STC11520-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11520-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00520-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Alicia Fernanda Barrios Valle, Ricardo \u00c1lvaro, Fernando Ramiro y Augusto Fabio P\u00e9rez Afanador, Luis Andr\u00e9s, Lucia Feliciana, Diego Miguel y Juan Felipe P\u00e9rez Montero, en nombre propio y de los menores de edad, Daniela Mar\u00eda y Hernando Luis P\u00e9rez Barrios1, contra el Juzgado Veintinueve de Familia de la misma ciudad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el Centro Zonal de Villavicencio 2 -Caivas- y el Centro Zonal de Bosa -Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de restablecimiento de derechos de radicado 2020-00178 y a la Cl\u00ednica Renovar de la Vereda Apiay. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demandaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de los menores de edad a tener una familia y a no ser separados de ella, al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, la vida e integridad personal. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y actuaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 29 de julio de 2019 se recibe una denuncia an\u00f3nima por presuntos actos sexuales y maltrato hacia los infantes, Daniela Mar\u00eda y Hernando Luis P\u00e9rez Barrios, por parte de su padre, Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero, quien ten\u00eda a cargo a los menores de edad2. La persona que present\u00f3 la queja sostuvo que, en cierta oportunidad, la ni\u00f1a desapareci\u00f3 por dos horas, luego de las cuales fue encontrada en su hogar, detr\u00e1s de un caj\u00f3n, temblando y con las piernas recogidas, mostrando miedo hacia su progenitor; adem\u00e1s, refiri\u00f3 que en la vivienda se le escuchaba gritar a su pap\u00e1 \u00abque le d[ol\u00eda] y que no le h[iciera] nada\u00bb y que su hermano permanec\u00eda solo en la calle. En la misma fecha se ordena la verificaci\u00f3n de derechos, por parte del Defensor de Familia del Centro Zonal Villavicencio 2 del ICBF3. <\/p>\n
2.2. El 5 de agosto siguiente, la autoridad de conocimiento dio apertura a las correspondientes investigaciones de derechos de los dos ni\u00f1os y dispuso, como medida provisional de restablecimiento, su ubicaci\u00f3n en un hogar sustituto4. <\/p>\n
2.3. El 4 de septiembre de 2019, la madre de los ni\u00f1os solicit\u00f3 su custodia, petici\u00f3n negada el 13 de septiembre posterior, en raz\u00f3n a que estaban en curso las valoraciones pertinentes, para determinar cu\u00e1l era la decisi\u00f3n que m\u00e1s les conven\u00eda a \u00e9stos. <\/p>\n
2.4. Ese mismo 13 de septiembre se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de una visita social y valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica al n\u00facleo familiar de la se\u00f1ora Alicia Fernanda Barrios Valle5. <\/p>\n
2.5. El 10 de octubre siguiente se pudo realizar la diligencia, en la cual la trabajadora social conceptu\u00f3 que: i) la progenitora mostr\u00f3 inter\u00e9s en cuidar a sus hijos y ser cada d\u00eda mejor para ellos; ii) los familiares tambi\u00e9n afirmaron que dar\u00edan apoyo, para el reintegro de los ni\u00f1os al hogar materno; iii) en el grupo familiar se evidencian buenas relaciones; iv) su horario laboral le permite brindar tiempo de calidad a sus hijos y estar pendiente de ellos; v) \u00abtrato digno e igualitario con condiciones de equidad (\u2026) pautas de crianza suprimiendo el castigo f\u00edsico, presencia de figura materna de autoridad, condiciones aceptables en cuento (sic) a vivienda, salud, educaci\u00f3n, acceso a servicios p\u00fablicos, calidad el entorno\u00bb; vi) la madre estaba realizando las gestiones para buscar medios econ\u00f3micos para su familia; y vii) hay lazos fuertes entre la progenitora y los infantes, a quienes ha visitado. <\/p>\n
Entre los factores de vulnerabilidad, la trabajadora social destac\u00f3 que no era posible identificar el lugar de residencia de la mam\u00e1 de los peque\u00f1os, por falta de coherencia en las respuestas6; que sent\u00eda temor de permitir que los ni\u00f1os estuvieran al cuidado de sus t\u00edos materno (Daniel Felipe Barrios Valle) o paterno (Diego P\u00e9rez), por su cercan\u00eda con el padre de los menores de edad, y de que su hermana (Rudesinda) le retirara el apoyo; adem\u00e1s, que a\u00fan no estaban dadas las condiciones para recibir a sus hijos, porque el v\u00ednculo laboral que ten\u00eda era a un a\u00f1o, sin garant\u00eda de estabilidad, hab\u00eda un conflicto entre los progenitores y no ten\u00eda un ambiente habitacional id\u00f3neo, pues dijo que era con la prima de diciembre que pensaba comprar una cama, un closet y ropa para sus hijos, por lo que, al decidir sobre el reintegro al seno materno, deb\u00eda hacerse el seguimiento, hasta que se subsanara lo evidenciado. <\/p>\n
De acuerdo con ese informe, la madre de los ni\u00f1os manifest\u00f3 que dej\u00f3 a su pareja y padre de los ni\u00f1os, porque la agred\u00eda f\u00edsicamente y la amenazaba con contarle a su mam\u00e1 acerca de su orientaci\u00f3n sexual7. <\/p>\n
2.6. Por su parte, en la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica, realizada en la misma visita8, se describi\u00f3 a la mam\u00e1 de los ni\u00f1os como una persona que brindaba confianza, motivada a ejercer su rol materno, que dijo no consumir alucin\u00f3genos ni tener antecedentes judiciales, con un trabajo que le permit\u00eda cuidar a sus hijos, no refiriendo maltrato hacia ellos y tampoco dificultades de relacionamiento con los infantes; adem\u00e1s, se dictamin\u00f3 que contaba con el apoyo de su familia para recibir a los ni\u00f1os. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se dej\u00f3 constancia de que la se\u00f1ora Alicia Fernanda manifest\u00f3, entre otros, que ten\u00eda buenas relaciones con su progenitora y hermanos mayores y que con su padre era distante, pues solo ten\u00eda comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica espor\u00e1dica y estuvo 2 a\u00f1os detenido por el delito de lavado de activos; que qued\u00f3 embarazada a los 15 a\u00f1os y que \u00abel padre de mis hijos es mi padrastro LUIS ANDR\u00c9S P\u00c9REZ MONTERO (\u2026) [quien] se aprovech\u00f3 emocionalmente [de m\u00ed] en la adolescencia\u00bb; que su mam\u00e1 la apoy\u00f3 para tener a la ni\u00f1a y tiempo despu\u00e9s se enter\u00f3 qui\u00e9n era el pap\u00e1, no obstante, \u00abella y \u00e9l llegaron al acuerdo de que me fuera a vivir con \u00e9l, porque ten\u00eda que pensar en la ni\u00f1a\u00bb. Reiter\u00f3 los hechos de violencia que sufri\u00f3 con \u00e9l y que, por esa causa, lo denunci\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
Refiri\u00f3 la relaci\u00f3n sentimental que ten\u00eda con su actual pareja del mismo sexo, quien la respaldaba para recibir a sus hijos, y que hab\u00eda sufrido \u00abestados de tristeza, se\u00f1ala que present\u00f3 ideaciones o intentos suicidas\u00bb, por lo que dijo haber recibido atenci\u00f3n psicol\u00f3gica, frente a lo cual el profesional sugiri\u00f3 que se allegaran los \u00absoportes de atenci\u00f3n por su salud mental seg\u00fan lo referido por evaluada\u00bb, dado que no hab\u00eda evidencia de ello. <\/p>\n
2.7. El 8 de noviembre de 2019, la Defensor\u00eda de Familia de conocimiento neg\u00f3 la solicitud de visita radicada por los hermanos mayores de los ni\u00f1os, Juliana Constanza, Augusto Fabio y Ricardo \u00c1lvaro P\u00e9rez, para prevenir el contacto con la familia paterna, dado que el progenitor de los peque\u00f1os estaba siendo objeto de investigaci\u00f3n. El 12 siguiente, se autorizaron las visitas pedidas por el t\u00edo materno (Daniel Felipe), quincenalmente, previa valoraci\u00f3n del equipo psicosocial9. <\/p>\n
2.8. Por las afecciones psicol\u00f3gicas de que dijo padecer en las entrevistas citadas, el 3 de diciembre de 2019, se le solicit\u00f3 obtener un dictamen de la E.P.S., en el cual se le certificara si pod\u00eda ejercer su rol como madre; sin embargo, el 17 de enero de 2020, se dej\u00f3 constancia que no alleg\u00f3 la informaci\u00f3n y que manifest\u00f3 no haber tramitado las citas, por problemas de salud con su rodilla, por lo cual se le volvi\u00f3 a requerir por correo electr\u00f3nico del 21 siguiente10. <\/p>\n
2.9. El 28 de enero de 2020, la Defensora de Familia -CAIVAS Centro Zonal 2 de Villavicencio el ICBF11 se constituy\u00f3 en audiencia de pruebas y fallo, a la cual no asistieron los interesados. En dicha diligencia se declar\u00f3 en vulneraci\u00f3n de derechos a los dos menores de edad y se confirm\u00f3 la medida de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, vigente hasta tanto la madre demostrara que reun\u00eda las condiciones para el reintegro de aquellos a su seno familiar12. <\/p>\n
2.10. El 19 de marzo de 2020 se suspendieron los t\u00e9rminos del proceso, con ocasi\u00f3n de las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19. <\/p>\n
2.11. En la visita y valoraci\u00f3n de seguimiento del 3 de junio de 2020, los profesionales del ICBF dejaron constancia que la madre sustituta indic\u00f3 que la ni\u00f1a no hab\u00eda presentado nuevos hechos de auto agresi\u00f3n13 y que hablaba con su mam\u00e1, por tel\u00e9fono, cada 15 d\u00edas, por aproximadamente 40 minutos, frente a lo cual la menor de edad mostraba alegr\u00eda, aunque en ocasiones las llamadas no se cumpl\u00edan por parte de su progenitora, lo cual le generaba frustraci\u00f3n14. <\/p>\n
2.12. Superadas una serie de dificultades para contactar a la madre15, el 2 de septiembre del 2020, se le realiz\u00f3 una intervenci\u00f3n socio familiar, v\u00eda telef\u00f3nica, en la cual manifest\u00f3 su deseo de cuidar a sus hijos, sin embargo, indic\u00f3 que requer\u00eda tiempo para mejorar sus condiciones habitacionales y que se hab\u00eda trasladado de Bogot\u00e1 a Villavicencio; agreg\u00f3 que trabajaba en un frigor\u00edfico y que su compa\u00f1era sentimental era su red de apoyo, porque su familia no viv\u00eda en esa ciudad. La trabajadora social dictamin\u00f3 que hab\u00eda algunos factores de vulnerabilidad, como insuficiencia de redes de apoyo, falta de claridad en la asignaci\u00f3n de roles y reglas, as\u00ed como de tiempo para cuidar a sus hijos16. <\/p>\n
2.13. Por su parte, el informe del 3 de septiembre de 2020, realizado sobre la menor de edad, indic\u00f3 que manten\u00eda contacto con su mam\u00e1, aunque la \u00faltima vez dej\u00f3 de llamarla por un mes y que el incumplimiento en ese contacto la afectaba emocionalmente. Y, sobre el ni\u00f1o, estableci\u00f3 que sent\u00eda temor hacia su progenitor y que la mam\u00e1 le realiz\u00f3 una videollamada el 30 de agosto de ese a\u00f1o, en la que \u00e9l mostr\u00f3 mucha alegr\u00eda y entusiasmo; adem\u00e1s, que ella fue respetuosa y afectiva con su hijo. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que los hermanos ten\u00edan buena relaci\u00f3n, seg\u00fan lo evidenciado en los contactos telef\u00f3nicos efectuados17. <\/p>\n
