STC11474-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11474-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02826-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Ramos Botero en contra de las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 110010204000201100131. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a la libertad. <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito inicial, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 9 de junio de 2010, cuando el tutelante era Gobernador de Antioquia, Juan Carlos Sierra Ram\u00edrez -alias El Tuso Sierra, \u00abcondenado por varios delitos que lo relacionaban con las autodefensas\u00bb, refiri\u00f3 que el actor hab\u00eda recibido financiaci\u00f3n para su campa\u00f1a al Senado de la Rep\u00fablica por parte de grupos ilegales. <\/p>\n
2.2. Por ello, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en auto de 1 de febrero de 2011, inici\u00f3 la investigaci\u00f3n correspondiente en contra del accionante; el 27 de agosto de 2013 abri\u00f3 siguiente instrucci\u00f3n; el 30 de agosto y el 5 de septiembre del mismo a\u00f1o lo vincul\u00f3 al proceso penal, le defini\u00f3 su situaci\u00f3n jur\u00eddica y le impuso una medida de aseguramiento, como presunto autor del \u00abdelito de concierto para delinquir agravado\u00bb; el 24 de febrero de 2014 se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada el 29 de abril posterior; y el 19 de enero de 2015 inici\u00f3 la audiencia de juzgamiento. <\/p>\n
2.3. El 18 de enero se promulg\u00f3 el Acto Legislativo 1 de 2018, que estableci\u00f3 la doble instancia para los aforados constitucionales y la separaci\u00f3n de las etapas de instrucci\u00f3n y juzgamiento, raz\u00f3n por la cual el 19 de julio de 2018, tras varias vicisitudes1, el expediente fue enviado a la Sala Especial de Primera Instancia. <\/p>\n
2.4. El 20 de enero de 2018, Noticias Uno \u00abpublic\u00f3 un proyecto de sentencia condenatoria\u00bb en contra del procesado, raz\u00f3n por la cual interpuso una tutela2 que fue seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional y decidida con sentencia SU-274 de 2019, en la que se constat\u00f3 que la filtraci\u00f3n hab\u00eda lesionado sus garant\u00edas superiores, se dispuso la compulsa de copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, seg\u00fan su dicho, se \u00abcondicion\u00f3 la continuidad del tr\u00e1mite del proceso judicial (\u2026) a que se estableciera la responsabilidad penal por la filtraci\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
2.5. El 30 de julio de 2020, el se\u00f1or Ramos Botero recus\u00f3 a un magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia, por virtud de una nueva filtraci\u00f3n de la ponencia condenatoria, lo cual fue rechazado el 5 y el 18 de agosto siguientes. Por ese hecho present\u00f3 otra tutela, a la que accedi\u00f3, en segunda instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ordenando al magistrado de conocimiento \u00absepararse de la funci\u00f3n de (\u2026) ponente\u00bb; no obstante, la Corte Constitucional, en sede de selecci\u00f3n, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, pero declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos por la filtraci\u00f3n del borrador de la sentencia4. <\/p>\n
Igualmente, el impedimento manifestado por esa causa por el magistrado cognoscente fue desestimado el 30 de agosto de 2021 por la Sala Especial de Primera Instancia, determinaci\u00f3n confirmada el 20 de septiembre del 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal; asimismo, la recusaci\u00f3n formulada en su contra por el tutelante, por haber emitido concepto en una entrevista dada a un medio de prensa, se descart\u00f3 en auto de 30 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.6. El 1 de octubre siguiente, la Sala Especial de Primera Instancia lo declar\u00f3 responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales y lo conden\u00f3 a 95 meses de prisi\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso e inhabilidad vitalicia para ocupar cargos p\u00fablicos, le impuso una multa de 7749.65 s.m.l.m.v. y neg\u00f3 los subrogados penales5. Esta decisi\u00f3n fue confirmada el 20 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3. El censor tacha de irregular las decisiones de fondo adoptadas, porque incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que: (i) lo condenaron por un delito \u00abque no exist\u00eda en el ordenamiento jur\u00eddico en el momento de la condena\u00bb6; (ii) se le sancion\u00f3 \u00absin que se configuraran los elementos del tipo penal del concierto para delinquir\u00bb7; y (iii) las sentencias dictadas \u00abno aplicaron las normas constitucionales y jurisprudenciales sobre el derecho a la paz y la obligaci\u00f3n de buscarla que tienen todos los funcionarios p\u00fablicos\u00bb8. <\/p>\n
Adujo que las decisiones de instancia estaban inmersas en defecto f\u00e1ctico, en tanto los fallos proferidos fundaron la condena en \u00abpruebas il\u00edcitas\u00bb, en una \u00abapreciaci\u00f3n irrazonable\u00bb de \u00abpruebas cuestionables\u00bb y en elementos de juicio de referencia prohibidos por la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente, \u00abaplicable en virtud del principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
En torno a estos aspectos, la acusaci\u00f3n la desarrolla aduciendo, en primer t\u00e9rmino, que las sentencias fustigadas se apoyaron en \u00abgran medida [en el] contexto de los nexos entre grupos de autodefensas y sectores pol\u00edticos, sociales y econ\u00f3micos en el departamento de Antioquia a finales de los a\u00f1os 90 y comienzos del milenio\u00bb, siendo ese proceder abiertamente inconstitucional, ilegal y violatorio de sus derechos de defensa y presunci\u00f3n de inocencia, habida cuenta que el ordenamiento jur\u00eddico proscribe la utilizaci\u00f3n de la \u00abprueba de contexto\u00bb para deducir cualquier tipo de \u00abresponsabilidad penal individual\u00bb. En segundo lugar, acota que los testimonios recaudados9 y que sirvieron de sustento a los querellados para condenarlo eran \u00abfalsos, cuestionables y contradictorios\u00bb. <\/p>\n
Advierte que se soslayaron elementos de convicci\u00f3n \u00abfehacientes\u00bb10 que daban cuenta que \u00e9l no particip\u00f3 en acuerdo alguno con las autodefensas. <\/p>\n
