STC11489-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC11489-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00249-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Josu\u00e9 Duv\u00e1n Lozano Ospina, en nombre propio y como miembro activo de la Comunidad Ind\u00edgena Yaporogos, en contra de los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal del Espinal. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso constitucional con radicado 2021-00203. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n, de acceso a la informaci\u00f3n y debido proceso. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Desde el 2017, en la Comunidad Ind\u00edgena Yaporogos se han venido presentando unos conflictos internos, causados, presuntamente, por el \u00abmanejo inadecuado que dio la gobernadora de la parcialidad para ese momento, la se\u00f1ora M\u00f3nica Lizeth Alape Rodr\u00edguez\u00bb, a un proceso de \u00abconsulta previa\u00bb con la \u00abAutov\u00eda Neiva-Girardot y Cortolima\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 14 de julio de 2021, la Corte Constitucional profiri\u00f3 sentencia en el expediente T-8.047.080, que correspond\u00eda a una acci\u00f3n de tutela instaurada por Iv\u00e1n Dar\u00edo Galindo y Jos\u00e9 Omar Rojas contra los cabildantes de la comunidad, en la cual se \u00abcomprob\u00f3 que los accionantes [es decir, Iv\u00e1n Dar\u00edo Galindo y Jos\u00e9 Omar Rojas] se enc[ontraban] sancionados sin que estas sanciones hubieran generado afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb; asimismo, \u00abdio claridad del mecanismo que la comunidad utiliza[ba] para dar respuesta a los derechos de petici\u00f3n\u00bb, acotando que \u00e9ste deb\u00eda ce\u00f1irse a los usos, costumbres y procedimientos internos de la parcialidad ind\u00edgena; y, por \u00faltimo, orden\u00f3 que las peticiones formuladas por los all\u00ed gestores fueran resueltas. <\/p>\n
2.3. El 7 de agosto siguiente se dio cumplimiento al enunciado fallo y, en reuni\u00f3n a la cual asisti\u00f3 un representante de la Defensor\u00eda del Pueblo, se les advirti\u00f3 a los asistentes que \u00abpod\u00edan efectuar las peticiones que [quisieran] a la comunidad, y se efectu\u00f3 la revisi\u00f3n caso por caso de los sancionados\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la se\u00f1ora M\u00f3nica Lizeth Alape Rodr\u00edguez, junto con otras personas \u00abque se autoproclamaban comuneros\u00bb, formularon una tutela en contra de la Comunidad Ind\u00edgena Yaporogos, que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2021-00203. <\/p>\n
2.5. Aduce que se tuvo conocimiento de esa acci\u00f3n constitucional \u00fanicamente cuando se comunic\u00f3 el auto del Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal, que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n contra el fallo emitido en primera instancia, raz\u00f3n por la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito del mismo municipio decret\u00f3 la nulidad de la sentencia de primer nivel, \u00abordenando devolver la carpeta digital [y] teniendo a la autoridad ind\u00edgena accionada como notificada por conducta concluyente\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 13 de octubre ulterior, a las 16:04, se recibi\u00f3 correo electr\u00f3nico, comunicando a la Comunidad que contaba con dos d\u00edas para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la referida tutela, a lo cual se dio respuesta el d\u00eda siguiente, solicitando al estrado cognoscente declarar improcedente lo peticionado, \u00abtoda vez que se estar\u00eda cometiendo posible delito de fraude procesal y falsificaci\u00f3n en documento por parte de los accionantes, a su vez se estar\u00eda desconociendo [el] precedente judicial [vertido] en la sentencia T-221\/21\u00bb. Y se exigi\u00f3 compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se investigara la comisi\u00f3n de los antelados punibles por parte de los all\u00ed gestores, as\u00ed como vincular a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Personer\u00eda Municipal de El Espinal, entre otros. <\/p>\n
2.7. El 28 de octubre de 2021, el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal dict\u00f3 el fallo correspondiente, accediendo a lo pretendido y orden\u00e1ndole al Gobernador del cabildo ind\u00edgena responder las solicitudes presentadas por algunos de los all\u00ed accionantes (M\u00f3nica Lizeth Alape Rodr\u00edguez, Leonor Llanos Urquiza, Jos\u00e9 Omar Rojas y Janeth Alape Rodr\u00edguez) y requiri\u00e9ndole que notificara a otros (Diego Galindo, Iv\u00e1n Dar\u00edo Galindo, Jos\u00e9 Omar Rojas, Janeth Alape Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Rita Galindo) de un proceso sancionatorio que se adelantaba en contra suyo. <\/p>\n
