STC11484-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11484-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00219-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 12 de julio de 2022, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Francisco Caballero D\u00edaz contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Alcald\u00eda Municipal de Flandes, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Tolima -Cortolima-, las Empresas P\u00fablicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Flandes \u2013Espuflan ESP-, los se\u00f1ores Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez, \u00c1lvaro Ch\u00e1vez Pinto, Jenny Paola Ch\u00e1vez Gonz\u00e1lez, la Empresa Interamericana de Proyectos LTDA., Juan Carlos N\u00fa\u00f1ez Romero y Mauricio Sossa, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2010-00217-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n
2. En sustento narr\u00f3 que en la acci\u00f3n popular de radicado 2010-00217-00, promovida por el se\u00f1or Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez, se dictaron fallos en primera y en segunda instancia, ordenando restablecer la zona en la que se produjo el impacto ambiental, en la \u00abLaguna Yaporogos\u00bb, zona que fue declarada reserva ecol\u00f3gica, decisiones que dispusieron, adem\u00e1s, que la Alcald\u00eda de Flandes, Cortolima y el se\u00f1or \u00c1lvaro Chaves Pinto cumplieran sus obligaciones para preservar el \u00e1rea. <\/p>\n
2.1. En desarrollo de las diligencias dirigidas a obtener el cumplimiento de lo dispuesto en las respectivas sentencias, el Juzgado accionado lo vincul\u00f3, \u00abcon la pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n de pruebas nuevas, para llegar a la absurda conclusi\u00f3n que el infractor ambiental\u00bb era \u00e9l y, en esa medida, decret\u00f3 que su predio deb\u00eda catalogarse como zona de utilidad p\u00fablica y que, por lo mismo, deb\u00eda restablecer el da\u00f1o ambiental. <\/p>\n
2.2. Al respecto, afirm\u00f3 que el Juzgado acusado desconoci\u00f3 su participaci\u00f3n, porque no procedi\u00f3 \u00abcon las notificaciones correspondientes\u00bb, y tampoco se notific\u00f3 al se\u00f1or Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez, titular de la acci\u00f3n popular, lo cual vulnera sus derechos, porque tiene un inter\u00e9s directo, dado que ha sido se\u00f1alado injustamente de incurrir en una infracci\u00f3n ambiental, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 que el Despacho convocado \u00abdisponga de los mecanismos jur\u00eddicos necesarios y pertinentes a permitirle el acceso al proceso notific\u00e1ndole las diligencias que se adelanten\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, suspender los efectos jur\u00eddicos de las decisiones proferidas por el Juzgado 1 Civil del Circuito de El Espinal, en concreto, los autos del 3 de abril de 2018, del 9 de agosto de 2019, el acta de la audiencia de inspecci\u00f3n judicial del 26 de mayo de 2022 y la Resoluci\u00f3n SAN-41230, proferida por Cortolima en el proceso sancionatorio ambiental, as\u00ed como la \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes desenglobados del predio rese\u00f1ado con c\u00e9dula catastral 0103015500002000 y matr\u00edcula inmobiliaria 357-0046416\u00bb, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal sostuvo que el amparo no satisface los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad y que la participaci\u00f3n del actor en el proceso no se ha restringido en forma alguna, pues ha \u00abpodido, a su conveniencia, conocer de las actuaciones procesales de la misma manera que se entera a todos los dem\u00e1s intervinientes, sin que sea del caso agotar notificaciones a su favor de manera distinta\u00bb, precisando que \u00ablos traslados y la fijaci\u00f3n de las diligencias a practicar se surten mediante autos que se notifican por estado\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que las medidas adoptadas son \u00abindispensables y transitorias ante la continuidad de la afectaci\u00f3n medio ambiental que se pretendi\u00f3 conjurar en los fallos dictados en el trascurso de la acci\u00f3n popular\u00bb, las cuales \u00abse encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico. Adem\u00e1s, algunas de ellas pudieron discutirse