STC11564-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02786-00 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC11564-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02786-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Glenen Alexander Ross interpuso en nombre de Rosandy Colina Salgado, frente a la Corte Constitucional. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Del escrito de tutela y de los anexos que la acompa\u00f1an, se infiere que el accionante en defensa de los derechos Rosandy Colina Salgado, protest\u00f3 contra el Auto 714 de 27 de abril de 2022, mediante el cual la Corporaci\u00f3n convocada ratific\u00f3, v\u00eda recurso de s\u00faplica, el rechazo de la demanda de constitucionalidad que \u00e9l y su prohijada formularon contra el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
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Para soportar la queja, adujo, en esencia, que la demandada se neg\u00f3 a realizar el control oficioso de convencionalidad que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todos los jueces, al igual que el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
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Y sobre su legitimaci\u00f3n para prohijar los intereses de Colina Salgado, precis\u00f3 que es su \u201cpoderhabiente\u201d, \u201cno tiene licencia para ejercer la abogac\u00eda en Colombia\u201d, ella es su esposa, quien \u201cno tiene la edad suficiente\u201d, ni \u201cest\u00e1 enferma que no pueda presentar esta petici\u00f3n en su propio nombre. A tono con lo anterior, advirti\u00f3 que su intervenci\u00f3n en esas condiciones tiene sustento en el art\u00edculo 25. 1 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, am\u00e9n de que el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, que autoriza a todo individuo a reclamar la protecci\u00f3n judicial de sus derechos fundamentales \u201cpor s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre\u201d. <\/p>\n
2. La Colegiatura demandada se opuso al amparo, argument\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa e inexistencia de la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
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3. La controversia fue decidida inicialmente por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esa ciudad el pasado 12 de julio. Impugnado el fallo, el Tribunal de esa ciudad anul\u00f3 lo actuado y remiti\u00f3 el asunto a esta Corporaci\u00f3n, quien, mediante prove\u00eddo de 22 de agosto siguiente lo avoc\u00f3, advirtiendo que de conformidad con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso1 la invalidez solo afectaba a la respectiva sentencia y, por tanto, el tr\u00e1mite se reanudar\u00eda dictando la decisi\u00f3n de reemplazo. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El resguardo es improcedente por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pues el impulsor acudi\u00f3 a esta herramienta para abogar por las garant\u00edas de Rosandy Colina Salgado sin estar habilitado para ello. <\/p>\n
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En tal sentido, cabe resaltar que los art\u00edculos 102 y 313 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que se predica, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, de la persona a quien se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. De suerte que \u201c(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso\u201d. <\/p>\n
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Ahora, si se trata de hacer la intervenci\u00f3n mediante mandatario, debe conferirse a un profesional del derecho, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo que aqu\u00ed interesa prev\u00e9: \u201c[l]as personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de apoderado legalmente autorizado (\u2026)\u201d. Todo, porque se trata de una actuaci\u00f3n jurisdiccional, y en virtud del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 406 de 1992: \u201cPara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u201d. Y cuando media agencia oficiosa, ha de indicarse y demostrarse, la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa, al igual que la raz\u00f3n que la justifique. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado, con base en el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, que existen cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados promuevan la acci\u00f3n de tutela, a saber: <\/p>\n
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\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. (se enfatiza, CSJ STC 13 dic. 2011, reiterada, entre otras, en STC8222-2020) <\/p>\n