A su vez, expone que se configur\u00f3 un defecto procedimental, dado que, \u00aben abierta violaci\u00f3n de la separaci\u00f3n entre instrucci\u00f3n y juicio, establecida por el Acto Legislativo 1 de 2018\u00bb, la Sala Especial de Primera Instancia no tramit\u00f3 la \u00abetapa del juicio [por cuanto se gestion\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal]\u00bb ni sus magistrados \u00abproyectaron la sentencia\u00bb. Lo anterior, a pesar de habersele puesto ello de presente el 19 de enero de 2018 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y plantearse ese reparo en la apelaci\u00f3n propuesta contra el fallo de primera instancia, no fue contestado por el ad quem. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostiene que los accionados violentaron directamente la Carta Pol\u00edtica y, de modo particular, los principios de \u00abimparcialidad\u00bb y de \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, al \u00abnegarse a reparar la vulneraci\u00f3n de (\u2026) derechos [que] fue reconocida por la Honorable Corte Constitucional en las Sentencias SU-274 de 2019 y SU-174 de 2021\u00bb. Esto, dado que ni los impedimentos ni las recusaciones planteadas al interior del juicio salieron avante, a despecho de que se estableci\u00f3 que la filtraci\u00f3n de los proyectos de las sentencias a los medios de comunicaci\u00f3n conculc\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. En escrito allegado el 24 de agosto pasado, el accionante solicit\u00f3 tener en cuenta, para la definici\u00f3n del amparo constitucional invocado, la \u00abprueba sobreviniente\u00bb contenida en la condena impuesta a Andr\u00e9s de Jes\u00fas V\u00e9lez Franco el 23 de agosto de los corrientes por el Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, por el delito de falso testimonio, en \u00abconcurso homog\u00e9neo y sucesivo y en concurso heterog\u00e9neo con el punible de fraude procesal, por testimonios rendidos ante la Corte Suprema de Justicia en los a\u00f1os 2010 y 2011, en contra de la entonces expresidenta del Senado, Nancy Patricia Guti\u00e9rrez\u00bb; dato \u00e9ste que, en opini\u00f3n del gestor, demuestra que ese sujeto es proclive a emitir declaraciones que no son reales, \u00ablo que es una evidencia m\u00e1s de que las aseveraciones rendidas en mi contra no son m\u00e1s que falsas, contradictorias y cuestionables\u00bb y, adem\u00e1s, refuerza que las autoridades querelladas incurrieron en una \u00abapreciaci\u00f3n irrazonable de los testigos (\u2026) en mi contra (\u2026) en raz\u00f3n de que dieron por cierto el testimonio confuso, impreciso y sin delimitar condiciones de tiempo, modo y lugar del se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas V\u00e9lez Franco\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, solicita que se dejen sin efectos los fallos condenatorios dictados en ambas instancias, para que se tramite el proceso \u00abde forma imparcial\u00bb, de conformidad con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2018. En subsidio, exige que se profiera una sentencia \u00abde primera instancia\u00bb que no \u00abincurra en los defectos en que incurrieron las sentencias impugnadas\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y afirm\u00f3 que la tutela no era el mecanismo para efectuar una nueva valoraci\u00f3n del caso del accionante, m\u00e1xime que los reparos planteados en esta sede fueron resueltos en las oportunidades legales y por las autoridades competentes. <\/p>\n
En escrito arrimado el 30 de agosto pasado, se pronunci\u00f3 acerca de la adici\u00f3n de la tutela, e indic\u00f3 que tampoco los argumentos all\u00ed vertidos estaban llamados a prosperar, habida cuenta que el se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas V\u00e9lez Franco fue declarado penalmente responsable en un juicio completamente distinto al ahora escrutado; adem\u00e1s, la condena impuesta al aqu\u00ed tutelante se fund\u00f3 en otras pruebas, distintas a la declaraci\u00f3n rendida por aqu\u00e9l. <\/p>\n
2. La Sala Especial de Primera Instancia adujo que no se configur\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria con desconocimiento de la normativa aplicable ni el defecto sustantivo alegado por inexistencia del delito. Precis\u00f3 que cuando entr\u00f3 el acto legislativo en vigencia el juicio ya hab\u00eda culminado y, por ende, no pod\u00eda surtirse nuevamente, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887. Destac\u00f3 que el hecho de que el tutelante no compartiera lo definido sobre los impedimentos y recusaciones no viabiliza la tutela y que no estaban acreditados los requisitos de procedibilidad de este instrumento. <\/p>\n
El 31 de agosto anterior hizo referencia a la complementaci\u00f3n del amparo que efectuare el actor constitucional, oponi\u00e9ndose a que lo all\u00ed manifestado tornare procedente el auxilio implorado. Esto, en tanto (i) los hechos por los cuales \u00abal parecer\u00bb fue condenado Andr\u00e9s V\u00e9lez Franco no ten\u00edan relaci\u00f3n con los juzgados en el decurso confutado; y (ii) la sanci\u00f3n impuesta a aqu\u00e9l no descalificaba, per se, su testificaci\u00f3n, ni lo inhabilitaba para declarar. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el impulsor exige que se deje sin efectos el fallo de 1 de octubre de 2021, proferido por la Sala Especial de Primera Instancia, que lo declar\u00f3 penalmente responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, as\u00ed como el de 20 de abril de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que confirm\u00f3 \u00edntegramente -y en sede de apelaci\u00f3n- aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n centrar\u00e1 su examen en \u00e9sta \u00faltima providencia, en vista de que fue a trav\u00e9s de ella que qued\u00f3 definida la disputa y establecida, de manera definitiva, la responsabilidad criminal del aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
3. Pues bien, revisada la actuaci\u00f3n censurada, se observa que la autoridad accionada expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda mantenerse la sentencia dictada en primera instancia. <\/p>\n
