STC11490-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11490-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00866-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julia \u00c1ngela Cuadros contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito y la Empresa de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene a los accionados que \u00abreconozcan el derecho adquirido que ten\u00eda por ser poseedora\u2026 antes del 01 de julio de 1971\u00bb y \u00abse le entregue la indemnizaci\u00f3n que esta consignada a disposici\u00f3n del Juzgado\u2026 y que fue pagada por la Empresa de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Julia \u00c1ngela Cuadros promovi\u00f3 juicio de pertenencia contra Mar\u00eda del Carmen Saccone de Neira y personas indeterminadas, cuyo conocimiento inicialmente le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pero despu\u00e9s le fue asignado al hom\u00f3logo Cuarenta y Ocho. <\/p>\n
2.2. Mediante Resoluci\u00f3n de 7 de octubre de 2015, modificada el 2 de febrero de 2016, la Empresa de Renovaci\u00f3n Urbana de Bogot\u00e1 orden\u00f3 la expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa del 100% del inmueble y dispuso que la indemnizaci\u00f3n se dejar\u00eda a disposici\u00f3n del estrado en donde cursaba el referido proceso de pertenencia; y el 16 de noviembre de 2016 se realiz\u00f3 la entrega del bien. <\/p>\n
2.3. El 21 de mayo de 2019 se dict\u00f3 sentencia anticipada, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda de pertenencia y se declar\u00f3 probada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la parte demandante; y con auto de 5 de noviembre siguiente se deneg\u00f3 la solicitud de entrega de dinero elevada por la accionante por no ser la titular del derecho de dominio, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo el 13 de noviembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la gestora que la empresa ten\u00eda conocimiento de la pertenencia que se adelantaba por ser poseedora del bien; y que en resoluci\u00f3n de 7 de octubre de 2015, modificada en febrero de 2016, se orden\u00f3 la expropiaci\u00f3n administrativa del bien y se dispuso que los dineros reconocidos -$211.600.321-, ser\u00edan transferidos a nombre del juzgado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el 21 de mayo de 2019 el estrado acusado emiti\u00f3 sentencia anticipada denegando las pretensiones de la demanda por considerar que el bien no era susceptible de adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n adquisitiva, en tanto que era titular la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.6. Adujo que se desconoci\u00f3 su calidad de poseedora del bien antes que iniciara la expropiaci\u00f3n; que no se analizaron los elementos probatorios sobre la existencia de un derecho adquirido ni la jurisprudencia de la Corte sobre la prevalencia del derecho del poseedor, pues no se reconoci\u00f3 en la sentencia el derecho que ten\u00eda como nueva propietaria de reclamar la indemnizaci\u00f3n consignada. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el 17 de noviembre de 2021 present\u00f3 reclamaci\u00f3n administrativa deprecando que se requiriera al juzgado que le entregara el dinero, pero el 9 de diciembre de 2021 se deneg\u00f3 esa solicitud, pues el predio estaba desocupado en la entrega de 16 de noviembre de 2016, sin tener en cuenta que no se opuso porque acordaron el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que la expropiaron sin dinero alguno; que se configuraron los distintos defectos de procedencia del resguardo; y que no se respet\u00f3 el ordenamiento ni las normas de derecho internacional. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Empresa de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1 se pronunci\u00f3 frente a los hechos del libelo inicial e indic\u00f3 que no exist\u00eda transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados; que Mar\u00eda del Carmen Saccone de Neira era la titular del bien con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-274863, el que fue expropiado por v\u00eda administrativa; que la indemnizaci\u00f3n fue puesta a disposici\u00f3n del estrado donde cursaba la demanda de pertenencia; que no se cumpl\u00edan con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; que no era procedente la solicitud de entrega de dineros, pues el despacho acusado dict\u00f3 sentencia denegando las pretensiones de la demanda; que en la diligencia no se present\u00f3 oposici\u00f3n alguna y el inmueble se encontraba desocupado; que cumpli\u00f3 con las etapas previstas y actu\u00f3 conforme a la normatividad vigente; y que carec\u00eda de competencia para reconocer los derechos que el fallador neg\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad refiri\u00f3 que hubo cambio de juez en enero de 2021; que el proceso gozaba de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, se le dio el tr\u00e1mite pertinente y se aplic\u00f3 la legislaci\u00f3n respectiva; que se dict\u00f3 sentencia anticipada, la que no fue objeto de recurso, por lo que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad; que tampoco observaba el presupuesto de la inmediatez; que la accionante deprec\u00f3 la entrega de los dineros, petici\u00f3n que fue despachada desfavorablemente el 5 de agosto de 2019 al no ser la propietaria del bien, decisi\u00f3n que recurrida se mantuvo el 13 de noviembre siguiente; que las determinaciones emitidas se encontraban debidamente sustentadas; y que no se acreditaba la amenaza o vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues las decisiones controvertidas fueron emitidas en 2019: el 21 de mayo la sentencia anticipada, el 5 de agosto el auto que neg\u00f3 la entrega de dinero y el 13 de noviembre siguiente el prove\u00eddo que mantuvo esa