior, ordenando la remisi\u00f3n del proceso a los juzgados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 12 de enero y 18 de febrero la ejecutante pidi\u00f3 no acceder a la nulidad pretendida por la propiedad horizontal; y, el 24 de marzo siguiente, el estrado judicial concedi\u00f3 unos recursos de apelaci\u00f3n formulados contra los autos de 16 de diciembre de 2021, ordenando que, una vez en firme la decisi\u00f3n, se remitiera el expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n; determinaci\u00f3n recurrida por la accionante, tras advertir que estaba pendiente de decisi\u00f3n, entre otras, la nulidad formulada el 19 de julio de 2021. <\/p>\n
2.5. El 14 de julio de 2022 el despacho mantuvo el prove\u00eddo de 24 de marzo anterior; empero, nada dijo sobre la nulidad pretendida por la promotora; disponiendo el env\u00edo de las diligencias al estrado de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la falta de pronunciamiento del incidente de nulidad formulado el 19 de julio de 2021, pese a las diversas solicitudes de impulso interpuestas. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que el despacho resolvi\u00f3 varias solicitudes y recursos formulados por las partes, incluso, despu\u00e9s de la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n; sin embargo, \u00abnos encontramos en una etapa procesal cr\u00edtica donde no se ha decidido el incidente de nulidad procesal por indebida notificaci\u00f3n, lo que se estar\u00eda generando un desprop\u00f3sito y desgaste en la actividad judicial si el Juzgado persiste en decidir peticiones posteriores, ya que, en el caso de materializarse los efectos de dicha declaraci\u00f3n de nulidad, no encontrar\u00eda l\u00f3gica ni pertinencia adelantar actuaciones procesales debido a que estas ser\u00edan inv\u00e1lidas y en consecuencia inexistentes para el proceso\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que respecto de la nulidad formulada el 19 de julio de 2021, el 16 de diciembre de esas calendas corri\u00f3 traslado a las partes; que por tratarse de un incidente, su tramitaci\u00f3n no incid\u00eda en las decisiones adoptadas en el cuaderno principal, adem\u00e1s, la normatividad no tampoco exig\u00eda que dicho aspecto fuera resuelto antes de disponer la remisi\u00f3n a los juzgados de ejecuci\u00f3n, orden que, por dem\u00e1s, hab\u00eda sido impartida desde el 10 de junio de 2021, pero no se hab\u00eda podido materializar debido a los recursos, peticiones y acciones de tutelas promovidas por las partes; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
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2. Thomas Chica Serrano, Jonathan Anaya Gelvez, Jorge Francisco Maldonado Serrano, Sandra Natalia S\u00e1nchez Ram\u00edrez, Diego Alexander Gonz\u00e1lez Becerra, Luz Helena Solano de Santos, Corina Buend\u00eda Grigoriu y Bjorn Reu, en escritos separados, en calidad de copropietarios del Edificio Vista Verde PH, coadyuvaron las pretensiones constitucionales; manifestaron que s\u00f3lo hasta marzo del 2021 que les notificaron el auto de apertura de incidente de desacato conocieron del juicio ejecutivo, raz\u00f3n por la que el 19 de julio siguiente se formul\u00f3 la nulidad, que a la fecha no ha sido resuelta, quebrantando las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
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3. Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la nulidad pretendida no es procedente por extempor\u00e1nea, toda vez que se formul\u00f3 fuera de los 3 d\u00edas dispuestos en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el primer memorial que alleg\u00f3 al expediente fue el 12 de abril de 2021, sin embargo, la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n la formul\u00f3 hasta el 19 de julio siguiente; que los incidentes presentados con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n deben ser resueltas por el juzgado de ejecuci\u00f3n; que desde el auto que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de remitirse las actuaciones a los despachos de ejecuci\u00f3n a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda, han transcurrido m\u00e1s de 6 meses, por lo que se incumple el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
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4. Los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, en escritos separados, informaron que consultado el sistema de gesti\u00f3n judicial siglo XXI no se encontr\u00f3 registro del expediente a los despachos de ejecuci\u00f3n; que conforme la indicado por la Oficina de Apoyo, se estableci\u00f3 que dichas diligencias est\u00e1n pendientes de reparto para esas sedes judiciales; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, comoquiera que, los hechos narrados por la gestora son desconocidos y ajenos para esos despachos. <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 la salvaguarda, al considerar que ha transcurrido un t\u00e9rmino irracional en las resultas del incidente de nulidad plateado por el Edificio Vista Verde P.H., resaltando que, contrario a lo afirmado por el estrado querellado, atendiendo el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga cuenta con competencia para resolver la misma, pese a contar con orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y la disposici\u00f3n anterior de remitir las diligencias a los despachos de ejecuci\u00f3n, relievando que, adopt\u00f3 otros pronunciamientos, pero no defini\u00f3 la ya aludida nulidad. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 \u00abal titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, defina la nulidad que propuso el 19 de julio de 2021 el entonces abogado del Edificio Vista Verde P.H., profiriendo la decisi\u00f3n que corresponda en el proceso ejecutivo antes citado, al respecto, debe tomar las medidas previas que sean necesarias para contar con el expediente del proceso\u00bb. <\/p>\n
