STC11479-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11479-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-01050-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso disciplinario y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 12 de junio de 2017, la se\u00f1ora Luz Marina Vergara Segura promovi\u00f3 una queja disciplinaria en contra del accionante, asegurando que, el 8 octubre de 2015, encontr\u00e1ndose fuera del pa\u00eds por razones de salud, le confiri\u00f3 poder, para que la representara en el proceso de pertenencia, en el que ella fung\u00eda como demandante, de radicado 11001310303720130048101, tramitado en el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogot\u00e11; no obstante, \u00abel 11 de agosto de 2017 se declara la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
2.2. En marzo del mismo a\u00f1o retorn\u00f3 al pa\u00eds y, cuando averigu\u00f3 por el estado del proceso, constat\u00f3 que, a pesar de que el ac\u00e1 actor retir\u00f3 y present\u00f3 en varias oportunidades la demanda, esta fue rechazada, encontr\u00e1ndose en curso la \u00faltima instaurada en abril de 2017 ante el Juzgado 21 Civil del Circuito de esta ciudad, de radicado 2017-00165, procediendo a revocarle el poder el 1 de junio siguiente. Asegur\u00f3 que cuando le pidi\u00f3 al abogado la devoluci\u00f3n del dinero pagado, por concepto de honorarios, se neg\u00f3 a ello. <\/p>\n
2.3. La entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 abri\u00f3 una investigaci\u00f3n disciplinaria en contra del profesional del derecho el 21 de julio de 2017, luego, en audiencia del 19 de noviembre de 2019, formul\u00f3 en su contra pliego de cargos, \u00abpor la presunta inobservancia al deber previsto en el art\u00edculo 28.10 de la Ley 1123 de 2007\u00bb -el all\u00ed investigado fue representado durante toda la actuaci\u00f3n por defensor de oficio-. <\/p>\n
2.4. El 13 de febrero de 2020 se realiz\u00f3 la audiencia de juzgamiento, en la que se incorporaron las pruebas y se presentaron los alegatos de conclusi\u00f3n. El 24 de febrero siguiente se profiri\u00f3 sentencia y se le sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n de 4 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, al ser hallado responsable de incurrir en la falta descrita en el art\u00edculo 37, numeral 1, de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad de culpa, frente a la omisi\u00f3n de actuaci\u00f3n en el proceso de radicado 2013048101, determinaci\u00f3n contra la cual el actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.5. El 3 de agosto de 2022, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial surti\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.6. Por lo expuesto, el promotor censura que \u00abno tiene asidero que se me achaque que dej\u00e9\u00bb de hacer diligencias propias del encargo profesional encomendado, pues lo cierto es que \u00abatend\u00ed\u00bb el proceso de pertenencia tramitado inicialmente en el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, as\u00ed como \u00aben los otros cinco despachos judiciales a donde fue a parar\u00bb, por lo que no pod\u00eda pasarse por alto que demand\u00f3 ante distintos operadores judiciales, sin que a \u00e9l se le pueda endilgar que el desistimiento t\u00e1cito decretado es fruto de su negligencia, porque \u00abhac\u00eda cinco meses se me hab\u00eda revocado el poder y se hab\u00eda designado nuevo apoderado\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3, igualmente, que el juez colegiado hizo un recuento equivocado de los hechos, dado que se limit\u00f3 a \u00abverificar [\u2026] la copia del proceso de pertenencia que conoci\u00f3 el juzgado 37 Civil del Circuito [\u2026] de radicado 2013-0481, pero no copia del proceso [\u2026] que inco\u00e9 ante el Juzgado 10 Civil del Circuito [\u2026] tampoco del proceso [\u2026] que adelant\u00e9 ante el Juzgado 49\u00bb, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3 demostrar que cumpli\u00f3 con sus deberes profesionales. Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que, si bien se acredit\u00f3 testimonialmente en el proceso que devolvi\u00f3 $5\u00b4000.000 a la madre de la quejosa, por concepto de honorarios, nada se dijo al respecto. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se \u00abordene la suspensi\u00f3n provisional de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n [\u2026] hasta que se resuelva la tutela\u00bb, se revoque el fallo del 3 agosto de 2022 y se \u00abvuelva a emitir sentencia disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se\u00f1al\u00f3 que el accionante no recurri\u00f3 la sentencia proferida el 24 de febrero de 2020, por lo cual se surti\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta, actuaci\u00f3n que tiene por objeto \u00abejercer el deber garante de la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, situaci\u00f3n que torna improcedente el amparo, por cuanto, a pesar de contar con los medios de defensa suficientes para garantizar sus derechos, no los accion\u00f3, am\u00e9n de que lo censurado se estructur\u00f3 en los hechos con relevancia jur\u00eddica y una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial cuestionada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales alegadas por el promotor, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 3 de agosto de 2022, que confirm\u00f3 la de primera instancia dictada el 24 de febrero de 2020 por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, que sancion\u00f3 al actor con suspensi\u00f3n de 4 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Frente al tema censurado, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Revisadas las probanzas adosadas al plenario se evidencia que, el 3 de agosto pasado, el Colegiado demandado resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta y confirm\u00f3 el fallo que sancion\u00f3 disciplinariamente al se\u00f1or Henry Arturo Beltr\u00e1n Ord\u00f3\u00f1ez, decisi\u00f3n en la que la autoridad judicial demandada expuso ampliamente los supuestos f\u00e1cticos de la actuaci\u00f3n disciplinaria objeto de censura, se refiri\u00f3 a la calidad de abogado del disciplinable, detall\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal, aludi\u00f3 a las pruebas decretadas y practicadas en el proceso, estableci\u00f3, al tenor de lo dispuesto por los art\u00edculos 257A de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y 112, numeral 4\u00b0, de la Ley 270 de 1996, la competencia de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para examinar la conducta del citado se\u00f1or y analiz\u00f3 los aspectos relevantes de la falta atribuida. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, de conformidad con el principio de legalidad imperante en las modalidades del derecho sancionador, se establecen los diferentes tipos de conductas, su lesividad y las consecuencias que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades al momento de ejercer sus facultades punitivas. <\/p>\n
