STC11488-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11488-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por el 27 de julio de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Escobar Tumay contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2018-00065. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, igualdad, \u00abcomportamiento de las autoridades p\u00fablicas conforme a derechos inalienables\u00bb y prevalencia del derecho sustancial presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Ricardo Andr\u00e9s y Carlos Mauricio Sanabria Monroy promovieron demanda ejecutiva con garant\u00eda real de mayor cuant\u00eda en contra de Alcira Tumay Barrag\u00e1n, \u00c1lvaro Benito Escobar Henr\u00edquez y de la gestora. <\/p>\n
2.2. El asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien libr\u00f3 mandamiento de pago el 27 de febrero de 2018. Determinaci\u00f3n que no fue recurrida y frente a la cual, la promotora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.3. El 31 de octubre siguiente, ese juzgador profiri\u00f3 sentencia anticipada, mediante la cual declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones propuestas por el extremo pasivo, decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta y el aval\u00fao del inmueble embargado y secuestrado, orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, conden\u00f3 en costas a la parte demandada y remiti\u00f3 las diligencias a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para que continuaran con el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.4. Inconforme, \u00c1lvaro Benito Escobar Henr\u00edquez, interpuso recurso de alzada, en donde la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con prove\u00eddo de 22 de agosto de 2019, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.5. El 23 de junio de 20222, el ejecutado formul\u00f3 incidente de nulidad, con sustento en que con la demanda no se aport\u00f3 \u00abla primera copia que presta m\u00e9rito ejecutivo del t\u00edtulo hipotecario\u00bb. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias querellado, mediante auto de 26 de julio de 2022, rechaz\u00f3 dicha s\u00faplica \u00abhabida cuenta que el mismo no se encuentra enmarcado dentro de las causales de nulidad se\u00f1aladas taxativamente en el Art. 133 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. Reprocha la gestora que la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y en defecto \u00abprocedimental absoluto\u00bb, f\u00e1ctico y \u00abnormativo\u00bb, toda vez que libr\u00f3 mandamiento de pago, a pesar de que con el escrito rector no se aport\u00f3 la primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva del gravamen hipotecario que busca hacerse efectivo, sino que se ados\u00f3 \u00abuna fotocopia simple\u00bb. De ah\u00ed que, se desconoci\u00f3 las disposiciones contenidas en el art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso, el precepto 80 del Decreto 960 de 1970 y los c\u00e1nones 665, 1500 y 2434 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, solicit\u00f3 que se le ordene al Juzgado cuestionado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) proceda a dejar sin valor y sin efecto \u00abtodo lo actuado en el proceso 2018-00065 a partir del auto mediante el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que las decisiones emitidas en el asunto confutado se adoptaron conforme a derecho, ateniendo de los principios de publicidad y oponibilidad; por lo que, las partes \u00abhan contado con los t\u00e9rminos previstos en la ley adjetiva para controvertir las mentadas providencias\u00bb. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que las s\u00faplicas de la promotora \u00abya fueron resueltas dentro del plenario\u2026indic\u00e1ndole que la oportunidad procesal para alegar lo que pretend\u00eda, ya feneci\u00f3\u00bb. Apuntal\u00f3 que el proceso ejecutivo ya \u00abcuenta con sentencia\u00bb3. <\/p>\n
2. Quien dijo ser apoderado judicial de Ricardo Andr\u00e9s y Carlos Mauricio Sanabria Monroy, solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo porque no cumple con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 el ruego como temerario, en virtud de que la ejecutada Alcira Tumay Barrag\u00e1n, coadyuvada por \u00c1lvaro Benito Escobar Henr\u00edquez y por la aqu\u00ed accionante Laura Escobar Tumay, inco\u00f3 tutela de radicado 2022-01378-00 \u00abpor los mismos hechos y contra la misma autoridad\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n impetrada, al considerar que no se encontraban satisfechos los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. En relaci\u00f3n con el primero, reproch\u00f3 que la promotora no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra del auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, ni