STC11482-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11482-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02856-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por la sociedad Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. (ISA) contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2018-00172. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. La sociedad tutelante present\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica sobre el predio identificado con folio de matr\u00edcula No. 003-1136 propiedad de John Jairo Garc\u00eda Pinz\u00f3n Suministros y Alimentos S.A.S., pleito al que se le asign\u00f3 el radicado 2018-00172. <\/p>\n
2.3. El 28 de agosto de 20192, tuvo lugar la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en la cual, comoquiera que la parte demandada se opuso a la estimaci\u00f3n de perjuicios realizada por la empresa demandante, se nombr\u00f3 dos peritos para que llevaran a cabo un aval\u00fao, siendo entregado el 11 de diciembre siguiente y del cual se corri\u00f3 traslado sin que fuera recurrido3. <\/p>\n
2.4. El aqu\u00ed accionante -el 18 de diciembre ulterior4- elev\u00f3 petici\u00f3n de contradicci\u00f3n del dictamen presentado. No obstante, el despacho cognoscente -el 7 de febrero de 2020- sin emitir pronunciamiento alguno al respecto, rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia y la devolvi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn5. <\/p>\n
2.5. El mentado fallador -con providencia del 28 de marzo de 20226- resolvi\u00f3 requerir \u00ab(\u2026) a la parte demandada para que gestione lo ordenado en dicha providencia7, en aras de continuar con el tr\u00e1mite del proceso. De otro lado, en cuanto a la contradicci\u00f3n del dictamen presentado por la parte demandante al aval\u00fao comercial aportado el 11 de diciembre de 2019, se proceder\u00e1 conforme aparece establecido en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado de la sociedad Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n8, la cual fue resuelta en auto del 3 de junio de 20229, donde dispuso que: <\/p>\n
Dado lo anterior, como quiera que en el proceso existen 2 dict\u00e1menes, el presentado con la demanda y el solicitado por la parte demandada en la contestaci\u00f3n, como contradicci\u00f3n del primero, qued\u00f3 agotada la etapa probatoria, pues las experticias aqu\u00ed rendidas, son suficientes para decidir la pretensi\u00f3n de servidumbre, as\u00ed como los da\u00f1os y tasar la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho la parte demandada, sin agotar las etapas de instrucci\u00f3n y juzgamiento, esto es, sin realizar la sustentaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del dictamen rendido por los peritos; teniendo en cuenta, que la norma en comento, dispone que todo trabajo que se allegue ser\u00e1 rebatido con otro. En consecuencia, NO SE ACCEDE a la solicitud de citar a los peritos que realizaron el dictamen pericial, por improcedente. <\/p>\n
2.7. Inconforme con lo anterior, la parte activa impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n10. El primero fue negado el 17 de junio siguiente11 y, posteriormente, confirmado en prove\u00eddo del 14 de julio hoga\u00f1o12. <\/p>\n
2.8. As\u00ed las cosas, se duele la sociedad promotora que los jueces de instancia incurrieron en defecto procedimental absoluto debido a que cercenaron la forma de controvertir dict\u00e1menes periciales establecida en el art\u00edculo 228 del C.G.P. Asimismo, enrostr\u00f3 que hubo un desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SC4658- 20 de 30 de noviembre de 2020 en lo relacionado con la forma de controvertir la prueba pericial en los procesos de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Finalmente, esgrimi\u00f3 que se pas\u00f3 por alto el principio de seguridad jur\u00eddica, comoquiera que se revoc\u00f3 el auto del 28 de marzo de 2022 que se encontraba en firme y no hab\u00eda sido confutado por las partes. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene a las autoridades judiciales accionadas que dejen sin efecto las providencias proferidas el 3 y 17 de junio y 14 de julio de 2022 y, en este sentido, se le exija al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn que conceda \u00abla pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de la prueba pericial, de conformidad con los lineamientos del art\u00edculo 228 del CGP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn13 manifest\u00f3 que todas las actuaciones realizadas dentro de la causa natural tienen respaldo en las normas que regulan la materia. <\/p>\n
2. El apoderado de la Organizaci\u00f3n Nueva Aurora S.A.S.14 indic\u00f3 que si bien el demandante en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica pretende que se aplique el art\u00edculo 228 del C.G.P., ello no puede ser as\u00ed debido a que existe una norma especial para el caso en concreto, a saber, la Ley 56 de 1981. <\/p>\n
Sobre el particular, agreg\u00f3 que \u00abla parte demandante present\u00f3 con la demanda dictamen pericial y con la oposici\u00f3n de este dictamen presentada por la parte demandada el despacho procedi\u00f3 a nombrar dos peritos quienes presentaron el correspondiente dictamen judicial\u00bb, por tanto, concluy\u00f3 que \u00abes m\u00e1s que suficiente con la prueba pericial aportada para que el juez pueda tomar una decisi\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