2.8. El dirigente de la comunidad ind\u00edgena impugn\u00f3 esa determinaci\u00f3n y el Juzgado Primero Civil del Circuito local, en fallo de 6 de diciembre ulterior, adicion\u00f3 el pronunciamiento de primer grado, en el sentido de que tambi\u00e9n se amparaban los derechos fundamentales -al debido proceso- de los se\u00f1ores Leonor Llanos y Jos\u00e9 Flaminio Prada; adem\u00e1s, lo modific\u00f3, bajo el entendido de que se dejaba sin efectos \u00abla adici\u00f3n de sanciones realizada el 7 de agosto de 2021 por la Comunidad Ind\u00edgena (\u2026) en contra de Leonor Llanos, Mar\u00eda Rita Galindo, Jos\u00e9 Omar Rojas, Iv\u00e1n Galindo, Janet Mar\u00eda Alape Rodr\u00edguez, Diego Galindo y Jos\u00e9 Flaminio Prada\u00bb; en consecuencia, le advirti\u00f3 a la Comunidad Ind\u00edgena que si resolv\u00eda iniciar un tr\u00e1mite sancionatorio deb\u00eda enterar a esas personas de los hechos y pruebas que sustentaban la acusaci\u00f3n y brindarles la oportunidad de ser escuchados. <\/p>\n
2.9. El gestor que present\u00f3 una solicitud de nulidad del tr\u00e1mite constitucional en comento, que fue negada el 2 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
3. El promotor denuncia que en el proceso constitucional seguido por las autoridades judiciales de primera y segunda instancia se incurri\u00f3 en varias irregularidades, tales como: (i) no vincular a los miembros de la Comunidad Ind\u00edgena sino s\u00f3lo a su gobernador, desconociendo el reglamento interno, que indica que la m\u00e1xima autoridad era la asamblea general, la cual no tuvo la oportunidad de conocer el asunto; (ii) los plazos otorgados para contestar el amparo fueron muy cortos, hecho que \u00abno permiti\u00f3 que el gobernador de la comunidad (\u2026) citara a asamblea general y fuera [\u00e9]sta la que brindara respuesta a nombre de la comunidad (\u2026)\u00bb; (iii) el all\u00ed tutelante Jos\u00e9 Flaminio Prada fue suplantado y no fue notificado del auto admisorio; (iv) debi\u00f3 convocarse a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por cuanto \u00aben el acta 07 de Agosto de 2021, se cont\u00f3 con la presencia de un delegado de la defensor\u00eda del pueblo\u00bb; y (v) tambi\u00e9n debi\u00f3 citarse al tr\u00e1mite a los Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito, \u00abPrimero Penal Mixto Municipal\u00bb y a la Corte Constitucional, por ser \u00abterceros involucrados\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado, solicita que se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal declarar la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite tutelar cuestionado y que se compulsen copias para que se investigue al juzgador disciplinariamente. <\/p>\n
En memorial allegado a esta Corporaci\u00f3n el 9 de agosto anterior, el impulsor exigi\u00f3 \u00abverificar la legalidad de las actuaciones\u00bb, por cuanto, como lo ratific\u00f3 el se\u00f1or Jos\u00e9 Flaminio Prada, no promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que dio origen al decurso constitucional cuya licitud se cuestiona. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Dumit Garnica Guayara, quien adujo ser integrante de la Comunidad Ind\u00edgena Yaporogos, coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo constitucional invocada y manifest\u00f3 que fungi\u00f3 como su gobernador y contest\u00f3 la tutela cuestionada. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo -Tolima- indic\u00f3 que no incurri\u00f3 en conductas lesivas de los derechos del actor. <\/p>\n
3. M\u00f3nica Lizeth Alape Rodr\u00edguez, Omar Rojas, Diego Galindo, Janeth Alape, Iv\u00e1n Dar\u00edo Galindo, Leonor Llanos Urquiza, Herminso Alape y Rita Torres se opusieron a la viabilidad del ruego, haciendo hincapi\u00e9 en ciertas actuaciones arbitrarias cometidas en su contra por la comunidad ind\u00edgena y por sus directivas y en que era el gobernador del cabildo el llamado a responder los requerimientos de las autoridades, como en efecto ocurri\u00f31. <\/p>\n
4. Mar\u00eda Victoria D\u00edaz Pati\u00f1o, Mar\u00eda In\u00e9s Rojas Cardoso, Pedro Bucur\u00fa Donoso, Sergio Yamit Garnica y \u00d3scar Javier Garc\u00eda dijeron ser miembros de la Comunidad Ind\u00edgena Yaparogos y coadyuvaron lo peticionado por el impulsor2. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda implorada, dado que no hubo yerro alguno por la alegada falta de vinculaci\u00f3n de Jos\u00e9 Flaminio Prada a la tutela cuestionada, pues \u00e9l actu\u00f3 en calidad de tutelante y, si bien se aleg\u00f3 que fue suplantado, ello \u00abeventualmente tendr\u00eda que ser materia de investigaci\u00f3n ante la entidad correspondiente\u00bb. Desech\u00f3 tambi\u00e9n el presunto vicio, al no convocarse a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, ya que no se les impuso orden alguna y tampoco resultaron afectados con lo resuelto. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reliev\u00f3 que el labor\u00edo desplegado por los estrados judiciales querellados en procura de notificar a todos los interesados se ajust\u00f3 a lo prescrito en el ordenamiento, porque \u00abante la primera solicitud de nulidad presentada en otrora por el aqu\u00ed actor, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal (T) resolvi\u00f3 oficiar a diferentes entidades de orden nacional e inclusive requiri\u00f3 al aqu\u00ed accionante quien en aquella \u00e9poca fung\u00eda como Gobernador\u00bb para que informara el correo electr\u00f3nico del Cabildo Ind\u00edgena, al cual se remitieron las comunicaciones pertinentes, siendo deber del Gobernador, como representante, pronunciarse al respecto. