STC11468-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11468-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00316-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 28 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ana Beatriz Beltr\u00e1n Beltr\u00e1n contra los Juzgados Civil del Circuito de Villeta y Promiscuo Municipal de Sasaima; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad leg\u00edtima\u00bb, contradicci\u00f3n, leg\u00edtima defensa, igualdad y confianza leg\u00edtima, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que se disponga \u00abla revisi\u00f3n de las sentencias tanto de primera como de segunda instancia\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Juan de Dios Beltr\u00e1n promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra Jairo Alberto Beltr\u00e1n, Jorge Enrique Beltr\u00e1n, Luis Miguel, Ludovina, Luz Mar\u00eda, Carlos Eduardo, Ana Beatriz y Rosa Elena Beltr\u00e1n Beltr\u00e1n, en condici\u00f3n de herederos determinados de Gregorio Belarmino Beltr\u00e1n Beltr\u00e1n y Julia Mar\u00eda Beltr\u00e1n de Beltr\u00e1n. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 22 de julio de 2021, se declararon pr\u00f3speras las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 Ana Beatriz Beltr\u00e1n Beltr\u00e1n, siendo confirmada con providencia del 28 de enero de los corrientes. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00ablo que aduce\u2026 Juan de Dios Beltr\u00e1n\u2026 como actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u2026, son labores propias de su cargo de administrador\u00bb, quien obr\u00f3 de \u00abmala fe, ya que de forma unilateral se proclam\u00f3 no administrador sino due\u00f1o de la finca, desconociendo el derecho que le asist\u00eda a los verdaderos herederos\u00bb, aspectos que omitieron valorar los querellados; y que su antagonista \u00abse extralimit\u00f3 en sus funciones y deberes, al punto que bajo su propia responsabilidad se puso a invertir sus recursos en el predio, a edificar, cultivar, comprar ganado sin que mediara autorizaci\u00f3n y\/o aprobaci\u00f3n de alguno de los comuneros, o coherederos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que solicit\u00f3 el aplazamiento de la audiencia del 15 de enero de 2021, pero que \u00abtrascurridos los d\u00edas no se tuvo noticia alguna por parte del Juzgado sobre lo acontecido en esa fecha, si se hab\u00eda acogido la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n y\/o aplazamiento\u00bb; que dicha diligencia se adelant\u00f3 sin su presencia, a pesar de que exist\u00eda \u00abm\u00e1s de una raz\u00f3n de peso para que\u2026 fuera aplazada\u00bb, entre ellas, las derivadas de la pandemia que origin\u00f3 el virus Covid-19; y que no se decret\u00f3 la prueba trasladada que reclam\u00f3. <\/p>\n
2.5. De otro lado, esgrimi\u00f3 que, por las anotadas circunstancias, solicit\u00f3 la nulidad de lo surtido en la referida audiencia, que fue rechazada de plano con prove\u00eddo del 23 de febrero de 2021, decisi\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con auto del 13 de julio de 2021; que los juzgadores accionados desconocieron que \u00abprevio a iniciarse la acci\u00f3n de pertenencia\u2026 se hab\u00eda adelantado por\u2026 Ana Beatriz Beltr\u00e1n Beltr\u00e1n la apertura y tramite de proceso de sucesi\u00f3n de sus progenitores, que culmin\u00f3 con la adjudicaci\u00f3n de la totalidad del predio en su cabeza\u00bb, lo que \u00abconstituy\u00f3 un acto modificatorio o extintivo del derecho sustancial sobre el cual giraba la demanda de pertenencia, aspecto que puesto en conocimiento de [los enjuiciados], se le rest\u00f3 importancia\u00bb, dejando de lado que \u00abla misma norma estipula que la demanda debe ir dirigida contra el propietario\u2026 del inmueble reclamado en pertenencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Villeta precis\u00f3 que \u00abno se ha incurrido en v\u00eda de hecho, toda vez que\u2026 la actuaci\u00f3n surtida en esta instancia se acopla a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ya que las decisiones se tomaron conforme a la Ley\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima pidi\u00f3 negar el resguardo, \u00abpor cuanto la actuaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones que fueron adoptadas en el decurso del proceso [criticado] se ci\u00f1eron a la legalidad\u00bb. <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abning\u00fan reparo cabe hacer a la oficina judicial denunciada, ya que con argumentaci\u00f3n plausible y en el marco de un an\u00e1lisis jur\u00eddico respetable resolvi\u00f3 la disputa analizada, examen jur\u00eddico que adem\u00e1s anduvo guarnecido del abordaje de los requisitos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n invocada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la pr\u00e1ctica de la diligencia de 15 de enero de 2021 y la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en las sentencias que dirimieron el proceso de pertenencia objeto de censura constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se verifica que la actora cuestion\u00f3: (i) la legalidad de la audiencia de 15 de enero de 2021; y (ii) la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en las sentencias de 22 de julio de 2021 y 28 de enero de 2022. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, revisado el expediente contentivo del juicio criticado, encuentra la Sala que, por circunstancias an\u00e1logas, la quejosa reclam\u00f3 la nulidad de la prenotada diligencia de 15 de enero de 2021, que fue rechazada con prove\u00eddo de 23 de febrero de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la peticionaria de la invalidez, siendo confirmada con auto del 13 de julio de 2021. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que desde la fecha en que se dict\u00f3 la \u00faltima de las providencias rese\u00f1adas (13 de julio de 2021) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 13 de julio de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las quejas de la gestora, de entrada, se precisa que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 28 de enero de 2022, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo de 22 de julio de 2021, pues fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate en torno a la procedencia de la acci\u00f3n de pertenencia que promovi\u00f3 Juan de Dios Beltr\u00e1n. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la prenotada providencia de 28 de enero anterior no luce arbitraria, comoquiera que la autoridad criticada explic\u00f3 las razones por las que estaban llamadas a prosperar las pretensiones planteadas en el litigio criticado, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
De los anteriores derroteros legales se colige que el documento p\u00fablico de que trata el art\u00edculo 375 CGP, permite integrar el leg\u00edtimo contradictor, por cuanto precisa contra quien deber\u00e1 dirigirse el libelo de demanda y para el momento de la presentaci\u00f3n a\u00fan el inmueble de mayor extensi\u00f3n se encontraba en cabeza del causante era contra sus herederos que deb\u00eda impetrarse, tal y como ocurri\u00f3, sin que el cambio de titular de derecho de dominio modifique la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva o se configure una vulneraci\u00f3n al derecho de defensa, por cuanto, la opositora y ac\u00e1 apelante acudi\u00f3 al tr\u00e1mite para ejercer su derecho a la contradicci\u00f3n y se hizo presente como interesada en la contienda sin alegar calidad alguna de propietaria <\/p>\n
Se dice\u2026 por el apelante que pas\u00f3 por alto el juez de primer grado, que previo al inicio del tr\u00e1mite de usucapi\u00f3n estaba surti\u00e9ndose la liquidaci\u00f3n sucesoral del titular del derecho de dominio, situaci\u00f3n \u00e9sta que en modo alguno desdibuja la presencia del elemento analizado [que la pretensi\u00f3n recaiga sobre una cosa legalmente prescriptible]\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, resulta ser plausible que un tercero est\u00e9 en posesi\u00f3n de un bien inmueble perteneciente a una sucesi\u00f3n il\u00edquida como ocurre en el caso que nos ocupa y por ello no cambia la naturaleza de prescriptible de predio o impide el tr\u00e1mite del proceso de pertenencia y menos a\u00fan se configura en una causal de suspensi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.2. Contrario a lo dicho en la alzada se encuentra tambi\u00e9n acreditado dentro del asunto, que la porci\u00f3n perseguida corresponde a la misma que fuera identificada por el juez de conocimiento. En tanto que en la demanda se mencion\u00f3 de manera clara que lo pretendido es el predio rural que hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n con \u00e1rea de 17 hect\u00e1reas 2.767.07 metros cuadrados, \u201cinmueble que en adelante se denominar\u00e1 \u2018SAN JUAN DE TRES ESQUNAS\u2019\u201d, nombre que le fuera dado por el pretenso usucapiente a la porci\u00f3n perseguida. <\/p>\n
Resulta evidente pensar que la porci\u00f3n pretendida no corresponde a la alinderaci\u00f3n exacta del fundo de mayor extensi\u00f3n \u201cSAN LUIS DE CUATRO ESQUINAS\u201d, pues reit\u00e9rese lo pretendido en usucapi\u00f3n se segrega del predio \u201cSAN LUIS DE CUATRO ESQUINAS\u201d, situaci\u00f3n \u00e9sta que tambi\u00e9n se encuentra aceptada por la pasiva, en tanto, en su interrogatorio de parte inform\u00f3 que el demandante tiene una porci\u00f3n del lote y que hay un pedazo que fue enajenado por su progenitora a terceras personas, quienes en la actualidad viven all\u00ed, as\u00ed mismo esto se puso de presente por la testigo Melba Medina, quien compr\u00f3 parte del bien. <\/p>\n