3. El procurador 10 Judicial II para Asuntos Civiles15 apuntal\u00f3 que no se evidencia ning\u00fan defecto en las decisiones confutadas, por lo cual, el amparo resulta improcedente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por la actora, con ocasi\u00f3n de los presuntos defectos en que incurrieron los falladores de instancia. Ello pues, aduce que se revoc\u00f3 un auto que se encontraba ejecutoriado, no se permiti\u00f3 controvertir los dict\u00e1menes periciales obrantes de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 228 del C.G.P. y se desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia SC4658-2020. <\/p>\n
2. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, fue la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad quien cerr\u00f3 el debate, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido en esa instancia. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que: <\/p>\n
(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada. (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, y escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que el ad quem natural -con auto del 14 de julio de 2022- confirm\u00f3 el prove\u00eddo del 3 de junio anterior con el cual se consider\u00f3 que las pruebas obrantes eran suficientes para decidir y, por tanto, no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de citar a los peritos a audiencia. <\/p>\n
3.1. Para comenzar, el Tribunal accionado indic\u00f3 que de cara a la determinaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica \u00abno existe vac\u00edo normativo en la Ley 56 de 1981, porque la entidad demandante presentar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n que estime conveniente y si el demandado no est\u00e1 de acuerdo se procede a decretar la prueba pericial de que trata el art. 21 ibidem\u00bb. <\/p>\n
3.2. En sustento de lo anterior, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
Bien entendido este tr\u00e1mite especial, no es posible que el dictamen presentado con la demanda, lo contradiga la pasiva presentando otro y\/o llamando a interrogatorio al perito. La norma es clara: para la determinaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por la imposici\u00f3n de la servidumbre vale la estimaci\u00f3n que haga el demandante si el demandado est\u00e1 de acuerdo; si no est\u00e1 de acuerdo, se decreta el dictamen especialmente regulado en el art. 21 de la referida ley, que no se puede catalogar como uno de parte en los t\u00e9rminos del art. 227 del CGP y, por ende, no puede someterse a contradicci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art. 228. (Se subraya) <\/p>\n
3.3. Corolario de lo discurrido, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
El a quo no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de decretar la pr\u00e1ctica del interrogatorio a los peritos, porque ese tr\u00e1mite no est\u00e1 previsto para el proceso con pretensi\u00f3n de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica. Los arts. 227 y siguientes del CGP no son aplicables, porque el dictamen del art. 21 de la Ley 56 de 1981 no es uno de parte ni tampoco oficioso; por tanto, bien hizo el juzgado en dejar sin efecto el auto del 28 de marzo de 2022 que orden\u00f3 err\u00f3neamente darle tr\u00e1mite no previsto en la ley a un dictamen decretado y practicado conforme a la ley. <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable16. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en un caso de similares contornos, esta Corte ilustr\u00f3 que: <\/p>\n
El reparo recae en que aquel traslado no lleva impl\u00edcita la posibilidad de que el trabajo encomendado fuera objeto de contradicci\u00f3n en audiencia, comoquiera que en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica no hay lugar a celebrarla y, menos a\u00fan para aportar un nuevo dictamen, teniendo en cuenta que con la demanda el extremo activo ejerci\u00f3 su derecho a estimar pericialmente el valor de la indemnizaci\u00f3n a cancelar en raz\u00f3n de la imposici\u00f3n de la servidumbre allegado para ello un peritaje con la demanda, en tanto que el extremo pasivo igualmente hizo acopio del derecho a refutar esa valoraci\u00f3n, lo que permiti\u00f3 que se procediera al decreto de un segundo aval\u00fao; siendo estos los \u00fanicos permitidos en este procedimiento especial en trat\u00e1ndose de tales litigios, a menos que en el segundo de ellos exista desacuerdo entre los expertos designados, evento en el cual el legislador dispuso el nombramiento de un tercer perito que entrar\u00eda a dirimir el asunto, lo que aqu\u00ed no aconteci\u00f3. (\u2026) <\/p>\n