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el accionante, reiterando los argumentos del escrito inicial y enfatizando que el Tribunal no tuvo en cuenta que \u00abla asamblea general es el m\u00e1ximo organismo de la comunidad y no el gobernador (\u2026) [y que] los juzgados civiles no acataron el pronunciamiento de la honorable corte sobre los mecanismos existentes en el ordenamiento especial y (\u2026) optaron por injerir en la din\u00e1mica interna de la comunidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El gestor solicita que se declare la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite constitucional de radicado 2021-00203, tramitado por los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de El Espinal. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable se\u00f1alar que la tutela es improcedente para atacar sentencias o actuaciones surtidas en asuntos de igual naturaleza. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado: <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto (CSJ, STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
De lo expuesto, se sigue que esta v\u00eda no es la id\u00f3nea para corregir las deficiencias que se adviertan en este tipo de actuaciones, toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual linaje, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales, por lo cual se descarta la procedencia de la tutela para dejar sin efectos el fallo constitucional atacado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la tutela interpuesta no es procedente para censurar lo decidido de fondo por los Juzgados convocados en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de radicado 2021-00203. <\/p>\n
3. Ahora, la Sala no desconoce que, excepcionalmente, es viable cuestionar lo actuado en tramitaciones de similar estirpe, como ocurre cuando se omite \u00ab(\u2026) vincular a interesados o [existe] indebida notificaci\u00f3n de las partes (\u2026)\u00bb (CSJ STC15910-2021). <\/p>\n
En ese sentido, es pertinente examinar el prove\u00eddo dictado el 2 de mayo pasado por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal, por fuerza del cual se desestim\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad impetrada por el se\u00f1or Josu\u00e9 Duv\u00e1n Lozano Ospina en el tr\u00e1mite constitucional criticado; pedimento de invalidez \u00e9ste que se fund\u00f3 -en general- en los mismos motivos ahora esgrimidos por la v\u00eda de la tutela. <\/p>\n
Debe decirse que el Tercero Interviniente Comunero (\u2026) cae en equivocaci\u00f3n (\u2026) pues se estableci\u00f3 debidamente la legitimaci\u00f3n en la Causa (sic), siendo la Parte Accionante, Integrantes de la comunidad ind\u00edgena (sic), quienes presentaron la respectiva Acci\u00f3n Constitucional, al considerarse afectados en sus derechos fundamentales; y la Accionada, la Comunidad Ind\u00edgena Yaporogos (\u2026), representada legalmente por su GOBERNADOR IND\u00cdGENA, el se\u00f1or JOS\u00c9 DUMIT GARNICA GUAYARA (\u2026), lo que conlleva a decir que dicho Gobernador representaba los intereses de toda la Comunidad Ind\u00edgena, incluido el peticionario de Nulidad, se\u00f1or Josu\u00e9 Duv\u00e1n Lozano Ospina, dando de esta manera aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en los art\u00edculos 10, 13 y 14 del Decreto 2591 de 1991, por lo que la Solicitud de Integraci\u00f3n del Contradictorio, se torna improcedente (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed est\u00e1 establecido en el prove\u00eddo del pasado 17 de septiembre de 2021, mediante el cual se admiti\u00f3 la presente Acci\u00f3n de Tutela, ordenando la Notificaci\u00f3n del REPRESENTANTE LEGAL de la Comunidad Ind\u00edgena YAPOROGOS, anunci\u00e1ndose como tal y ejerciendo el Derecho de Contradicci\u00f3n, el citado se\u00f1or JOSE DUMITO GARNICA GUAYARA (\u2026), as\u00ed como [en el] [p]rove\u00eddo de [o]bedecimiento a lo resuelto por el Superior de fecha 12 de octubre de 2021, donde se dispuso: Tener por notificado[s] por conducta concluyente a los accionados COMUNIDAD IND\u00cdGENA YAPOROGOS DE ESPINAL (\u2026)\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al corto tiempo concedido para contestar la tutela, el operador judicial advirti\u00f3 que, \u00abde conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 29 del Decreto 2591 de 1991, el t\u00e9rmino de que dispone el Operador Judicial para proferir la decisi\u00f3n correspondiente es de 10 d\u00edas perentorios (\u2026)\u00bb, por lo que se libraron los oficios al representante de la comunidad para que \u00e9ste ejerciera, en nombre de aquella, su derecho de defensa. <\/p>\n