2.14. El 10 de septiembre de 2020 se levant\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos de la fase de seguimiento en curso. <\/p>\n
2.15. El 2 y 4 de octubre ulterior se registr\u00f3 que la ni\u00f1a intent\u00f3 agredirse y manifest\u00f3 que no quer\u00eda vivir18. <\/p>\n
2.16. El 21 de octubre del mismo a\u00f1o, se realiz\u00f3 una visita domiciliaria al hogar de Alicia Fernanda Barrios Valle en Villavicencio, pero ella no permiti\u00f3 el ingreso de los profesionales, manifestando que la relaci\u00f3n con su pareja termin\u00f3, que \u00e9sta se hab\u00eda llevado los muebles y el dinero que ten\u00eda ahorrado para comprar las camas de los ni\u00f1os, por lo cual se le ve\u00eda afectada; no obstante, reiter\u00f3 que segu\u00eda trabajando y que s\u00ed ten\u00eda inter\u00e9s en cuidar a sus hijos, solo que requer\u00eda tiempo para adquirir lo necesario. La trabajadora social hizo la anotaci\u00f3n de que no pudo verificar las condiciones habitacionales ni la realizaci\u00f3n de acciones tangibles para la garant\u00eda de los derechos de los menores de edad19. <\/p>\n
2.17. Indagando por las condiciones para que otros familiares recibieran a los ni\u00f1os, el 3 de noviembre de 2020, se llev\u00f3 a cabo una visita social domiciliaria Juliana Constanza P\u00e9rez Afanador, hermana paterna de aquellos, verificando que conviv\u00eda con sus dos hijos y su actual pareja sentimental, Emerson Andr\u00e9s Laverde, quien ten\u00eda un trabajo como soldador y maestro de construcci\u00f3n; que uno de sus hijos fue v\u00edctima de abuso sexual por parte de otros menores de edad; que atend\u00eda un caf\u00e9 internet en su casa y estaba dispuesta a asumir la guarda de sus dos hermanos peque\u00f1os, pues su compa\u00f1ero la apoyaba en esa decisi\u00f3n y sus otros hermanos le hab\u00edan manifestado que le ayudar\u00edan con dinero, para que se pudiera hacer cargo de ellos. En el informe, la trabajadora indic\u00f3 que la cercan\u00eda del padre y presunto agresor con su hija era un riesgo para los ni\u00f1os P\u00e9rez Barrios y que en ese hogar hab\u00eda antecedentes de violencia sexual hacia el hijo de ella, por hechos de terceros, desconoci\u00e9ndose el tratamiento psicol\u00f3gico realizado por esa causa20. <\/p>\n
2.18. En comunicaci\u00f3n sostenida el 17 de noviembre del 2020 con el t\u00edo materno, Daniel Felipe Barrios Valle, \u00e9ste manifest\u00f3 tener inter\u00e9s en asumir el cuidado de sus sobrinos en su residencia en Bogot\u00e1, lo cual ratific\u00f3 en la visita del 18 y en la declaraci\u00f3n del 23 de noviembre posterior. Por ello, la funcionaria del ICBF consider\u00f3 que \u00e9l y su pareja eran aptos para su cuidado de los ni\u00f1os, verificando que se garantizara su derecho a la salud y que se realizara terapia psicol\u00f3gica para asumir el rol de cuidadores21. <\/p>\n
2.19. En documento de 19 de noviembre siguiente, se dej\u00f3 constancia de que la madre no se comunicaba con sus hijos desde el 11 de septiembre y que en una visita realizada antes de la pandemia le hab\u00eda comentado a la ni\u00f1a que ten\u00eda una relaci\u00f3n sentimental con otra mujer y en una llamada le dijo que Luis Andr\u00e9s no era su verdadero padre, lo cual la confundi\u00f3 y afect\u00f322. <\/p>\n
2.20. El 24 de noviembre de 2020, Alicia Fernanda se hizo presente en el ICBF, solicitando informaci\u00f3n acerca del estado de su hija y le indicaron que se encontraba hospitalizada, dada su inestable salud mental; igualmente, le refirieron las actuaciones surtidas en el procedimiento. En esa diligencia, la madre de los ni\u00f1os manifest\u00f3 que s\u00ed pidi\u00f3 las citas m\u00e9dicas para su valoraci\u00f3n, pero que no se las brindaron, porque solo estaban atendiendo asuntos prioritarios; refiri\u00f3 que continuaba laborando en el frigor\u00edfico con un salario m\u00ednimo y prestaciones, que una vecina pod\u00eda cuidar sus hijos mientras ella trabajaba; que viv\u00eda en un aparta-estudio grande donde ellos se pod\u00edan ubicar y que, para diciembre, tendr\u00eda adecuado el lugar. Suministr\u00f3 el tel\u00e9fono de su arrendadora y dijo que su hermano Daniel Felipe no deb\u00eda ser considerado para cuidar a los menores de edad, porque era una persona irresponsable23. <\/p>\n
2.21. El 27 de noviembre posterior, el progenitor Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero, a trav\u00e9s de apoderado, solicit\u00f3 que se le restableciera la custodia y cuidado de sus hijos, entre otras cosas, porque el proceso penal que en su contra cursaba fue archivado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por \u00abinexistencia del hecho\u00bb24, el 21 de octubre de 2019. Refiri\u00f3 que la denuncia an\u00f3nima formulada contra \u00e9l obedeci\u00f3 a una retaliaci\u00f3n tomada por la presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal (o alg\u00fan familiar o allegado de ella), por problemas de convivencia, ya que \u00e9l no toleraba fiestas o consumo de sustancias frente o cerca de su sitio residencia25. <\/p>\n
Ese mismo d\u00eda, su abogado radic\u00f3 un incidente de nulidad, por vencimiento de t\u00e9rminos para resolver, pedimento que le fue desestimado el 14 de diciembre de 202026. <\/p>\n
2.23. El 16 de diciembre de 2020, la Defensor\u00eda de conocimiento suscribi\u00f3 un oficio con destino a la Fiscal\u00eda 16 Delegada del Meta, solicitando reanudar la investigaci\u00f3n penal contra el progenitor de los menores de edad, en raz\u00f3n a que, en el tr\u00e1mite administrativo, la ni\u00f1a hab\u00eda manifestado haber sido v\u00edctima de actos sexuales de \u00e9l en su contra. <\/p>\n
2.24. En la misma fecha se llev\u00f3 a cabo una visita domiciliaria al hogar de la madre en Villavicencio28, en la cual ella ratific\u00f3 su inter\u00e9s en ejercer su rol materno; dijo que hab\u00eda realizado avances para cuidar a los ni\u00f1os, ense\u00f1ando a la trabajadora social la adquisici\u00f3n de un camarote para ellos y un armario para su ropa; que su vecina los cuidar\u00eda mientras estuviera en el trabajo y que hab\u00eda conversado con el padre de sus hijos, con quien acord\u00f3 que si le entregaban a ella los ni\u00f1os \u00e9l no se entrometer\u00eda, por lo que la profesional consign\u00f3 que quedaba en entredicho el alejamiento con el presunto agresor y su grupo familiar. A su vez, se verificaron las condiciones de habitabilidad de la residencia y se registraron las siguientes conclusiones: <\/p>\n
\u2026se contin\u00faa identificando desde el \u00e1rea familiar factores de vulnerabilidad tales como la escasa red de apoyo en la consecuci\u00f3n de documentos que avalen lo expuesto verbalmente por ella, como el certificado laboral, su adherencia al tratamiento psicol\u00f3gico o la valoraci\u00f3n de esta \u00e1rea por parte de su EPS para determinar su idoneidad despu\u00e9s de ser manifestado por ella, sus presuntas crisis a ra\u00edz de sus vivencias personales y familiares. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se encuentra incoherencia en su relato frente al distanciamiento que conserva con el se\u00f1or Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero, progenitor de los ni\u00f1os y su presunto agresor\u2026 <\/p>\n
En el transcurso de la entrevista tambi\u00e9n se identifican duelos no resueltos de la infancia, la adolescencia y particularmente se logra identificar sentimiento de culpa o represi\u00f3n por su identidad sexual, lo que lleva a la se\u00f1ora Alicia Fernanda a sentirse se\u00f1alada y poco aceptada por la sociedad. <\/p>\n
De cara a lo anterior, desde Trabajo Social, se sugiere valoraci\u00f3n de la se\u00f1ora desde psicolog\u00eda para determinar su idoneidad, a su vez presentaci\u00f3n del proceso terap\u00e9utico sugerido por las profesionales que practicaron el primer estudio psicosocial en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.25. El 21 de diciembre de 2020 se prorrog\u00f3 por 6 meses el plazo para el seguimiento de la medida de restablecimiento de derechos29. <\/p>\n
2.26. En informes del 5 y 12 de enero de 2021, la trabajadora social conceptu\u00f3 que, aunque se identificaron, como posibles cuidadores de los infantes, a su progenitora, a una hermana por l\u00ednea paterna (Juliana Constanza) y a un t\u00edo materno (Daniel Felipe Barrios Valle), s\u00f3lo \u00e9ste \u00faltimo contaba con las capacidades econ\u00f3micas, emocionales y habitacionales para hacerse cargo de ellos. Asimismo, se hizo referencia a que la ni\u00f1a, Daniela Mar\u00eda, estaba para ese momento en la Cl\u00ednica Renovar30, por haber intentado agredirse y atentar contra su vida31. Parejamente, se dictamin\u00f3 que la madre carec\u00eda de las \u00abherramientas adecuadas\u00bb para cuidar de sus hijos32. <\/p>\n
2.27. El 28 de enero de 2021, la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Villavicencio 2 modific\u00f3 la medida de restablecimiento de derechos en favor de los dos menores de edad, disponiendo su ubicaci\u00f3n provisional con su t\u00edo materno, Daniel Felipe Barrios Valle, quien viv\u00eda en Bogot\u00e1; adem\u00e1s, se impuso a ambos progenitores una cuota alimentaria en favor de los ni\u00f1os. En la misma diligencia, se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, manteniendo la medida adoptada. <\/p>\n
2.28. El 11 de febrero y el 19 de marzo de 2021, el Juzgado Noveno Administrativo y el Tribunal Administrativo de Villavicencio y Meta, respectivamente, negaron -en ambas instancias- una tutela promovida por el padre, Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero, contra la actuaci\u00f3n administrativa adelantada por el ICBF33. <\/p>\n
2.29. El 25 de marzo de 2021, el Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio homolog\u00f3 la determinaci\u00f3n de 28 de enero de 202134. <\/p>\n
2.30. El 4 de mayo de 2021, una trabajadora social del Centro Zonal de Bosa -Bogot\u00e1- visit\u00f3 al se\u00f1or Daniel Felipe Barrios Valle y registr\u00f3 en su informe que los menores de edad estaban de viaje con su compa\u00f1era en Tolima y que, por cuestiones de orden p\u00fablico, no se sab\u00eda la fecha de regreso; adem\u00e1s, el t\u00edo dijo que los ni\u00f1os ten\u00edan problemas de comportamiento, que refer\u00edan que quer\u00edan vivir con su progenitora y que ella no cumpl\u00eda con su cuota alimentaria35. <\/p>\n
