STC11467-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11467-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 29 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Adri\u00e1n Eleuto Rodr\u00edguez Mart\u00ednez y Derly Yaneth Bar\u00f3n Mongu\u00ed contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de esa localidad y Promiscuo Municipal de Tuta; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidieron \u00abordenar rehacer la sentencia de primera instancia del proceso de oposici\u00f3n al deslinde\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Adri\u00e1n Eleuto Rodr\u00edguez Mart\u00ednez y Derly Yaneth Bar\u00f3n Mongu\u00ed promovieron acci\u00f3n de deslinde y amojonamiento contra Luz Marina Cifuentes Fonseca. <\/p>\n
2.2. El 4 de febrero de 2021, se adelant\u00f3 la diligencia de deslinde y se fij\u00f3 la l\u00ednea divisoria entre los dos predios involucrados, a la que se opuso la actora, que formaliz\u00f3 a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de la correspondiente demanda, que fue admitida con prove\u00eddo del 14 de marzo de 2019. <\/p>\n
2.3. Notificada la enjuiciada, contest\u00f3 el libelo, sin proponer excepciones. <\/p>\n
2.4. Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2020, se desech\u00f3 la oposici\u00f3n, ratificando el deslinde efectuado el 4 de febrero de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora, siendo confirmada con providencia del 3 de junio de 2021, fallo en el que, adem\u00e1s, se declararon probadas \u00ablas excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y de prescripci\u00f3n extintiva\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que \u00abel no an\u00e1lisis de las pruebas\u2026 arrimadas al proceso, gener[\u00f3] la violaci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb, toda vez que no se realiz\u00f3 \u00abning\u00fan an\u00e1lisis\u2026 probatorio de fondo y [se] manifiesta que las partes han convenido aceptar el dictamen\u2026, pero\u2026 no [se] analiza\u2026 en consonancia con las pretensiones\u00bb; y que el ad quem criticado reconoci\u00f3 \u00abuna excepci\u00f3n que fue propuesta en el tr\u00e1mite inicial [prescripci\u00f3n extintiva]\u2026 y no [en] el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n\u00bb, lo que vulnera el principio de congruencia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Rafael Eduardo Morales Jaime, quien dijo fungir \u00aben calidad de apoderado\u00bb de Luz Marina Cifuentes Fonseca, sin que aportara mandato que lo facultara para intervenir en el presente asunto, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tuta resalt\u00f3 que el juicio acusado \u00abse tramit\u00f3 de conformidad con las directrices del proceso de deslinde y amojonamiento y, en consecuencia\u2026, las actuaciones surtidas se ajustan a las directrices del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Luis Cifuentes Fonseca y Edgar Hern\u00e1n Escand\u00f3n Cort\u00e9s rindieron informe. <\/p>\n
4. La Procuradora 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Tunja precis\u00f3 que \u00ablas sentencias de primera y segunda instancia que se profirieron en el proceso [cuestionado], no se puede venir ahora a ventilar a trav\u00e9s del mecanismo de la acci\u00f3n de tutela\u00bb; y que la decisi\u00f3n del ad quem de \u00abpronunciarse sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva es intrascendente para el sentido de la decisi\u00f3n de segunda instancia y tampoco tiene el alcance de comprometer derechos fundamentales en la forma como lo plantean los accionantes\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00aben primera y segunda instancia se dieron decisiones razonables, argumentadas, justificadas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores del resguardo expresaron que el fallador de primera instancia, \u00abno analiz\u00f3 en debida forma las intervenciones, documentos y piezas procesales que hacen parte del proceso [criticado]\u00bb, lo que se impon\u00eda, comoquiera que \u00abse presentaron dos dict\u00e1menes periciales cuyo valor probatorio brill\u00f3 por su ausencia en las motivaciones y consideraciones de cada uno de los falladores\u00bb, comoquiera que \u00ablas sentencias se fundan en que la l\u00ednea divisoria est\u00e1 definida y que por ello no hay lugar al deslinde\u2026, omitiendo por completo las experticias que dan cuenta del incremento del \u00e1rea del terreno de la demandada y la disminuci\u00f3n en [su] predio\u2026\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que \u00abpor la naturaleza del tr\u00e1mite no procede la excepci\u00f3n propuesta y denominada prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, misma que incorrectamente fue [declarada] pr\u00f3spera en la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, de entrada, se precisa que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 3 de junio de 2021, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo de 2 de diciembre de 2021, a trav\u00e9s del que se resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n que se formul\u00f3 al deslinde realizado el 4 de febrero de 2021, pues fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate en torno a la fijaci\u00f3n de los linderos que reclamaron los demandantes en el juicio acusado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la prenotada providencia de 3 de junio de 2021 no luce arbitraria, comoquiera que la autoridad criticada explic\u00f3 las razones por las que no estaba llamada a prosperar la objeci\u00f3n planteada por los quejosos, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Frente al motivo de inconformidad planteado en el recurso de apelaci\u00f3n se ha de establecer: \u00bfCon el acervo probatorio se debe o no modificar el lindero se\u00f1alado por el a quo entre las partes en conflicto? <\/p>\n