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En el caso, aunque Rosandy Colina Salgado facult\u00f3 a Glenen Alexander Ross para que formulara en su nombre la salvaguarda, el apoderamiento no satisface las exigencias legales, ya que su destinatario no es abogado. Asimismo, Glenen no mencion\u00f3 que actuaba como su agente oficioso, ni tampoco aleg\u00f3 ninguna circunstancia que impidiera a Rosandy defender directamente sus derechos. Por el contrario, el autor del libelo, a sabiendas de todas esas circunstancias, advirti\u00f3 que \u201cno tengo licencia para ejercer la abogac\u00eda en Colombia. Adem\u00e1s, Accionante no [sic] tiene la edad suficiente ni est\u00e1 tan enferma que no pueda presentar esta petici\u00f3n en su propio nombre\u201d. Sumado a que pese a que fue requerido para que adosara \u201cpoder suficiente para actuar que le fuera conferido por Rosandy Colina Silgado o en su defecto acredite las condiciones para ser considerada agente oficiosa de la tutelante\u201d4, no lo hizo. <\/p>\n
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Ahora, contrario a lo alegado por el impulsor, las exigencias que aqu\u00ed se echan de menos en nada desconocen los alcances de la protecci\u00f3n judicial consagrada en el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, seg\u00fan el cual, \u201c[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d, como tampoco el canon 86 constitucional. <\/p>\n
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En primer lugar, que la acci\u00f3n de tutela sea un mecanismo expedito y eficaz para la defensa de las garant\u00edas esenciales no significa que no puedan imponerse reglas para su interposici\u00f3n, entre ellas, el de la legitimaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia es una garant\u00eda reglada. De ah\u00ed que el referido precepto 86 refiere que \u201c[t]oda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre\u201d. En segunda medida, cuando ese \u201cprocedimiento\u201d exige al interesado allegar un \u201cpoder\u201d a un abogado, cuando decide actuar a trav\u00e9s de un tercero, o cuando demanda al agente oficioso acreditar la imposibilidad del afectado de acudir directamente a este remedio, no est\u00e1 haciendo menos \u00fatil el mecanismo, solamente se est\u00e1 asegurando de que quien pide la protecci\u00f3n sea, en efecto, el titular de los derechos fundamentales. Es que no debe perderse de vista que, si bien esas garant\u00edas son irrenunciables, finalmente es su titular quien, en el ejercicio de su autonom\u00eda y libertad, puede hacerlas valer, con mayor raz\u00f3n si lo enjuiciado es una actuaci\u00f3n jurisdiccional, pues \u00fanicamente el directamente afectado con ella define en qu\u00e9 medida la misma lesiona sus prerrogativas. <\/p>\n
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As\u00ed que, si en el caso, Rosandy Colina Salgado, quien es una persona mayor de edad, y seg\u00fan Glenen, \u201cno est\u00e1 tan enferma que no pueda presentar esta petici\u00f3n en su propio nombre\u201d, considera que lo resuelto por la convocada en la controversia que promovi\u00f3 hiere sus derechos, es a ella, directamente, o a trav\u00e9s de un profesional del derecho, a quien le corresponde comparecer a este sendero. No por medio de una simple autorizaci\u00f3n a quien afirma ser su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
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Ahora, no desconoce la Sala que Glenen tambi\u00e9n particip\u00f3 en la contienda objeto de queja constitucional, en tanto promovi\u00f3 junto a Rosandy la demanda contra el Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, eso no es suficiente para superar la falta de legitimaci\u00f3n mencionada y desatar el fondo del problema planteado, ya que, como se dijo, por ser cada uno el titular de los derechos que pudieron verse afectados o amenazados, su situaci\u00f3n es distinta y, por ende, a cada uno, separadamente o de manera conjunta, les incumbe promover su defensa. A su vez, tampoco es raz\u00f3n para pasar por alto el requisito comentado el que se haya cuestionado la constitucionalidad del Decreto 2591 de 1991, pues, rechazada como fue la demanda, su validez permanece inc\u00f3lume. <\/p>\n
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En suma, como Glenen Alexander Ross carece de legitimaci\u00f3n en la causa para actuar a favor de Rosandy Colina Salgado, a nombre de quien present\u00f3 la acci\u00f3n, el ruego se declarar\u00e1 improcedente. <\/p>\n
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Son estos breves argumentos los que conducen a la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Glenen Alexander Ross. <\/p>\n
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Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La norma prev\u00e9 que \u201c[c]uando se declare la falta de jurisdicci\u00f3n, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservar\u00e1 validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201cLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n el fallo podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato\u201d. <\/p>\n
4\u0002 El requerimiento lo hizo el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en auto de 29 de junio de 2022. (Pdf. \u201c13AutoAdmisorio\u201d, 01 Cuaderno Juzgado, enlace expediente 11001310304820220031701). <\/p>\n
3 <\/p>\n
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