2.31. El 9 de julio de 2021, Daniel Felipe se comunic\u00f3 con el ICBF -Centro Zonal Villavicencio 2, manifestando su deseo de entregar a los infantes, por cuanto no se hab\u00edan adaptado a su hogar y quer\u00edan regresar con su mam\u00e1 o ser ubicados en un hogar sustituto, petici\u00f3n que fue trasladada, junto con el expediente, al ICBF en Bogot\u00e1, porque los ni\u00f1os resid\u00edan con su t\u00edo en esta ciudad36. <\/p>\n
2.32. El 5 de agosto de 2021, el Defensor de Familia del Centro Zonal de Bosa -Bogot\u00e1- avoc\u00f3 conocimiento y confirm\u00f3 la medida adoptada por la Comisar\u00eda de Familia de esa localidad, consistente en ubicaci\u00f3n de los ni\u00f1os en el Centro de Emergencia de San Gabriel37, por presunto maltrato familiar en casa de su t\u00edo38. <\/p>\n
2.33. Seg\u00fan da cuenta la informaci\u00f3n adjuntada a la tutela, contra Daniel Felipe Barrios Valle y su pareja, Pilar Zharick Blanco, se sigui\u00f3 una \u00abacci\u00f3n de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar\u00bb, por presuntas agresiones en contra de los dos menores de edad. En Resoluci\u00f3n de 5 de agosto de 2021, la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia Localidad Bosa -Bogot\u00e1- les conmin\u00f3 a cesar toda conducta violenta respecto de los peque\u00f1os y orden\u00f3 reintegrarlos a su seno familiar, \u00abquedando bajo la custodia personal de su progenitora\u00bb, Alicia Fernanda39, lo cual no se ejecut\u00f3, por el tr\u00e1mite en curso. <\/p>\n
2.34. En comunicaci\u00f3n de 28 de octubre siguiente, la Fundaci\u00f3n Hogares Claret le inform\u00f3 al Centro Zonal de Bosa que la ni\u00f1a coment\u00f3 que lo que motiv\u00f3 su extracci\u00f3n de la vivienda donde resid\u00edan con su padre fue que \u00e9l intent\u00f3 violarla; que \u00e9ste inger\u00eda mucho licor y que la maltrataba f\u00edsicamente (narr\u00f3, en concreto, que le dio una patada en la cabeza y sali\u00f3 corriendo). Igualmente, la peque\u00f1a sostuvo que su t\u00edo Daniel Felipe agred\u00eda cuando ten\u00eda conflictos en su trabajo o a nivel familiar; que s\u00f3lo les daba una comida; que los amenazaba con que los iba a dar en adopci\u00f3n y que les hablaba mal de su mam\u00e140. <\/p>\n
2.35. Posteriormente, los ni\u00f1os fueron trasladados a la Fundaci\u00f3n Hogar San Mauricio, en Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.36. El 3 de marzo de 2022, la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal de Bosa -Bogot\u00e1- declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia, por vencimiento de los t\u00e9rminos para resolver, de acuerdo con la devoluci\u00f3n del asunto que le hiciera el Centro Zonal de Usaqu\u00e9n el 6 de diciembre de 202141. <\/p>\n
2.37. El Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 asumi\u00f3 el conocimiento de las diligencias mediante autos de 16 de marzo y 12 de mayo de 202242. <\/p>\n
2.38. Ante las valoraciones requeridas por el Juzgado frente a los dos ni\u00f1os y la familia extensa, se rendieron informes el 5 y el 6 de abril de 2022, en los que se consign\u00f3, entre otros, que los peque\u00f1os no quer\u00edan vivir con su pap\u00e1; que prefer\u00edan estar con su mam\u00e1 y que hab\u00edan acordado que, de no poder vivir con alguien de su familia, prefer\u00edan ser dados en adopci\u00f3n43. <\/p>\n
2.39. En fallo de 11 de mayo de 2022, el estrado cognoscente declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad a los dos menores de edad44. <\/p>\n
2.40. En el expediente reposa correo electr\u00f3nico del 6 de junio de los corrientes, por el cual la Fundaci\u00f3n Hogar San Mauricio informa que la ni\u00f1a se encontraba hospitalizada en la Cl\u00ednica Fray Bartolom\u00e9, en \u00e1rea de psiquiatr\u00eda, en estado estable. <\/p>\n
3. Los gestores atacan la actuaci\u00f3n surtida ante el ICBF, por cuanto: i) no se vincul\u00f3 a la familia extensa por v\u00eda paterna, pese a las m\u00faltiples solicitudes que ellos hab\u00edan elevado en tal sentido, ni tampoco se les escuch\u00f3 ni se les permiti\u00f3 ver a los ni\u00f1os; ii) los menores fueron sometidos a m\u00faltiples cambios de hogares sustitutos, poniendo en peligro sus derechos y afectando su estabilidad emocional, que era normal antes de iniciar el procedimiento; iii) los padres eran personas responsables, trabajaban y no hab\u00eda raz\u00f3n para privar a los ni\u00f1os de su cuidado; iv) la madre siempre estuvo dispuesta a recibir a sus hijos, con quienes tiene lazos familiares fuertes; v) la se\u00f1ora Alicia Fernanda nunca refiri\u00f3 que padeciera una enfermedad mental, m\u00e1s all\u00e1 de un \u00abbajonazo emocional\u00bb ocurrido en 2016, que no se repiti\u00f3, y que la omisi\u00f3n de ella en allegar la evaluaci\u00f3n m\u00e9dica reclamada, se quiso hacer ver como negligencia, cuando -por el contrario- fue el propio ICBF el que no expidi\u00f3 la orden para la realizaci\u00f3n de las citas, lo cual fue exigido por la E.P.S.45; vi) hubo m\u00faltiples irregularidades en la actuaci\u00f3n adelantada por el ICBF, porque no se les ofreci\u00f3 informaci\u00f3n exacta y les negaron, injustificadamente, los datos y visitas pedidas; vii) el progenitor, Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero, no abus\u00f3 sexual ni f\u00edsicamente de ellos, pues los castigos a los que los someti\u00f3 eran, simplemente, correctivos; viii) la enfermedad mental que padec\u00eda Daniela Mar\u00eda se ocasion\u00f3 por la separaci\u00f3n abrupta de su seno familiar y la falta de diligencia en la actuaci\u00f3n de la autoridad administrativa; y ix) a pesar de que la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Bosa (Bogot\u00e1) dispuso, el 5 de agosto de 2021, el reintegro de los peque\u00f1os a su seno familiar, dicha orden fue desconocida, al pon\u00e9rsele de presente a la madre que no era \u00abapta\u00bb para recibirlos. <\/p>\n
Frente al fallo emitido por el Juzgado accionado, sostienen que el operador judicial no verific\u00f3 la legalidad del tr\u00e1mite, pues omiti\u00f3 indagar por la aptitud de la mam\u00e1 para recibir a los menores y tampoco vincul\u00f3 a la familia extensa paterna, a pesar de que los funcionarios del ICBF se hab\u00edan contactado telef\u00f3nicamente con varios de ellos, quienes manifestaron su deseo de hacerse cargo de los peque\u00f1os. <\/p>\n
4. Instaron, conforme a lo relatado, que se revoque la providencia del Juzgado 29 de Familia de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad de los ni\u00f1os, as\u00ed como los actos administrativos que se hubiesen proferido por parte del ICBF en cumplimiento de lo all\u00ed decidido; en consecuencia, pidieron que se ordene al ICBF retornar los menores de edad con su familia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Centro Zonal de Villavicencio 2 -Caivas del ICBF expuso que, si bien el proceso penal contra el padre de los ni\u00f1os se cerr\u00f3, pidi\u00f3 a la autoridad competente desarchivar el asunto, ante el constante se\u00f1alamiento de la ni\u00f1a en contra de su padre, pero desconoc\u00eda el estado del proceso. Asever\u00f3 que s\u00ed se vincul\u00f3 a la familia extensa, que la madre no atendi\u00f3 los requerimientos efectuados y que el padre no era apto, dados los hechos por los cuales fue se\u00f1alado, por lo cual decidi\u00f3 entregar los ni\u00f1os al t\u00edo materno y que el asunto se traslad\u00f3 a Bosa, por la ubicaci\u00f3n de los peque\u00f1os. <\/p>\n
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal de Bosa relat\u00f3 algunas de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite remitido desde Villavicencio, entre ellas, la remisi\u00f3n del asunto al Juzgado de Familia, en raz\u00f3n a la p\u00e9rdida de competencia. A su vez, solicit\u00f3 ordenar el traslado de las actuaciones administrativas al Centro Zonal de Usaqu\u00e9n, por competencia. <\/p>\n
3. El Juzgado accionado afirm\u00f3 que su decisi\u00f3n se adopt\u00f3 en aras de proteger las garant\u00edas superiores de los ni\u00f1os, que en el curso del proceso ni la madre ni la familia extensa demostraron ser garantes de sus derechos, pese a que tuvieron 3 a\u00f1os para el efecto, dado que el asunto inici\u00f3 en 2019 y que su inter\u00e9s \u00absurgi\u00f3 a ra\u00edz de la decisi\u00f3n de adoptabilidad para los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
4. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que no ten\u00eda injerencia respecto de las decisiones que, en el marco de sus funciones, adoptaran las Comisar\u00edas de Familia. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda de Villavicencio aleg\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno a los menores de edad y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n asever\u00f3 que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que la investigaci\u00f3n que adelant\u00f3 por presunta conducta punible de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os en contra del progenitor de los infantes se encontraba archivada, por inexistencia del hecho. <\/p>\n
7. Alirio Sebasti\u00e1n Murcia, quien fue apoderado del padre los ni\u00f1os en diferentes causas, relacion\u00f3 la gesti\u00f3n profesional desplegada en defensa de los intereses de su cliente. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, en primer lugar, aclar\u00f3 que como las actuaciones surtidas ante el ICBF Centro Zonal de Villavicencio 2 \u2013Caivas fueron objeto de una tutela previa, conocida por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en la presente acci\u00f3n constitucional correspond\u00eda estudiar \u00fanicamente las actuaciones adelantadas por el Juzgado de Familia convocado. <\/p>\n
Seguidamente, neg\u00f3 el amparo, dado que \u00abla apreciaci\u00f3n probatoria no [merec\u00eda] reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, pues (\u2026) el acervo demostrativo fue estudiado en conjunto y de \u00e9l se derivaron las conclusiones a las que lleg\u00f3 el juez accionado\u00bb, sin vulnerar los derechos de los ni\u00f1os. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los promotores, quienes, adem\u00e1s de insistir en los argumentos del escrito inicial, expusieron que el juez de tutela no analiz\u00f3 el material probatorio y se limit\u00f3 a hacer un \u00abasentimiento al fallo del Juzgado (\u2026), sin que se abordara el estudio de las (\u2026) actuaciones que obran en el PARD (\u2026) [y] sin que se valorara la participaci\u00f3n de la progenitora en todas estas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si se conculcaron las garant\u00edas fundamentales invocadas, con ocasi\u00f3n del proceso de establecimiento de derechos de los ni\u00f1os Daniela Mar\u00eda y Hernando Luis P\u00e9rez Barrios, que culmin\u00f3 con el prove\u00eddo dictado el 12 de mayo de 2022, mediante el cual se los declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
