STC11485-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11485-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00804-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 17 de mayo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Ana Mar\u00eda Imparato Lugo contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Administradora Colombiana de Pensiones. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 2013-00433. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la vida, salud, debido proceso, defensa y m\u00ednimo vital y m\u00f3vil. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante afirm\u00f3 que, debido al fallecimiento del se\u00f1or \u00c1lvaro Rebolledo Olarte, ocurrido el 13 de abril de 2001, ella, en calidad de compa\u00f1era permanente y en representaci\u00f3n de su hijo, y la se\u00f1ora Marlene Barrios Barranco, en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge, reclamaron ante el Instituto de Seguros Sociales ISS la pensi\u00f3n de sobrevivientes y que, por Resoluci\u00f3n 003499 del 2002, se reconoci\u00f3 el 50% a cada uno (esposa e hijo). <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que, al cumplir su hijo la mayor\u00eda de edad y quedar cesante el 50% de la pensi\u00f3n, pidi\u00f3 a Colpensiones la sustituci\u00f3n pensional, siendo negada mediante Resoluci\u00f3n GNR203383 del 12 de agosto de 2013, raz\u00f3n por la cual promovi\u00f3 un proceso ordinario laboral contra la citada entidad y la se\u00f1ora Barrios Barranco. <\/p>\n
2.3. El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia del 9 de mayo de 2014, accedi\u00f3 a sus pretensiones y orden\u00f3 a Colpensiones pagarles en \u00abforma compartida y vitalicia la pensi\u00f3n (\u2026) en proporci\u00f3n del 50% a cada una\u00bb. <\/p>\n
2.4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, al resolver la alzada interpuesta por la se\u00f1ora Barrios Barranco y el grado jurisdiccional de consulta, el 23 de enero de 2015 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, absolvi\u00f3 a las demandadas y la conden\u00f3 a ella en costas. <\/p>\n
2.5. Contra la decisi\u00f3n de segunda instancia interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral, en fallo CSJ SL662-2021, resolvi\u00f3 no casar la determinaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
2.6. Frente a dichos pronunciamientos, interpuso una acci\u00f3n de tutela, que fue concedida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, mediante fallo CSJ STP14055-2021, el cual fue revocado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, por sentencia CSJ STC144-2022. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 revocar \u00ablas sentencias emitidas por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Corte Suprema de Justicia, de fechas 23 de enero de 2015 y 24 de febrero de 2021\u00bb, y ordenar a Colpensiones reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes en cuant\u00eda del 50%, as\u00ed como su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y el pago del retroactivo y de las mesadas pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada asever\u00f3 que su determinaci\u00f3n fue producto de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Igualmente, advirti\u00f3 que la aqu\u00ed accionante obr\u00f3 con temeridad, pues, en oportunidad anterior, \u00abformul\u00f3 una acci\u00f3n de tutela con base en los mismos hechos y fundamentos\u00bb, que fue negada en segunda instancia. <\/p>\n
2. Colpensiones pidi\u00f3 declarar improcedente la tutela, toda vez que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, as\u00ed como por \u00abla abierta improcedencia (\u2026) contra sentencias judiciales (\u2026) sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en Liquidaci\u00f3n, P.A.R.I.S.S., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque no hizo parte del proceso laboral de la referencia. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a lo debatido, a la realidad probatoria y a las normas y la jurisprudencia aplicables. Aleg\u00f3 temeridad, dado que la actora, por los mismos hechos, formul\u00f3 otra tutela anterior, que fue denegada en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por temeridad, \u00abde conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, en raz\u00f3n a que ya se plantearon las mismas inconformidades en otra actuaci\u00f3n de la misma naturaleza y no hay lugar a reabrir un debate constitucional clausurado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 lo dicho en el escrito inicial y asegur\u00f3 que \u00absolamente he presentado [\u2026] una acci\u00f3n de tutela [\u2026] ante la Corte Constitucional y ellos me manifestaron que la competencia para resolver esta tutela es la Corte Suprema de Justicia\u00bb y, en esa medida, solicit\u00f3 que se reconociera la pensi\u00f3n de sustituci\u00f3n compartida, correspondiente al 50%. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante cuestion\u00f3 los fallos proferidos por la \u00abSala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Corte Suprema de Justicia, de fechas 23 de enero de 2015 y 24 de febrero de 2021\u00bb, a fin de que fueran revocados y se ordenara a Colpensiones el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que la gestora concurri\u00f3 previamente a esta jurisdicci\u00f3n constitucional, con el fin de atacar las mismas decisiones que ahora cuestiona, bajo la consideraci\u00f3n de que el Tribunal cognoscente incurri\u00f3 en \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria porque no dio aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad \u201ccomo se solicit\u00f3 al buscar amparo en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 del 2003, que solo establece una convivencia de cinco (5) a\u00f1os en cualquier tiempo (\u2026)\u201d\u00bb, circunstancia que, seg\u00fan su dicho, fue convalidada por la Sala de Descongesti\u00f3n de la Corte, \u00abbas\u00e1ndose tambi\u00e9n erradamente en el art\u00edculo 47 de la Ley [se infiere 100 de] 1993\u00bb, por ello pidi\u00f3 dejar sin efecto la sentencia CSJ SL662-2021, que no cas\u00f3 el prove\u00eddo revocatorio emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
2.1. En primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencia CSJ STP14055-2021, <\/p>\n
accedi\u00f3 al amparo solicitado. <\/p>\n
2.2. La anterior determinaci\u00f3n fue revocada por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en providencia CSJ STC144-2022, al establecer que la decisi\u00f3n atacada no era caprichosa ni arbitraria, dado que concluy\u00f3, razonadamente, que: <\/p>\n
no existi\u00f3 la infracci\u00f3n directa de las normas denunciadas, puesto que, aparte de ser el sustento normativo del Tribunal, los fundamentos concuerdan con las previsiones legales vigentes al momento del \u00f3bito de \u00c1lvaro Rebolledo Olarte (13 abr. 2001), evento en el cual \u2018la convivencia simult\u00e1nea, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, de una persona con su c\u00f3nyuge y con la compa\u00f1era permanente, ubican el derecho prestacional en favor de la primera (\u2026)\u2019, tal como lo ha venido pregonando esa Sala, entre otras determinaciones, en CSJ SL 15 may. 2012, rad. 42497, reiteradas en SL13235-2014 y SL13450-2016), postulados que son seguidos por los funcionarios de descongesti\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario resultan razonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
3. Ahora bien, en casos como este, en los que previamente y por los mismos hechos se promueve una acci\u00f3n del mismo linaje, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que: <\/p>\n
Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentaci\u00f3n de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, ser\u00e1 sancionado con la suspensi\u00f3n de la tarjeta profesional al menos por dos a\u00f1os. En caso de reincidencia, se le cancelar\u00e1 su tarjeta profesional, sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones a que haya lugar. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche1 (Se subraya). <\/p>\n
Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones, de manera que no es posible volver a analizar el asunto, dado que ya ha sido objeto de decisi\u00f3n, previamente, en sede constitucional. Y, si bien la actora manifiesta que \u00absolamente he presentado [\u2026] una acci\u00f3n de tutela [\u2026] ante la Corte Constitucional\u00bb, lo cierto es que esta Sala resolvi\u00f3 una petici\u00f3n de amparo previa, radicada por la actora y, en consecuencia, en este nuevo tr\u00e1mite se impone estarse a lo all\u00ed definido. <\/p>\n
En efecto, como lo ha establecido la jurisprudencia2, el juez constitucional est\u00e1 dotado de amplias facultades, de modo que, cuando decide un asunto, no est\u00e1 limitado a los argumentos de las partes y, por tanto, al validar una actuaci\u00f3n y considerar que no se vulneraron derechos o que la acci\u00f3n es improcedente, no es viable formular ni resolver nuevos amparos que, en \u00faltimas, tienen el mismo objeto, pues ello har\u00eda interminable el debate constitucional, atentar\u00eda contra la autonom\u00eda e independencia de los jueces y afectar\u00eda el principio de la seguridad jur\u00eddica, de manera que la tutela propuesta carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo se\u00f1alado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ, STC2103-2016 y CSJ, STC2713-2020. <\/p>\n
2\u0002 En similares t\u00e9rminos ver CSJ STC12991-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11485-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11485-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00804-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66467","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66467\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}