STC11466-2022<\/p>\n
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ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC11466-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00136-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rosa P\u00e9rez, en nombre propio y de sus menores hijos, contra el Juzgado Segundo de Familia y la Comisar\u00eda Quinta de Familia, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, vida, igualdad, familia, m\u00ednimo vital, inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y \u00abuna vida libre de violencias\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje sin efectos las decisiones adoptadas por la Comisar\u00eda Quinta de Familia\u2026 de Tunja mediante resoluci\u00f3n n\u00b0 059 de\u2026 19 de abril de 2022 y el auto de\u2026 16 de junio de 2022 proferido por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja por medio del cual confirma y adiciona medida de protecci\u00f3n impuesta por medio de la resoluci\u00f3n n\u00b0 059 de\u2026 19 de abril de 2022\u00bb y, en consecuencia, se ordene a las autoridades querelladas \u00abemitan un nuevo pronunciamiento judicial que resuelva de fondo la controversia planteada en decisi\u00f3n definitiva de segunda instancia, conforme a la realidad de los hechos y en cumplimiento de todo el marco normativo y jurisprudencial\u2026 con perspectiva de g\u00e9nero y trato diferencial en estos asuntos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosa P\u00e9rez, solicit\u00f3 medidas de protecci\u00f3n a su favor y de sus menores hijos, aduciendo malos tratos verbales, psicol\u00f3gicos y econ\u00f3micos por parte de su esposo Ner\u00f3n S\u00e1nchez, pues desde septiembre de 2021 \u00ababandon\u00f3 el hogar\u00bb, generando adem\u00e1s maltrato econ\u00f3mico, toda vez que, ella durante la vigencia del matrimonio, esto es, casi 16 a\u00f1os, no trabaj\u00f3 ni continu\u00f3 estudiando, dedic\u00e1ndose por completo al hogar, por lo que pidi\u00f3 se fije cuota de alimentos. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 a la Comisar\u00eda Quinta de Familia de Tunja; notificado Ner\u00f3n S\u00e1nchez, tambi\u00e9n solicit\u00f3 medida de protecci\u00f3n a su favor, argumentando ser v\u00edctima de violencia intrafamiliar, consistentes en maltrato psicol\u00f3gico, econ\u00f3mico, verbal y f\u00edsico, por parte de Rosa. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 19 de abril de 2022 con resoluci\u00f3n n\u00b0 059 la autoridad administrativa encontr\u00f3 conflicto entre los esposos, por lo que dispuso medidas de protecci\u00f3n \u00abbilaterales\u00bb para Rosa P\u00e9rez y Ner\u00f3n S\u00e1nchez, con el fin de que se abstengan de ejecutar todo acto de violencia verbal, psicol\u00f3gica, f\u00edsica o amenaza entre ellos; asimismo, impuso las mismas medidas a favor de la menor Jacinta S\u00e1nchez y en contra de sus progenitores; por otra parte, dispuso cuota de alimentos a favor de los menores y en contra de su padre, la suma de $1\u00b4800.000 \u00ablos cuales incluyen el pago de arriendo donde viven\u2026 y la madre de ellos el cual es por un valor de\u2026 $1\u00b4212.910\u00bb y regul\u00f3 visitas. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n recurrida en alzada por la Procuradur\u00eda 30 Judicial de Infancia, Adolescencia y Familia, as\u00ed como, por Rosa P\u00e9rez, tras considerar que no era violencia bidireccional, sino de g\u00e9nero, adem\u00e1s, se desconoci\u00f3 que ella se dedica al hogar, por lo que no cuenta con ingresos y no se impuso alimentos a su favor, conforme lo indica el art\u00edculo 17 de la Ley 2126 de 2021; por su parte, Ner\u00f3n S\u00e1nchez repar\u00f3 respecto a la medida que se le impuso y a favor de su esposa e hija, pues refiere que se dio un trato preferencial por perspectiva de g\u00e9nero, sin tener en cuenta que en su condici\u00f3n de hombre es v\u00edctima de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
2.4. El 16 de junio de 2022 el Juzgado Segundo de Familia de Tunja tras evidenciar violencia familiar por una y otra parte, tambi\u00e9n encontr\u00f3, en pro de la desventaja social y econ\u00f3mica de la mujer, la necesidad de imponer una cuota alimentaria a favor de aqu\u00e9lla, por lo que, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida y la adicion\u00f3 en el sentido de extender las medidas de protecci\u00f3n al menor Ram\u00f3n S\u00e1nchez, as\u00ed como, a instar a Ner\u00f3n S\u00e1nchez de abstenerse de ejecutar todo acto que signifique violencia econ\u00f3mica contra Rosa P\u00e9rez, imponi\u00e9ndole una cuota mensual de $900.000 para sus gastos necesarios, precisando que \u00ablas cuotas fijadas por