3.1. De cara a los reproches enfilados a que, inmediatamente entrado en vigor del Acto Legislativo 01 de 2018, el proceso debi\u00f3 remitirse a las Salas Especializadas, porque la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal hab\u00eda perdido competencia para seguirlo gestionando, la autoridad convocada precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Por los antecedentes acotados inicialmente se conoce que el proceso seguido en contra de Luis Alfredo Ramos Botero como aforado constitucional, fue adelantado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema con estricto arreglo a la regulaci\u00f3n vigente y contenida en la Ley 600 de 2000, por expreso mandato del Art.533 de la Ley 906 de 2004, precepto de acuerdo con el cual los asuntos se\u00f1alados en el Art.235.3 de la Constituci\u00f3n, esto es, los procesos penales adelantados contra miembros del Congreso deb\u00edan seguirse bajo los lineamientos rituales de la referida Ley 600; procedimiento \u00e9ste que, a su vez, deb\u00eda cursar en \u00fanica instancia por as\u00ed preverlo normas superiores, conforme a la hermen\u00e9utica en esta materia fijada por la Corte Constitucional, como se constata, entre otros, en los asuntos T-1246 de 2008, SU-811 de 2009, T-146 de 2010, SU-195 de 2012 y SU-198 de 2013, bajo el claro entendido que antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo de 2018, esta clase de actuaciones no conllevaba vulneraci\u00f3n de normatividad superior alguna, pues su curso en \u00fanica instancia era el adecuado a la normativa constitucional patria vigente. <\/p>\n
Imperativo igualmente se\u00f1alar que, con posterioridad al 18 de enero de 2018, fecha para la cual ya hab\u00eda culminado la audiencia p\u00fablica e ingresado el proceso a despacho para emitir sentencia, no hubo absolutamente ninguna actuaci\u00f3n procesal en este expediente, como no pod\u00eda suceder dado el estanco procesal en que se encontraba. Y que solamente la Sala Penal se pronunci\u00f3 para ratificar, refrendar o reafirmar por mayor\u00eda de sus integrantes su competencia para proferir sentencia en este asunto\u2026 <\/p>\n
7. En todo caso, de manera profusa, hubo la Corte de pronunciarse a partir de la entrada a regir del Acto Legislativo 01 de 2018, en el sentido de advertir que el mandato contenido en dicha reforma constitucional no supon\u00eda ipso facto el decaimiento de las competencias y responsabilidades propias de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, toda vez que el hecho de la promulgaci\u00f3n de tal normativa no entra\u00f1aba la entrada en funcionamiento de las nuevas Salas Especiales creadas, pues, como era material y racionalmente entendible, el per\u00edodo en tr\u00e1nsito hasta la conformaci\u00f3n de las listas de candidatos a las mismas, su elecci\u00f3n, posesi\u00f3n y consiguiente discernimiento de nuevas competencias, no pod\u00eda implicar la cesaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de aquellos procesos que ya ten\u00edan existencia jur\u00eddico-procesal. Esta fue la \u00fanica tesis sostenida por la Sala en forma reiterada en los prove\u00eddos Rad. 51142, 37395, 50969, 39768, 35215, 47188, 32785, 52029, 49315 de 2018 y 54795 de 2019, entre muchos otros. <\/p>\n
8. Para abundar en razones sobre la postura que se cita y prevalece, tambi\u00e9n la Corte se pronunci\u00f3, haciendo adem\u00e1s notar que el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Penal fue respaldado por la Corte Constitucional, con lo cual, desde luego, queda al propio tiempo despejado cualquier reparo sobre la juridicidad de la soluci\u00f3n implementada, para mantener vigentes los principios superiores del derecho y la administraci\u00f3n de justicia en estos casos (\u2026). <\/p>\n
Fue con fundamento en lo antelado que concluy\u00f3 que no exist\u00eda reparo alguno \u00aben orden al tr\u00e1mite que se ha dado a este proceso desde la perspectiva de la competencia ejercida en cada momento para su adelantamiento y decisi\u00f3n final\u00bb. <\/p>\n
3.2. Acerca de la incidencia de las filtraciones de los proyectos de las sentencias condenatorias y su aptitud para provocar la separaci\u00f3n del conocimiento del asunto de algunos magistrados que ven\u00edan conociendo la causa, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, despu\u00e9s de referirse a lo resuelto en las sentencias CC SU-274 de 2019 y CC SU-174 de 2021 de la Corte Constitucional, expuso: <\/p>\n
\u2026como fue resuelto con toda claridad por la Corte Constitucional en la decisi\u00f3n referida, la separaci\u00f3n autom\u00e1tica del Magistrado resultaba inadmisible, en la medida en que el supuesto en que se afianz\u00f3 no est\u00e1 erigido legalmente como causal impedimento y la circunstancia de que se expusiera al conocimiento p\u00fablico el proyecto de sentencia sin tratarse de un hecho directa y comprobadamente atribuible a la autoridad judicial, no pod\u00eda ser admitido como un instrumento litigioso jur\u00eddico para provocar su inhabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026el hecho de su revelaci\u00f3n no posibilita presumir que ha sido la autoridad cognoscente quien ha franqueado el sigilo legal, que fue, precisamente, la inusitada presunci\u00f3n que se vali\u00f3 la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para tutelar los derechos del actor. <\/p>\n
En esta materia, el amparo a los derechos del doctor Ramos Botero excluy\u00f3 separar del conocimiento al Magistrado Torres Rojas, por no configurarse una situaci\u00f3n objetiva de afectaci\u00f3n de su imparcialidad, s\u00f3lo admisible cuando se demuestra que ha sido el juez responsable de la filtraci\u00f3n y de ello no exist\u00eda prueba alguna en este caso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el mismo t\u00f3pico, puso de presente que m\u00faltiples fueron los pronunciamientos emitidos para resolver los reparos del actor cimentados en la falta de imparcialidad de los magistrados cognoscentes, por la infracci\u00f3n de la reserva del sumario: <\/p>\n
Precisamente, en orden al ejercicio de tal protecci\u00f3n, el 14 de julio de 2020, el doctor Ramos Botero manifest\u00f3 a la Sala de Primera Instancia que se hab\u00eda producido informaci\u00f3n en Noticias 1, de acuerdo con la cual exist\u00eda un proyecto de sentencia condenatoria en su contra, solicitando se ratificara o desmintiera la misma. El d\u00eda 23 de dicho mes (\u2026) se le dio respuesta advirtiendo que cualquier tema relacionado con un proyecto era, justamente, reservado. <\/p>\n
