STC11486-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11486-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01233-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de julio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido por Cristian Camilo Ospina Buitrago en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, los Juzgados Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Promiscuo del Circuito de Manzanares y Promiscuo Municipal de Marquetalia, la Polic\u00eda Nacional de Colombia, las Estaciones de Polic\u00eda de Marquetalia y Manzanares, Regional Justicia Viejo Caldas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores que denomin\u00f3: reconocimiento de los derechos humanos, vida, prohibici\u00f3n de tortura, prohibici\u00f3n de esclavitud y trabajo forzado, libertad, seguridad, debido proceso, no hay pena sin ley, familia, libertad de pensamiento, de conciencia, de religi\u00f3n, de expresi\u00f3n, de reuni\u00f3n y de asociaci\u00f3n, derecho a contraer matrimonio, a un recurso efectivo, a la no discriminaci\u00f3n, a la derogaci\u00f3n en caso de estado de urgencia, a las restricciones a la actividad pol\u00edtica de los extranjeros, a la prohibici\u00f3n del abuso del derecho, a la limitaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de las restricciones de derechos, a la reparaci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente quebrantadas por los querellados. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, que se encuentra privado de la libertad, luego de haber sido sometido, en 2001, a un reclutamiento forzado por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, a la edad de doce a\u00f1os. <\/p>\n
Desmovilizado en el 2019, ese mismo a\u00f1o, en agosto, conoci\u00f3 a la se\u00f1ora Sandra Patricia, integrante de las FARC, con quien sostuvo una relaci\u00f3n sentimental; no obstante, fruto de diversas incidencias surgidas en la pareja, entre ellas, el hecho de que Sandra Patricia hubiere asesinado a dos menores de edad, decidi\u00f3 entregarse a las autoridades, que lo torturaron y presionaron, a fin de que se incriminara de la comisi\u00f3n de unos delitos. <\/p>\n
3. Dadas las irregularidades referidas, solicita que se disponga la suspensi\u00f3n del proceso judicial por homicidio agravado que cursa en su contra y que sea trasladado a Bogot\u00e1, \u00abdonde sea revisado, investigado minuciosamente por personal altamente capacitado [y] especializado\u00bb; adicionalmente, exige que se modifique la medida privativa de la libertad, por una de \u00ablibertad vigilada\u00bb y que se le otorgue un permiso para trabajar. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales relat\u00f3 que, en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, conoci\u00f3 de una tutela promovida1 por el accionante contra la Fiscal\u00eda Seccional de Manzanares, la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Caldas-, las Inspecciones de Polic\u00eda de los municipios de Manzanares y Marquetalia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, que fue desestimada el 3 de mayo de 2022, determinaci\u00f3n que no fue impugnada. Acotado lo anterior, aclar\u00f3 que algunas de las s\u00faplicas de la tutela ahora auscultada eran similares a las ventiladas en la oportunidad pasada, por lo que el auxilio deb\u00eda negarse. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Primera Seccional de Manzanares pidi\u00f3 negar la salvaguarda, porque la medida privativa de la libertad en contra del actor fue impuesta con el cumplimiento de los requisitos legales, y asegur\u00f3 que si este anhelaba su modificaci\u00f3n pod\u00eda acudir al juez de control de garant\u00edas o al de conocimiento. En cuanto a la concesi\u00f3n del permiso para trabajar, dijo que pod\u00eda solicitarse por intermedio del centro penitenciario en el que se encontraba recluido. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que las supuestas lesiones sufridas por el actor se las caus\u00f3 \u00e9l mismo y que lo buscado era dilatar el proceso y evitar la emisi\u00f3n de la sentencia condenatoria. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares indic\u00f3 que, el 22 de julio de 2022, se llevar\u00eda a t\u00e9rmino la audiencia de lectura de sentencia, luego de numerosos aplazamientos propiciados por el acusado. En adici\u00f3n, sostuvo que la salvaguarda deven\u00eda improcedente, habida cuenta de que aqu\u00e9l contaba con los mecanismos ordinarios para ventilar sus reparos. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania narr\u00f3 que conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de habeas corpus promovida por el aqu\u00ed gestor, que fue negada el 15 de agosto de 2021, decisi\u00f3n que no fue objeto de recursos. <\/p>\n
5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- se\u00f1al\u00f3 que no vulner\u00f3 prerrogativa alguna del interesado y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda, por cuanto no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, dado que el petente no impugn\u00f3 la providencia de 3 de mayo de 2022, emanada de la Sala Penal del Colegiado querellado, en la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l impetr\u00f3 en pasada ocasi\u00f3n, con fines similares. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el tutelante. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende la suspensi\u00f3n del proceso penal seguido en su contra, el traslado de las actuaciones a Bogot\u00e1, la modificaci\u00f3n de la medida privativa de la libertad y el otorgamiento de un permiso para trabajar. <\/p>\n