concepto de alimentos y gastos\u2026 podr\u00e1n ser objeto de modificaci\u00f3n voluntaria o ante la autoridad competente, de acuerdo a las circunstancias de necesidad de los alimentarios y capacidad econ\u00f3mica del alimentante, toda vez que su fijaci\u00f3n es provisional y no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, en las diligencias de 11 y 19 de abril de 2022 adelantadas ante la Comisar\u00eda de Familia fue revictimizada por los all\u00ed presentes; que ante la acumulaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n, la audiencia de 19 de abril no tuvo un orden coherente, lo que llev\u00f3 a confusi\u00f3n en las intervenciones, raz\u00f3n por la que por su cuenta grab\u00f3 tal diligencia, que \u00abal contrarrestar el audio con el contenido de la resoluci\u00f3n\u2026 carece de vitales argumentos dados\u2026 por parte de [su] defensa, as\u00ed como por parte del ministerio p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que Ner\u00f3n alleg\u00f3 una certificaci\u00f3n de atenci\u00f3n psicol\u00f3gica que carece de validez como prueba, porque no explica los m\u00e9todos y dem\u00e1s argumentos que llevaron a la psic\u00f3loga para emitir dicho concepto; adem\u00e1s, alleg\u00f3 un pantallazo de una conversaci\u00f3n de WhatsApp con ella, manifestando que \u00abella [le] exige m\u00e1s dinero y por eso le d[a] cuenta de [sus] gastos\u00bb, que tal situaci\u00f3n \u00abpodr\u00eda haberse tomado como confesi\u00f3n, [sin embargo], no fue tomada en cuenta ni valorada dentro de una sana cr\u00edtica por la comisar\u00eda, al parecer fue suficiente que \u00e9l rindiera cuentas por chat, para determinar que exist\u00eda violencia por [ella]\u2026 aun cuando el contexto de la conversaci\u00f3n no se evidencia dentro de dicho documento\u00bb; sumado a que aqu\u00e9l acept\u00f3 decirle groser\u00edas y que una vez le lanz\u00f3 \u00abla plata al piso\u00bb; actos suficientes para probar la violencia en su contra; empero, contrario sensu est\u00e1 siendo v\u00edctima de \u00abviolencia institucional\u00bb. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de Juzgado carece de motivaci\u00f3n y pronunciamiento respecto a las irregularidades que manifest\u00f3 de la autoridad administrativa, as\u00ed como tampoco valor\u00f3 el audio que ella alleg\u00f3 de la audiencia adelantada el 19 de abril de 2022 con el fin de demostrar los denunciado. <\/p>\n
2.8. Manifest\u00f3 que el estrado judicial le \u00abda calidad de victimaria\u2026 aun cuando fue ella quien a pesar del estado de doblegaci\u00f3n y la relaci\u00f3n de poder existente por parte de su c\u00f3nyuge hacia ella, se arm\u00f3 de valor y decidi\u00f3 denunciar\u2026 fue ella igualmente, quien anex\u00f3 los audios sobre los cuales el a quo y ad quem basan su decisi\u00f3n y omiten de manera fehaciente manifestaciones que se encasillan dentro de las mismos en donde adem\u00e1s de tener manifestaciones que se encasillan desde la confesi\u00f3n, son prueba directa de la violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica que\u2026 Ner\u00f3n S\u00e1nchez ejerc\u00eda en [su] contra\u2026 dando un mensaje que\u2026 no pod\u00eda responder a las agresiones efectuadas por parte de su c\u00f3nyuge, pues el ejercicio de leg\u00edtima defensa se va supeditado a la existencia de violencia familiar\u00bb. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que el Juzgado confirm\u00f3 la cuota de alimentos a favor de sus hijos por valor de $1\u00b4800.000, donde estableci\u00f3 de forma expl\u00edcita que inclu\u00eda $1\u00b4212.919 de arriendo, por lo que el restante, esto es, $587.090 debe ser destinada para alimentaci\u00f3n, transporte, educaci\u00f3n, salud, recreaci\u00f3n y vestuario, vulnerando las garant\u00edas de sus hijos; adem\u00e1s, si bien se impuso una cuota a su favor, lo cierto es que \u00abNer\u00f3n S\u00e1nchez le ha escrito v\u00eda WhatsApp\u2026 que ya no cancelar\u00e1 los recibos de la vivienda donde reside ella y sus menores hijos, con ocasi\u00f3n de [ello]\u00bb; que la fijaci\u00f3n de dicha mesadas desconoce la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos alimenticios, pues Ner\u00f3n devenga m\u00e1s de $9\u00b4000.000, por lo que la cuota asignada no corresponde a sus ingresos, \u00absobrep[oniendo] el descuento por n\u00f3mina sobre un cr\u00e9dito adquirido con posterioridad al abandono del hogar\u00bb. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n del estrado judicial carece de enfoque de g\u00e9nero y trato diferencial, pues ante su debilidad manifiesta por su condici\u00f3n econ\u00f3mica y f\u00edsica debe sancionar los abusos y los maltratos en su contra. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. Nubia Roc\u00edo Guti\u00e9rrez Sandoval, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Ner\u00f3n S\u00e1nchez, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
