STC11478-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11478-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02690-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pedro1 frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2018-002642. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2.1. El tutelante narr\u00f3 que, mediante escritura p\u00fablica 1035 del 25 de mayo de 2005, constituy\u00f3 con su padre J.A. C.B la sociedad J.C. B. e Hijo S. en C., \u00e9l como socio comanditario y su progenitor como socio gestor. En los estatutos se estipul\u00f3 que la cesi\u00f3n de acciones s\u00f3lo proceder\u00eda una vez fallecido el socio gestor; no obstante, el 10 de septiembre de 2008, por escritura p\u00fablica, \u00e9l cedi\u00f3 el 50% de sus acciones a su hermana menor de edad, I.C. P., acto en el que tambi\u00e9n la sociedad cambi\u00f3 de raz\u00f3n social, que pas\u00f3 a denominarse J.C. e Hijos S en C. <\/p>\n
2.2. Posterior al fallecimiento de su padre y socio gestor, el 11 de septiembre de 2018 present\u00f3 una demanda verbal en contra de aquella, con la finalidad de que se declarara la nulidad absoluta de la Escritura P\u00fablica 2238 del 10 de septiembre de 2008, suscrita en la Notar\u00eda Novena de Bucaramanga, asunto cuyo conocimiento asumi\u00f3 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
2.3. Notificado el extremo pasivo de la demanda, en la contestaci\u00f3n propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 13 de febrero de 2020, el Juzgado profiri\u00f3 sentencia anticipada y declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva, con fundamento en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.5. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y, el 14 de febrero de 2022, la Sala Civil-Familia del Tribunal de Bucaramanga confirm\u00f3 el fallo y lo conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
2.6. El promotor censura que la restricci\u00f3n estatutaria establecida en el contrato de sociedad imped\u00eda la disposici\u00f3n del derecho conferido y ello generaba la imposibilidad de legitimarse en el ejercicio de cualquier acci\u00f3n antes de la muerte del socio gestor, raz\u00f3n por la cual, en su opini\u00f3n, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n deb\u00eda contabilizarse a partir de la fecha del fallecimiento de su padre. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el hecho de \u00abhaber tenido participaci\u00f3n en los negocios jur\u00eddicos no impide que [\u2026] solicite la declaratoria de nulidad bajo el precepto que no es v\u00e1lido alegar su propia culpa\u00bb y que, a pesar de no haber referido en la demanda la calidad de \u00abHEREDERO DEL SOCIO GESTOR\u00bb, el funcionario judicial ten\u00eda el deber de \u00abinterpretar de manera integral el escrito\u00bb. <\/p>\n
Dijo que su condici\u00f3n de heredero del socio gestor fue ignorada por el Tribunal demandado, el cual debi\u00f3 haberlo declarado de oficio, \u00abcontabilizando el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n desde la fecha en que el DEMANDANTE SE LEGITIMA PARA DEMANDAR y no desde LA FECHA DE LA CELEBRACI\u00d3N DE LA VENTA DEMANDADA COMO NULA\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado solicit\u00f3 revocar el fallo del 14 de febrero de 2022, que confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, que se ordene su reconocimiento \u00abcomo Heredero del Socio Gestor J.A.C.B\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
M.C.P.V manifest\u00f3 que en el presente caso no se configura la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n por cuanto \u00abpresent\u00f3 la demanda el 1\u00b0 de junio de 2018, la cual fue rechazada el 3 de septiembre de 2018, la nueva demanda fue radicada el 11 de septiembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal cuestionado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales alegadas por el promotor, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2022, que confirm\u00f3 la de primera instancia dictada el 13 de febrero de 2020 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la demandada, en el proceso verbal de nulidad de radicado 2018-00264. <\/p>\n
2. Frente al tema censurado, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Revisadas las probanzas adosadas al plenario se evidencia que, el 14 de febrero pasado, el Colegiado confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
De manera preliminar, el Tribunal sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, su competencia en este asunto giraba exclusivamente en torno a los reparos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n, esto es, determinar si se configur\u00f3 o no la excepci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, alegada por la parte demandada. <\/p>\n
Seguidamente, aludi\u00f3 al concepto de prescripci\u00f3n extintiva y a los eventos en que se configura y argument\u00f3 que, para el d\u00eda en que se present\u00f3 la demanda, dicho fen\u00f3meno \u00abya hab\u00eda acaecido\u00bb, pues esta \u00abcomenz\u00f3 a despuntar a partir del 10 de septiembre de 2008. Colof\u00f3n, para el d\u00eda 11 de septiembre de 2018, hab\u00eda finalizado el plazo para ejercer la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al referirse al caso concreto, el Tribunal analiz\u00f3 los aspectos alegados en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, los cuales no fueron expuestos por el accionante cuando descorri\u00f3 el traslado de las excepciones propuestas por la demandada y sostuvo que: <\/p>\n
[\u2026] el libelo genitor se alleg\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria desde el 1\u00ba de junio de 2018; es decir, tiempo muy anterior a la fecha l\u00edmite prevista en el art. 2.636 del C\u00f3digo Civil, y desde esa data afloraron una serie de vicisitudes que solo permitieron el conocimiento del juzgado que dirimi\u00f3 el litigio, hasta el 11 de septiembre de 2018, pues fue rechazada por competencia y remitida a otro juzgado, que la inadmiti\u00f3, y luego la rechaz\u00f3 [\u2026] lo que oblig\u00f3 a su retiro para, finalmente, presentarse ante la c\u00e9lula judicial que resolvi\u00f3 declarar la prescripci\u00f3n. Pero que, en todo caso, no se atisba un \u00e1pice de negligencia en el actor, toda vez que inmediatamente qued\u00f3 ejecutoriado el auto que neg\u00f3 el tr\u00e1mite del litigio, fue radicada de nuevo ante la jurisdicci\u00f3n -11 de septiembre de 2018-. (Se subraya). <\/p>\n