El 8 de septiembre de 2020, un nuevo escrito de recusaci\u00f3n fue presentado por el doctor Ramos Botero en contra de la Sala Especial de Primera Instancia, mismo rechazado por los Magistrados Torres Rojas y Caldas Vera a trav\u00e9s de sendos autos calendados el 14 de septiembre (\u2026). Integrada Sala de Conjueces, por auto del 28 de septiembre ratificaron la manifestaci\u00f3n de los funcionarios titulares, declarando \u201cinfundada\u201d la recusaci\u00f3n aducida en su contra (\u2026). <\/p>\n
Finalmente, retornado en los t\u00e9rminos de la sentencia SU174 el proceso a conocimiento del Magistrado Torres Rojas, el 24 de agosto de 2021 se declar\u00f3 impedido en orden a precaver cualquier temor sobre la estricta imparcialidad de sus funciones jurisdiccionales. Por auto de agosto 30 de 2021, los restantes integrantes de la Sala Especial, declararon infundado el impedimento (\u2026). Esta decisi\u00f3n fue ratificada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en su prove\u00eddo del 20 de septiembre posterior. <\/p>\n
Una nueva recusaci\u00f3n fue promovida por el doctor Ramos Botero en contra del Magistrado Torres Rojas el 24 de septiembre, misma que no fue aceptada por el funcionario el 28 de esa calenda y declarada infundada por los dem\u00e1s integrantes de la Sala Especial el d\u00eda 30. <\/p>\n
Con la vista puesta en ello, concluy\u00f3: <\/p>\n
14. Consolidado el amparo de los derechos del doctor Ramos Botero en los t\u00e9rminos indicados a trav\u00e9s de los mecanismos legales y constitucionales habilitados para el efecto, la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual se ha puesto en ciernes la indemnidad estricta del derecho a ser juzgado con imparcialidad, contrata con el ejercicio de aquellos medios que han estado adecuadamente encaminados a garantizarla. <\/p>\n
Se ha glosado en detalle la multiplicidad de postulaciones que en tal direcci\u00f3n han sido empleadas, llegando incluso a solicitar a la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia SU174 de 2021\u2026 <\/p>\n
El hecho de que el apelante discrepe de las decisiones que se han adoptado frente a cada una de sus pretensiones, orientadas como han estado esencialmente a procurar sustituir a su juez con el indefinido argumento de persistir parcialidad de su parte, o que una vez m\u00e1s al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n sostenga que la prueba del quebranto de la garant\u00eda de imparcialidad proviene de las decisiones en que la han sido denegadas, hace evidente la falta de raz\u00f3n que le asiste. <\/p>\n
3.3. Sobre la tipicidad y la adecuaci\u00f3n de la conducta desplegada por el aqu\u00ed gestor al punible por el cual se le acus\u00f3, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tras referirse al contenido normativo del precepto 340 del C\u00f3digo Penal -con la modificaci\u00f3n que le introdujo el art\u00edculo 8 de la Ley 733 de 2002- y los presupuestos del delito, relacionar la jurisprudencia que consider\u00f3 aplicable y hacer referencias a la violencia que azot\u00f3 varias regiones del pa\u00eds derivada del fen\u00f3meno paramilitar y sus nexos con la clase pol\u00edtica y su incidencia en los procesos electorales, adujo: <\/p>\n
23. Para abordar este aspecto que se relaciona directamente con los nexos existentes entre el procesado Ramos Botero y algunas facciones integrantes del paramilitarismo o de quienes conocieron dicho v\u00ednculo y que de la misma manera afianzan el grado de proximidad habido entre ambos extremos del concierto imputado, es imprescindible comenzar por destacar que fue precisamente en el Departamento de Antioquia, como de ello da cuenta la historia judicial que lo atestigua inocultablemente en donde emergieron con abrumadora fuerza grupos armados ilegales, autodefensas o carteles de la droga, que culminaron por adherir a diversos actores pol\u00edticos y desencadenaron en bandas o combos que a\u00fan a la fecha constituyen motivo de desestabilidad social… <\/p>\n
Sobre la influencia en apoyos proselitistas en concreto, derivados del acuerdo ilegal, no dejan margen a dudas en este proceso las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano a. Don Berna, Rodrigo P\u00e9rez \u00c1lzate a. Juli\u00e1n Bol\u00edvar, Freddy Rend\u00f3n Herrera a. Alem\u00e1n, Iv\u00e1n Roberto Duque a. Ernesto B\u00e1ez, Pablo Hern\u00e1n Sierra a. Alberto Guerrero, Herbert Veloza a. HH y Ra\u00fal Emilio Hazbun a. Pedro Bonito\u2026 <\/p>\n
De este v\u00ednculo o nexo entre diversos grupos armados al margen de la Ley aglutinados como paramilitares, obran profusos testimonios, a trav\u00e9s de los cuales se logr\u00f3 conocer que en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales o a sus campa\u00f1as pol\u00edticas, por ser considerado af\u00edn a su causa en el prop\u00f3sito que los hizo incidentes en la realidad y din\u00e1mica de nuestras instituciones, con particular \u00e1mbito de afectaci\u00f3n en el Departamento de Antioquia y su capital\u2026 <\/p>\n
En este sentido, no est\u00e1 de m\u00e1s precisar que si bien el apoyo pol\u00edtico a una campa\u00f1a no es en s\u00ed mismo delictivo, sin duda adquiere tal car\u00e1cter cuando se ofrece por un grupo armado que controla y tiene poder general en un sector de potenciales electores; con mayor raz\u00f3n cuando como sucede en el presente asunto, el acceso a zonas determinadas de poblaci\u00f3n o para hacer pol\u00edtica, s\u00f3lo era posible si el grupo armado lo permit\u00eda, o en todo caso con su aquiescencia, medida en la cual resulta evidente que los apoyos en ese sentido recibidos por el procesado, a su vez promotor de esos grupos armados, lo fueron consiguientemente y sin duda, a trav\u00e9s de la forzosa afectaci\u00f3n de mecanismos de participaci\u00f3n democr\u00e1tica. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 de los reproches enfilados a la exclusi\u00f3n de algunos testimonios, que plantearan los apelantes, ataques que desestim\u00f3, por cuanto: <\/p>\n