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2. La Procuradur\u00eda 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres manifest\u00f3 que acompa\u00f1\u00f3 a la accionante a la diligencia de 19 de abril de 2022; que la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado no merece ning\u00fan reparo, sumado a que, no insisti\u00f3 en la reproducci\u00f3n de la audiencia de esa data, porque en los memoriales de las partes obraban transcripciones de parte de esas conversaciones; que el despacho confirm\u00f3 la cuota alimentaria a favor de sus hijos, al tiempo que tambi\u00e9n impuso una cuota de $900.000 para la promotora, resaltando que, dichas medidas son provisionales, por lo que, si la gestora considera que son insuficientes puede acudir al proceso verbal sumario. <\/p>\n
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3. La Comisar\u00eda Quinta de Familia de Tunja se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; inform\u00f3 que la comisaria de la fecha suspendi\u00f3 la diligencia de 11 de abril de 2022 en prevalencia al derecho a la igualdad de la gestora, pues no contaba con las mismas condiciones para su defensa que Ner\u00f3n; que en la audiencia de 19 de abril de los corrientes se garantiz\u00f3 el debido proceso y contradicci\u00f3n a las partes, analiz\u00e1ndose las pruebas aportadas por ambos extremos y dando prevalencia a las garant\u00edas de los menores; que en cuanto a la cuota alimentaria, la promotora cuenta con otro mecanismo judicial para regular la misma conforme sus necesidades y de sus hijos. <\/p>\n
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4. Ner\u00f3n S\u00e1nchez anot\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia; que la petici\u00f3n no es precisa en se\u00f1alar el defecto sustancial de la sede judicial accionada, m\u00e1xime cuando la apelaci\u00f3n le fue pr\u00f3spera a su favor y le reconoci\u00f3 alimentos; que la prueba consistente en los audios de la audiencia que aporta la accionante est\u00e1 viciada de nulidad constitucional, comoquiera que, \u00ab[\u00e9l] le solicit\u00f3 a la Comisar\u00eda\u2026 grabar la audiencia la funcionaria se neg\u00f3 por cuanto la entidad no cuenta con los equipos para grabar\u2026 por lo que no autoriz\u00f3 la grabaci\u00f3n, en ese sentido, la grabaci\u00f3n que se aporta al expediente, no fue autorizada por la funcionaria competente, ni por ninguno de los intervinientes, por lo que no es oficial y en esta medida se obtuvo violando el debido proceso\u00bb; que la gestora cuenta con otras v\u00edas para plantear la controversia, especialmente, la cuota alimentaria, la que, por dem\u00e1s, se le fij\u00f3 de manera integral, por lo que los servicios p\u00fablicos los puede cubrir de ah\u00ed. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n controvertida no luce arbitraria, pues el estrado judicial no encontr\u00f3 que los hechos de violencia denunciados por ambas partes fueran desvirtuados, los que cobraron arraigo a partir de la separaci\u00f3n, adem\u00e1s, el malestar psicol\u00f3gico y econ\u00f3mico que se causaron uno a otro fueron lo que despleg\u00f3 una conducta agresiva mutua; destac\u00f3 que el tr\u00e1mite garantiz\u00f3 el debido proceso y defensa de ambas partes, al punto que la Procuradur\u00eda de Familia fue garante de los derechos de la peticionaria, incluso apelando la decisi\u00f3n de la comisar\u00eda, con el fin de fijar alimentos provisionales a favor de Rosa, a lo cual se accedi\u00f3. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en cuanto a la censura de que no se valor\u00f3 el contenido del CD aportado como violencia ejercida por su c\u00f3nyuge, \u00abcarece de veracidad, dado que si bien no se permiti\u00f3 su reproducci\u00f3n en su totalidad, en los memoriales de las partes obraban transcripciones de parte de esas conversaciones, y la Comisar\u00eda y las dem\u00e1s partes ya las conoc\u00edan, y en todo caso, esas grabaciones s\u00ed se hab\u00edan admitido como prueba en el proceso, seg\u00fan lo afirm\u00f3 la propia Procuradora de Familia presente en la diligencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que contrario a lo afirmado por la promotora, el despacho ad quem hizo referencia in extenso a la especial protecci\u00f3n de la mujer consagrada en los diferentes ordenamientos jur\u00eddicos tanto nacionales como internacionales, sumado a que, Rosa est\u00e1 siendo protegida, puesto que al c\u00f3nyuge se le impuso