Entonces la denominaci\u00f3n que el actor le dio a la porci\u00f3n pose\u00edda y el nombre del predio de mayor extensi\u00f3n, aunque tengan similitud son dos fundos diferentes y por ello no coincidentes. <\/p>\n
2.3. Con el fin de establecer si la parte demandante acredit\u00f3 que ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n alegada por el tiempo y en la forma establecidos en la ley sustancial para por su conducto ganar por prescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva de dominio la propiedad, es preciso hacer alusi\u00f3n a la prueba recaudada dentro del plenario, sin que sea de recibo los dichos de la demandada, correspondientes a que las pruebas por \u00e9l solicitadas no fueron atendidas, pues basta con revisar la audiencia que se adelant\u00f3 el 25 de agosto de 2020 y en ella se advierte que el a quo resolvi\u00f3 sobre las solicitudes probatorias de cada una de las partes y si bien, deneg\u00f3 algunas de las pedidas por la pasiva, era en esa etapa procesal que debi\u00f3 atacar la negativa y no a trav\u00e9s de la apelaci\u00f3n de la sentencia, cuando ya se encuentra m\u00e1s que fenecida la oportunidad. N\u00f3tese tambi\u00e9n que el extremo pasivo no se hizo presente en la audiencia del 15 de enero de 2021, fecha en la que se practicaron los testimonios decretados, de manera que dicho extremo no hizo uso de su derecho a interrogar y que mal puede a trav\u00e9s de la alzada promovida endilgarle negligencia el juez en las preguntas por \u00e9l efectuadas. <\/p>\n
Aunque aquellos no manifestaron nada sobre las personas que la habitaban las que conforme se inform\u00f3 en los interrogatorios son los demandados Rosa Elena, Ludovina y Luz Marina Beltr\u00e1n y quienes son iletradas, esta circunstancia no impide la prosperidad de las pretensiones, en tanto que si lo que se pretend\u00eda por la pasiva era demostrar alg\u00fan tipo de violencia sobre aquellos o su falta de capacidad mental, su actividad probatoria debi\u00f3 enfilarse en ese sentido, sin que ning\u00fan medio probatorio se allegara al respecto. <\/p>\n
Ac\u00e1 no se pierda de vista que, si bien se dijo por la pasiva que el demandante ingres\u00f3 al inmueble en calidad de administrador de los bienes relictos a trav\u00e9s de un contrato suscrito por todos los herederos, el cual no desconoci\u00f3 el actor. Lo cierto es que, el poseedor se revel\u00f3 ante las condiciones all\u00ed plasmadas y empez\u00f3 a reputarse due\u00f1o del fundo, situaci\u00f3n que la misma apelante acepta en su interrogatorio, habida cuenta de que acept\u00f3 que pag\u00f3 por \u00faltima vez el impuesto en el a\u00f1o 2008 y que lleg\u00f3 a defender el predio al iniciarse la sucesi\u00f3n de su progenitor en el a\u00f1o 2018. De manera que, aunque el actor ingres\u00f3 al fundo como mero tenedor su calidad mut\u00f3 y si se contabiliza desde la data del 2008 al momento en que se inici\u00f3 el proceso ya hab\u00eda trascurrido el t\u00e9rmino que la ley sustancial prev\u00e9 para usucapir. <\/p>\n
Puestas de este modo las cosas, valedero resulta se\u00f1alar que el predio pretendido en pertenencia contin\u00faa bajo la posesi\u00f3n del demandante y aunque si bien la pasiva inici\u00f3 la sucesi\u00f3n de su progenitor lo cierto es que la misma no interrumpe la posesi\u00f3n del pretenso usucapiente. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la parte gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
4.3. Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la entidad acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que se demostr\u00f3 que el demandante ostent\u00f3 la posesi\u00f3n del fund\u00f3 perseguido en usucapi\u00f3n, por el tiempo necesario para adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, precisando que si bien aqu\u00e9l obtuvo la tenencia del bien en virtud de contrato de administraci\u00f3n que suscribi\u00f3 con algunos de los demandados, lo cierto es que se prob\u00f3 que intervirti\u00f3 su t\u00edtulo de tenedor a poseedor, al desconocer el dominio de los propietarios inscritos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 el juzgador que, al momento de iniciarse el proceso, la demanda se dirigi\u00f3 contra los titulares de derechos reales sobre el bien perseguido y que, si bien en el trascurso del proceso la titularidad del dominio cambi\u00f3, ello no imped\u00eda dirimir de fondo el asunto, menos aun cuando la nueva propietaria intervino en el litigio y ejercit\u00f3 su derecho de defensa. <\/p>\n
4.4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4.5. Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4.6. Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11468-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11468-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00316-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}