2. De manera preliminar, se advierte, de un lado, que el padre de los menores de edad present\u00f3 una tutela previa contra el ICBF, por el procedimiento surtido en sede administrativa, en la que se estableci\u00f3 que no hubo vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas, por lo que, en esa materia, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto46; y, de otro, que como la adoptabilidad fue definida por el Juzgado de Familia accionado en providencia del 12 de mayo de 2022, es esa la decisi\u00f3n definitiva, raz\u00f3n por la cual el estudio de la Sala se sujetar\u00e1 a dicha providencia. <\/p>\n
3. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, para proferir la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad judicial convocada hizo un recuento de los hechos que dieron origen al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de las actuaciones surtidas y de las pruebas que fueron allegadas al juicio. Seguidamente, trajo a colaci\u00f3n disposiciones constitucionales frente al concepto de familia y los derechos de los ni\u00f1os y rese\u00f1\u00f3 jurisprudencia relacionada. <\/p>\n
3.1. Centrado en el asunto y, en concreto, sobre la posibilidad de que el padre mantuviera la custodia de sus hijos, adujo que la orden de archivo de la investigaci\u00f3n penal en su contra no condicionaba al juez de familia, pues se trataba de procesos independientes y que \u00e9ste deb\u00eda analizar en conjunto con todas probanzas allegadas, destacando que, en el caso particular, los menores de edad, en m\u00faltiples ocasiones, indicaron que \u00e9l los tocaba en sus partes \u00edntimas y los maltrataba, situaciones por las cuales la ni\u00f1a requiri\u00f3 atenci\u00f3n cl\u00ednica, pues intent\u00f3 atentar contra su vida. Lo anterior, aunado a que los peque\u00f1os manifestaron no querer vivir con \u00e9l, por lo que consider\u00f3 que su progenitor no era id\u00f3neo para cuidar de ellos. <\/p>\n
3.2. Sobre la madre, destac\u00f3 que, aunque los ni\u00f1os afirmaron que quer\u00edan vivir con ella, ese deseo no era suficiente, dado que aquella se hab\u00eda comportado de manera irresponsable frente a sus hijos, especialmente, en el procedimiento administrativo, pues constantemente dilat\u00f3 el proceso, no colabor\u00f3 con los llamados del ICBF ni cumpli\u00f3 con sus requerimientos47, no mostr\u00f3 capacidad emocional, social y familiar, fue ambivalente frente al reintegro de sus hijos y, a pesar de que indic\u00f3 haber sido v\u00edctima de violencia intrafamiliar por parte de Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero y de que era conocedora de su car\u00e1cter agresivo, decidi\u00f3 dejarlos a su cuidado, por lo que consider\u00f3 que fue negligente y desinteresada en torno al tema. En ese sentido, tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que los ni\u00f1os aseveraron que si no pod\u00edan regresar con su mam\u00e1 prefer\u00edan la adopci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. En cuanto al t\u00edo materno de los peque\u00f1os (Daniel Felipe Barrios Valle), consider\u00f3 que, si bien en una primera oportunidad recibi\u00f3 los ni\u00f1os, ellos expresaron que fueron maltratados en su hogar y \u00e9l mismo dijo que no quer\u00eda continuar con la custodia otorgada, am\u00e9n de que hab\u00eda informado que ning\u00fan familiar por l\u00ednea materna aspiraba a ejercer su guarda. <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, descart\u00f3 a los parientes paternos, en vista de que todos ellos manten\u00edan cercan\u00eda con el progenitor y presunto agresor (Luis Andr\u00e9s), lo cual tendr\u00eda el potencial de afectarlos emocionalmente y, llegado el caso, a revictimizarlos. <\/p>\n
3.5. Con apoyo en lo relatado, coligi\u00f3 que no se acredit\u00f3 la existencia de un grupo familiar capaz de garantizar a los ni\u00f1os un hogar adecuado y estable, en el cual pudieran desarrollarse arm\u00f3nica e integralmente; luego, era procedente declararlos en situaci\u00f3n de adoptabilidad, m\u00e1xime teniendo en consideraci\u00f3n que ellos expresaron que si no era viable su reintegro con alg\u00fan pariente prefer\u00edan ser dados en adopci\u00f3n. <\/p>\n
4. Para la Corte, las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador cuestionado imponen la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, en aras de salvaguardar las garant\u00edas fundamentales de los menores de edad, Daniela Mar\u00eda y Hernando Luis P\u00e9rez Barrios. <\/p>\n
4.1. En proyecci\u00f3n de los derechos constitucionalmente consagrados en el precepto 44 de la Carta Pol\u00edtica, la jurisprudencia se ha encargado de precisar que la adopci\u00f3n es siempre la \u00faltima ratio, de manera que esa medida solo es procedente cuando se determine claramente el riesgo y se agote el examen de las restantes medidas de restablecimiento regladas en el art\u00edculo 53 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, carga \u00e9sta que le corresponde al Estado, el cual tiene la tarea de verificar que \u00abrealmente no exista ninguna alternativa que permita la garant\u00eda de los derechos del menor al interior del n\u00facleo familiar (\u2026)\u00bb48. <\/p>\n
De all\u00ed que la decisi\u00f3n de dar en adopci\u00f3n a un menor de edad demanda una motivaci\u00f3n reforzada, cuesti\u00f3n que, entre otros aspectos, grava al operador judicial encargado de dictaminar su procedencia con el deber de estudiar las condiciones de los ni\u00f1os y de analizar, de un lado, si los padres -a\u00fan apoyados con medidas institucionales- no son aptos para ejercer la guarda y, de otro, si el n\u00facleo familiar biol\u00f3gico extenso puede cumplir esa tarea. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que la familia constituye, en principio, el mejor recurso para la protecci\u00f3n de los intereses superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y, por ello, ese derecho y deber est\u00e1 salvaguardado en textos constitucionales, convencionales y legales (arts. 9 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o; art. 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; art. 10 del C\u00f3digo de la Infancia de la Adolescencia; art. 5.b de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer). <\/p>\n
Dicho postulado posee un contenido sustantivo, en el sentido que los menores de edad tienen derecho a que, cuando se adopte una medida que les afecte, sus mejores intereses deben ser evaluados y, en el caso de que existan otros intereses en juego, estos deben ponderarse para llegar a la soluci\u00f3n m\u00e1s conveniente, valorando siempre que no queden expuestos a riesgos inminentes. En segundo lugar, es un principio general de car\u00e1cter interpretativo, de manera que, si una disposici\u00f3n jur\u00eddica puede ser considerada en m\u00e1s de una forma, se impone optar por la hermen\u00e9utica que mejor responda a los beneficios del ni\u00f1o. Por \u00faltimo, es una norma de procedimiento, lo cual implica que siempre que se tenga que proferir una determinaci\u00f3n que los afecte, se reclama una estimaci\u00f3n de las posibles repercusiones o del impacto (positivo o negativo) de aquella49. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala, al estudiar las facultades del Juez de Familia para decidir sobre la adoptabilidad de menores de edad, por ejemplo, en tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, ha definido que no puede limitarse a un examen meramente formal, pues: <\/p>\n
\u2026tal decisi\u00f3n trascendente como cualquier sentencia judicial, es cierto, implica validar la ruptura jur\u00eddica del n\u00facleo familiar, toda vez que la declaraci\u00f3n de abandono produce respecto de los padres del infante, seg\u00fan el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo del Menor (esta disposici\u00f3n fue incorporada en el art\u00edculo 108 de la Ley 1098 de 2006), no solo la terminaci\u00f3n de la patria potestad, sino tambi\u00e9n entra\u00f1a, en la mayor\u00eda de los casos, la iniciaci\u00f3n de los tr\u00e1mites de adopci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
\u2026dicho de otro modo, si el mencionado tr\u00e1mite est\u00e1 previsto en el derecho colombiano, para \u2018cuando las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educaci\u00f3n del menor, se hubieren opuesto a esta medida dentro del tr\u00e1mite administrativo (\u2026)\u2019 (art. 61 C. de M., se subraya), (actualmente art. 107 de la Ley 1098 de 2006), lo m\u00ednimo que se esperar\u00eda es que tal oposici\u00f3n mereciera la consideraci\u00f3n y adecuado escrutinio del juzgador, de lo cual, huelga insistir, debe quedar di\u00e1fana memoria en la respectiva sentencia. <\/p>\n
Por todo lo anotado, aprovecha esta ocasi\u00f3n la Corte Suprema, para llamar -de manera respetuosa- la atenci\u00f3n de los juzgadores, con el objeto de que en sus providencias, invariablemente, quede registrada la motivaci\u00f3n que, en forma suficiente y cabal, sirva de b\u00e1culo a la decisi\u00f3n que se permite adoptar, regla \u00e9sta igualmente predicable del tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo del Menor, el que en manera alguna es inmune a la aplicaci\u00f3n del precitado deber judicial, m\u00ednima garant\u00eda que debe brindarse en el marco del debido proceso, rectamente entendido. <\/p>\n
Al fin y al cabo, este no es un tr\u00e1mite mec\u00e1nico, que implique desatender las reglas de juzgamiento consustanciales a toda actuaci\u00f3n judicial. De all\u00ed que el juzgador, que no es un aut\u00f3mata, no puede limitarse a realizar un control, am\u00e9n que meramente formal y rutinario, como si los intereses que estuvieran en conflicto, ciertamente, fueran de ninguna o de poca monta. Muy por el contrario, con arreglo a los poderes con los que ha sido investido, deber\u00e1 desplegar una labor que est\u00e9 en consonancia con dichos intereses, en este caso -donde hay menores- de insoslayable y aquilatada relevancia, al mismo tiempo que con la finalidad que anima la homologaci\u00f3n, se insiste, de marcada trascendencia jur\u00eddica50. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, las condiciones de los menores de edad, en especial, a las que han sido expuestas por parte de quienes, en primera medida, tienen el deber de protegerlos, deben valorarse a efectos de determinar si hay total abandono, bajo los presupuestos que lo caracterizan o, por el contrario, una falta de diligencia o capacidad, que pueda superarse con otras medidas y, llegado el caso, con el apoyo de las instituciones. <\/p>\n