una medida de protecci\u00f3n a su favor y se implementaron medidas para salvaguardar y restablecer sus derechos, as\u00ed como alimentos a su favor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en los reproches iniciales, a los que adicion\u00f3 que no se verific\u00f3 la audiencia de 19 de abril de 2022 que ella grab\u00f3 y con la que puede demostrar \u00abviolencia institucional\u00bb; que se desconoci\u00f3 el enfoque de g\u00e9nero que deben tener las decisiones judiciales, aunado a que la violencia contra la mujer se presenta en distintos escenarios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Con base en tales premisas, del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona la decisi\u00f3n de 16 de junio de 2022 por medio de la cual el Juzgado Segundo de Familia de Tunja, confirm\u00f3 y adicion\u00f3 la que dict\u00f3 el 19 de abril anterior la Comisar\u00eda Quinta de Familia de esa ciudad; determinaci\u00f3n que, en sentir de la gestora, carece de una debida valoraci\u00f3n probatoria, especialmente porque no se atendi\u00f3 el audio de la diligencia de 19 de abril de 2022 que ella aport\u00f3, adem\u00e1s que, los supuestos actos de violencia que le endilgaron en contra de Ner\u00f3n S\u00e1nchez no se constituyeron, sumado a que, la cuota alimentaria dispuesta a su favor y de sus hijos no fue debidamente tasada, desconociendo el enfoque de g\u00e9nero y trato diferencial que se debe tener para con ella; pero que, para esta Sala, no se muestra arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado tras citar las normas que regulan las medidas de protecci\u00f3n, analiz\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, precisando que: <\/p>\n
Han arribado ambas partes vinculadas al proceso, declaraciones propias sobre actos que a su juicio constituyen violencia intrafamiliar de tipo verbal, f\u00edsico, psicol\u00f3gico y econ\u00f3mico a ra\u00edz de conductas agresivas y de conflicto que cobraron arraigo a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica de la pareja matrimonial; as\u00ed como, han aportado su registro civil de matrimonio, los registros civiles de nacimiento de los hijos comunes, mensajes de datos transmitidos e intercambiados entre la pareja v\u00eda whatsapp, mensajes de datos intercambiados entre padre e hijos, tambi\u00e9n v\u00eda whatsapp, soportes de gastos atinentes a la manutenci\u00f3n del hogar y los hijos, y por \u00faltimo certificados y valoraciones cl\u00ednico-psiquiatras practicados al grupo familiar. Todo con lo cual sustentan la raz\u00f3n de solicitar medida de protecci\u00f3n en contra de uno y otro esposo, con inclusi\u00f3n de los hijos, hoy a\u00fan menores de edad o en etapa de adolescencia. <\/p>\n
De entrada, observa este despacho que se trata de una pareja con un v\u00ednculo matrimonial que data de hace aprox. 17 a\u00f1os, que por desavenencias privadas o netamente personales se encuentran hoy en un conflicto afectivo, sentimental y familiar, que quiz\u00e1s m\u00e1s adelante puedan solucionar como esposos en pro del bienestar de sus hijos, pero que es claro no se puede negar han entrado en la causalidad de conductas de tinte agresivo ofensivo e hiriente al punto de encontrarse en una etapa de separaci\u00f3n f\u00edsica y rompimiento familiar, inmersos ya en una situaci\u00f3n de conflicto al interior del hogar que hoy le corresponde a la instancia judicial resolver en protecci\u00f3n de una familia, de un hogar, cuyos integrantes se sienten afectados emocional o psicol\u00f3gicamente, seg\u00fan se colige de las pruebas obrantes en el expediente <\/p>\n
De aquella separaci\u00f3n, no pac\u00edfica, las declaraciones de las partes la confirman. Luego, se tiene, ya existe un posible detonante de malestar, descontento y agresividad que obliga al Estado detenerla. De una parte, NER\u00d3N acepta haber sido \u00e9l quien se cambi\u00f3 de residencia, pero ya sea por decisi\u00f3n propia o por imposici\u00f3n de aquella, tema de discusi\u00f3n, cierto es que fue en respuesta a una situaci\u00f3n de conflicto e intolerancia que ya se ven\u00eda presentando al interior del hogar, como \u00e9l lo afirma, por actos y conductas que pese a ser negada su comisi\u00f3n en los escritos de ROSA s\u00ed advierte ella en su declaraci\u00f3n un descontento con la forma de ser de aquel, en particular, en lo atinente al manejo del patrimonio familiar no s\u00f3lo ahora sino desde a\u00f1os atr\u00e1s, am\u00e9n de su presunci\u00f3n de la existencia de una tercera persona en la relaci\u00f3n sentimental y su afectaci\u00f3n por el tema sexual con su pareja; todo lo cual, permite indiciar una posici\u00f3n negativa e intolerante en el se\u00f1or NER\u00d3N frente a los reclamos de ella. Es decir, los relatos de una y otra parte, junto con las palabras soeces, desobligantes y deshonrosas que se escuchan y leen en los mensajes intercambiados entre la pareja permiten aseverar que el conflicto entre la pareja, que hoy se ha tornado violento en el contexto familiar, tiene su g\u00e9nesis desde antes de decidir separarse. <\/p>\n