\u2026ning\u00fan reparo a priori puede admitirse, como se ha procurado por la defensa t\u00e9cnica y material en este proceso, que sustraiga del plexo probatorio algunos testimonios, fundado en el hecho de ser quienes han declarado en contra del procesado Ramos Botero, en su mayor\u00eda ex integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley y por ende condenados por delitos ejecutados durante esa militancia. <\/p>\n
Dado el car\u00e1cter bilateral del acuerdo ilegal subyacente al delito de concierto imputado, dif\u00edcilmente alguien que no hiciera parte o estuviera cerca de los extremos delictivos inmersos en dicho pacto podr\u00eda declarar sobre los hechos que lo configuran… <\/p>\n
Por ende, la condici\u00f3n de delincuente confeso no niega ni debilita autom\u00e1ticamente la credibilidad de un testigo, ni haber sido declarado penalmente responsable per se lo mengua\u2026 <\/p>\n
Tampoco debe tolerarse tal efecto, a trav\u00e9s del mecanismo relacionado con procurar desacreditar la veracidad de un testigo utilizando con dicho prop\u00f3sito un instrumento paralelo litigioso consistente en sistem\u00e1ticamente denunciar a cuantos han declarado en contra de los intereses del procesado, lo anterior desde el lugar com\u00fan de afirmar tener fuente sus revelaciones en lo que se ha dado en llamar con esa generalidad que quiere abarcar y descalificarlo todo, un imaginario y amorfo \u201ccartel de falsos testigos\u201d. <\/p>\n
Mucho menos ante la clara circunstancia de que en relaci\u00f3n con cuantos han declarado en esta actuaci\u00f3n, nada evidencia ventajas personales o procesales de haber consolidado imputaciones a terceros, ni se acreditan concretos y reales beneficios punitivos surgidos de sus atestaciones. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, la Sala de Casaci\u00f3n Penal centr\u00f3 su atenci\u00f3n en declaraciones rendidas por diversas personas11, as\u00ed como las del propio Ramos Botero, a cada una de las cuales -dicho sea de paso- se ocup\u00f3 de se\u00f1alarles el m\u00e9rito que les atribu\u00eda y de despachar los reparos que frente a algunas de ellas ten\u00edan los recurrentes; fruto de ese labor\u00edo, determin\u00f3 que estaba <\/p>\n
\u2026plenamente acreditado, no solamente que el cometido de la reuni\u00f3n urdida con sujetos al margen de la ley en relaci\u00f3n con los Congresistas que participaron de la misma se cumpli\u00f3 a cabalidad, sino que el apoyo en las pretensiones que les fueron expresadas se consolid\u00f3 completamente, sin que desde luego se ponga en duda con hechos posteriores que escaparon de su dominio, pues conforme lo reconocieron los miembros de las AUC, la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por parte de la Corte a la norma de sedici\u00f3n no era algo con lo que se contara en manera alguna y mucho menos que enseguida se produjera la extradici\u00f3n a los Estados Unidos de Am\u00e9rica de muchos de sus miembros, todo lo cual se recaba, no desdice por supuesto del hecho acreditado de revelarse un acuerdo con paramilitares desde a\u00f1os atr\u00e1s, mismo que en relaci\u00f3n con la velada referida, encontr\u00f3 sustento para sus finalidades frente a la Ley posteriormente aprobada. <\/p>\n
A Ramos Botero no se le ha deducido responsabilidad penal en la decisi\u00f3n impugnada en relaci\u00f3n con el delito que se le ha imputado respecto de la reuni\u00f3n de Bellanita, simplemente por no haber tenido aval del Gobierno Nacional, contraviniendo el mandato de la Ley 782 de 2002, como lo sugiere la defensa. La ilegalidad de ese hecho emerge de estar constatado que tal encuentro hizo inocultable el compromiso o connivencia existente entre el pol\u00edtico y los miembros del paramilitarismo, desde varios a\u00f1os atr\u00e1s y que propugnaba consolidar su apoyo o promoci\u00f3n de tales grupos delincuenciales. <\/p>\n
Est\u00e1 probado que el Congresista acudi\u00f3 a dicha reuni\u00f3n con conocimiento pleno del objeto de la misma y el hecho de que se procuraba sustentara la causa paramilitar, ahora jugada frente a un acuerdo de paz que deb\u00eda consolidarse con efectos jur\u00eddicos a trav\u00e9s de la Ley que se debat\u00eda en el Congreso de la Rep\u00fablica\u2026 <\/p>\n
51. Como qued\u00f3 visto, el examen en extenso de este encuentro en la finca Bellanita, aunque pudiera revelar una finalidad aparentemente l\u00edcita por referirse al tr\u00e1mite de la Ley de Justicia y Paz que persegu\u00eda la desmovilizaci\u00f3n de grupos armados, ha permitido no solamente como era necesario, responder uno a uno los argumentos relacionados con su acaecimiento, fundamento legal o prop\u00f3sitos expuestos por la defensa t\u00e9cnica y el procesado; sino esencialmente, desde luego, hacer evidente la relaci\u00f3n existente entre el procesado y el grupo paramilitar, pues a la vez que desdice del aparente fin loable impl\u00edcito, en realidad, tal reuni\u00f3n tuvo por cometido, como se advirti\u00f3, que los integrantes de dicha organizaci\u00f3n al margen de la ley obtuvieran, adem\u00e1s, un status pol\u00edtico, mismo que les asegurara impunidad a trav\u00e9s de la tipificaci\u00f3n de sus conductas como sedici\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, no era l\u00edcita esa finalidad, como se ha develado, cuando ni m\u00e1s ni menos no solo conllev\u00f3 a la exaltaci\u00f3n y enaltecimiento de individuos al margen de la ley, estableciendo un inaudito trato sim\u00e9trico, sino que deriv\u00f3 en la inmediata desvinculaci\u00f3n punitiva para los autores de multiplicidad de cr\u00edmenes y hechos de violencia que caracterizaron al grupo armado, conforme finalmente qued\u00f3 as\u00ed establecido en la Ley de Justicia y Paz. <\/p>\n
52. De esta manera, concluye la Corte en que est\u00e1 plenamente acreditado, que el doctor Ramos Botero se concert\u00f3 con miembros de una asociaci\u00f3n delictiva paramilitar, no s\u00f3lo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido le serv\u00edan a sus aspiraciones electorales al Senado de la Rep\u00fablica y a la Gobernaci\u00f3n de Antioquia, todo lo cual qued\u00f3 al descubierto con las diversas reuniones y apoyos econ\u00f3micos y electorales de que ha dado cuenta profusa prueba destacada y que culminaron en la finca Bellanita, so pretexto de incidir en el tr\u00e1mite de una ley que indudablemente ir\u00eda a favorecer al grupo armado, al darle la posibilidad de obtener un status pol\u00edtico, seg\u00fan se ha recabado. <\/p>\n