En ese sentido, el m\u00e1ximo tribunal constitucional de Colombia ilustr\u00f3, en sentencia CC T-044 de 2014, que no todo hecho o circunstancia que pueda haber ocurrido tiene la virtualidad de justificar la separaci\u00f3n de un ni\u00f1o de su n\u00facleo familiar y, en ese sentido, debe materializarse una situaci\u00f3n con tal nivel de trascendencia que amerite una intervenci\u00f3n dr\u00e1stica por parte del Estado; por ello, identific\u00f3 algunos ejemplos en los que era procedente esta determinaci\u00f3n: <\/p>\n
(i) claros riesgos para la vida, la integridad o la salud del ni\u00f1o o la ni\u00f1a; (ii) abuso f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico en la familia, y (iii) circunstancias frente a las cuales el art\u00edculo 44 de la Carta ordena protecci\u00f3n, es decir: abandono, violencia f\u00edsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotaci\u00f3n laboral o econ\u00f3mica y trabajos riesgosos. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en pronunciamiento T-887 de 2009, la misma Corporaci\u00f3n acot\u00f3: <\/p>\n
Insiste la sala, \u00fanicamente puede aplicarse esta sanci\u00f3n cuando en el proceso administrativo que tiene por finalidad imponerla resulta probado claramente que el ni\u00f1o o ni\u00f1a de que se trate carece en definitiva de personas que por ley deben satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, que el ni\u00f1o o la ni\u00f1a ha sido, en efecto, abandonado a su propia suerte. De manera muy excepcional procede declarar la situaci\u00f3n de abandono cuando se verifica contundentemente que los padres biol\u00f3gicos no est\u00e1n en situaci\u00f3n de garantizar los intereses prevalentes de su hijo o hija o que permanecer en la familia biol\u00f3gica conlleva para el ni\u00f1o o para la ni\u00f1a un riesgo insuperable (Se resalta). <\/p>\n
4.3. Por su parte, cuando ha sido expreso el deseo y voluntad de los padres de hacerse cargo de sus hijos, la ausencia de diligencia en el procedimiento administrativo, la falta de condiciones econ\u00f3micas y las valoraciones iniciales realizadas por el ICBF, en criterio de la Sala, no justifican per se la p\u00e9rdida de la patria potestad, raz\u00f3n por la cual corresponde al operador judicial ejercer todas sus facultades, como director del proceso, para valorar el asunto y ponderar, reflexivamente, los intereses en juego. En esos t\u00e9rminos, en torno al tema, en una acci\u00f3n constitucional relacionada con la decisi\u00f3n de adoptabilidad, se consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Si bien los se\u00f1alados supuestos f\u00e1cticos, denotan un comportamiento desinteresado de la madre por velar por el bienestar de los infantes, y aun cuando esta Corporaci\u00f3n siempre ha reclamado de los ascendientes el ejercicio cabal de su papel de garantes en la protecci\u00f3n de las prerrogativas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, por ser sujetos prevalentes de derechos; los antecedentes de aqu\u00e9lla no pueden convertirse en una justificaci\u00f3n para desligar a la patente definitivamente, de su rol de progenitora, sin examinar, por ejemplo, si \u00e9sta ha emprendido acciones afirmativas en aras de mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos y si, para ese prop\u00f3sito, ha contado con apoyo del Estado. <\/p>\n
N\u00f3tese, las autoridades querelladas dejaron de apreciar circunstancias relevantes, como el bajo nivel formativo de la quejosa y la dif\u00edcil situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica por ella padecida, evidenciada con su inestabilidad laboral, cuestiones que, sumadas a su constante oposici\u00f3n a ser separada de sus hijos (\u2026) evidencian que aun cuando aqu\u00e9lla no ha contado con recursos suficientes para asumir el cuidado de sus hijos, ha intentado cambiar sus condiciones para brindarles una vida mejor. <\/p>\n
Adicionalmente, se desconoci\u00f3 la posibilidad real de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar agotara otras opciones de resguardo, antes de acudir a la medida extrema de la adopci\u00f3n, como por ejemplo, incorporar a los menores y a su madre a programas de rehabilitaci\u00f3n familiar. <\/p>\n
4.3. Ahora, en cuanto a la inexistencia de una red familiar extensa que est\u00e9 en condiciones id\u00f3neas para suministrarle una adecuada protecci\u00f3n a los menores, se advierte que, el despacho confutado se atuvo a las gestiones efectuadas por el ICBF, desde la \u00e9poca en que inici\u00f3 el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, sin constatar la existencia de posibles din\u00e1micas parentales actuales y circunstancias pendientes de verificar\u2026 <\/p>\n
4.4. Para la Sala no es suficiente justificar la medida relativa al inicio de los tr\u00e1mites de la adopci\u00f3n, en el hecho de que la investigaci\u00f3n administrativa se adelant\u00f3 con arreglo al procedimiento previsto en la Ley 1098 de 2006 y la resoluci\u00f3n se sustent\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las pruebas regularmente allegadas al expediente. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que se trata de una madre de 33 a\u00f1os, quien demostr\u00f3 siempre un inter\u00e9s persistente en recuperar a sus hijos, a quien no se le puede negar la oportunidad de rehacer su vida y la de sus primog\u00e9nitos, sino estimularla en ese prop\u00f3sito, brind\u00e1ndole la asistencia sicol\u00f3gica y material que requiere una persona a quien la sociedad, el Estado y la familia no le han posibilitado un mejor proyecto de vida51. <\/p>\n
4.4. Con base en las consideraciones normativas y jurisprudenciales relatadas, procede la Sala a resolver el asunto. <\/p>\n
5. En primer lugar, resulta pertinente estudiar la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado de conocimiento respecto de la madre, en tanto consider\u00f3 que no era apta para cuidar a sus hijos, pues su actuaci\u00f3n en el procedimiento administrativo, aunque siempre afirm\u00f3 su deseo de recuperar su custodia, fue desinteresada y negligente, cuesti\u00f3n que fue puesta de presente por los profesionales del ICBF que analizaron el caso, toda vez que en las verificaciones realizadas por las \u00e1reas de trabajo social y psicolog\u00eda y en los distintos informes allegados hicieron \u00e9nfasis en las condiciones de habitabilidad, que aquella estaba sola y no contaba con una red de apoyo, que ten\u00eda un trabajo pero no se pod\u00eda definir su perdurabilidad en el tiempo, que no alleg\u00f3 informaci\u00f3n sobre sus capacidades e incluso sobre su estado de salud, entre otros factores que, en su gran mayor\u00eda y a simple vista, se refieren a aspectos sociales y econ\u00f3micos y no a su idoneidad personal para ejercer el rol materno. <\/p>\n
5.1. En ese sentido, se destaca que el material probatorio allegado da cuenta de que la madre, durante los casi tres a\u00f1os transcurridos desde el inicio de la tramitaci\u00f3n, s\u00ed se mostr\u00f3 interesada no s\u00f3lo en que sus hijos le fueran reintegrados sino, tambi\u00e9n, en el desarrollo y en el desenvolvimiento del proceso. N\u00f3tese c\u00f3mo, en efecto, el 4 de septiembre de 2019, luego de enterarse de los hechos de violencia supuestamente perpetrados en contra de los peque\u00f1os por parte de su padre, Luis Andr\u00e9s, acudi\u00f3 ante el ICBF, a fin de solicitar su custodia y, el 24 de noviembre de 2020, concurri\u00f3 a la entidad para averiguar por su hija, que estaba hospitalizada. <\/p>\n
Igualmente, en las visitas realizadas en su domicilio el 10 de octubre de 2019, as\u00ed como en las verificaciones del 2 de septiembre, 21 de octubre y 16 de diciembre de 2020, hizo expl\u00edcito su deseo de que los ni\u00f1os le fueren entregados e indic\u00f3 -y se corrobor\u00f3- que se hab\u00eda trasladado de Bogot\u00e1 a Villavicencio, con el objeto de estar m\u00e1s cerca de ellos, mostrando en su sitio de residencia la cama y armario adquiridos para cuando sus hijos regresaran, refiriendo -en todos las oportunidades- que contaba con un trabajo. Frente a su vinculaci\u00f3n laboral no hay soporte en el expediente, no obstante, ella siempre aludi\u00f3 esa circunstancia y, consultada la informaci\u00f3n p\u00fablica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, se encuentra que, por lo menos, desde el 1 de septiembre de 2019, est\u00e1 afiliada al r\u00e9gimen contributivo, en calidad de cotizante y tambi\u00e9n tiene un registro de afiliaci\u00f3n activo en riesgos laborales52. <\/p>\n
Por su parte, en algunos informes de las verificaciones realizadas en los hogares sustitutos se dej\u00f3 constancia de las videollamadas realizadas con sus hijos, la alegr\u00eda que eso les produc\u00eda a aquellos y el afecto que se evidenciaba en su relacionamiento53; a\u00fan, en enero de 2021, seg\u00fan se narr\u00f3 y se soport\u00f3 en la tutela, Alicia Fernanda procur\u00f3 comunicarse -por correo electr\u00f3nico- con una de las funcionarias del ICBF, poni\u00e9ndole de presente que hab\u00eda tenido m\u00faltiples dificultades para contactarse con el peque\u00f1o Hernando Luis, pues las llamadas que hac\u00eda no se las atend\u00edan y al parecer el ni\u00f1o se encontraba en una finca, bajo el cuidado del esposo de la madre sustituta54. Para agosto del 2021, mientras la peque\u00f1a Daniela Mar\u00eda se hallaba internada por el deterioro de su salud mental, la progenitora, Alicia Fernanda, intent\u00f3 contactarse con ella, seg\u00fan informe enviado al Centro Zonal de Bosa. <\/p>\n
Al respecto, vale la pena se\u00f1alar que en las valoraciones suscritas por los trabajadores sociales y psic\u00f3logos que intervinieron en el asunto no hay evidencia de que se hubiera detectado en la madre un comportamiento peligroso; por el contrario, se registr\u00f3 su voluntad y deseo de superarse para ejercer en debida forma el rol materno y condiciones de salud estables, buenas relaciones con sus familiares y con los ni\u00f1os. <\/p>\n
Por supuesto, los hechos constitutivos de la desidia atribuida por el fallador querellado a la madre en relaci\u00f3n con sus hijos, es preciso reconocerlo, cuentan con respaldo probatorio. En efecto, est\u00e1 demostrado que en varias oportunidades el ICBF tuvo dificultades para comunicarse con ella y ubicar su sitio de residencia, para efectos de realizar las visitas domiciliarias programadas; en otra ocasi\u00f3n, no permiti\u00f3 el acceso a su vivienda y no aport\u00f3 el certificado m\u00e9dico que le fue solicitado a finales de 2019, el cual era necesario -seg\u00fan el ICBF y el juzgado accionado- para determinar si sus condiciones mentales eran aptas para ejercer el cuidado de los menores de edad; conforme narr\u00f3 su hermano (Daniel Felipe Barrios) a mediados del 2021, no cumpli\u00f3 con la cuota alimentaria que le fue fijada el 28 de enero de ese mismo a\u00f1o y visitaba poco a sus ni\u00f1os; adem\u00e1s, en los hogares sustitutos indicaron que incumpl\u00eda la periodicidad de las llamadas a sus hijos. <\/p>\n