Es as\u00ed, por cuanto ROSA desde su queja inicial menciona episodios tales como: que NER\u00d3N hace m\u00e1s de seis meses abandon\u00f3 el hogar luego de generar una situaci\u00f3n de discusi\u00f3n al no querer hablar \u201csobre lo que estaba pasando\u201d, comportamiento propios de alguien que se est\u00e1 alejando de la relaci\u00f3n y al preguntarle por la situaci\u00f3n s\u00f3lo encontr\u00e9 evasivas e indiferencia; que NER\u00d3N se iba a ir por lo que no desaprovech\u00f3 la oportunidad y continu\u00f3 generando la duda sobre la existencia de una tercera persona pues tuve la oportunidad de leer un mensaje que \u00e9l procedi\u00f3 a borrar. <\/p>\n
Al solicitar tambi\u00e9n medida de protecci\u00f3n a su favor, NER\u00d3N relata que las conductas de maltrato por parte de su esposa se ven\u00edan presentando de manera reiterativa durante varios a\u00f1os, ella lo golpeaba, lo maltrataba psicol\u00f3gicamente mermando su salud emocional y f\u00edsica, llev\u00e1ndolo a estar actualmente en tratamiento psicol\u00f3gico por depresi\u00f3n moderada; que ROSA viene asumiendo desde hace varios a\u00f1os un comportamiento agresivo, amenazante y humillativo por situaciones de maltrato impartido no solo en el entorno familiar sino tambi\u00e9n social y laboral de NER\u00d3N; que ROSA lo ha pormenorizado por su desempe\u00f1o sexual afectando su autoestima como hombre, como se colige de los descargos rendidos al expediente aunado a la certificaci\u00f3n de fecha abril 08 de 2022 que le expidi\u00f3 la psic\u00f3loga Erika V\u00e1squez Espinosa. <\/p>\n
Es palpable la existencia de conductas violentas entre la pareja, habida cuenta que de sus relatos propios no se aprecia intensi\u00f3n de recuperar el matrimonio, llegaron al punto de querer o desear finiquitar el v\u00ednculo matrimonial que los uni\u00f3 durante casi 17 a\u00f1os; es claro el da\u00f1o emocional, afectivo, psicol\u00f3gico que se caus\u00f3 entre ellos. <\/p>\n
Seguidamente, de cara a las medidas de protecci\u00f3n de los menores hijos, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Augura este despacho una recuperaci\u00f3n armoniosa del hogar, que como personas civilizadas deber\u00edan promover la pareja\u2026 hasta un t\u00e9rmino feliz; sin embargo, al tenor de las normas arriba transcritas y ante la situaci\u00f3n expuesta tanto por ROSA como por NER\u00d3N que no s\u00f3lo los afecta negativamente a ellos sino a los hijos comunes del matrimonio, es imperativo para este despacho no s\u00f3lo confirmar las medidas de protecci\u00f3n impuestas por la se\u00f1ora Comisaria Quinta de Familia sino adicionarlas, en pro de lo solicitado por la apoderada judicial de la citada se\u00f1ora y por la Procuradur\u00eda en Asuntos de Familia, por cuanto no se resolvi\u00f3 en s\u00ed sobre el factor principal de las denuncias, \u00e9l que radica en la \u201cviolencia econ\u00f3mica\u201d, entendida esta como la privaci\u00f3n intencionada y no justificada legalmente de los recursos necesarios para el bienestar f\u00edsico o psicol\u00f3gico del compa\u00f1ero(a) o esposo(a) y personas dependientes de las mismas, as\u00ed como la discriminaci\u00f3n en la disposici\u00f3n de los recursos compartidos en el \u00e1mbito familiar o de pareja. Tampoco se impuso medidas de protecci\u00f3n para el menor RAM\u00d3N como s\u00ed se hizo para JACINTA. <\/p>\n
Luego, con apoyo en la sentencia T-012\/16 de la Corte Constitucional, con perspectiva de g\u00e9nero y en punto a la violencia econ\u00f3mica alegada por la promotora, dijo que: <\/p>\n
Se precisa que la obligaci\u00f3n de abstenerse de ejecutar actos que se configuren como violencia econ\u00f3mica no fue impuesta a ninguno de los esposos intervinientes, siendo menester en esta instancia imponerla a cargo del se\u00f1or NER\u00d3N y a favor de su esposa ROSA, toda vez que de las declaraciones rendidas por la pareja se confirma que ella siempre dependi\u00f3 y a\u00fan depende econ\u00f3micamente de aquel, situaci\u00f3n que claramente ha empoderado al se\u00f1or NER\u00d3N para influir en el modo de vida de su esposa, incluso de sus hijos, m\u00e1xime cuando este acepta ser quien recibe el dinero y dispone la forma de gastarlo. <\/p>\n
\u201cEn la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos\u201d (Sentencia T-12\/16 Corte Constitucional; T012-16) <\/p>\n