por \u00e9l, lo que no realiz\u00f3\u00bb, por lo que, en su sentir, se evidencia que lo pretendido es \u00abesquivar las decisiones judiciales que se han tomado dentro de un proceso en que puede participar, del cual tiene conocimiento y en el que se controvirti\u00f3 la misma situaci\u00f3n descrita parcialmente en el escrito petitorio\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima manifest\u00f3 que el aqu\u00ed accionante, a pesar de tener conocimiento sobre \u00abla posibilidad de participar en dicho escenario judicial (\u2026) no ha solicitado al accionado, que remita a su direcci\u00f3n electr\u00f3nica de comunicaciones y\/o notificaciones, las providencias que ordenan la convocatoria y realizaci\u00f3n de las audiencias de verificaci\u00f3n de cumplimiento del fallo\u00bb emitido el abril 6 de 2015, confirmado en mayo 18 de 2016. <\/p>\n
En cuanto a la suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos del procedimiento administrativo sancionatorio, dijo que el actor cont\u00f3 con la oportunidad procesal de \u00abejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y de defensa\u00bb; tambi\u00e9n \u00abpudo atacar ante lo contencioso administrativo la resoluci\u00f3n No. 244 de julio 29 de 2021, que lo declar\u00f3 infractor de la norma ambiental\u00bb, por lo que el amparo es improcedente. <\/p>\n
3. La Veedur\u00eda por los Derechos y el Compromiso con Flandes -Decomflan- solicit\u00f3 no acceder a las pretensiones del accionante, toda vez que este, al igual que el se\u00f1or Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez, demandante en la acci\u00f3n popular, han podido ejercer su derecho a la defensa. <\/p>\n
4. Cortolima destac\u00f3 que todos los presuntos infractores han contado con las garant\u00edas procesales y mecanismos de defensa respectivos. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Flandes pidi\u00f3 abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite de tutela en su contra, por cuanto ha dado cabal cumplimiento a sus funciones legales y a las \u00f3rdenes judiciales impartidas. <\/p>\n
6. La Empresa de Servicios P\u00fablicos de Flandes- Espuflan- dijo que, en primera y en segunda instancia de la acci\u00f3n popular, \u00abse discutieron y decidieron todos los aspectos relevantes para tomar y confirmar la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb. <\/p>\n
7. Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez solicit\u00f3 valorar los escritos que present\u00f3 y que se corrija el tr\u00e1mite \u00ababsurdo y errado\u00bb que el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal ha dado a la acci\u00f3n popular por \u00e9l impetrada. <\/p>\n
8. La Contralor\u00eda Departamental del Tolima y el Servicio Geol\u00f3gico Colombiano requirieron su desvinculaci\u00f3n del amparo, porque no vulneraron derecho alguno al tutelante. <\/p>\n
9. La Defensor\u00eda del Pueblo del Tolima manifest\u00f3 que no funge como accionada ni vinculada en este proceso y que tampoco ha recibido orden alguna que deba cumplir. <\/p>\n
10. Cornelio Villada Rubio, en su calidad de curador ad litem para el proceso, expuso que el accionante estaba enterado de las consecuencias de la acci\u00f3n popular y, por consiguiente, debi\u00f3 estar atento a las decisiones proferidas. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda invocada, por cuanto no cumple los presupuestos de inmediatez y de subsidiaridad, pues, de un lado, las providencias cuestionadas datan del 3 de abril de 2018 y del 9 de agosto de 2019 y la tutela se instaur\u00f3 el 2 de junio de 2022 y, de otro lado, porque en la diligencia del 26 de mayo de 2022, el Juzgado notific\u00f3 su convocatoria a trav\u00e9s de estado electr\u00f3nico y el accionante no compareci\u00f3. Tampoco interpuso recurso contra el auto del 15 de enero de 2021, mediante el cual el Juzgado demandado neg\u00f3 la solicitud de nulidad que aqu\u00e9l elev\u00f3 contra las decisiones ac\u00e1 cuestionadas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en contra del actor no se tom\u00f3 medida alguna en la acci\u00f3n popular, no obstante, ha intervenido en el tr\u00e1mite seguido para dar cumplimiento a las decisiones del juez popular, tanto que particip\u00f3 en la inspecci\u00f3n judicial del 6 de agosto de 2019. <\/p>\n
