STC11492-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11492-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00991-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de junio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Carlos Eduardo Agredo Hoyos contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en el juicio penal de radicado 760016000000201800781. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
Contra el accionante cursa el referido proceso, por el presunto delito de concierto para delinquir en concurso con prevaricato por acci\u00f3n, tramitado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali. <\/p>\n
En la audiencia preparatoria adelantada el 4 de noviembre de 2020, su defensa solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, con fundamento en que los hechos jur\u00eddicamente relevantes del escrito de acusaci\u00f3n no se enmarcaban en los tipos penales del escrito de imputaci\u00f3n. La Fiscal\u00eda encargada coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n y pidi\u00f3 la nulidad desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. <\/p>\n
En desarrollo de la referida audiencia preparatoria, el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 la nulidad reclamada, dado que, durante la diligencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, los intervinientes no pusieron de presente la existencia de vicio alguno y porque, adem\u00e1s, en el proceso exist\u00edan otras oportunidades para formularla. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en providencia del 24 de noviembre de 2021, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, dejando sentado que en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n se otorg\u00f3 el uso de la palabra a las partes e intervinientes, \u00abpara sustentar causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades\u00bb, frente a lo cual ni la Fiscal\u00eda, ni el Ministerio P\u00fablico, ni la defensa invocaron causal alguna. Afirm\u00f3 que el operador judicial debi\u00f3 rechazar la solicitud de nulidad formulada en la audiencia preparatoria, en cumplimiento de los principios de preclusividad de los actos procesales y de la seguridad jur\u00eddica. Concluy\u00f3 que no se evidenciaba la vulneraci\u00f3n al derecho a la defensa ni al debido proceso del se\u00f1or Agredo Hoyos, pues, contrario a lo sostenido por este, la Fiscal\u00eda Seccional s\u00ed realiz\u00f3 una relaci\u00f3n clara y sucinta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes por los cuales estaba siendo procesado. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n se llevaron a cabo \u00absin cumplimiento de los requisitos legales contenidos en el numeral 2 del art\u00edculo 288 y numeral 2 del art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004, teniendo en cuenta que no se hizo una relaci\u00f3n clara de los hechos jur\u00eddicamente relevantes\u00bb, circunstancia que condujo a que su defensor lo exigiera desde la audiencia de acusaci\u00f3n y, como no se atendi\u00f3 tal requerimiento, solicit\u00f3 la nulidad, la cual, al ser denegada, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa, dado que \u00abuno no se defiende de los delitos sino de los HECHOS\u00bb y, en tal medida, sus derechos fundamentales se deben ponderar por encima del principio de preclusividad procesal. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali adujo que, en la audiencia de acusaci\u00f3n del 11 de diciembre de 2018, nada se dijo sobre las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades, siendo esta la etapa procesal para su declaratoria, raz\u00f3n por la cual se program\u00f3 la audiencia preparatoria, en la que la defensa, despu\u00e9s del descubrimiento probatorio de la Fiscal\u00eda, pidi\u00f3 la nulidad. Advirti\u00f3 la improcedencia de la tutela, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali consider\u00f3 que su decisi\u00f3n no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados y que la tutela pretende reabrir el debate de instancia ya valorado por los jueces naturales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Setenta y Uno Judicial II Penal de Cali afirm\u00f3 que la acci\u00f3n adolece de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. A\u00f1adi\u00f3 que el actor no explic\u00f3 las razones por las cuales la nulidad invocada puede tramitarse en la audiencia preparatoria, si el saneamiento debi\u00f3 realizarse en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 339 de la Ley Penal Adjetiva, en la que se guard\u00f3 silencio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Setenta y Ocho Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues, si bien le fue asignada una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento requerida por el defensor del accionante, esta no se practic\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo, tras considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el proceso penal en el que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra en curso y, por tanto, las garant\u00edas judiciales se deben solicitar y ejercer exclusivamente en ese escenario, pues la tutela \u00abno puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso penal\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que no se advert\u00eda la existencia de una actuaci\u00f3n excepcional que habilitara el amparo, para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial y asegur\u00f3 que su apoderado ya interpuso los recursos de ley, \u00abluego entonces, s\u00ed se dio esa discusi\u00f3n dentro del proceso penal\u00bb y que \u00abesperar a que se profiera un fallo (\u2026) penal para plantear esta discusi\u00f3n jur\u00eddica es un adefesio\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con las decisiones del 4 de noviembre de 2020 y del 24 de noviembre de 2021, mediante las cuales los accionados denegaron la solicitud de nulidad que \u00e9l invoc\u00f3 en el proceso penal 2018-000781 adelantado en su contra. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones surtidas en el plenario, esta Corporaci\u00f3n encuentra que no se satisface el requisito de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el proceso penal en contra del accionante se encuentra activo y, como tal, es ese el escenario en el que debe hacer valer las prerrogativas que considera vulneradas. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela a la hora de discutir aspectos de un proceso penal en curso, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026examinada la citada determinaci\u00f3n con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no cabe duda la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, pues como de vieja data se ha precisado y lo destac\u00f3 el a quo, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues contrario a lo dicho por el aqu\u00ed interesado, los errores de linaje legal presuntamente cometidos por la autoridad convocada, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos por el propio juez de conocimiento a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades o los recursos ordinarios o extraordinarios), de que tratan los art\u00edculos 455 y siguientes del C. de P. P.), raz\u00f3n por la cual entonces, por mandato normativo, es otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a la procedencia o no del requerimiento probatorio efectuado por la Fiscal\u00eda al interior del proceso penal que se adelanta contra el se\u00f1or (\u2026) y por tanto, antes de acudir al presente mecanismo excepcional, aqu\u00e9l debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, m\u00e1xime, cuando no se ha proferido sentencia de primera instancia, habida cuenta que \u2018de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional. ver entre otras, en SCJ STC2345-2015)\u00bb (Se subraya, STC5773-2016). <\/p>\n
Es as\u00ed que la Sala ha considerado que la salvaguarda formulada resulta improcedente, por incumplimiento del principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, toda vez que el proceso penal se encuentra en tr\u00e1mite, tanto que \u00abni siquiera se ha dictado sentencia de primer grado, la que de resultarles adversa ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comportan la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00e1n acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (se subraya, CSJ STC2674-2020). <\/p>\n
2.2. En ese orden, la tutela invocada es improcedente, porque, estando el proceso penal en curso, el juez constitucional no es el llamado a determinar las presuntas irregularidades evidenciadas en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y la posterior acusaci\u00f3n, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional y dado que, como se advirti\u00f3, tales reparos pueden ser ventilados ante el juez competente en el desarrollo del proceso o al dictar sentencia, decisi\u00f3n que, a su vez, puede ser controvertida a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el respectivo procedimiento. <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, en la medida en que no est\u00e1n acreditados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios de este, dado que -se itera- el asunto est\u00e1 en curso y el promotor cuenta con otros estadios procesales de defensa. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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