En ese orden, la conducta desplegada por la madre es susceptible de calificarse como ambivalente, pues, en ocasiones, estuvo pendiente de ellos, mientras que en otras se mostr\u00f3 poco colaborativa con el proceso que se adelantaba en relaci\u00f3n con sus peque\u00f1os, no obstante, en criterio de la Sala, ello no es suficiente para descalificarla totalmente. <\/p>\n
En rigor, el argumento ofrecido por la juzgadora acusada para demeritar la idoneidad de la madre para criar y cuidar de sus hijos se fund\u00f3 en que no alleg\u00f3 un certificado m\u00e9dico solicitado y en parte de las probanzas allegadas, dejando de lado que: i) no hab\u00eda prueba de una afectaci\u00f3n f\u00edsica o mental ni muestras de comportamientos que los expusieran a un riesgo inminente y directo por sus propias acciones; ii) sus condiciones econ\u00f3micas, sociales y familiares obedecen a una situaci\u00f3n que es real en muchos hogares en Colombia, a la falta de una pareja constante y a que, en algunos momentos, ha residido en una ciudad distinta a la de la mayor\u00eda de sus familiares, por lo que su red de apoyo puede ser d\u00e9bil, mas no inhabilitante; y iii) varios informes indicaban que era una persona estable, que daba confianza y mostraba inter\u00e9s y empoderamiento para ejercer el rol de madre, con buenas relaciones con sus hijos, quienes nada malo dijeron en su contra ni refirieron haber sido maltratados por ella. Lo anterior, para la Sala, habilita la procedencia de la tutela. <\/p>\n
5.2. De otro lado, resulta pertinente destacar que, en controversias como la analizada, se impone valorar el contexto en el cual se desenvuelve el ser humano, las complejas -y a veces tr\u00e1gicas- vicisitudes que marcan para siempre la vida de una persona y ello, en este caso, cobra especial relevancia. <\/p>\n
Muestran las pruebas que la trayectoria de la mam\u00e1 de los ni\u00f1os, Alicia Fernanda, ha sido dram\u00e1tica: siendo muy joven (de aproximadamente de 15 a\u00f1os55), qued\u00f3 en gestaci\u00f3n del se\u00f1or Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero, quien, para ese entonces, era su padrastro, pues conviv\u00eda con su progenitora; dicho embarazo se produjo, en palabras de la propia Alicia Fernanda, mientras su hermano Daniel Felipe, de 14 a\u00f1os en ese momento, estuvo hospitalizado por peritonitis y cuando su progenitora, Andrea Valle, iba a cuidar de \u00e9l en el centro sanitario, su padrastro \u00abaprovech\u00f3\u00bb. Luego, al noticiarse de que estaba en ese estado, Luis Andr\u00e9s la habr\u00eda amenazado, poni\u00e9ndole de presente que si comentaba algo \u00abechaba a la calle a [su mam\u00e1] porque la casa era de \u00e9l\u00bb, as\u00ed como con develar sus preferencias sexuales56. <\/p>\n
Dichas aseveraciones, sin duda, son susceptibles de ser controvertidas, pero no se puede desconocer que ella era menor de edad y fue objeto de actos sexuales por parte de un adulto, quien, adem\u00e1s, estaba llamado a tener un rol que, en principio, podr\u00eda calificarse de paterno, situaci\u00f3n que, por supuesto, tuvo que generar un conflicto en el entorno familiar, en un momento en el que ella no ten\u00eda la madurez suficiente para afrontarlo, pues a\u00fan era una adolescente y, por tanto, un sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, desde entonces y a lo largo de los a\u00f1os venideros, ella afront\u00f3 el conflicto interno y externo derivada de su orientaci\u00f3n sexual y el maltrato de parte de su pareja, padre de sus hijos, pues esa violencia, aunque no hay prueba de haber sido denunciada en su momento, fue referida por ella y por su hija, Daniela Mar\u00eda. <\/p>\n
No es de extra\u00f1ar que esas circunstancias hubieran llevado a que Alicia Fernanda se fuera de su casa y aceptara que sus hijos se quedaran al cuidado de su progenitor; tampoco que pudieran haberle generado un \u00abbajonazo emocional\u00bb, como se describi\u00f3 en algunas de las visitas. En ese orden, se advierte un drama en el desarrollo de su vida, hecho que, aunque no la exime de ejercer, como corresponde, su rol materno, pueden mostrarla como una persona ambivalente, temerosa, tensionada o retra\u00edda; no obstante, no se acredit\u00f3, o por lo menos ello no se advierte de lo allegado, que con su conducta pudiera poner en riesgo a sus hijos, en tanto hechos de maltrato, violencia u otros similares frente a ellos no tienen soporte alguno en su contra. Todo lo anterior viene al caso por lo siguiente: <\/p>\n
Existen varias definiciones de lo que ha de entenderse por g\u00e9nero y su divergencia con el sexo. Desde el punto de vista estrictamente jur\u00eddico, las que gozan de mayor acogida apuntan a que mientras el primero (el g\u00e9nero) se funda en los comportamientos cultural y socialmente esperados sobre lo masculino y lo femenino, lo segundo (el sexo) se refiere a unas caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas y f\u00edsicas. Por eso, el t\u00e9rmino g\u00e9nero <\/p>\n
[S]e refiere a las identidades socialmente construidas, a los atributos y roles de las personas en relaci\u00f3n con su sexo y a los significados sociales y culturales atribuidos a las diferencias biol\u00f3gicas basadas en el sexo. El significado de esas identidades socialmente construidas, de los atributos y de los roles var\u00eda entre las sociedades, las comunidades y los grupos en el transcurso del tiempo. Esto a veces resulta en una relaci\u00f3n jer\u00e1rquica entre hombres y mujeres y a una desigual distribuci\u00f3n del poder y de los derechos, favoreciendo a los hombres y desfavoreciendo a las mujeres y afectando a todos los miembros de la sociedad. La posici\u00f3n social de las mujeres y de los hombres est\u00e1 afectada por factores pol\u00edticos, econ\u00f3micos, culturales, sociales, religiosos, ideol\u00f3gicos y ambientales57. <\/p>\n
Partiendo de esa diferencia entre uno y otro concepto, que es cl\u00e1sica en la doctrina58, surge la perspectiva de g\u00e9nero, instrumento anal\u00edtico cuya finalidad es el logro de una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, reconociendo sus distinciones y poniendo en entredicho la idea de que la diferenciaci\u00f3n entre uno u otro sexo se pueda efectuar partiendo -exclusivamente- de explicaciones biol\u00f3gicas. <\/p>\n
Por eso, dicha perspectiva implica reconocer que \u00abuna cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual\u00bb59. Con tales antecedentes, cumple reiterar los asertos b\u00e1sicos de la jurisprudencia en la materia, edificados sobre los principios deducibles de los art\u00edculos 13, 42 y 43 de la Carta Pol\u00edtica, 6 de la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y otros varios instrumentos internacionales relevantes, por fuerza de los cuales se ha conminado a las autoridades judiciales a analizar los casos sometidos a su conocimiento bajo una perspectiva de g\u00e9nero, en procura de humanizar el ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia y de hacer efectivas las garant\u00edas consagradas en la ley y en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
As\u00ed, esta Sala ha identificado, como criterios orientativos a la hora de determinar cu\u00e1ndo un asunto debe ser resuelto con enfoque de g\u00e9nero, los siguientes: <\/p>\n
2.4.1. Evaluar las asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero identificables en el caso concreto, incluyendo criterios de interseccionalidad… <\/p>\n
2.4.3. Causalidad eficiente de la violencia infringida en la afectaci\u00f3n de los intereses del sujeto en situaci\u00f3n de vulnerabilidad (Se subraya)60. <\/p>\n
Verificados esos supuestos, al resolver el asunto, el Juzgador de conocimiento debe observar, cuando menos, los siguientes lineamientos: <\/p>\n
(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem\u00e1ticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermen\u00e9utico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de g\u00e9nero; (iv) evitar la revictimizaci\u00f3n de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminaci\u00f3n, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas \u00faltimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un an\u00e1lisis r\u00edgido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a tr\u00e1mites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres61. <\/p>\n
Pues bien, tomando en consideraci\u00f3n la trayectoria de vida de la madre de los ni\u00f1os en el procedimiento de restablecimiento de derechos, cuyos hitos fundamentales han quedado rese\u00f1ados en precedencia, f\u00e1cil resulta colegir que, respecto de ella, debe aplicarse la perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
5.3. Lo considerado, por supuesto, debe ser abordado bajo una ponderaci\u00f3n que beneficie los intereses de los ni\u00f1os y haciendo el an\u00e1lisis respectivo, toda vez que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las garant\u00edas superiores de los menores de edad, en este caso de Daniela Mar\u00eda y Hernando Luis, prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s, para lo cual, como se indicar\u00e1 m\u00e1s adelante, el Juez de Familia debe desarrollar una serie de actividades, previo a decidir el asunto y a aquella, como directa interesada, le asiste el deber de colaboraci\u00f3n. <\/p>\n
6. Aunque lo hasta aqu\u00ed razonado resulta suficiente para conceder el amparo deprecado, otros aspectos merecen la atenci\u00f3n de la Sala, pues es claro que, a la luz de la jurisprudencia citada ut supra, la determinaci\u00f3n de dar en adopci\u00f3n a un menor de edad es excepcional y, por tanto, reclama una motivaci\u00f3n reforzada, de manera que, de validarse que la madre, despu\u00e9s de ejecutadas las indicaciones que se referir\u00e1n en esta providencia y a\u00fan apoyada con medidas institucionales, no es id\u00f3nea para garantizar sus derechos, se debe examinar si el n\u00facleo familiar extenso puede cumplir la labor de hacerse cargo de los ni\u00f1os. <\/p>\n
6.1. Ello exige, en primera medida, que el Juzgador convoque a todos los miembros de la familia extensa materna y paterna cercana (abuelos, hermanos, t\u00edos u otros que puedan ser referidos por los integrantes del grupo) y no solo a parte de ellos y que se realicen acciones directas y efectivas, para verificar respecto de cada uno si est\u00e1n en disposici\u00f3n y si acreditan las condiciones para asumir la custodia de los ni\u00f1os, diligencia que en este caso fue parcial y estuvo sujeta a las verificaciones que hiciera el ICBF, gesti\u00f3n en la que se dej\u00f3 constancia, por ejemplo, que uno de los hermanos de la madre dijo que sus otros hermanos no ten\u00edan inter\u00e9s en cuidar a los ni\u00f1os, por lo que le pas\u00f3 a \u00e9l, sin haber m\u00e1s verificaciones, pese a que eran necesarias. <\/p>\n