La respuesta a ese interrogante es negativa por las siguientes razones: <\/p>\n
1. Los inmuebles en conflicto son producto de una partici\u00f3n que resulto de la sucesi\u00f3n de Luis Antonio Cifuentes Ni\u00f1o q.e.p.d. la cual se tramito en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja cuya sentencia de 26 de noviembre de 1981 se protocolizo 4 de febrero de 1987 en la Notaria Segunda del C\u00edrculo de Tunja. Desde esa \u00e9poca exist\u00eda un muro en ladrillo, al costado norte, del predio de los demandantes y ese era el lindero seg\u00fan declaraciones de Jaime Eduardo Cifuentes e Idal\u00ed Fonseca Vda. de Cifuentes, hermano y madre de Orlando Abel Cifuentes, quien vendi\u00f3 a los demandantes. No obstante, la evidente animadversi\u00f3n con Orlando Abel, a este fallador le ofrecen la mayor credibilidad pues sus dichos no fueron controvertidos, son los m\u00e1s autorizados para saber sobre los hechos y sus dichos se respaldan con el dictamen pericial de Jairo Enrique Monroy S\u00e1nchez y la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. La perturbaci\u00f3n o mejor el presente conflicto se inici\u00f3 con la demolici\u00f3n del muro que era el lindero entre los predios, sin embargo, curiosamente los demandantes presentaron querella policiva por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n porque no se les permit\u00eda continuar con la obra. Se tramito querella policiva en la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda de Tuta y all\u00ed se acredito que los demandantes, el 17 de abril de 2017, tumbaron el muro en ladrillo que constitu\u00eda el lindero del costado norte de los demandantes con el predio de Luz Mar\u00eda Cifuentes donde se ubica el garaje\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
\u2026 Orlando Abel Cifuentes solicito al IGAC rectificaci\u00f3n de \u00e1rea obteniendo la resoluci\u00f3n n\u00famero 15-837-0013-2015 la cual se\u00f1al\u00f3 con la extensi\u00f3n de los linderos una modificaci\u00f3n al statu quo, espec\u00edficamente en el costado norte. <\/p>\n
4. Los dict\u00e1menes periciales y la certificaci\u00f3n del IGAC indican errores en la cabida de los predios y con base espec\u00edficamente en la cabida, de \u00e9stos, la parte demandante pretende que esos metros que le faltan los tiene el predio de la demandada. El perito, Hubert Clodoveo Sandoval Mayorga, que por dem\u00e1s acredita idoneidad, experiencia, ofrece a este fallador certeza y una mejor compresi\u00f3n del problema, es as\u00ed como se\u00f1ala que las hijuelas presentan errores. En primer lugar, la de Flor Cecilia Cifuentes aparece con 12.60 mts y en realidad tiene 12.94 mts, es decir; 34 cms de diferencia. En, segundo lugar, a la hijuela de Orlando Abel Cifuentes por la carrera 8\u00aa le corresponden 22.59 mts (seg\u00fan plano), el lote ha sido segregado as\u00ed: Donde funciona el Agropunto tiene 8.99 mts, donde funciona la Ferreter\u00eda 6.52 mts para un total de 15.51. Son 22.59 mts – 15.51 mts = 7.08 mts y hoy solo tiene 6.66 metros. Seg\u00fan este dictamen los 34 cts. que le sobran a Flor Cecilia Cifuentes le est\u00e1n haciendo falta a Orlando Abel Cifuentes y as\u00ed tendr\u00eda 6.66 + 0.34 = 7 mts. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la parte gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, destac\u00f3 el juzgador, con base en el dictamen que le mereci\u00f3 mayor credibilidad, debido a la \u00abidoneidad y experiencia\u00bb del perito que lo rindi\u00f3, que las divergencias que se presentaban en las cabidas de los inmuebles en litigio, no se derivaban de la ubicaci\u00f3n del lindero disputado por los opositores, sino de las medidas establecidas en las hijuelas que se conformaron en la citada partici\u00f3n. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no encuentra la Corte arbitrariedad en que la delimitaci\u00f3n de los predios se hiciera teniendo en cuenta, especialmente, los linderos establecidos en la prenotada sentencia de partici\u00f3n y no los que se se\u00f1alaron en los t\u00edtulos a trav\u00e9s de los cuales se dividi\u00f3 uno de los predios adjudicados en dicho acto, en varias partes, para su venta, pues lo cierto es que tales negocios jur\u00eddicos no pod\u00edan variar las colindancias iniciales, pues \u00e9stas marcaban la limitaci\u00f3n del dominio que pose\u00eda el inicial propietario, quien no pod\u00eda transferir un derecho superior al que ten\u00eda. <\/p>\n
Entonces, si los demandantes consideran que la cabida del predio que adquirieron no coincide con la indicada en la compraventa a trav\u00e9s de la cual se hicieron de su dominio, es una cuesti\u00f3n que deben ventilar, por las v\u00edas pertinentes, con la persona que les transfiri\u00f3 el bien, siendo una cuesti\u00f3n ajena al proceso de deslinde y amojonamiento. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Ahora, respecto a la decisi\u00f3n del fallador del circuito acusado, de declarar probada la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n extintiva\u00bb, a pesar de que aquella no se formul\u00f3 al contestar la demanda a trav\u00e9s de la cual se formaliz\u00f3 la oposici\u00f3n que presentaron los all\u00ed actores, baste con decir que es una determinaci\u00f3n que resulta intrascendente de cara a los derechos fundamentales de los tutelantes, pues al determinarse que el alinderamiento llevado a cabo resultaba acertado, ello conllevaba a ratificar el dominio que ten\u00eda la demandada sobre el \u00e1rea en disputa y, por tanto, la improsperidad de la objeci\u00f3n planteada en el litigio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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