STC11471-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11471-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01197-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Walter Arley Osorio Quezada contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, los Juzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas y Tercero Penal Municipal de Conocimiento de Pereira; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00ablegalidad\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de las providencias cuestionadas\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. A trav\u00e9s de sentencia de 10 de marzo de 2015, Walter Arley Osorio Quezada fue condenado a 252 meses de prisi\u00f3n, \u00abcomo autor responsable de la comisi\u00f3n del delito de homicidio agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb. <\/p>\n
2.2. De otro lado, mediante fallo del 14 de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Conocimiento de Pereira conden\u00f3 a Walter Arley Osorio Quezada \u00aba la pena\u2026 de 24 meses de prisi\u00f3n, como autor responsable del delito de hurto calificado\u00bb. <\/p>\n
2.3. Con auto del 16 de febrero de 2018, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, acumul\u00f3 las prenotadas condenas, \u00abfijando como pena acumulada de 22 a\u00f1os, 4 meses, 24 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, Walter Arley Osorio Quezada solicit\u00f3 permiso para salir de prisi\u00f3n hasta por 72 horas, que le fue negado con providencia de 21 de septiembre de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el condenado, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del primero de febrero de esta anualidad. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas accionado \u00abacumul\u00f3 aut\u00f3nomamente las dos penas\u2026 cerrando las posibilidades de obtener alg\u00fan beneficio o subrogado penal como los ten\u00eda antes de dicha acumulaci\u00f3n\u00bb; y que en el proceso en el que fue condenado por el delito de \u00abhurto calificado\u00bb, no se \u00abpresentaron pruebas contundentes de p\u00e9rdida, da\u00f1o u otro para que hubiera sido consumado\u00bb, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 calificarse como \u00abtentativa\u00bb, por lo que solicit\u00f3 \u00abse realice un nuevo examen de este delito por el cual su modalidad [le impide] adquirir alg\u00fan tipo de beneficio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio precis\u00f3 que \u00abno se cumplen los requisitos generales y espec\u00edficos de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. La Personer\u00eda de Pereira defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el juicio criticado. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Chinchin\u00e1 remiti\u00f3 copia de la sentencia de 10 de marzo de 2015. <\/p>\n
6. El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira envi\u00f3 copia de la sentencia de 14 de diciembre de 2017. <\/p>\n
7. El abogado Gilberto Serna L\u00f3pez rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto, de un lado, no se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez, comoquiera que \u00abla decisi\u00f3n del Juzgado Tercero Penal Municipal de Conocimiento de Pereira\u2026 data del 14 de diciembre de 2017 y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 el 9 de junio de 2022, es decir, casi 4 a\u00f1os y 5 meses desde la presunta vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, destac\u00f3 que \u00abigualmente [se] desconoci\u00f3\u2026 el presupuesto de subsidiariedad que rige la acci\u00f3n de tutela, pues no acredit\u00f3 el agotamiento de los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para controvertir la decisi\u00f3n del Juzgado de Conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Respecto a las decisiones que negaron el permiso de 72 horas que declam\u00f3 el actor, manifest\u00f3 que \u00abno se configura ning\u00fan defecto violatorio del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, verifica la Sala que el promotor cuestion\u00f3: (i) la sentencia de 14 de diciembre de 2017, que lo conden\u00f3 a 24 meses de prisi\u00f3n por el delito de hurto calificado; (ii) el prove\u00eddo de 16 de febrero de 2018, que acumul\u00f3 dos penas a \u00e9l impuestas; y (iii) el auto de primero de febrero de los corrientes, que confirm\u00f3 el dictado el 21 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 el permiso de 72 horas que aquel solicit\u00f3. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a los dos primeros de esos reproches, verifica la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la \u00faltima de las providencias criticadas data del 16 de febrero de 2018. <\/p>\n
Entonces, desde esa \u00faltima fecha (16 de febrero de 2018) y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 8 de junio de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
4. Respecto a la \u00faltima de las quejas rese\u00f1adas, el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que el prenotado auto de primero de febrero de 2022, que confirm\u00f3 el que se dict\u00f3 el 21 de septiembre de 2021, a trav\u00e9s del que se neg\u00f3 el permiso de 72 horas que reclam\u00f3 el quejoso, no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal accionado expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba improcedente conceder la anotada prerrogativa al tutelante, respecto de lo que precis\u00f3 que: <\/p>\n
El art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal modificado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, consagra las exclusiones de los beneficios y subrogados Penales, para los delitos que all\u00ed determina, en el cual se encuentra incluido el delito de hurto calificado\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Inciso 2\u00b0 de la precitada norma, que fue igualmente modificado por el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1944 de 2018, pero en el que tambi\u00e9n se incluye dentro de los delitos excluidos el hurto calificado\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, en el caso particular\u2026, Walter Arley Osorio Quezada fue condenado en sentencia del 10 de marzo de 2015 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Chinchin\u00e1, Caldas, a la pena principal de 252 meses de prisi\u00f3n, como autor responsable de la comisi\u00f3n del delito de homicidio agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por hechos acaecidos el 4 de diciembre de 2013; y mediante sentencia del 14 de diciembre de 2017 emanada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, Risaralda, conden\u00f3 a\u2026 Walter Arley Osorio Quezada a la pena principal de 24 meses de prisi\u00f3n, como autor responsable del delito de hurto calificado, por sucesos acaecidos el 29 de marzo de 2014; ambas penas fueron acumuladas por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medias de Seguridad de Acac\u00edas, con auto del 16 de febrero de 2018, fijando como pena acumulada 22 a\u00f1os, 4 meses, 24 d\u00edas, lo que le permiti\u00f3 un beneficio al sentenciado de 7 meses y 6 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, dentro de las penas que fueron objeto de acumulaci\u00f3n por parte del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, se encuentra la impuesta por el delito de hurto calificado por sucesos acaecidos el 29 de marzo de 2014, quedando as\u00ed cobijados los hechos ocurridos en vigencia de la Ley 1709 de 20149, norma que proh\u00edbe cualquier subrogado o beneficio para personas condenadas por ese delito. <\/p>\n
Ahora bien, no es posible escindir los delitos por los que fue sentenciado y que permitir\u00edan su procedencia al no encontrarse dichas conductas dentro de los delitos excluidos, dado que al haber sido jur\u00eddicamente acumuladas esta se torna indivisible, pues as\u00ed lo estableci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1, radicado 106093 del 13 de agosto de 2019, M.P. Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier, al estudiar un caso similar, en el que se hab\u00eda acumulado jur\u00eddicamente varias penas, unas cometidas antes de la vigencia de la Ley 1709 de 2014, y otras en vigor de la precitada\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ninguna favorabilidad puede ser aplicada en el caso objeto de estudio, al haber sido debidamente acumuladas las condenas impuestas en sentencias del 14 de diciembre de 2017 y 10 de marzo de 2015, encontr\u00e1ndose dentro de una de ellas la conducta de hurto calificado en la que incurri\u00f3 el se\u00f1or Walter Arley Osorio Quesada, excluida de los beneficios y subrogados penales de conformidad con lo consagrado en el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal cuestionado interpret\u00f3 las normas que regulan la concesi\u00f3n del permiso de 72 horas y concluy\u00f3 que no era procedente otorgarle ese beneficio, toda vez que uno de los delitos por los que fue condenado el tutelante (hurto calificado), est\u00e1 excluido de la concesi\u00f3n de ese tipo de prerrogativas, sin que fuese posible escindir las diferentes conductas punibles por las que fue condenado, con miras a autorizar el prenotado permiso. <\/p>\n
Entonces, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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