En cuanto a la petici\u00f3n de vincular al proceso al actor popular Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez asever\u00f3 que era improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n, dado que el tutelante no ostenta la representaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Finalmente, resalt\u00f3 la improcedencia de la solicitud dirigida a dejar sin efecto la resoluci\u00f3n de Cortolima, que sancion\u00f3 al actor por arrojar escombros, por falta de competencia del juez constitucional, pues lo cuestionado es un acto administrativo y, como tal, lo procedente es acudir al respectivo juez. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, quien reiter\u00f3 lo dicho en el escrito inicial e indic\u00f3 que se le pretermiti\u00f3 toda una instancia, pues, a pesar de que compareci\u00f3 a la diligencia del 6 de agosto de 2019, no ha sido formalmente vinculado al proceso iniciado para dar cumplimiento a las decisiones del juez de la acci\u00f3n popular y ello es causal de nulidad, seg\u00fan lo dispuesto por el estatuto procesal civil; adem\u00e1s, que las medidas preventivas adoptadas con la pretendida aclaraci\u00f3n del auto del 3 de abril de 2018 configuraron prevaricato. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor alega que el Juzgado demandado vulner\u00f3 su debido proceso y, por tanto, solicita que: (i) se le permita el acceso a las diligencias iniciadas con miras a dar cumplimiento a los fallos proferidos por el juez de la acci\u00f3n popular; (ii) se ordene la \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes desenglobados del predio rese\u00f1ado con c\u00e9dula catastral No. 0103015500002000\u00bb; (iii) se suspendan los efectos de las providencias del 3 de abril de 2018, del 9 de agosto de 2019 y del 26 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado demandado, as\u00ed como la Resoluci\u00f3n 012 del 20 de enero de 2022 de Cortolima; y (iv) se vincule al proceso al se\u00f1or Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez como coadyuvante. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio y de cara a los cuestionamientos relacionados con el acceso a las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a los fallos de la acci\u00f3n popular, as\u00ed como la \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes desenglobados del predio rese\u00f1ado con c\u00e9dula catastral No. 0103015500002000\u00bb, se evidencia que, aunque el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal no responsabiliz\u00f3 al se\u00f1or Francisco Caballero D\u00edaz del da\u00f1o ambiental ocasionado en la zona de protecci\u00f3n de la laguna Yaroporos, como tampoco lo sancion\u00f3 en el incidente de desacato del 9 de mayo de 20221, lo cierto es que aqu\u00e9l ha actuado en el tr\u00e1mite de cumplimiento del fallo popular, prueba de ello es no s\u00f3lo su comparecencia, en compa\u00f1\u00eda de su apoderado, a la diligencia de inspecci\u00f3n judicial que el Juzgado demandado practic\u00f3 el 6 de agosto de 2019 en el predio objeto de protecci\u00f3n, sino que ha tenido la posibilidad de interponer recursos e, incluso, formular un incidente de nulidad. <\/p>\n
N\u00f3tese que la autoridad judicial demandada ha incluido en los estados respectivos las determinaciones adoptadas, raz\u00f3n por la cual el se\u00f1or Caballero D\u00edaz ha podido adelantar las actuaciones pertinentes con miras a obtener la protecci\u00f3n que ahora reclama. <\/p>\n
3. En torno a las determinaciones del 3 de abril de 2018 y del 9 de agosto de 2019, se advierte que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, toda vez que la tutela fue presentada el 2 de junio del a\u00f1o en curso2, esto es, m\u00e1s de 6 meses despu\u00e9s de proferidas tales providencias, t\u00e9rmino que se considera como razonable para acudir a la tutela, sin que se evidencie en este caso alg\u00fan hecho que justifique la inactividad del querellante, en tanto no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por la v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Adicionalmente, no se cumple con el presupuesto de la subsidiaridad, si en cuenta se tiene que el tutelante promovi\u00f3 un incidente de nulidad contra las referidas y otras determinaciones adoptadas por el Juzgado demandado, que fue negado mediante auto del 15 de enero de 2021, en la medida en que no demostr\u00f3 que ostentaba la propiedad y ning\u00fan tipo de derecho sobre los terrenos inspeccionados, \u00abraz\u00f3n suficiente para concluir que su participaci\u00f3n en la contienda no resultaba imprescindible\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual no interpuso recurso. <\/p>\n