El Tribunal consider\u00f3 que los planteamientos del apelante \u00ablucen intempestivos\u00bb, debido a que no fueron conocidos por el a quo, pues aqu\u00e9l se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el t\u00e9rmino prescriptivo era el previsto en la Ley 791 de 2002, \u00abpero nada adujo respecto al rechazo de la demanda por competencia, posterior inadmisi\u00f3n, y nuevo rechazo y retiro\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, se\u00f1al\u00f3 que, conforme al art\u00edculo 94 del actual estamento adjetivo, la prescripci\u00f3n se interrumpe con la presentaci\u00f3n de la demanda, sin embargo, \u00abnada informa la norma en caso de que ella sea rechazada o [\u2026] cuando se declara la nulidad del proceso que incluya la notificaci\u00f3n practicada al demandando\u00bb, por lo que: <\/p>\n
A este prop\u00f3sito, la jurisprudencia patria ha elaborado una serie de reglas, que ven\u00edan al caso, en especial, en vigencia de la anterior normatividad procesal civil, sobre todo porque en ese interregno normativo el rechazo de la demanda por falta de jurisdicci\u00f3n, no obligaba al juez a la remisi\u00f3n del proceso, sino que impon\u00eda al interesado el retiro de aquella, lo que ocasionaba, no en pocos casos, la consumaci\u00f3n del fen\u00f3meno liberatorio. <\/p>\n
Fue as\u00ed como desde la sentencia C-662 de 2004, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad del num. 2\u00ba del art. 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para considerar que la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n prevista en el art. 97 ib\u00eddem, no afectaba la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n que se hab\u00eda dado con la presentaci\u00f3n primigenia de la demanda; ya en sentencia C-227 de 2009, declar\u00f3 la exequibilidad condicionada de la norma acusada -num. 3\u00ba del art. 91 ejusdem-, entendiendo que los efectos de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n no cesaban si la declaratoria de nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, no obedec\u00edan a un error craso del demandante; por manera que, la presentaci\u00f3n de la demanda segu\u00eda teniendo la misma secuela. Tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 en forma similar en la C-807 de 2009, para considerar que el rechazo de la demanda por falta de jurisdicci\u00f3n deber\u00eda recibir el mismo trato de cuando se rechazaba por competencia; esto es, remitiendo el proceso a quien se considere, es el juez natural, de forma tal que no se alteren los efectos de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. Tampoco ha sido ajena la jurisprudencia de la justicia ordinaria, que en igual sentido se ha expresado, por ejemplo en la sentencia del 23 de febrero de 2006, exp. 1998-00013-01, M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, cit\u00f3 la sentencia CSJ SC3726-2020, en la que se estim\u00f3 que, <\/p>\n
Aunque la presentaci\u00f3n de la demanda es ineficaz para interrumpir la prescripci\u00f3n, entre otros casos, cuando la nulidad de la actuaci\u00f3n comprende el auto que la admite (art\u00edculos 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 95 del C\u00f3digo General del Proceso), ello no se impone de manera objetiva. Se necesita el actuar culpable de la parte actora. Y ello se desvanece cuando la invalidez de la providencia impulsora, le es totalmente ajena, o no se deriva del incumplimiento de una carga obligada a observar. <\/p>\n
Bajo ese panorama, indic\u00f3 que, para que los efectos de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se consoliden, es necesario que el proceso \u00abno haya salido de la jurisdicci\u00f3n del Estado\u00bb, am\u00e9n de que no existan incidencias imputables a un \u00abobrar negligente de la parte interesada en la interrupci\u00f3n\u00bb y que, si bien de la consulta en el sistema de gesti\u00f3n de procesos se advert\u00eda la radicaci\u00f3n inicial de la demanda en junio de 2018, lo cierto es que, luego de ser remitida por competencia a los Juzgados del Circuito de Bucaramanga, donde fue inadmitida y luego rechazada, el promotor hab\u00eda optado por el retiro de la misma el 10 de septiembre de 2018, para radicarla nuevamente al d\u00eda siguiente, lo cual indica que \u00abla demanda sali\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n estatal por voluntad de la parte actora, luego, los efectos de la presentaci\u00f3n del libelo gestor no pod\u00edan mantenerse\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 el actuar negligente del gestor, quien, frente a la decisi\u00f3n de rechazo de la demanda, guard\u00f3 silencio, sin dejar de lado que, para evitar los efectos prescriptivos, bien pudo optar por retirar la demanda, sin necesidad de esperar a la firmeza del auto que la rechaz\u00f3 y, previo a la fecha l\u00edmite del fen\u00f3meno prescriptivo, volver a presentarla; no obstante, lo hizo s\u00f3lo hasta el 11 de septiembre de 2018, cuando ya hab\u00eda operado el plazo extintivo y, conforme a ello, concluy\u00f3 que \u00abdiamantina es la despreocupaci\u00f3n del actor, y solo a \u00e9l incumbe la nefasta consecuencia que su actitud contumaz acarrea para sus intereses\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia que gobiernan el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible, que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas y a tono con la actuaci\u00f3n procesal analizada, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
5. Por las razones anotadas, se niega la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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