Seg\u00fan las pruebas, es claro que la subsistencia y manutenci\u00f3n de la se\u00f1ora ROSA depend\u00eda totalmente de la mano de su esposo, en principio por la obligaci\u00f3n de solidaridad, socorro y apoyo mutuo que el v\u00ednculo contractual del matrimonio le impone, ahora por la custodia y cuidado personal de sus hijos. Con la separaci\u00f3n no puede verse la esposa inmersa en el desamparo econ\u00f3mico o por bien, en un vivir d\u00eda a d\u00eda con la expectativa, zozobra, ansiedad y otros sentimientos de aflicci\u00f3n y tristeza que le produce esperar que su esposo responda con su compromiso de apoyo econ\u00f3mico, m\u00e1xime cuando de la declaraci\u00f3n del mismo NER\u00d3N ya se advierte incomodidad, fastidio por los reclamos de aquella en ese sentido. <\/p>\n
En su declaraci\u00f3n, expuso ROSA que desafortunadamente por estar pendiente del hogar y de los hijos, no desempe\u00f1\u00f3 ning\u00fan tipo de actividad laboral por la cual devengue un salario, sus dos hijos y ella dependen econ\u00f3micamente del se\u00f1or NER\u00d3N, para todos los gastos, a\u00fan para temas menores o peque\u00f1os ya que desde hace m\u00e1s de 16 a\u00f1os se ha dedicado al hogar y al cuidado de los hijos quienes han padecido de enfermedades que han requerido todo tiempo de permanencia y atenci\u00f3n si\u00e9ndole imposible terminar sus estudios superiores; que NER\u00d3N surgi\u00f3 profesionalmente, ha tenido la oportunidad de realizar dos especializaciones y una maestr\u00eda y ella se dedic\u00f3 a apoyarlo en su prop\u00f3sito profesional siendo injusto que ahora quede a la deriva sin ninguna contraprestaci\u00f3n por haberse dedicado totalmente a mantener el hogar. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n expuesta por ROSA para nada fue controvertida y negada su realidad por parte del se\u00f1or NER\u00d3N seg\u00fan lo obrante en el expediente. <\/p>\n
Indica tambi\u00e9n ROSA que NER\u00d3N supervisa al detalle y limita las decisiones de temas personales y temas del hogar, pone el combustible del carro en el que se movilizan con sus hijos, realiza el mercado, no les permite decidir ni comprar, paga las pensiones escolares, paga los servicios p\u00fablicos, no le da oportunidad a ella de manejar el dinero para esas actividades. <\/p>\n
No puede, entonces, quedar la esposa ROSA al desamparo econ\u00f3mico mientras por v\u00edas judiciales o administrativas, o quiz\u00e1s por soluci\u00f3n pac\u00edfica del conflicto o recuperaci\u00f3n del hogar, se decide el futuro del v\u00ednculo matrimonial que contrajo con NER\u00d3N, m\u00e1s a\u00fan cuando continu\u00f3 de tiempo completo con la custodia y cuidado personal de los hijos comunes. Por tanto, este despacho fijar\u00e1 una cuota provisional por alimentos equivalente a la suma de $900.000 en similar proporci\u00f3n a la que fij\u00f3 la Comisar\u00eda de Conocimiento para cada uno de los hijos comunes del matrimonio y toda vez que al expediente no se aport\u00f3 ni sustent\u00f3 los gastos mensuales necesarios de ella. Cuota que podr\u00e1 ser modificada una vez cambie las circunstancias de necesidad de la alimentaria. <\/p>\n
Y sobre la cuota alimentaria y custodia de los menores, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Respecto de la cuota alimentaria y r\u00e9gimen de visitas impuestas en favor de los menores JACINTA y RAM\u00d3N, solicitada y no refutada por el obligado, no se acceder\u00e1 a su modificaci\u00f3n en esta instancia como pretende la parte recurrente, pues se reitera, es de car\u00e1cter provisional como bien lo permite la ley 294 de 1996 en su art. 5\u00ba literales h) y j) que rezan: \u201ch) decidir provisionalmente el r\u00e9gimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podr\u00e1n ratificar esta medida o modificarla\u201d y \u201cj) decidir provisionalmente qui\u00e9n tendr\u00e1 a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podr\u00e1n ratificar esta medida o modificarla\u201d; es decir, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y por dem\u00e1s no est\u00e1 demostrado que los gastos mensuales de los menores de edad superen el doble de la suma impuesta. <\/p>\n
Y concluy\u00f3, con enfoque de g\u00e9nero, que: <\/p>\n
Sea lo primero advertir que revisadas las actuaciones encuentra el Juzgado que la Comisaria Quinta de Familia de Tunja observ\u00f3 en debida forma el derecho fundamental al debido proceso en el tr\u00e1mite del proceso de violencia intrafamiliar solicitado tanto por la se\u00f1ora ROSA como por el se\u00f1or NER\u00d3N. Por tanto, al encontrarse las actuaciones ajustadas a derecho se convalida el tr\u00e1mite procesal adelantado por la Comisar\u00eda de conocimiento. <\/p>\n