As\u00ed, tras haber \u00ablogrado un conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda (\u2026) acerca del delito de concierto para delinquir agravado imputado al doctor Luis Alfredo Ramos Botero y de la responsabilidad penal que le asiste\u00bb, concluy\u00f3 que la sentencia de primer nivel deb\u00eda ratificarse. <\/p>\n
4. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que la Colegiatura ad quem ponder\u00f3, motivadamente, los aspectos planteados en la alzada, que -en buena parte- aparecen reproducidos en la tutela ahora examinada, de lo cual concluy\u00f3 que ning\u00fan yerro procedimental con repercusi\u00f3n en garant\u00edas fundamentales se hab\u00eda estructurado; que las violaciones a la reserva sumarial carec\u00edan de la entidad de socavar la imparcialidad de los funcionarios judiciales que instruyeron el proceso; y que el aqu\u00ed tutelante s\u00ed era responsable del reato de concierto para delinquir agravado, por el cual se le acus\u00f3 y que aparec\u00eda tipificado en el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal vigente. <\/p>\n
4.1. En efecto, n\u00f3tese que la Sala accionada analiz\u00f3 todas las actuaciones desplegadas para controvertir la imparcialidad de los jueces de conocimiento, principalmente, las derivadas de las filtraciones verificadas en el asunto, las cuales fueron atendidas en las respectivas oportunidades, aspecto que tambi\u00e9n precis\u00f3 la Corte Constitucional en la SU-174-2021, al indicar que los hechos verificados no pueden controvertirse \u00aben un aval autom\u00e1tico para separar al juez del conocimiento del asunto\u00bb v\u00eda tutela, como se insiste en esa instancia, sumado a que, en aras de garantizar esa imparcialidad, se adoptaron las medidas pertinentes, pues en el asunto incluso se aceptaron, en su momento, los impedimentos expuesto por algunos magistrados12. <\/p>\n
Aunado a ello, se revis\u00f3 el tema procedimental, reiterando el criterio expuesto en el respectivo juicio y se estudiaron las probanzas allegadas, solo que, respecto de ellas, la Sala, aplicando las reglas de la sana cr\u00edtica, no acept\u00f3 los argumentos de la defensa y determin\u00f3 que, en conjunto, los elementos de juicio allegados establec\u00edan la conducta endilgada. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, las conclusiones del colegiado accionado, precedidas -como estuvieron- de una valoraci\u00f3n motivada y razonable de las actuaciones surtidas, de las pruebas recaudadas y en aplicaci\u00f3n de la normatividad que en criterio del operador judicial accionado era la llamada a regir el asunto, no se muestra abiertamente arbitrarias o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, la tutela propuesta no se abre paso. <\/p>\n
En ese orden, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por las solicitantes, la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
A su vez, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2019 (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01) (cita refrendada en la STC15178-2019). <\/p>\n
Lo dicho se extiende a las apreciaciones de los elementos de convicci\u00f3n allegados al plenario, de cuya evaluaci\u00f3n conjunta concluyeron que el aqu\u00ed impulsor era responsable penal del punible del cual fue acusado, seg\u00fan la normativa vigente, toda vez que, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u2026 (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterado en STC7213-2020). <\/p>\n
5. De otro lado, se advierte que, si el gestor estimaba que en el fallo de segundo grado no se hizo expl\u00edcita referencia al reparo que, dice, propuso en la alzada, en el sentido que la Sala Especial de Primera Instancia debi\u00f3 adelantar -en su totalidad- nuevamente la etapa de juzgamiento, lo pertinente era acudir al mecanismo de la adici\u00f3n, contemplado en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al \u00e1mbito procedimental penal por obra de lo dispuesto en los c\u00e1nones 23 de la Ley 600 de 2000 y 25 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Lo anterior, no obsta para se\u00f1alar que, conforme al precedente jurisprudencial relacionado, la sola circunstancia de que la Sala Especial de Primera Instancia no hubiere surtido el estadio procesal en comento, en modo alguno entra\u00f1a la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales del gestor, tal y como lo ha considerado la Sala de Casaci\u00f3n Penal en asuntos an\u00e1logos al ahora escrutado, al se\u00f1alar: <\/p>\n
Sostiene el impugnante que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte no ten\u00eda competencia para adelantar el juicio oral, porque desde que se profiri\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2018, que entr\u00f3 a regir el 18 de enero de esa anualidad, la competencia para juzgar a los gobernadores le corresponde a la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, la Corte ha sostenido mayoritariamente que al no haberse previsto en el Acto Legislativo n\u00famero 01 del 18 de enero de 2018, un r\u00e9gimen de transici\u00f3n entre el sistema anterior y el nuevo m\u00e9todo de investigaci\u00f3n y juzgamiento para aforados constitucionales, la falta de implementaci\u00f3n material de las nuevas Salas especializadas no puede ser una excusa para suspender el acceso y la administraci\u00f3n de justicia, propiciando de esa manera un limbo en el que los funcionarios del Estado del m\u00e1s elevado nivel puedan gozar de intolerables espacios de impunidad, ante la imposibilidad de controlar judicialmente sus actos il\u00edcitos (CSJ AP422-2018, Rad. 39768; CSJ AP495-2018, Rad. 37395; CSJ SP364-2018, Rad. 51142, entre otras)\u2026 <\/p>\n
De esta manera, no es cierto que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, no ten\u00eda competencia para continuar con la etapa de juzgamiento que inici\u00f3 el 18 de mayo de 2017 \u2013 fecha en que se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n-, hasta el 16 de julio de 2018 \u2013 data en la que se clausur\u00f3 el debate probatorio-, pues, si bien, en ese interregno se profiri\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2018 \u2013 18 de enero de 2018-, es lo cierto que la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n s\u00f3lo entr\u00f3 en funcionamiento el 18 de julio de 2018. Es decir, para cuando se clausur\u00f3 el debate probatorio al interior de esta actuaci\u00f3n \u2013 16 de julio de 2018-, a\u00fan no estaba funcionando la Sala Especial de Primera Instancia \u2013 18 de julio de 2018-, por lo que no se configura ninguna irregularidad sustancial que afecte la estructura conceptual del proceso. <\/p>\n