Adicionalmente, como se vio, los motivos arg\u00fcidos por el Juzgado acusado para desestimar que la familia extensa paterna pudiera cuidar de los dos ni\u00f1os giraron alrededor de una \u00fanica idea, esto es, que como ellos62 manten\u00edan cercan\u00eda y contacto con el padre de los peque\u00f1os (Luis Andr\u00e9s), encargarles su guarda supon\u00eda un riesgo y, eventualmente, podr\u00eda conducir a revictimizarlos. Incluso, se evidencia que en uno de los informes rendidos por los profesionales del ICBF se descalific\u00f3 a una de las hermanas mayores de los ni\u00f1os por esa causa y porque uno de sus hijos hab\u00eda sido objeto de abuso sexual, por parte de otros menores de edad, hecho que se precis\u00f3 fue realizado por terceros ajenos a ese grupo familiar y frente al cual ninguna verificaci\u00f3n ni valoraci\u00f3n real se hizo. <\/p>\n
Ese aserto, justamente por venir fundado en suposiciones y como quiera que el riesgo podr\u00eda ser conjurado con otras medidas, merece tambi\u00e9n ser analizado. En efecto, hay que eliminar la amenaza y por ello el operador judicial debe insistir en validar la familia extensa materna (hermanos, t\u00edos, abuela63), pero no debe olvidarse que el ordenamiento jur\u00eddico faculta al juez de familia a adoptar todo tipo de medidas, incluyendo, verbigracia, visitas vigiladas, restricciones y \u00f3rdenes de distanciamiento, que permitan eliminar el peligro al que un menor de edad pueda quedar expuesto por cualquier causa, inclusive, el generado con ocasi\u00f3n de su eventual reintegro en el medio familiar paterno. <\/p>\n
6.2. Sin perjuicio de lo referido y de cara a los razonamientos efectuados en cuanto al padre, nada hay para censurar, pues el hecho de que la investigaci\u00f3n penal en su contra por los presuntos delitos sexuales hubiera sido archivada, no desvirt\u00faa que, en efecto, en varias oportunidades, en sede administrativa, la ni\u00f1a afirm\u00f3 que esos actos s\u00ed se dieron, lo mismo que su hermano, quienes tambi\u00e9n fueron claros en aseverar que no quer\u00edan vivir con \u00e9l y que sent\u00edan temor hacia su padre. <\/p>\n
La precisi\u00f3n anterior viene al caso porque, seg\u00fan da cuenta el dictamen rendido por la Cl\u00ednica Renovar, elaborado -presumiblemente64- a finales de 2020, es decir, con posterioridad a la orden de archivo del proceso penal -octubre de 2019-, la ni\u00f1a (Daniela Mar\u00eda) nuevamente indic\u00f3 haber sido objeto de agresiones sexuales por parte de su padre, lo cual, en opini\u00f3n de los galenos tratantes, fue lo que desencaden\u00f3 \u00abinestabilidad emocional y s\u00edntomas mentales compatibles con Trastorno de Estr\u00e9s Postraum\u00e1tico\u00bb, padecimientos \u00e9stos que condujeron a su internamiento65. Esto lo reiter\u00f3 el 8 de marzo de 2021, cuando indic\u00f3 que su padre la intent\u00f3 \u00abviolar\u00bb en una oportunidad en que estaba borracho, cuando -adem\u00e1s- le \u00abpeg\u00f3 una patada en la cabeza y sali\u00f3 corriendo con su hermano\u00bb66. <\/p>\n
En adici\u00f3n, se acota que fue con fundamento en ese informe del centro sanitario que el ICBF, el 16 de diciembre de 2020, le solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda Diecis\u00e9is Delegada de Villavicencio el desarchivo de la noticia criminal67, pese a que no hay constancia de ese tr\u00e1mite en el expediente68. <\/p>\n
De manera que hay motivos fundados para colegir que no es procedente entregarle la guarda permanente de los menores a su progenitor, cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n se extiende a su t\u00edo materno, Daniel Felipe Barrios Valle, toda vez que respecto de \u00e9l se evidenci\u00f3 en el proceso que, aunque recibi\u00f3 a los ni\u00f1os, fueron objeto de maltrato en su hogar y pidi\u00f3 al ICBF que no los dejaran m\u00e1s bajo su cuidado. <\/p>\n
7. Recapitulando, se tiene que el Juzgado de Familia accionado concluy\u00f3 que la madre de los ni\u00f1os no era apta para cuidar de los menores de edad, habida cuenta que mostr\u00f3 un comportamiento desinteresado en el proceso de sus hijos y no colabor\u00f3 con los requerimientos de informaci\u00f3n que el ICBF le efectu\u00f3, sin valorar las dem\u00e1s evidencias y considerar acciones para evaluar su idoneidad, seg\u00fan las condiciones sociales y econ\u00f3micas y el entorno que ha afectado a la familia ni asegurar el apoyo de las instituciones. Tampoco verific\u00f3 todas las opciones de la familia extensa materna y frente a la paterna la descart\u00f3 sin realizar una valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n real y considerar otras medidas para conjurar la amenaza propiciada por el posible relacionamiento del padre con sus hijos, pues se limit\u00f3 a revisar el informe del ICBF. As\u00ed, haciendo caso omiso del deseo de los ni\u00f1os, de la falta de pruebas para descalificar la capacidad de la madre y de la ausencia de verificaci\u00f3n de todas las opciones en la familia extensa, los declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
7.1. Las anteriores consideraciones son suficientes para la Sala a efectos de aceptar la procedencia de la petici\u00f3n de amparo constitucional en favor de los ni\u00f1os P\u00e9rez Barrios. En atenci\u00f3n a lo anterior, y dado que el asunto inici\u00f3 hace bastante tiempo, la Sala estima pertinente ordenar al Juzgado accionado que, en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin efectos el prove\u00eddo del 12 de mayo de 2022, por el cual declar\u00f3 a los ni\u00f1os en situaci\u00f3n de adoptabilidad y, previo a decidir el asunto, decrete pruebas que permitan conocer las condiciones actuales del grupo familiar y adoptar una decisi\u00f3n motivada en torno al tema, tales como: entrevista a la madre, valoraci\u00f3n por profesionales de trabajo social y psicolog\u00eda del ICBF y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre las condiciones de Alicia Fernanda Barrios Valle, visita a la residencia de aquella, requerir a la se\u00f1ora Alicia Fernanda para que aporte las citas m\u00e9dicas, tratamientos o conceptos sobre su estado de salud que hubieran sido realizados por parte de la E.P.S. a la cual est\u00e1 vinculada y aporte los soportes de su v\u00ednculo laboral, as\u00ed como los nombres y datos claros de contacto de todos miembros de la familia extensa que pudieran hacerse cargo de sus hijos, frente a los cuales se deben realizar los acercamientos, entrevistas y verificaciones pertinentes, en caso de tener inter\u00e9s en asumir la custodia de los ni\u00f1os. <\/p>\n
7.2. Asimismo, se estima pertinente que el Juzgado eval\u00fae la posibilidad de que se realicen encuentros entre la madre y sus hijos y de estos con los otros familiares que puedan tener alguna opci\u00f3n viable para ser considerados como cuidadores, vigiladas y con la presencia de profesionales interdisciplinarios del ICBF o los que sean designados por el Juzgado de conocimiento, para que emitan concepto sobre el relacionamiento entre ellos. <\/p>\n
7.3. Agotado lo anterior, en los t\u00e9rminos indicados en esta providencia, deber\u00e1 adoptar una nueva decisi\u00f3n de fondo, con enfoque de g\u00e9nero y, en todo caso, ponderando la prevalencia de los derechos superiores de los ni\u00f1os. <\/p>\n
8. De otro lado, comoquiera que es innegable que la actitud irreflexiva y poco diligente con la que Alicia Fernanda asumi\u00f3 esa actuaci\u00f3n gubernativa, la cual no le permiti\u00f3 apreciar las consecuencias jur\u00eddicas de su proceder, como eran la terminaci\u00f3n de la patria potestad y el inicio del tr\u00e1mite de adopci\u00f3n de sus dos hijos, es necesario hacerle un llamado, para que colabore con las autoridades administrativas y judiciales en cuanto al suministro de la informaci\u00f3n que se le requiera, debiendo dejarse constancia -por escrito y detallada- en el expediente en el evento de que desatienda esa carga. <\/p>\n
9. Colof\u00f3n de lo razonado, se acceder\u00e1 al amparo implorado a favor de los ni\u00f1os P\u00e9rez Barrios. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDER la salvaguarda constitucional deprecada en nombre de los menores de edad Daniela Mar\u00eda y Hernando Luis P\u00e9rez Barrios. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin valor ni efectos la sentencia adiada el 12 de mayo de 2022, por la cual declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad a los ni\u00f1os, adopte las medidas pertinentes, decrete las pruebas requeridas, seg\u00fan lo referido en esta providencia (#7), y disponga las dem\u00e1s acciones que estime necesarias para resolver el asunto. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 que, dentro de los veinte (20) d\u00edas posteriores a la emisi\u00f3n del auto referido en el numeral anterior, resuelva nuevamente el fondo de la tramitaci\u00f3n sometida a su conocimiento, para lo cual deber\u00e1 tener presente, especialmente, lo razonado en las consideraciones de esta sentencia, las pruebas allegadas y el resultado de las que se practiquen en cumplimiento de esta providencia, con perspectiva de g\u00e9nero y, en todo caso, ponderando la prevalencia de los derechos fundamentales de los menores de edad. <\/p>\n
CUARTO. EXHORTAR a Alicia Fernanda Barrios Valle, para que colabore activamente y en forma oportuna con las autoridades administrativas y judiciales, en cuanto al suministro de la informaci\u00f3n que se le requiera, asistencia a visitas y dem\u00e1s requerimientos que se le efect\u00faen para decidir el asunto. <\/p>\n
QUINTO. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991 y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Fechas de nacimiento de los ni\u00f1os: 18 de abril de 2012 y 20 de abril de 2015 (Fls. 8-9 archivo 11Contestaci\u00f3nICBF, expediente PARD). <\/p>\n
Alicia Fernanda Barrios Valle (madre de los ni\u00f1os), Ricardo \u00c1lvaro, Fernando Ramiro y Augusto Fabio P\u00e9rez Afanador (hermanos), Luis Andr\u00e9s (padre), Luc\u00eda Feliciana, Diego Miguel y Juan Felipe P\u00e9rez Montero (t\u00edos). <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan acta del 19 de julio de 2018 (SIM25481221), se mantuvo el cuidado de los ni\u00f1os en cabeza de su padre, por la ausencia de la madre. Fls. 364-370, archivo 02 Restablecimientodederechos. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 1-7, archivo 11Contestaci\u00f3nICBF, expediente PARD. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 24-25, archivo 11ContestacionICBF (SIM1761568314 ni\u00f1a) y 35-36 del archivo 13ContestacionICBF (SIM25498349 ni\u00f1o). <\/p>\n