2. Revisado el escrito de tutela y cotejado lo referido con la informaci\u00f3n suministrada por los convocados, se advierte que, mediante sentencia de 3 de mayo de 2022, la Sala Penal del Tribunal querellado desestim\u00f3 una acci\u00f3n de tutela previa que el accionante promovi\u00f3 en contra de la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013Regional Caldas-, la Fiscal\u00eda Seccional de Manzanares, el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa misma poblaci\u00f3n y las Inspecciones de Polic\u00eda de ese lugar y de Marquetalia, en la que solicit\u00f3 -en buena parte- lo mismo que ahora pretende, esto es, la suspensi\u00f3n del proceso penal seguido en su contra, dadas las irregularidades que en \u00e9l se habr\u00edan presentado, entre ellas, las torturas y presiones a las que habr\u00eda sido sometido, as\u00ed como el hecho de corrupci\u00f3n en que supuestamente incurri\u00f3 el Fiscal Delegado a cargo de su caso y la deficiente gesti\u00f3n de la abogada de oficio que se le design\u00f3 en defensa de sus intereses, oportunidad en la que tambi\u00e9n exigi\u00f3 que el proceso fuera remitido a Bogot\u00e1, para que personas competentes e imparciales lo investigaran y juzgaran. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n considera que el amparo examinado ninguna vocaci\u00f3n de prosperidad tiene, en vista de que, tal y como lo observ\u00f3 el a quo constitucional, no re\u00fane el presupuesto de la subsidiariedad, porque el aqu\u00ed gestor no impugn\u00f3 el citado pronunciamiento de 3 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en un caso de similar temperamento, en el que el tutelante no formul\u00f3 tempestivamente la impugnaci\u00f3n frente al fallo dictado en sede de primera instancia, en el curso de un tr\u00e1mite constitucional, esta Sala acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) vale la pena resaltar que, por conducto de la impugnaci\u00f3n, resultaba viable plantear las inconformidades frente a la decisi\u00f3n constitucional adoptada, incluyendo, las presuntas falencias en la actividad probatoria del \u00f3rgano jurisdiccional (\u2026) las consecuencias que de ella, seg\u00fan el accionante, se derivar\u00edan, entre otros, no obstante, como el actor desaprovech\u00f3 el instrumento de defensa que ten\u00eda a su alcance, desperdici\u00f3 -tambi\u00e9n- la posibilidad que ten\u00eda de controvertir lo pertinente. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que los mecanismos contemplados para controlar las providencias dictadas en sede de amparo son la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional e, incluso, la formulaci\u00f3n de la insistencia, dado que \u2018[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto\u2019 (CSJ STC 20 de abril de 2020, Rad. 2020-00852-00), por lo que la acci\u00f3n de tutela invocada contra el aludido tr\u00e1mite carece de vocaci\u00f3n de prosperidad (CSJ STC5742-2022). <\/p>\n
Adicionalmente, se destaca que la determinaci\u00f3n de 3 de mayo del a\u00f1o en curso no fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisi\u00f3n2; luego, el fallo emitido adquiri\u00f3 plena firmeza y cabal fuerza ejecutoria, por lo que se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
3. Ahora bien, en el auxilio ahora examinado, es cierto, que se agregan dos cuestiones adicionales, las cuales, seg\u00fan la informaci\u00f3n que obra en la foliatura3, no fueron alegadas en el decurso constitucional tramitado en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, esto es, (i) que el ahora actor fue v\u00edctima de una confabulaci\u00f3n concertada por la se\u00f1ora Sandra Patricia Dagua, supuesta integrante de un grupo criminal levantado en armas, que lo llev\u00f3 a ser vinculado al proceso penal y enjuiciado, dice, de manera injusta e infundada y (ii) que la medida de aseguramiento que pesa sobre \u00e9l debe ser modificada por una menos restrictiva de la libertad, concedi\u00e9ndosele un permiso para trabajar. <\/p>\n
No obstante, en cuanto ata\u00f1e con estos puntuales reproches, se advierte que el amparo propuesto tampoco supera el umbral de la subsidiariedad, porque, de un lado, el actor cuenta con la posibilidad de apelar la sentencia que se dicte en su contra, si es que est\u00e1 inconforme con lo que en ella se dictamine, medio este en cuya virtud puede discutir la eventual responsabilidad criminal que el juez de conocimiento le endilgue; y, por otro, porque el interesado tiene a su alcance las herramientas reglamentadas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para obtener lo que reclama de esta residual y excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, pues, frente a estos precisos t\u00f3picos la tutela examinada tampoco cumple con los requisitos de procedencia, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de amparo constitucional, instrumento que no \u00abse instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores\u00bb (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo razonado, se refrendar\u00e1 el pronunciamiento de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado 2022-00098. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. auto de 29 de julio de 2022, en relaci\u00f3n con el expediente T-8794704. <\/p>\n
3\u0002 En particular, del texto del citado fallo de 3 de mayo de 2022. <\/p>\n
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