STC11495-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11495-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Pedro Pablo contra el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1, la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, Mar\u00eda Clara, el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico, vinculados al Juzgado accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso de medida de protecci\u00f3n con radicado 11001311000420220000300. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
Ante la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II se tramit\u00f3 el mencionado proceso, promovido por Mar\u00eda Clara a favor suyo y de sus hijas menores de edad, Camila y Luc\u00eda, y en contra del aqu\u00ed accionante, por violencia econ\u00f3mica y sicol\u00f3gica, asunto en el cual, el 1 de diciembre de 2021, la Comisar\u00eda se abstuvo de imponer medida de protecci\u00f3n y dej\u00f3 sin valor ni efecto la impuesta provisionalmente. <\/p>\n
Apelada dicha decisi\u00f3n por la promotora, el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 la revoc\u00f3 el 23 de mayo de 2022 y, en su lugar, impuso la medida de protecci\u00f3n requerida a favor de las ni\u00f1as y en contra del actor, \u00abpara que en lo sucesivo SE ABSTENGA de realizar cualquier acto de violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica, agresi\u00f3n, maltrato, amenaza u ofensa directa o indirecta (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, le impuso la obligaci\u00f3n de asistir a un tratamiento terap\u00e9utico, seg\u00fan las recomendaciones de la sic\u00f3loga, \u00abpara el fortalecimiento de la autoestima y auto concepto, control de la ira y comunicaci\u00f3n asertiva y pautas de crianza positiva\u00bb. <\/p>\n
3. La parte actora cuestion\u00f3 que el Juzgado \u00fanicamente otorg\u00f3 valor probatorio a la versi\u00f3n de la demandante y no tuvo en cuenta los descargos ni se valoraron adecuadamente las pruebas, que daban cuenta de que \u00e9l no ha ejercido violencia alguna contra sus hijas o la progenitora de estas. <\/p>\n
Adicionalmente, aleg\u00f3 que: i) restringi\u00f3 el acceso de algunas personas al apartamento, para evitar que se sustrajeran bienes; ii) no se prob\u00f3 que se hubiera entorpecido el proceso educativo de las menores de edad, por haber omitido gestionar el beneficio educativo; iii) no incumpli\u00f3 la manutenci\u00f3n de sus hijas, pues durante algunos meses descont\u00f3 de la cuota lo correspondiente al leasing habitacional que debi\u00f3 asumir, dado que la madre de las ni\u00f1as no lo pag\u00f3; iv) cancel\u00f3 los servicios de internet y de televisi\u00f3n del inmueble en el que habitan sus hijas, porque pensaba contratar unos m\u00e1s econ\u00f3micos, creyendo que la madre cumplir\u00eda con la entrega del apartamento en la fecha acordada (6 de julio de 2020) ante la Comisar\u00eda; y v) que vendi\u00f3 la camioneta, porque ten\u00eda muchos gastos y la madre se qued\u00f3 con otra que pod\u00eda usar. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoque el fallo de segunda instancia y se mantenga en firme la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 argument\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado los derechos del tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensor\u00eda de Familia asignada al Juzgado de conocimiento se\u00f1al\u00f3 que los progenitores de las menores de edad deben fortalecer sus compromisos con sus hijas y permitir su desarrollo educativo, moral y psicol\u00f3gico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social asever\u00f3 que no tiene injerencia en las decisiones de las comisar\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ecopetrol S.A. manifest\u00f3 que los hechos expuestos no se relacionaban con esa entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda 105 Delegada ante los Jueces Penales Municipales Adscrita a la Unidad de Violencia Intrafamiliar expuso que adelanta una investigaci\u00f3n, por la presunta conducta de violencia intrafamiliar contra Julie Katherine Obando Ojeda, presentada el 8 de julio de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Fiscal\u00eda de Bogot\u00e1 inform\u00f3 sobre la noticia criminal del 25 de marzo de 2022, en la que se emiti\u00f3 orden de polic\u00eda judicial, para entrevistar a la v\u00edctima. <\/p>\n