Respecto del reparo atinente a que no se vincul\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 Flaminio Prada como promotor del auxilio, asever\u00f3 que \u00abtanto este Despacho, como el Superior Jer\u00e1rquico, se pronunciaron respecto a este accionante\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, de cara a la falta de citaci\u00f3n y convocatoria de la Defensor\u00eda del Pueblo y de la Fiscal\u00eda General del Proceso, adujo que como la salvaguarda se dirig\u00eda a cuestionar la legalidad de un \u00abprocedimiento sancionatorio efectuado directamente por la Comunidad Ind\u00edgena [a]ccionada (\u2026) los mencionados entes [no] tuvieron una intervenci\u00f3n directa en dicho proceso sancionatorio\u00bb. <\/p>\n
3.2. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el despacho municipal accionado consider\u00f3, motivadamente, que los argumentos de la nulidad invocados por el aqu\u00ed gestor en el tr\u00e1mite constitucional reprochado no se abr\u00edan paso, conclusi\u00f3n que, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto; adem\u00e1s, se resolvieron razonadamente las censuras propuestas que, dicho sea de paso, se reproducen -en buena parte- ahora en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado consider\u00f3 que la comunidad s\u00ed estuvo representada, a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n del gobernador, con lo cual no se vulner\u00f3 el derecho de defensa de aquella, que la acci\u00f3n de tutela tiene una naturaleza expedita y, por ende, los plazos para contestar las peticiones de amparo son cortos, como en efecto lo establece el Decreto 2591 de 1991, y que no se requer\u00eda la vinculaci\u00f3n de terceros, por cuanto respecto de ellos nada se hab\u00eda decidido. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, para esta Sala resulta pertinente resaltar que la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, solo puede ser alegada por la persona afectada, es decir, para el caso concreto, por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, por lo que solo aquellas est\u00e1n legitimadas para reclamar lo pertinente, de manera que, en ese sentido, lo peticionado en su nombre es inviable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el asunto se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo normal de sus facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
3.3. Ahora, en lo que ata\u00f1e a los ataques cifrados sobre la idea de que el decurso constitucional censurado estaba viciado de nulidad, por cuanto no se convoc\u00f3 a los Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito y Primero Penal Mixto Municipal y a la Corte Constitucional y por la presunta suplantaci\u00f3n de uno de los tutelantes (Jos\u00e9 Flaminio Prada), aspectos sobre los cuales en el enunciado prove\u00eddo de 2 de mayo pasado no se hizo pronunciamiento, debe se\u00f1alarse, de un lado, que el interesado hubiera podido solicitar adici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, cosa que no ocurri\u00f3; y, de otro, que la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, como se indic\u00f3, solo puede ser alegada por la persona o autoridad sobre la cual recaer\u00eda el eventual vicio, por manera que solo aquellos est\u00e1n legitimados para formular ese reclamado. En ese orden, lo pretendido en esta senda es inviable. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que las irregularidades invocadas en nombre del se\u00f1or Jos\u00e9 Flaminio Prada deben ser presentadas por \u00e9l directamente, como persona afectada, y que lo relativo al presunto fraude por suplantaci\u00f3n, como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, \u00abeventualmente tendr\u00eda que ser materia de investigaci\u00f3n ante la entidad correspondiente\u00bb, lo cual torna inviable la tutela. <\/p>\n
4. Finalmente, en lo relativo a que se compulsen copias para que se investigue al operador judicial de conocimiento y\/o contra los intervinientes en los tr\u00e1mites constitucionales pertinentes, debe se\u00f1alarse que lo correspondiente es que la persona interesada formule la respectiva queja ante la autoridad competente, pues no puede el juez de tutela determinar la responsabilidad aludida ni sustituir los procedimientos contemplados para el efecto en el ordenamiento jur\u00eddico, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
5. Corolario de lo razonado, se refrendar\u00e1 el fallo de primer nivel, que neg\u00f3 la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Memorial allegado el 5 de agosto de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Memorial allegado el 8 de agosto de 2022. <\/p>\n
3\u0002 La postura citada de las sentencias de 2008 y 2012 ha sido reiterada, entre muchas otras, en STC2462-2021 y STC2658-2022. <\/p>\n
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STC11489-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC11489-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00249-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66471","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66471\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}