STC11469-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11469-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ra\u00fal Danilo Romero Pab\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, los Juzgados Primero Penal del Circuito, Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, las Fiscal\u00edas Primera Seccional adscrita al Grupo Nacional de Investigaci\u00f3n y Judicializaci\u00f3n de Violencia contra Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes y 48 Seccional, autoridades todas de Cartagena, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los procesos atacados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, \u00aba recibir informaci\u00f3n\u00bb, \u00absolicitar, conocer y controvertir las pruebas\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Ra\u00fal Danilo Romero Pab\u00f3n se adelanta proceso penal por el delito de \u00abdemanda de explotaci\u00f3n sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os\u2026, en concurso material heterog\u00e9neo con el de concierto para delinquir, ambos agravados\u00bb (radicado 11001-60-000-00-2018-02211), quien se allan\u00f3 a cargos, siendo condenado con sentencia de 10 de septiembre de 2019 a 21 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo confirmada con providencia del 13 de marzo de 2020. <\/p>\n
2.2. Contra este \u00faltimo fallo el condenado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. De otro lado, contra Ra\u00fal Danilo Romero Pab\u00f3n se adelanta otro proceso penal \u00abpor el punible de acceso carnal violento\u00bb (radicaci\u00f3n 13001-60-011-29-2015-02872), tr\u00e1mite que se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda 48 Seccional de Cartagena. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la Fiscal\u00eda Primera Seccional, con miras a obtener su condena, \u00abtom\u00f3 del radicado\u2026 2015-02872\u2026 \u201centrevistas \u2013 declaraciones \u2013 examen forense\u201d y los hizo\u2026 valer ante el juez de control garant\u00edas, como si fueran los mismos hechos\u00bb, elementos de juicio que fueron tenidos en cuenta en las sentencias condenatorias dictadas en el proceso identificado con n\u00famero de radicaci\u00f3n 2018-02211, desconociendo que se trataba de v\u00edctimas y hechos diferentes. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La abogada Sorel Berena Mendoza Hern\u00e1ndez, quien fungi\u00f3 como defensora del accionante, solicit\u00f3 conceder el amparo. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 48 Seccional de Cartagena rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa localidad defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 que conoce del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso, el cual \u00abse encuentra en turno para\u2026 resolver si se admite o no la demanda de casaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 291 Judicial Primero Penal de Cartagena precis\u00f3 que \u00aben la medida en que existan mecanismos de defensa judicial por regla general no se activar\u00e1 ni tendr\u00e1 vocaci\u00f3n de an\u00e1lisis en sede constitucional el problema que se pretenda plantear\u00bb; y puso de presente que, en ocasi\u00f3n anterior, se promovi\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela, que tambi\u00e9n cuestionaba la legalidad de las sentencias condenatorias que aqu\u00ed acusa el actor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo decidi\u00f3 \u00abrechazar la demanda de tutela\u2026 por temeridad\u00bb, porque \u00abel aspecto que trae a la v\u00eda de tutela fue analizado previamente: i) por esta Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas en sentencia del 8 de septiembre de 2020 (Rad. 112333) en primera instancia; y ii) por la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia del 30 de octubre siguiente (STC9376-2020) en segunda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abninguna de las acciones constitucionales ya tramitadas, tuvo como objeto de an\u00e1lisis la pretensi\u00f3n actualmente reclamada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que no encuentra configurada la temeridad que declar\u00f3 el fallador de primera instancia, comoquiera que si bien, en esta oportunidad, se est\u00e1 cuestionando el mismo proceso penal, lo cierto es que las quejas que aqu\u00ed se plantean difieren a las que se elevaron como sustento del resguardo que se promovi\u00f3 en favor del promotor en ocasi\u00f3n anterior. <\/p>\n
En efecto, en el amparo formulado anteriormente, se criticaba que \u00abla fiscal asignada al asunto penal debatido, no le \u201c(\u2026) inform[\u00f3 a su agenciado] los aspectos temporales, desde cu\u00e1ndo se origin\u00f3 su comisi\u00f3n y hasta cu\u00e1ndo se extendi\u00f3, espacial (lugares, sitios) en donde el il\u00edcito tuvo presunta ocurrencia (\u2026)\u201d\u00bb, seg\u00fan se rese\u00f1o en la sentencia que dirimi\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, dicho asunto (CSJ STC9376-2020); mientras que aqu\u00ed el actor cuestion\u00f3 que el ente acusador present\u00f3, con miras a obtener su condena, elementos de juicio que pertenec\u00edan a otra investigaci\u00f3n, terminando condenado, seg\u00fan \u00e9l, por hechos y v\u00edctimas diferentes a los que fundaron la imputaci\u00f3n en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior y prosiguiendo con el estudio que corresponde de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que, al momento de interponerse la tutela, ni siquiera se hab\u00eda calificado la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el fallo condenatorio de segunda instancia que se pretende atacar. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos sean desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar en resolverse esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por el tutelante, aquella debi\u00f3 alegarse como soporte del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo que se muestran eficaz para subsanar tal situaci\u00f3n, pues de prosperar se ver\u00eda restablecida cualquier garant\u00eda que le hubiese sido vulnerada al actor. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
4. Cabe a\u00f1adir que no se desconoce que, mediante auto del 17 de agosto pasado, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia calific\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3 el tutelante, pero respecto de esa determinaci\u00f3n no puede ocuparse la Sala, pues se trata de un hecho nuevo, que no pudieron controvertir los intervinientes, por lo que un pronunciamiento de esta Colegiatura implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y defensa. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha indicado que <\/p>\n
\u2026 es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa. (CSJ STL, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; ratificada CSJ STC800-15). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones expuestas en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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