decisi\u00f3n, sin que se entendiera por qu\u00e9 dos a\u00f1os despu\u00e9s se cuestionaban esas decisiones; que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, en tanto que no demostr\u00f3 que hubiese solicitado adici\u00f3n, complementaci\u00f3n o apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado con miras a presentar las alegaciones que fueran pertinentes; que en el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n la accionante tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de buscar la defensa de sus derechos, as\u00ed hubiese sido en sede administrativa, pues afirm\u00f3 que hab\u00eda concertado no interponer oposici\u00f3n para que le pagaran, lo que demuestra que conoci\u00f3 de las diligencias, en donde pod\u00eda formular sus defensas en la calidad de poseedora que aduce haber tenido; y que las normas de expropiaci\u00f3n no imped\u00edan la defensa, pues la determinaci\u00f3n del precio de bienes y los pagos correspondientes se pod\u00edan debatir por las v\u00edas judiciales pertinentes, con inclusi\u00f3n de los derechos invocados por los eventuales poseedores, de lo que es muestra elocuente el numeral 11 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la promotora acreditara esas gestiones. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se valoraron las pruebas y reclamaciones directas adelantadas ante la Empresa de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1, siendo contestada la \u00faltima el 9 de diciembre de 2021; que si en el proceso incurri\u00f3 en el error t\u00e9cnico de no apelar sino de pedir los dineros, ello no pod\u00eda implicar el desconocimiento de sus derechos como poseedora por m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os; que el art\u00edculo 399 invocado era aplicable a las expropiaciones adelantadas por v\u00eda judicial; que recibi\u00f3 la posesi\u00f3n desde octubre de 2009 en virtud de la sucesi\u00f3n de su padre, quien mediante promesa de compraventa adquiri\u00f3 el bien en 1946; y que se le deb\u00eda reconocer el derecho adquirido que ostentaba entreg\u00e1ndosele la indemnizaci\u00f3n consignada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Preliminarmente se advierte que se abordar\u00e1 el estudio de fondo del asunto, pues pese a que la accionante no cumpli\u00f3 con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, lo cierto es que el estrado acusado transgredi\u00f3 abiertamente los derechos fundamentales de aquella, lo cual amerita la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional, como pasa a verse. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala en un asunto de similares contornos, precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026\u00ab[E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ, STC00088-01, reiterada en STC11491-2015, STC10557-2016 y STC13598-2018). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha aseverado que: <\/p>\n
\u00abNo soslaya la Corte que, si bien no se utilizaron las herramientas que se tuvieron al alcance para impugnar las decisiones que ahora cuestiona, habida cuenta que no se interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a ellas, tal abandono no tiene la suficiente trascendencia para denegar el amparo por esta raz\u00f3n\u00bb (CSJ STC13598-2018. En el mismo sentido, STC 11491-2015). (CSJ STC7722-2020, 24 sep., rad. 2020-00110-01). <\/p>\n
4. Descendiendo al caso bajo estudio, es de observarse que el estrado criticado, en sentencia anticipada de 21 de mayo de 2019, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia y declar\u00f3 probada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la parte demandante, tras considerar que: <\/p>\n
\u2026De las premisas precedentemente consignadas y descendiendo al sub examine, tempranamente advierte este estrado judicial, que la parte demandante no cumple con el \u00faltimo requisito establecido por la Corte Suprema de Justicia para el buen curso de la usucapi\u00f3n, esto es, intentarla sobre un bien prescriptible; por ende, se devela senda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa quien pretende usucapir. <\/p>\n
11. As\u00ed las cosas, lo anterior resulta acreditado con el folio de matr\u00edcula actualizado allegado por la empresa expropiante, misma entidad que indic\u00f3: \u201c(\u2026) se procedi\u00f3 a solicitar a registro la inscripci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de Expropiaci\u00f3n en el folio de matricula inmobiliaria No. 50C- 274863, lo cual se surti\u00f3 el d\u00eda 8 de agosto de 2016, tal y como consta en la anotaci\u00f3n No 14 del certificado de tradici\u00f3n y libertad, consolid\u00e1ndose la propiedad en cabeza de la Empresa de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1 D.C. (…)\u201d, por ende, nos encontramos frente a un bien que no es susceptible de ganar su dominio por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
12. Con las anteriores premisas, se provoca la aplicaci\u00f3n del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, considerando esta circunstancia sobreviniente al proceso, en donde se extingue y modifica el derecho sobre el predio pretendido por esta senda adjetiva, par cuanto, actualmente pertenece su dominio a una entidad estatal (num.4, art. 375 ib\u00eddem), se impone dictar sentencia anticipada total, al encontrar demostrada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
13. Se recalca no refulge legitimaci\u00f3n en la causa cuando la demandante pretende adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio un bien que es de titularidad estatal, por ende, no re\u00fane a plenitud, los presupuestos axiales para acceder a su petitum\u2026 <\/p>\n