Sobre la situaci\u00f3n de violencia intrafamiliar, precisa este despacho que existe suficientes razones de hecho y de derecho que motivan la confirmaci\u00f3n de las decisiones tomadas por la Comisar\u00eda Quinta de Familia de Tunja en la Resoluci\u00f3n No. 059 de fecha abril diecinueve (19) de dos mil veintid\u00f3s (2022) al no desvirtuarse por parte de los denunciados los hechos de violencia expuestos por la se\u00f1ora ROSA y a su vez por el se\u00f1or NER\u00d3N, que cobraron arraigo a partir de su separaci\u00f3n, los alegatos airados que han venido sosteniendo, y el malestar psicol\u00f3gico y econ\u00f3mico que estos causaron en uno y otro agresor, las que motivaron el despliegue de una conducta agresiva mutua. Todo en conjunto, permite determinar que s\u00ed se present\u00f3 las escenas de conflicto familiar descritas por una y otra parte; luego, La Comisar\u00eda no pod\u00eda m\u00e1s que impartir las medidas de protecci\u00f3n definitivas dispuestas en la norma arriba transcrita, que a juicio de esta instancia, bien debieron imponerse de manera bidireccional. <\/p>\n
Por consiguiente, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmar\u00e1 y adicionar\u00e1 el acto administrativo impugnado, record\u00e1ndole a las partes que las acciones intimidantes puestas en conocimiento del despacho, tienden a devaluar a la persona a quien van dirigidas y entra\u00f1an una cr\u00edtica destructiva, logrando que las personas reaccionen en forma precipitada y desproporcionada. Rara vez alguien le da la raz\u00f3n a quien explota, por lo que siempre resulta perjudicado. En general, la gente reacciona en forma impulsiva, hostil o agresiva cuando siente que alguien amenaza su ego o su personalidad que es el punto donde se ubica la autoestima, el eje de referencia mediante el cual una persona se relaciona con las dem\u00e1s. Los m\u00e1s propensos a estas reacciones, dicen los expertos, son quienes se sienten vulnerables, tienen mermada su autovaloraci\u00f3n o seguridad o son dependientes emocionalmente de familiares o amigos. Por ello perciben que las actitudes ajenas pueden hacerles da\u00f1o o afectarlos en forma negativa. A m\u00e1s vulnerabilidad e inseguridad, mayor impulsividad. <\/p>\n
En punto, es importante rese\u00f1ar que la Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional debido a que presentan una \u201c(\u2026) situaci\u00f3n de desventaja que se ha extendido a todos los \u00e1mbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educaci\u00f3n y al trabajo\u201d. <\/p>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos \u2013CIDH- ha indicado que en los casos de violencia contra la mujer, las obligaciones espec\u00edficas derivadas de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, refuerzan y complementan las obligaciones generales contenidas en los art\u00edculos 8 (Garant\u00edas Judiciales) y 25 (Protecci\u00f3n Judicial) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, de manera que \u201clos Estados tienen, adem\u00e1s de las obligaciones gen\u00e9ricas (\u2026), una obligaci\u00f3n reforzada a partir de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1\u201d. <\/p>\n
En cuanto al mandato contenido en el literal b del 7 de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1 \u2013 debida diligencia-, es preciso indicar que la Declaraci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas tambi\u00e9n lo reconoce en su art\u00edculo 4\u00ba: \u201cLos Estados (\u2026) deber\u00e1n: (\u2026.) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislaci\u00f3n nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares\u201d. En este sentido, puede existir responsabilidad estatal por los actos de violencia contra la mujer cometidos por el propio Estado o por los particulares; en la Recomendaci\u00f3n General No. 19 adoptada por el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer se estableci\u00f3 que \u201clos Estados tambi\u00e9n pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violaci\u00f3n de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las v\u00edctimas\u201d. <\/p>\n