Con auto de 12 de agosto de 2022 neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n presentada por Aser Ingenier\u00eda Ltda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Aser Ingenier\u00eda manifestando que el Magistrado Ponente de la acci\u00f3n de tutela estaba inhabilitado para conocer de la solicitud de amparo, pues es quien ha tramitado \u00abla segunda instancia dentro de varias apelaciones presentadas en la demanda ejecutiva 2019-120\u00bb, por lo que existe nulidad en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Anot\u00f3 que se desconoci\u00f3 que el art\u00edculo 8\u00b0 del acuerdo PSAA13-9984 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que establece que los Juzgados de Ejecuci\u00f3n tienen competencia para conocer de los incidentes de cualquier naturaleza a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, toda vez que desde el 16 de diciembre de 2021 qued\u00f3 en firme la decisi\u00f3n de env\u00edo a los juzgados de ejecuci\u00f3n, y la solicitud de amparo se present\u00f3 en julio de 2022; adem\u00e1s que, la nulidad pretendida por la propiedad horizontal es infundada, pues los propietarios se enteraron del juicio en marzo de 2021 y, aun, teniendo en cuenta la notificaci\u00f3n de la apertura del incidente, esto es, el 17 de junio de 2021, los 3 d\u00edas que dispone el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso para pretender la nulidad estaban fenecidos para el 19 de julio siguiente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la orden de tutela no es clara en indicar si la orden de remitir las diligencias a los juzgados de ejecuci\u00f3n \u00abse revoca\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los reparos formulados en la impugnaci\u00f3n, preliminarmente, se advierte que la nulidad alegada por el opuganante no se evidencia, en la medida en que, el Magistrado Ponente del fallo de primera instancia, manifest\u00f3 su impedimento para conocer de la solicitud de amparo, tras advertir que conoci\u00f3 de las apelaciones formuladas contra diferentes decisiones proferidas en el juicio ejecutivo criticado; empero, el 25 de julio de 2022 dicha petici\u00f3n de apartamiento fue declarada infundada, comoquiera que, las determinaciones que adopt\u00f3 como juez de segunda instancia, no son las ahora censuradas, pues lo criticado es una presunta mora judicial; de ah\u00ed que, el hecho alegado por Aser Ingenier\u00eda se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del opugnante es inexistente, pues, se reitera, la nulidad deprecada no se caus\u00f3, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, examinados los fundamentos de la impugnaci\u00f3n, una de ellas relacionadas con la competencia de los Juzgados de ejecuci\u00f3n para resolver el incidente de nulidad planteado por el Edificio Vista Verde P.H., se tiene que, auscultadas las diligencias, el juicio ejecutivo se remiti\u00f3 a los despachos de ejecuci\u00f3n s\u00f3lo hasta el 26 de julio de 2022, esto es, en el curso de la presente acci\u00f3n de tutela, estando en mora de resolver la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n que, entre otras, ven\u00eda tramitando el estrado querellado; de ah\u00ed que, al margen de la alegaci\u00f3n planteada, era el juez criticado el cognoscente, pues, se itera, el proceso ni siquiera se hab\u00eda remitido a dichos estrados y no exist\u00eda pronunciamiento de cara la nulidad pretendida. <\/p>\n
Al respecto, pertinente es recordar que, en problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de confirmarse, ya que, adem\u00e1s de cumplir con el presupuesto de inmediatez, pues lo alegado es una mora judicial, lo cierto es que el juzgado accionado ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos para el tr\u00e1mite del proceso objeto de reproche constitucional, pese a las diversas solicitudes de las partes, incluso, pese a la resoluci\u00f3n que adopt\u00f3 en diversas oportunidades de cara a pretensiones formuladas con posterioridad al 19 de julio de 2021, esto es, para la interposici\u00f3n del incidente de nulidad de la propiedad horizontal; empero, se itera, para la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, las diligencias aun reposaban en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, sin que estuviese acreditado que dicha solicitud hubiese sido decidida. <\/p>\n
Sobre el tema en comento, la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta de que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la nulidad presentada por ella desde el 19 de julio de 2021. <\/p>\n
4. Finalmente, respecto a que la nulidad pretendida por la propiedad horizontal est\u00e1 infundada, pues los propietarios de las unidades residenciales se enteraron del juicio en marzo de 2021 y, aun, teniendo en cuenta la notificaci\u00f3n de la apertura del incidente, esto es, el 17 de junio de 2021, los 3 d\u00edas que dispone el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso para pretender la nulidad estaban fenecidos para el 19 de julio siguiente, por lo que, de existir dicha alegaci\u00f3n, est\u00e1 saneada; se tiene que dicha alegaci\u00f3n tampoco tienen vocaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, tal reparo se torna prematuro, en la medida en que esas alegaciones deben ser objeto de pronunciamiento por el estrado querellado al resolver el incidente de nulidad formulado por el Edificio Vista Verde; lo anterior traduce que como la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n referida est\u00e1n en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Ahora, una vez resuelto el incidente de nulidad, es el juez natural quien debe determinar lo relativo a la remisi\u00f3n de las diligencias a los juzgados de ejecuci\u00f3n, para continuar con el tr\u00e1mite pertinente, sin que sea el fallador constitucional, quien deba indicar tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para confirmar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11464-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11464-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00378-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66446","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}