5. Bajo el anterior contexto, as\u00ed como las premisas jurisprudenciales y normativas, resulta incuestionable que la sentencia anticipada emitida constituye una v\u00eda de hecho, pues dej\u00f3 de lado el an\u00e1lisis de lo acontecido, las pruebas, normatividad y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
Ciertamente, el fallo censurado se limit\u00f3 a indicar que la demandante no contaba con legitimaci\u00f3n en la causa por pretender un bien que no era susceptible de dominio, dejando de lado el estudio de si la posesi\u00f3n para prescribir alegada se hab\u00eda consumado antes que la entidad adquiriera con la expropiaci\u00f3n administrativa la referida propiedad. <\/p>\n
Y es que se destaca que si bien no se pod\u00eda decretar la usucapi\u00f3n a favor de la demandante, atendiendo la calidad del predio expropiado, el fallador s\u00ed deb\u00eda examinar las distintas piezas probatorias para proveer sobre los dineros consignados por la entidad convocada, resultando as\u00ed necesario el an\u00e1lisis de fondo de los presupuestos de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, con tal proceder, se itera, el juzgador acusado pas\u00f3 por alto su deber de efectuar el an\u00e1lisis integral de todos esos medios suasorios, para as\u00ed establecer su verdadero alcance de cara al caso concreto, concretamente, establecer a quien le correspond\u00edan los dineros consignados por la Empresa de Renovaci\u00f3n Urbana de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Al respecto, se destaca que esta Sala, en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso p\u00fablico como los fiscales est\u00e1n destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protecci\u00f3n legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Por tal raz\u00f3n, la Constituci\u00f3n y la ley consagran la prohibici\u00f3n expresa de declarar su pertenencia. <\/p>\n
No obstante, hay situaciones en que no es viable aplicar la restricci\u00f3n de la usucapi\u00f3n respecto de los bienes fiscales, por cuanto ello entra\u00f1ar\u00eda desconocer un derecho leg\u00edtimamente adquirido, a saber: <\/p>\n
a) Si la posesi\u00f3n apta para prescribir se inici\u00f3 y consum\u00f3 antes de entrar en vigor el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 413, hoy 407, del CPC, esto es, el 1\u00ba de julio de 1971. <\/p>\n
Esta excepci\u00f3n se justifica porque, en principio, la ley no puede afectar una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta y consolidada, que ha permitido el ingreso de un derecho al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para su nacimiento. <\/p>\n
El pasar por alto esa circunstancia comporta ignorar situaciones consolidadas, que ampara la Carta Pol\u00edtica en su art\u00edculo 58, seg\u00fan el cual \u201cse garantizan la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u201d. <\/p>\n
b) Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumpli\u00f3 dentro de la vigencia del citado numeral 4\u00ba del art\u00edculo 41, despu\u00e9s 407 (hoy CGP, num. 4\u00ba, art. 375) pero con anterioridad al d\u00eda en que la entidad de derecho p\u00fablico adquiri\u00f3 la propiedad de la cosa. <\/p>\n
Esta segunda excepci\u00f3n busca respetar los principios de la buena fe y la confianza leg\u00edtima, pues, para que una situaci\u00f3n jur\u00eddica o material abordada de cierta forma en el pasado, genere razonables expectativas, debe existir una causa constitucionalmente aceptable que autorice su variaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, se previene la comisi\u00f3n de eventuales actos fraudulentos con la transferencia de bienes de particulares a entidades de derecho p\u00fablico, destinados a desposeer a quien para el momento de la negociaci\u00f3n hab\u00eda consolidado su derecho de dominio, falt\u00e1ndole tan s\u00f3lo su declaratoria judicial. <\/p>\n
Al respecto, y con relaci\u00f3n a estos dos subreglas, la doctrina de esta Sala, en el fallo, CSJ. SC del 31 julio de 2002, exp. 5812, las intuy\u00f3, reiter\u00e1ndolas en el de 6 de octubre de 2009, exp. 2003-00205-02, donde expuso, como venero de las mismas: \u00ab(\u2026) en ambos casos se protege el \u2018derecho adquirido\u2019 por el particular, seg\u00fan lo proclamado por el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que en ejercicio y amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante le permiti\u00f3 poseer un bien con vocaci\u00f3n de adquirir su dominio por el transcurso del tiempo y con el lleno de los restantes requisitos previstos por el legislador (\u2026)\u00bb (CSJ SC3934-2020, 19 oc. 2020, rad. 2012-00365-01). <\/p>\n
6. Conforme a lo consignado, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y se le ordenar\u00e1 al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, tras dejar sin efectos la sentencia de 21 de mayo de 2019, junto con todas las determinaciones que de esta dependan, proceda a emitir la decisi\u00f3n que corresponda, conforme con las consideraciones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la sentencia de 21 de mayo de 2019, junto con todas las determinaciones que de esta dependan, dentro del proceso de pertenencia promovido por Julia \u00c1ngela Cuadros contra Mar\u00eda del Carmen Saccone de Neira y personas indeterminadas (radicaci\u00f3n 2013-00472). Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, proceda a proferir la decisi\u00f3n que corresponda, atendiendo las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11490-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11490-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00866-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66472","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66472"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66472\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66472"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66472"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}