En este contexto, sentencias como la T-027\/17 de la Corte Constitucional reiteran que \u201cdebe precisarse que la violencia contra la mujer, -que puede entenderse como \u201ccualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, que le cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, econ\u00f3mico o patrimonial por su condici\u00f3n de mujer, as\u00ed como las amenazas de tales actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el \u00e1mbito p\u00fablico o en el privado ha alcanzado un nivel estructural en nuestra sociedad, pues ha trascendido del plano individual hacia un plano pol\u00edtico, social y econ\u00f3mico. La violencia contra la mujer, en el marco de la violencia intrafamiliar, se nutre de una discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica que asigna unos roles espec\u00edficos a cada g\u00e9nero, en la que predomina una posici\u00f3n dominante del g\u00e9nero masculino a trav\u00e9s de criterios de apropiaci\u00f3n y dominio de la mujer. Esta violencia, que se ejerce tanto desde el \u00e1mbito f\u00edsico como psicol\u00f3gico, pretende resquebrajar la autonom\u00eda e independencia de la mujer, y en el marco de los paradigmas y estereotipos, se tolera sin que haya una reacci\u00f3n social o estatal eficaz. Valga aclarar que este fen\u00f3meno, no ha sido ajeno a la administraci\u00f3n de justicia, pues las decisiones judiciales tambi\u00e9n han sido fuente de discriminaci\u00f3n contra la mujer al confirmar patrones de desigualdad. Para contrarrestar esta situaci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha introducido subreglas sobre c\u00f3mo deben analizarse los casos que involucren actos o medidas discriminatorias, reiterando la obligaci\u00f3n que tienen las autoridades judiciales de abarcar sus casos desde un enfoque diferencial de g\u00e9nero. <\/p>\n
Al respecto, en sentencia T-012 de 2016, se precis\u00f3 que las autoridades judiciales deben: <\/p>\n
\u201c(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem\u00e1ticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermen\u00e9utico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de g\u00e9nero; (iv) evitar la revictimizaci\u00f3n de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminaci\u00f3n, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas \u00faltimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un an\u00e1lisis r\u00edgido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a tr\u00e1mites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres\u201d. <\/p>\n
En este sentido, la existencia de agresiones mutuas entre familiares, debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer. El estereotipo de la mujer d\u00e9bil que no se defiende ante la agresi\u00f3n, es solo otra forma de discriminaci\u00f3n. La defensa ejercida por una mujer ante una agresi\u00f3n de g\u00e9nero, no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia. Las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero no pierden su condici\u00f3n de v\u00edctimas por reaccionar a la agresi\u00f3n, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando un hombre y una mujer se propician agresiones mutuas, en t\u00e9rminos generales, no est\u00e1n en igualdad de condiciones. La violencia contra la mujer est\u00e1 fundada en estereotipos de g\u00e9nero que les exige asumir roles espec\u00edficos en la sociedad, ajenos a la \u201cindependencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre\u201d y cercanos a la \u201cemotividad, compasi\u00f3n y sumisi\u00f3n de la mujer\u201d Y la obligaci\u00f3n del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica y estructural que motiva a la violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado enjuiciado valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que, se evidenciaba conflicto mutuo entre Rosa y Ner\u00f3n por lo que era pertinente impartir medidas de protecci\u00f3n bilaterales, as\u00ed como, a favor de sus menores hijos; asimismo, en aplicaci\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales en pro de la perspectiva de g\u00e9nero y de cara a la violencia econ\u00f3mica alegada fij\u00f3 cuota alimentaria a favor, no solo de los menores, sino tambi\u00e9n de la promotora y a cargo de Ner\u00f3n, la que de considerar deben ser reguladas, puede acudir a las instancias judiciales para tal fin, pues las mismas fueron provisionales. <\/p>\n
Ahora, resalta la Sala que, al margen de la discusi\u00f3n en torno al recaudo de la grabaci\u00f3n de la diligencia de 19 de abril de 2022, lo cierto es que verificada la misma, se establece que all\u00ed se garantiz\u00f3 el debido proceso y defensa a las partes, al punto que la promotora estuvo asistida por mandataria y ministerio p\u00fablico, quienes activaron las mecanismos id\u00f3neos de defensa, los que, incluso, prosperaron parcialmente ante el fallador de segunda instancia; de ah\u00ed que, no se evidencia el quebranto reclamado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11466-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66448","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66448\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}