Pretender que ante aquel panorama \u2013 la creaci\u00f3n de las Salas Especializadas de Investigaci\u00f3n y Juzgamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que estuvieran funcionando-, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendiera el tr\u00e1mite de la presente actuaci\u00f3n hasta que entrara en funcionamiento la Sala Especial de Juzgamiento, sin ninguna causa legal, implicar\u00eda desconocer el principio de legalidad, el debido proceso \u2013 plazo razonable y sin dilaciones injustificadas-, el deber de administrar justicia con celeridad y diligencia, y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derechos y garant\u00edas (\u2026) y que la Corte estaba llamada a garantizar (\u2026) (CSJ, SP1209-2021). <\/p>\n
En primer lugar, es claro que la inexistencia f\u00edsica de la Sala Especial de Primera Instancia supuso para la Sala de Juzgamiento la imposibilidad real e insuperable de remitirle el expediente, con el fin de que aquella aprobara la sentencia de primer grado y, de esta forma, hiciera efectivo el derecho del actor a impugnar la primera providencia inculpatoria ante el pleno de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, como lo dispone el Acto Legislativo 01 de 2018 (art\u00edculo 235.6 de la C.P.). Pese a que esta parece ser una situaci\u00f3n inane, es importante si se considera que la entrada en funcionamiento de la Sala Especial de Primera Instancia no solo depend\u00eda de la voluntad de la Corte de Suprema de Justicia, sino tambi\u00e9n de la coordinaci\u00f3n e involucramiento de otros actores que garantizaran los recursos f\u00edsicos y humanos para que ello fuera factible. Al respecto, est\u00e1 demostrado que, a partir del 18 de julio de 2018, la Sala de Juzgamiento envi\u00f3 a la Sala Especial de Primera Instancia los once procesos de aforados que para ese momento se encontraban en etapa de juicio, proceder que evidencia la presteza de esa Corporaci\u00f3n para dar aplicaci\u00f3n a la reforma constitucional. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, para la Corte Constitucional es evidente que la Sala de Juzgamiento no pod\u00eda, so pretexto de que la Sala Especial de Primera Instancia no hab\u00eda sido conformada, abstenerse de tomar una decisi\u00f3n de fondo sobre la responsabilidad del se\u00f1or Morales Diz en la comisi\u00f3n de los delitos por los que fue investigado. Esto es as\u00ed, porque una omisi\u00f3n de esa naturaleza habr\u00eda implicado, no solo la violaci\u00f3n del derecho fundamental del accionante al debido proceso \u2013en la faceta relativa a que su situaci\u00f3n se resolviera en un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas\u2013, sino tambi\u00e9n el desconocimiento del deber de administrar justicia con celeridad y diligencia (art\u00edculo 229 de la C.P.), as\u00ed como del car\u00e1cter perentorio de los t\u00e9rminos procesales (art\u00edculos 15 de la Ley 600 de 2000)\u2026 <\/p>\n
Para la Sala Plena, las razones indicadas en precedencia son suficientes para concluir que la sentencia condenatoria aprobada el 31 de mayo de 2018 en \u00fanica instancia contra el accionante no incurri\u00f3 en un defecto org\u00e1nico, pues (i) la Sala Especial de Primera Instancia no hab\u00eda entrado en funcionamiento para esa fecha y (ii) la Sala de Juzgamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal deb\u00eda emitir sentencia para proteger el derecho fundamental del actor al debido proceso y cumplir con su obligaci\u00f3n de administrar justicia de forma c\u00e9lere y, adem\u00e1s, (iii) porque no estaba habilitada por una norma legal para suspender el proceso por un cambio en la competencia. Al respecto, resulta necesario recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para que se configure un defecto org\u00e1nico no es suficiente alegar la falta de competencia del funcionario judicial, sino que corresponde demostrar que desde todo punto de vista la autoridad judicial no estaba investida de la potestad de administrar justicia (SU-373 de 2019). <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal mantuvo la competencia del asunto hasta cuando entr\u00f3 en funcionamiento la Sala Especial, de manera que sus actuaciones, al haberse surtido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, mantuvieron validez, por lo que no se observa el vicio alegado. <\/p>\n
6. Finalmente, frente a lo plasmado en el escrito radicado ante esta Colegiatura el 24 de agosto pasado, por obra del cual el accionante suplic\u00f3 tomar en consideraci\u00f3n que uno de los testigos (Andr\u00e9s de Jes\u00fas V\u00e9lez Franco) fue declarado penalmente responsable en otro proceso por falso testimonio, en concurso con fraude procesal, el pasado 23 de agosto de 2022, la Sala advierte que dicho pedimento no sale avante, por cuanto corresponde a un hecho posterior y, por ende, no fue objeto de valoraci\u00f3n en su momento, sumado a que, en este caso, como se observ\u00f3, el fallo se sustent\u00f3 en distintas probanzas y no exclusivamente en la declaraci\u00f3n del se\u00f1or V\u00e9lez Franco; adem\u00e1s, si el actor lo estima procedente, puede plantear ese reparo ante el operador competente, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000, para que se analice lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
7. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio peticionado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El 4 de abril de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal mantuvo competencia y afirm\u00f3 que la Sala Especial a\u00fan no estaba integrada. <\/p>\n
2\u0002 Negada en primera instancia por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Circuito de Medell\u00edn, decisi\u00f3n que se confirm\u00f3 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 13 de julio de 2018. <\/p>\n
3\u0002 El resuelve de dicha sentencia se\u00f1ala: <\/p>\n