Resulta relevante poner de presente que el sub lite se caracteriza por ser un tr\u00e1mite de naturaleza especial que se debe llevar de acuerdo a las normas espec\u00edficas (Decreto 1073 de 2015) en el que interviene como demandante una entidad de derecho p\u00fablico, a quien se le exige que con la demanda adjunte \u00abel inventario de los da\u00f1os que se causen, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompa\u00f1ado del acta elaborada al efecto\u00bb y, como demandado el titular del derecho real sobre el bien objeto de debate, quien al estar inconforme \u00abcon el demostrativo de los perjuicios\u00bb puede pedir que \u00abse practique un aval\u00fao de los da\u00f1os que se causen y se tase la indemnizaci\u00f3n a que haya lugar por la imposici\u00f3n de la servidumbre\u00bb y, en lo que no est\u00e1 regulado se ha de atender lo dispuesto por el C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual presentado el aval\u00fao pr parte de los dos peritos designados por el despacho encartado, se corri\u00f3 traslado del dictamen de acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 228 del C.G.P. y no en la parte inicial del mismo como lo pidi\u00f3 EPM , en raz\u00f3n a que: i) En el asunto de marras no hay lugar a celebrar audiencia distinta a la inspecci\u00f3n judicial y tampoco a allegar una nueva experticia, ii) En lo que respecta al t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas y, iii) Si bien, este tipo de asuntos no est\u00e1 contemplado en el par\u00e1grafo dada la remisi\u00f3n normativa que prev\u00e9 el Decreto 1073 de 2015 se debe apreciar el canon 228 del C.G.P., pero en lo que no le resulte incompatible, dado que se trata de un asunto cuyo tr\u00e1mite requiere celeridad dado el inter\u00e9s general que en el mismo est\u00e1 inmerso. <\/p>\n
Esa caracter\u00edstica especial del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica ha sido relievada por esta Corte, diciendo que: <\/p>\n
La conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica es una servidumbre de \u00edndole legal, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 18 de la Ley 126 de 1938, que grava \u00ablos predios por los cuales deben pasar las l\u00edneas respectivas\u00bb, norma \u00e9sta desarrollada por la Ley 56 de 1981 en la cual se estableci\u00f3 un procedimiento especial para la imposici\u00f3n del gravamen, como consta en el segundo cap\u00edtulo del T\u00edtulo II (hoy Decreto 1037 de 2015). <\/p>\n
Normatividad esta que fue reglamentada por el Decreto 2580 de 1995, cuyo art\u00edculo primero se\u00f1ala que \u00ablos procesos judiciales que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, ser\u00e1n promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho p\u00fablico que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecuci\u00f3n, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, se\u00f1alados en este Decreto\u00bb. <\/p>\n
Ese precepto es claro y contundente en el sentido de que la \u00fanica v\u00eda para \u00abimponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, es la que all\u00ed se contempla, sin que sean de recibo acciones contempladas para situaciones que, aunque se refieran a la constituci\u00f3n de servidumbres, tratan materias completamente ajenas a las que consagra la ley de manera expresa y especializada (CSJ SC15747-2014 Nov. 14 de 2014, rad. 2007-00447-01, reiterada en STC2500-2020, Mar. 9 de 2020, rad. 2020-00005-01). <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, se destaca que el proceso cuestionado se encuentra en curso. En este sentido, deviene imperioso se\u00f1alar que al no existir pronunciamiento de fondo en el sub judice no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, lo que da cuenta de las herramientas procesales con que a\u00fan cuenta la sociedad gestora para ejercer su defensa. Adicionalmente, si bien el accionante trae a colaci\u00f3n como precedente un fallo de Casaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, no por ello puede inmiscuirse este \u00d3rgano en un pleito que no ha sido definido, debido a que podr\u00eda comprometer su criterio de cara a posibles recursos que puedan ser interpuestos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la reclamante no puede aspirar a que por esta senda excepcional el fallador constitucional se anticipe a un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. Al respecto, esta Corte ha reiterado que <\/p>\n
[E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho segundo del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Hecho tercero del escrito de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Hecho cuarto del escrito de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Hecho quinto del escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Hecho sexto del escrito de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Hecho s\u00e9ptimo del escrito de tutela. <\/p>\n
7\u0002 Refiri\u00e9ndose a la del 29 de mayo de 2019 <\/p>\n
8\u0002 Hecho octavo del escrito de tutela. <\/p>\n
9\u0002 Folios 98-100, archivo \u201cDEMANDA_22_8_2022, 2015_08_06\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem., 104-110. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem., 114-116. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem., 121-123. <\/p>\n
13\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cRespuestaTutela_2022_02856_00\u201d del expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220285600-0026Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220285600-0027Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
16\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC11482-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11482-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02856-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide el resguardo constitucional promovido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66464","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66464\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}