propuso medio de defensa alguno. Y cuanto al segundo, apuntal\u00f3 que \u00aben su condici\u00f3n de sujeto procesal [era] su deber actuar con suma diligencia en defensa de sus intereses sin que, en su propio beneficio pueda esgrimir su desidia m\u00e1s de 4 a\u00f1os despu\u00e9s de proferida la orden de pago, existiendo sentencia ejecutoriada\u00bb; pues, en efecto, constat\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional se present\u00f3 solo hasta el 22 de julio de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, insistiendo en los mismos argumentos esbozados en el escrito inicial. Agreg\u00f3 que el fallo de primera instancia omiti\u00f3 estudiar \u00abla afirmaci\u00f3n falsa del demandante del proceso ejecutivo, y la ocurrencia evidente del error inducido y del defecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se deje sin efectos el prove\u00eddo de 27 de febrero de 2018, dictado por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, as\u00ed como toda actuaci\u00f3n subsiguiente en el juicio ejecutivo, por haberse dictado mandamiento de pago sin que se hubiese adosado con el escrito rector la primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva de la garant\u00eda hipotecaria; dado que, se arrim\u00f3 una copia simple. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que en la tutela de radicado n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01378-01, con identidad de partes y proceso cuestionado, Alcira Tumay Barrag\u00e1n, coadyuvada por \u00c1lvaro Benito Escobar Henr\u00edquez y por Laura Escobar Tumay -aqu\u00ed gestora-, censur\u00f3, igualmente, el citado prove\u00eddo de 27 de febrero de 2018, por el cual el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y las actuaciones surtidas en el juicio ejecutivo de radicado 2018-00065. <\/p>\n
En aquella oportunidad, esta Corporaci\u00f3n mediante sentencia STC10409-2022 de 10 de agosto hoga\u00f1o, neg\u00f3 la salvaguarda invocada, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abDel escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, exigido para procedencia de la salvaguarda impetrada. Esto, debido a que entre el momento en que se tuvo por notificado el mandamiento de pago -16 de agosto de 2018- y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -29 de junio de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional.(\u2026) <\/p>\n
Por otro lado, revisado el expediente procesal se vislumbra que no se cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad, comoquiera que la accionante no interpuso ning\u00fan recurso ni formul\u00f3 excepciones contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago referido ut supra. En ese orden de ideas, es claro que la promotora desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (Se subraya). (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones. <\/p>\n
2.3. Con base en lo expuesto, en el presente caso, no resulta posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de pronunciamiento previo en sede de tutela, por lo que se impone estarse a lo resuelto en precedencia. <\/p>\n
Frente a lo cual, se insiste, esta misma Sala ya determin\u00f3 que el ruego no se abre paso por no encontrarse satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de inmediatez porque transcurrieron m\u00e1s de 6 meses desde que se profiri\u00f3 la providencia cuestionada y el momento en el que se acudi\u00f3 a la acci\u00f3n constitucional y de subsidiariedad, pues la accionante no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, ni despleg\u00f3 acci\u00f3n de defensa alguna en contra del auto que libr\u00f3 la orden de apremio varias veces citado. <\/p>\n
Y, aunque en esta ocasi\u00f3n la queja es elevada por Laura Escobar Tumay -quien actu\u00f3 en calidad de interviniente en el amparo primigenio-, lo cierto es que las dos tutelas se sustentan en los mismos hechos, esto es, que se libr\u00f3 mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con garant\u00eda real de mayor cuant\u00eda sin haberse arrimado la primera copia de la escritura p\u00fablica que contiene el t\u00edtulo hipotecario. Adem\u00e1s, de que se dirigen contra la misma autoridad judicial y con ambas se persigue que se deje ni efectos la decisi\u00f3n de 27 de febrero de 2018 referida y todas las actuaciones surtidas en el juicio ut supra. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c03EscritoTutela\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Con antelaci\u00f3n a la fecha fijada para la audiencia de remate, 3 de agosto de 2022. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201c09CONTESTACION TT 2022 1552\u201d. Ib. <\/p>\n
4\u0002 Anexo \u201c19Pronunciamiento ACCION TUTELA-Alvaro Benito Escobar(Laura Esobar)\u201d. Ib. <\/p>\n
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