Bajo esa premisa advirti\u00f3 que la all\u00ed quejosa otorg\u00f3 poder al accionante, para que diera continuidad a un proceso de pertenencia, cuyo prop\u00f3sito era recuperar la posesi\u00f3n del inmueble en el cual resid\u00eda, antes de que ella saliera del pa\u00eds por cuestiones de salud; sin embargo, el abogado \u00ab\u00fanicamente realiza una solicitud ante el estrado judicial, el 27 de febrero de 2015, centrada en que se reconociera su calidad de poderdante (sic) as\u00ed como para que se fijara un edicto emplazatorio de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, de modo que la omisi\u00f3n del actor en el ejercicio del mandato conferido tuvo como consecuencia la terminaci\u00f3n de proceso el 10 de agosto de 2017, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre: <\/p>\n
[\u2026] la actuaci\u00f3n pasiva del disciplinable frente a su compromiso adquirido, pues subsist\u00eda la obligaci\u00f3n de impulsar la actuaci\u00f3n pero opt\u00f3 por no actuar, frente a lo cual pudo por el contrario, hablar oportunamente con su representada, exponerle sus razones, sustituir el poder, provocar la disoluci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales a fin de que su clienta pudiera contratar y facultar a otro litigante para que continuara con la litis, situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3 en este evento puesto que el doctor Beltr\u00e1n Ordo\u00f1ez se deslig\u00f3 injustificadamente de su deber de obrar con diligencia, dejando a la deriva la gesti\u00f3n encomendada, conduciendo ese actuar desinteresado a que se declarara el desistimiento t\u00e1cito con la consecuente la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Por ello esta Judicatura concluye acertados los planteamientos de la primera instancia, en raz\u00f3n a que la actuaci\u00f3n del investigado, que se torna relevante para el ordenamiento disciplinario, se soporta en el dejar de hacer las diligencias propias del encargo encomendado, demostrada probatoriamente en este evento. <\/p>\n
Seguidamente, cit\u00f3 jurisprudencia de la Corte Constitucional, para determinar que la infracci\u00f3n disciplinaria supone la existencia de un deber no cumplido, lo cual genera la \u00abrespuesta represiva del Estado\u00bb, y sostuvo que para el caso sometido a estudio: <\/p>\n
puede aseverarse que se demostr\u00f3 que el doctor Henry Arturo Beltr\u00e1n al desatender sus obligaciones relacionadas con la actuaci\u00f3n procesal de pertenencia cuyo fin era recuperar la posesi\u00f3n de la casa donde, antes de salir del pa\u00eds por razones de salud, resid\u00eda la proponente de la queja, circunstancia que fue el motivo primordial de \u00e9sta para conferirle poder, mandato que no atendi\u00f3 el disciplinable con celosa diligencia como era su deber siendo por su omisi\u00f3n declarado el desistimiento t\u00e1cito y el archivo de la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
En desarrollo de tal argumento, rese\u00f1\u00f3 que la falta a la debida diligencia profesional por la que el promotor fue llamado a juicio disciplinario se debi\u00f3, precisamente, al hecho de que \u00e9l, luego de recibir el mandato de su poderdante que lo facultaba a intervenir en la causa civil, se limit\u00f3 a solicitar al Juzgado el reconocimiento de su personer\u00eda y que se fijara un edicto emplazatorio y, por consiguiente, no realiz\u00f3 las actuaciones necesarias con miras a atender con \u00abcelosa diligencia los asuntos encomendados [\u2026] situaci\u00f3n que adem\u00e1s vulner\u00f3 los intereses de su poderdante\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la culpabilidad del accionante, sostuvo que los medios de convicci\u00f3n que obran en el proceso disciplinario dieron cuenta de la justificada postura del a quo, por cuanto se acredit\u00f3 que el referido profesional omiti\u00f3 realizar las gestiones necesaria para alcanzar los fines encomendados por su poderdante en el proceso de pertenencia, evidenci\u00e1ndose de parte suya un comportamiento contrario al deber de obrar diligentemente, \u00abcircunstancia por la cual considera esta Colegiatura se encuentra acreditada la violaci\u00f3n del deber de cuidado en grado de culpa, por parte del investigado\u00bb, al constatarse \u00abun comportamiento en suma negligente e incurioso\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama, la autoridad demandada concluy\u00f3 que, a efectos de establecer la sanci\u00f3n a imponer, la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia tuvo en cuenta \u00abla transcendencia social de la conducta, la modalidad y circunstancias en las que se realiz\u00f3 la falta, as\u00ed como el perjuicio ocasionado a la proponente de la queja derivado del comportamiento desplegado por el disciplinable\u00bb y, por lo mismo, consider\u00f3 que deb\u00eda mantenerse la sanci\u00f3n impuesta, pues qued\u00f3 demostrado que el accionante no atendi\u00f3 el encargo profesional aceptado, con la debida diligencia exigida. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia que gobiernan el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y a tono con la actuaci\u00f3n procesal analizada, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
5. Por las razones anotadas, se niega la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El proceso fue conocido inicialmente por el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y, en atenci\u00f3n al Acuerdo PSSA-15-10300 de 25 de febrero de 2015, fue remiti\u00f3 al Juzgado 18 Civil del Circuito de la misma ciudad, el cual, a su vez, con fundamento en el Acuerdo PSSA 15-10414 de 30 de noviembre de 2015, lo envi\u00f3 al Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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