5\u0002 Fls. 95-97, archivo 11ContestacionICBF. <\/p>\n
6\u0002 La servidora del ICBF dej\u00f3 constancia de las dudas que ten\u00eda de que la madre realmente viviera en el lugar donde se hizo la visita, as\u00ed: \u00abPara finalizar es de anotar la presencia de ambivalencia en las respuestas a las preguntas en relaci\u00f3n a la ubicaci\u00f3n de las pertenencias de la progenitora dentro del espacio habitacional. Se solicit\u00f3 copia de su documento de identidad, pero la progenitora refiere que su documento se encuentra donde su pareja, se solicita copia de historia cl\u00ednica como soporte a la hospitalizaci\u00f3n por depresi\u00f3n, pero esta tampoco se encuentra en la residencia. Se cuestiona acerca de la ubicaci\u00f3n de su cepillo de dientes ante lo cual refiere que tambi\u00e9n se encuentra donde la pareja, se indaga acerca de si posee llaves del apartamento, fue necesario ver la ubicaci\u00f3n de la ropa de la progenitora para corroborar su residencia en dicho apartamento, refiere que perdi\u00f3 mucha ropa en un trasteo y por tal motivo solo tiene la que se encontraba en la cesta de ropa. Al salir de la residencia uno de los celadores expresa al ver a la progenitora \u201c\u2026 \u00bfuy y ese milagro de verla por ac\u00e1?\u201d ante lo cual ella responde \u201c\u2026 nuevamente vivo ac\u00e1 con ustedes \u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Fls. 141-157, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
8\u0002 Fls. 151-167, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
9\u0002 Fls. 134-139, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
10\u0002 Fls. 170, 187, 189-190, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
11\u0002 Fls. 193, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
12\u0002 Fls. 193-204, 208, archivo 02Restablecimientodederechos. Tal determinaci\u00f3n no fue recurrida, seg\u00fan constancia del 4 de febrero siguiente. <\/p>\n
13\u0002 Debido a dos episodios en el mes de abril de 2020, \u00abse hace morados, esto cuando se le llama la atenci\u00f3n\u00bb. Fl. 234, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
14\u0002 Fls. 236, 245 archivo 02Restablecimientodederechos. La visita de la trabajadora social al hogar del ni\u00f1o, llevada a cabo del 3 de marzo de 2020, tambi\u00e9n da cuenta que la madre lo visitaba. <\/p>\n
15\u0002 Seg\u00fan informe del 20 de agosto de 2020, visible a folios 251-252, fue dif\u00edcil comunicarse con ella, dado que hab\u00eda trasladado su sitio de residencia de Bogot\u00e1 a Villavicencio y el n\u00famero celular que suministr\u00f3 \u00abse iba directo a buz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 Fls. 257-271, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
17\u0002 Fls. 219, 279, archivo 003ANEXOS03032022_110920. <\/p>\n
18\u0002 Fls. 278, 301, 314, archivo 02Restablecimientodederechos. Por esa causa, fue internada en la Cl\u00ednica Renovar. <\/p>\n
19\u0002 Fls. 279-281, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
20\u0002 Fls. 305-310, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
21\u0002 Fls. 316-317, 325-326, 335-344, 402-409, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
22\u0002 Fls. 320-321, archivo 02Restablecimientodederechos. De esto \u00faltimo se hab\u00eda dejado una constancia en el acta de seguimiento del 27 de julio de 2020. <\/p>\n
23\u0002 Fls. 332-333, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
25\u0002 Fls. 347-417, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
26\u0002 Fls. 421-458, 494-495, archivo 02Restablecimientodederechos. Ello, por cuanto el asunto se inici\u00f3 el 29 de julio de 2019 y el 28 de enero de 2020, esto es, dentro de los 6 meses siguientes, se declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos. En cuanto a los 6 meses posteriores de seguimiento, asever\u00f3 que el t\u00e9rmino se suspendi\u00f3 el 19 de marzo de 2020 y se reanud\u00f3 a partir del 11 de septiembre siguiente, de manera que el plazo venc\u00eda el 20 de enero de 2021. <\/p>\n
27\u0002 Fls. 480, 510, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
28\u0002 Fls. 498-504, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
29\u0002 Fls. 514-515, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
30\u0002 La menor ingres\u00f3 a la Cl\u00ednica Renovar el 2 de octubre de 2022. Fl. 6, archivo 005ANEXOS03032022_110951. En ese ente sanitario, a la menor se le diagnostic\u00f3 con trastorno de estr\u00e9s postraum\u00e1tico cr\u00f3nico y trastorno e las emociones y del comportamiento. All\u00ed fue internada, con ocasi\u00f3n del episodio ocurrido el 2 de octubre de 2020, informado por la madre sustituta, quien dijo que la peque\u00f1a hab\u00eda intentado agredirse y usar una braga, al parecer, para ahorcarse. <\/p>\n
31\u0002 Fls. 514-515, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
32\u0002 Fl. 544, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
33\u0002 Fls. 217-274, archivo 19Contestaciondanilobarreto. <\/p>\n
34\u0002 Fls. 673-676, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
35\u0002 Fls. 637-648, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
36\u0002 Fls. 649-650, archivo 02Restablecimientodederechos. Auto de traslado del 26 de julio de 2021. <\/p>\n
37\u0002 El ingreso al aludido centro se verific\u00f3 el 27 de julio de 2021. Fl. 657, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
38\u0002 Seg\u00fan lo dicho por la madre de los ni\u00f1os, en constancia registrada del 8 de agosto de 2021. <\/p>\n
39\u0002 No se evidencia que esa determinaci\u00f3n hubiera sido recurrida. Fls. 30-37, archivo PRUEBAS TUTELA ICBF. <\/p>\n
40\u0002 Fls. 678-679, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n
41\u0002 Fls. 285, 298-300, archivo 02Restablecimientodederechos. El asunto hab\u00eda sido remitido a Usaqu\u00e9n, por el traslado al hogar San Mauricio. <\/p>\n
42\u0002 Fls. 1-3, archivo 009ADMITE REST. DE DEREC. 2022-00178, 1-2, archivo 026ADMITE RESTA. DE DERE. 2022-00178. El asunto ingres\u00f3 al despacho el 16 de marzo. Lo anterior, al establecer que el tr\u00e1mite hab\u00eda iniciado el 29 de julio de 2019, estuvo suspendido del 19 de marzo al 10 de septiembre de 2020, por lo que el t\u00e9rmino de 18 meses venci\u00f3 el 20 de julio de 2021, raz\u00f3n por la cual hab\u00eda operado la p\u00e9rdida de competencia y, en consecuencia, correspond\u00eda al Juez de Familia resolver el asunto, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006. En ese orden, anul\u00f3 las actuaciones surtidas por el ICBF a partir de la fecha referida, sin perjuicio de la validez de las pruebas allegadas. <\/p>\n
43\u0002 Archivo 019CorreoAllegaRespuestaYsolicitudC.B.F.2022-01178. <\/p>\n
44\u0002 Archivo 027SENTENCIA Resta Derech ADOP. 2022-0178. La fecha de generaci\u00f3n del documento es del 12 de mayo de 2022. <\/p>\n
45\u0002 A la tutela se adjunt\u00f3 un \u00abinforme psicol\u00f3gico\u00bb elaborado por Manuela Monta\u00f1a el 26 de enero de 2021, que da cuenta que la madre (Alicia Fernanda) no presenta afecci\u00f3n psicol\u00f3gica ni psiqui\u00e1trica grave, m\u00e1s all\u00e1 una baja autoestima, \u00abpor los problemas actuales referentes a sus hijos y la relaci\u00f3n por la parte materna\u00bb. Fls. 110-111, archivo PRUEBAS TUTELA ICBF. <\/p>\n
46\u0002 Tutela presentada por Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero contra el ICBF, en cual se atac\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el procedimiento administrativo de derechos, fallada en segunda instancia el 19 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Meta, negando el amparo invocado, en raz\u00f3n a que \u00abla Sala no encuentra vulnerado el derecho de defensa del accionante y la falta de competencia del instituto para resolver el proceso administrativo de restablecimiento de derechos como quiera que en virtud de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, el proceso no super\u00f3 los seis (6) meses, como igualmente lo concluy\u00f3 la juez de primera instancia\u00bb, validando con ello las actuaciones surtidas en sede administrativa hasta la fecha de la sentencia de tutela (Radicado 50001333300920210000800\/01, folios 249-274 archivo del expediente de tutela -19Contestacion). T8753799, no seleccionada para revisi\u00f3n el 30 de junio de 2022. <\/p>\n
47\u0002 Esto \u00faltimo, espec\u00edficamente, porque no alleg\u00f3 constancia de haberse sometido a tratamiento terap\u00e9utico ante la E.P.S. <\/p>\n
48\u0002 CC T-019 de 2020, citada en CSJ STC3649-2020. <\/p>\n
49\u0002 Observaci\u00f3n General N\u00famero 14 de 2013, emanada del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el Derecho del Ni\u00f1o a que su Inter\u00e9s Superior sea una Consideraci\u00f3n Primordial, referenciada en la CC T-210 de 2019. <\/p>\n
50\u0002 Ver cita en CSJ STC3649-2020 y en CSJ STC1332-2021. <\/p>\n
51\u0002 CSJ STC3649-2020. <\/p>\n
Administradora de riesgos laborales [Puerto Gait\u00e1n -Meta. En el expediente se vislumbra que la madre, el 28 de septiembre de 2021, report\u00f3 que se hab\u00eda trasladado a Puerto Gait\u00e1n (Fl. 713, archivo 004SCANNER HERNANDO (1)]. https:\/\/ruaf.sispro.gov.co\/AfiliacionPersona.aspx <\/A> Aunque no se vislumbra afiliaci\u00f3n reciente a pensi\u00f3n. <\/p>\n 53\u0002 No obstante, se dej\u00f3 constancia que a veces incumpl\u00eda las llamadas y, en una oportunidad, dej\u00f3 de comunicarse por un mes -desde el 11 de septiembre de 2020-. <\/p>\n 54\u0002 Este hecho concreto ni la prueba adjuntada para soportarlo fueron contradichos por el ICBF al momento de contestar la tutela. Fl. 85, archivo PRUEBAS TUTELA ICBF. <\/p>\n 55\u0002 Alicia Fernanda Barrios Valle naci\u00f3 el 23 de enero de 1996 y su hija el 18 de abril de 2012. <\/p>\n 56\u0002 El 16 de diciembre de 2020, Alicia Fernanda sugiri\u00f3 que Luis Andr\u00e9s P\u00e9rez Montero la agredi\u00f3 sexualmente y fruto de esa violencia qued\u00f3 embarazada de su hija Daniela Mar\u00eda. Fls. 161, 501, archivo 02Restablecimientodederechos. <\/p>\n 57\u0002 Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas. Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations. Guidance and Practice. Nueva York. 2018. P\u00e1g. 7. Trad. libre. https:\/\/www.ohchr.org\/sites\/default\/files\/Documents\/Publications\/IntegratingGenderPerspective_EN.pdf\u00a0 <\/A><\/p>\n 58\u0002 Cfr. CHARLESWORTH, Hilary. Feminist Methods in International Law. En: American Journal of International Law. Vol. 93. 1999. P\u00e1g. 379; tambi\u00e9n: Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict, ICRC. Genova. 2004. P\u00e1g. 7. <\/p>\n