<\/p>\n
8. La Fiscal\u00eda 406 Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos de Bogot\u00e1 report\u00f3 que adelanta una investigaci\u00f3n, por el presunto delito de violencia intrafamiliar, teniendo como indiciada a Julie Katherine Obando y como denunciante al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
9. La abogada Magalli Echeverri Boh\u00f3rquez, apoderada del gestor en los procesos de divorcio y ejecutivo de alimentos, aport\u00f3 documentos con los que pretende demostrar que aqu\u00e9l ha cumplido la obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n atacada se fundament\u00f3 en la normatividad aplicable y el material probatorio allegado, que evidenci\u00f3 los hechos atribuidos al se\u00f1or Pedro Pablo, quien tuvo la oportunidad de intervenir en el proceso y ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien se\u00f1al\u00f3 que no se revis\u00f3 el expediente y que las probanzas aportadas se valoraron caprichosamente. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con la providencia del 23 de mayo de 2022, mediante la cual el Juzgado de Familia convocado impuso una medida de protecci\u00f3n en su contra, pues consider\u00f3 que no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. En la referida decisi\u00f3n, el Despacho de conocimiento aludi\u00f3, inicialmente, a la actuaci\u00f3n surtida en el proceso que adelant\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n II y destac\u00f3, entre otros aspectos, los hechos denunciados como generadores de violencia contra la se\u00f1ora Mar\u00eda Clara y sus hijas, los argumentos expuestos por el tutelante en los descargos (reiterados en el libelo introductorio de esta acci\u00f3n) y las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Luego, se refiri\u00f3 al concepto de violencia contra la mujer, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 2 de la Ley 1257 de 2008, y cit\u00f3 jurisprudencia y conceptos emitidos por la OMS sobre la violencia econ\u00f3mica, de g\u00e9nero y sicol\u00f3gica, al tiempo que destac\u00f3 que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son sujetos de especial protecci\u00f3n, \u00abque requieren de la salvaguarda y promoci\u00f3n efectiva de sus derechos por parte del Estado, la sociedad y la familia\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la decisi\u00f3n objeto de revisi\u00f3n, sostuvo que \u00abla autoridad administrativa omiti\u00f3 analizar todos los cargos puestos en conocimiento por la actora, constitutivo de violencia intrafamiliar econ\u00f3mica y psicol\u00f3gica\u00bb de parte del progenitor hacia ella y sus hijas, \u00abas\u00ed como todas las pruebas aportadas y practicadas\u00bb, las cuales procedi\u00f3 a estudiar. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la justificaci\u00f3n expresada por el padre acerca de que pod\u00eda abstenerse de tramitar los auxilios educativos que ofrec\u00eda su empleador, bajo la consideraci\u00f3n de que la ley obligaba a la escolarizaci\u00f3n de los hijos a los cinco a\u00f1os de edad y de que las ni\u00f1as eran m\u00e1s peque\u00f1as, mostraba \u00abun comportamiento lesivo que atenta contra los derechos de sus hijas quienes sin ese auxilio no pod\u00edan ser matriculadas en el jard\u00edn\u00bb y que, si bien posteriormente fueron matriculadas por la demandante, las \u00abespeculaciones\u00bb del accionado no resultaban aceptables, dado que no acredit\u00f3 que hubiera adelantado el respectivo tr\u00e1mite en la empresa con la cual estaba vinculado, \u00abconfigur\u00e1ndose en actos de violencia hacia las menores\u00bb. <\/p>\n