Por su parte, frente al pronunciamiento del 9 de agosto de 20193, en el que, entre otros, se orden\u00f3 al municipio de Flandes realizar una vigilancia permanente a todo el sector recorrido en la inspecci\u00f3n judicial practicada el 6 de agosto anterior, se observa que, si bien el ac\u00e1 accionante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, estos fueron extempor\u00e1neos, en tanto se formularon el 29 de agosto siguiente4, diez d\u00edas despu\u00e9s del vencimiento del t\u00e9rmino de ejecutoria, circunstancia que, desde luego, torna improcedente el amparo, por no haber hecho uso adecuado de los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
4. En cuanto a la reuni\u00f3n del Comit\u00e9 de Verificaci\u00f3n de cumplimiento de la sentencia popular, que el gestor denomina \u00abacta de audiencia de inspecci\u00f3n judicial de fecha mayo 26 de 2022\u00bb, el Juzgado notific\u00f3 su convocatoria a trav\u00e9s de estado electr\u00f3nico5 y, por tanto, aqu\u00e9l tuvo la oportunidad de asistir y controvertir, de considerarlo as\u00ed, las decisiones que all\u00ed se adoptaron, pero no compareci\u00f3, de modo que dej\u00f3 pasar la oportunidad que ten\u00eda para cuestionar lo que pretende a trav\u00e9s de este medio extraordinario y residual. <\/p>\n
5. La misma suerte corre la solicitud de suspensi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 012 de enero 20 de 2022, proferida por Cortolima en el proceso sancionatorio ambiental de radicado SAN-41230, en tanto el accionante tiene la posibilidad de cuestionar ese acto a trav\u00e9s de los mecanismos correspondientes y ante la autoridad judicial competente, a lo cual se suma que no est\u00e1n probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del perjuicio irremediable alegado. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se aprecia que el tutelante desperdici\u00f3 los medios de impugnaci\u00f3n que tuvo a su alcance para controvertir las determinaciones que ahora censura, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias6. <\/p>\n
7. Sobre la falta de notificaci\u00f3n del se\u00f1or Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez, titular de la acci\u00f3n popular, basta con se\u00f1alar que dicho reproche deb\u00eda ser presentado por el referido se\u00f1or y no por el ac\u00e1 accionante, dado que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para implorar el amparo en su nombre. <\/p>\n
8. Finalmente, frente al argumento de que algunas de las medidas adoptadas en una de las decisiones controvertidas habr\u00edan configurado un delito, cabe se\u00f1alar que este mecanismo excepcional no es el escenario para plantear una situaci\u00f3n como la anotada y menos a\u00fan el juez constitucional es el facultado para emitir un pronunciamiento sobre el particular; de suerte que, si el actor lo estima procedente, debe dirigirse a la autoridad judicial competente y poner en conocimiento la supuesta infracci\u00f3n a la ley penal. <\/p>\n
9. De conformidad con lo aqu\u00ed discurrido, se impone confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se sancion\u00f3 a la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Alfonso Lannini, Directora de Cortolima, con multa de 2 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, y a Yovanny Herrera D\u00edaz, alcalde del Municipio de Flandes, con multa de 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2\u0002 Archivo 002Documento_radicacion.pdf del Expediente Digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 2428-2429 Archivo \u201c029Cuaderno6Tomo8.pdf\u201d del Expediente Digital. <\/p>\n
4\u0002 Folio 2678-2686 Archivo \u201c030Cuaderno6Tomo9.pdf\u201d del Expediente Digital. <\/p>\n
5\u0002 Folio 0346 VencimientoEjecutoriaPasaDespacho18-05-2022.pdf del Expediente Digital. <\/p>\n
6\u0002 En esos t\u00e9rminos, ver CSJ STC4031-2020, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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