Segundo. DECLARAR que existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del se\u00f1or Luis Alfredo Ramos Botero, materializada en la filtraci\u00f3n del borrador de ponencia del caso No. 35691, seguido en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del aqu\u00ed actor, hecho cometido por personas en averiguaci\u00f3n. Sin embargo, no se expedir\u00e1n \u00f3rdenes de protecci\u00f3n por presentarse el fen\u00f3meno procesal de la carencia actual de objeto por da\u00f1o consumado. La Corte Constitucional declara que esta sentencia constituye por s\u00ed misma una forma de reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. COMPULSAR COPIAS de la presente actuaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, en el ejercicio de su funciones, lleven a cabo las actuaciones a que haya lugar ante la filtraci\u00f3n del proyecto de sentencia del despacho del magistrado sustanciador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso No. 35691 seguido al se\u00f1or Luis Alfredo Ramos Botero. <\/p>\n
4\u0002 En esa providencia, la Corte Constitucional concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a separar al magistrado ponente del conocimiento del asunto, porque no exist\u00eda soporte de que \u00e9l hubiera realizado o permitido la filtraci\u00f3n de su proyecto de sentencia. Aceptar una decisi\u00f3n en ese sentido, en criterio de la Corte: <\/p>\n
implicar\u00eda i) asumir, previamente y sin garantizar el debido proceso, que ese juez o magistrado fue quien filtr\u00f3 la informaci\u00f3n reservada a los medios de comunicaci\u00f3n; y ii) concluir, sin ning\u00fan soporte de cara al an\u00e1lisis de cada caso concreto, que el juez o magistrado tiene un claro inter\u00e9s en el asunto que lo llev\u00f3 a cometer dicha actuaci\u00f3n calificada como un delito y falta disciplinaria. De igual manera, para esta Corporaci\u00f3n, la pretensi\u00f3n del accionante y la decisi\u00f3n de segunda instancia, se sustentaron en un entendimiento equivocado de la sentencia SU-274 de 2019, decisi\u00f3n que fue utilizada para dar un alcance que no corresponde al precedente de la Corte Constitucional. <\/p>\n
5\u0002 Con un salvamento de voto. <\/p>\n
6\u0002 En particular, sostiene que debi\u00f3 aplicarse, por virtud del principio de favorabilidad, la norma contenida en el art\u00edculo 340 de la Ley 599 de 2000, tras las modificaciones introducidas por el precepto 19 de la Ley 1121 de 2006 y el 12 de la Ley 1762 de 2015; disposici\u00f3n \u00e9sta que, asevera, \u00abya no contempla el tipo penal de concierto para la comisi\u00f3n de delitos consistente en la promoci\u00f3n de grupos armados al margen de la ley\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 A este respecto, el querellante pregona, trayendo en apoyo de su tesis el fallo SP2772-2018, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que siendo uno de los requisitos normativamente previstos para la configuraci\u00f3n del tipo penal del concierto para delinquir la pertenencia del sujeto que lo ejecuta con una organizaci\u00f3n delincuencial y que dicha pertenencia \u00abtenga vocaci\u00f3n de permanencia en el objetivo de cometer delitos indeterminados\u00bb, los querellados se equivocaron al declararlo criminalmente responsable, pues dicho elemento no estaba probado ni las \u00abconductas que se [le] imputaron (\u2026) implica[ban] la pertenencia a ninguna organizaci\u00f3n criminal, as\u00ed como tampoco una vocaci\u00f3n de permanencia en ella con el objetivo de cometer delitos, de forma persistente y continua\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 En torno a este aspecto, el tutelante indica que las reuniones que sostuvo con un jefe paramilitar (alias Ernesto B\u00e1ez) se efectuaron dentro de las funciones que desarrollaba como congresista, bajo el postulado de la buena fe y en atenci\u00f3n a lo establecido en la Ley 782 de 2002. Luego, en su criterio, las sentencias criticadas no pod\u00edan concluir, de esos encuentros, su participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n del delito por el cual se le acus\u00f3. <\/p>\n
9\u0002 En referencia cita los de Mauricio Palacio Tejada, Carlos Enrique Areiza, Juan Carlos Sierra Ram\u00edrez, Jorge Eli\u00e9cer Valle, Jos\u00e9 Ra\u00fal Mira V\u00e9lez y Andr\u00e9s de Jes\u00fas V\u00e9lez. <\/p>\n
10\u0002 El gestor se refiere las declaraciones de alias Ernesto B\u00e1ez y de Carlos Alonso Lucio, as\u00ed como las de \u00abtres exfiscales generales de la Naci\u00f3n\u00bb y de dos \u00abexsenadores\u00bb, entre otras. <\/p>\n
11\u0002 Juan Carlos Sierra Ram\u00edrez, Andr\u00e9s de Jes\u00fas V\u00e9lez Franco, Jos\u00e9 Ra\u00fal Mira V\u00e9lez, Jorge Eli\u00e9cer Valle, Carlos Enrique Areiza Arango, Yecici Alberto Casta\u00f1eda, Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), Juan Jos\u00e9 Llano Gil, Jorge Le\u00f3n S\u00e1nchez Mesa, Mauricio de Jes\u00fas Palacios Tejada, Jaime Alonso Cano Mart\u00ednez, Pablo Hern\u00e1n Sierra Garc\u00eda, \u00d3scar Alberto Arboleda Palacio, Iv\u00e1n Roberto Duque Garc\u00eda, \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez (certificaci\u00f3n jurada), Mario Germ\u00e1n Iguar\u00e1n Arana, Guillermo Mendoza Diago, Camilo Alfonso Ospina Bernal, Luis Camilo Osorio Isaza, entre otros. <\/p>\n
12\u0002 En su oportunidad, por auto AP4350-2021, se declararon fundados los impedimentos de los magistrados Patricia Salazar Cuellar, Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier, Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa y Eyder Pati\u00f1o Cabrera, porque \u00abparticiparon del debate en el seno de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la ponencia de sentencia radicada por el ponente del asunto; situaci\u00f3n que, sin lugar a dudas, afecta su ecuanimidad en el caso concreto, lo que hace prudente su separaci\u00f3n del asunto\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11474-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11474-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02826-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66456","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66456"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66456\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}