Estableci\u00f3 que el tutelante tambi\u00e9n ejerci\u00f3 violencia sicol\u00f3gica y econ\u00f3mica, i) cuando suspendi\u00f3 el servicio de televisi\u00f3n e internet del apartamento que habitaban sus hijas, mientras ellas se beneficiaban de estos para su estudio o como medio de comunicaci\u00f3n, con lo que busc\u00f3 \u00abanteponer sus aspiraciones personales por encima de los derechos de las ni\u00f1as (\u2026) m\u00e1xime que quien pagaba las facturas era la actora\u00bb, ii) por escoger qu\u00e9 clase de alimentos deb\u00edan comprarse con la cuota alimentaria que \u00e9l pagaba, iii) al descontar de la mesada el valor de la cuota del leasing del apartamento, \u00abtal como se verifica en el correo que le fue enviado a la se\u00f1ora Mar\u00eda Clara por el se\u00f1or Pedro Pablo, el 16 de octubre de 2020, circunstancia que deb\u00eda ser valorada con enfoque de g\u00e9nero\u00bb, iv) cuando determin\u00f3 qu\u00e9 personas pod\u00edan ingresar a la vivienda donde resid\u00edan sus hijas y la madre, a pesar de que \u00e9l ya no habitaba all\u00ed, con lo que invadi\u00f3 su privacidad; v) por vender un veh\u00edculo que utilizaban su esposa y sus hijas, sin su consentimiento, bajo el argumento de que \u00abera de su propiedad y ten\u00eda una deuda en el banco\u00bb, imponiendo su voluntad y desconociendo que el bien hac\u00eda parte de la sociedad conyugal, pues apenas se estaba tramitando el proceso de divorcio. <\/p>\n
El Juzgado destac\u00f3 la ausencia de valoraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n rendida por la ni\u00f1era de las ni\u00f1as, quien expuso que estas tra\u00edan monedas, afirmando que el pap\u00e1 les hab\u00eda dicho que se las dieran a la mam\u00e1, para que les comprara ropa, con lo cual se corrobor\u00f3 lo expresado por la denunciante sobre la conducta \u00abburlesca y humillante\u00bb de su exc\u00f3nyuge para con ella. <\/p>\n
Igualmente, descart\u00f3 el valor probatorio de los videos y los audios aportados por las partes y concluy\u00f3 que, aunque las valoraciones sicol\u00f3gicas no arrojaron hallazgos, el plenario contaba con otras pruebas, que demostraban \u00abel comportamiento lesivo que el accionante ha tenido con su expareja\u00bb, resaltando que, en estos casos, generalmente \u00abs\u00f3lo se encuentra la v\u00edctima y el victimario, por lo que no se puede restar credibilidad y valor probatorio a lo expresado por la v\u00edctima\u00bb, m\u00e1xime teniendo en cuenta que los cargos probados no fueron desvirtuados. <\/p>\n
Cit\u00f3 jurisprudencia sobre la obligaci\u00f3n de mayor intensidad que contraen los padres separados con sus hijos, quienes requieren de m\u00e1s atenci\u00f3n y comprensi\u00f3n, a fin de no resultar perjudicados con el conflicto de los progenitores y, en tal medida, concluy\u00f3 que el accionado desconoci\u00f3 el deber de brindarles protecci\u00f3n integral a sus hijas y, adem\u00e1s, ejerci\u00f3 maltrato hacia ellas y su mam\u00e1, circunstancia que ameritaba la imposici\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n ya rese\u00f1ada. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas consideradas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron razonablemente los argumentos reiterados en sede de tutela. <\/p>\n
En ese orden, el Juzgado de Familia determin\u00f3, luego de referirse a las pruebas allegadas al plenario, que con los hechos denunciados el accionante incurri\u00f3 en conductas discriminatorias y constitutivas de violencia sicol\u00f3gica y econ\u00f3mica, que lo hac\u00edan merecedor de la imposici\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n a favor de sus hijas y de su expareja, para que se abstuviera de realizar esos actos y asistiera a un tratamiento terap\u00e9utico profesional, bajo una hermen\u00e9utica plausible de la situaci\u00f3n puesta a su conocimiento, que no amerita la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11495-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11495-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66475","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66475"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66475\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}