STC9878-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9878-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02416-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la tutela que Rosiris Mar\u00eda Barraza Barraza interpuso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el radicado n\u00b008001-31-53-012-2020-00111-00. <\/p>\n
1.- La accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia del 18 de noviembre de 2021 y aquella que la confirm\u00f3 el 1 de julio del presente a\u00f1o. En sustento refiri\u00f3 que inici\u00f3 proceso verbal para que se declarara que el Banco AV Villas deb\u00eda realizar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario n\u00b0124784 con el saldo a capital existente a 31 de diciembre de 1999; adem\u00e1s pretendi\u00f3 que se le condenara a pagar los perjuicios que le ocasion\u00f3 por el reporte indebido en centrales de riesgo, as\u00ed como a restituirle los dineros cobrados y pagados en exceso; no obstante, en primera instancia se encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abexistencia de la reestructuraci\u00f3n\u00bb alegada por el demandado (18 nov. 2021). <\/p>\n
Apel\u00f3 fundada en que se desconoci\u00f3 el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla, en el que se termina proceso ejecutivo en su contra porque el Banco AV Villas no aport\u00f3 documento en el que constara la aceptaci\u00f3n de la restructuraci\u00f3n de los saldos a 31 de diciembre de 1999. Adem\u00e1s, adujo que todos los cr\u00e9ditos otorgados en vigencia del sistema UPAC deb\u00edan ser reestructurados; sin embargo, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n el 1 de julio de 2022. <\/p>\n
La gestora se quej\u00f3 porque, a su juicio, el fallo de primera instancia est\u00e1 fundado en norma inexistente, adem\u00e1s se doli\u00f3 de una indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto a los testimonios aportados por el Banco. Denunci\u00f3 tambi\u00e9n que el ad quem no fue congruente y adujo equivocadamente que el banco s\u00ed renegoci\u00f3 de las condiciones de la obligaci\u00f3n en los a\u00f1os 2000 y 2001. Aleg\u00f3 adem\u00e1s que conforme a la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU813 de 2007 dicha reestructuraci\u00f3n debi\u00f3 darse respecto a los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999. <\/p>\n
2. Los convocados hicieron un recuento de sus actuaciones y defendieron la legalidad de estas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal (1 jul. 2022), en tanto con ella se finiquit\u00f3 definitivamente el litigio. Si la apelante omiti\u00f3 plantearle alg\u00fan reparo o el superior no dio respuesta a todos los formulados, aquella no puede reclamar ahora puesto que no agot\u00f3 los mecanismos de defensa a su alcance, en el \u00faltimo evento solicitando la adici\u00f3n. En este sentido, se advierte que la libelista no plante\u00f3 ante el ad quem los reparos concernientes a la valoraci\u00f3n probatoria ni a la inexistencia de la norma en la que se fundamenta la decisi\u00f3n y tampoco adujo que el saldo que se debi\u00f3 restructurar era el vigente a 31 de diciembre de 1999;1 adem\u00e1s no solicit\u00f3 la adici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia respecto del desconocimiento de la providencia emanada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla, lo que hace imposible el estudio de las mencionadas censuras, puesto que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
2.- Ahora bien, es menester recordar que en lo que concierne a los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, bajo el amparo de la Ley 546 de 1999, esta Sala ha desarrollado una l\u00ednea jurisprudencial pac\u00edfica, en la que se han aceptado, entro otras, la siguiente subregla: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abla reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos puede definirse como cualquier negocio o instrumento jur\u00eddico que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atenci\u00f3n adecuada de su obligaci\u00f3n ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Dicho negocio o instrumento puede comprender modificaci\u00f3n en las condiciones de tasa, plazo y monto de la cuota\u00bb (STC2549-2019, STC13554-2018, entre otras). <\/p>\n
Sobre el derecho a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, esta Sala exalt\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Resumiendo, del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999 (\u2026), pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n.2 <\/p>\n
3.- Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, a la luz de los argumentos del accionante y las piezas procesales acopiadas, se encuentra que el colegiado accionado reconoci\u00f3 la exigencia de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por haber sido contra\u00edda originalmente en UPAC, al respecto se determin\u00f3 que: <\/p>\n
2.1.4. En el caso bajo examen, no es tema de discusi\u00f3n que el cr\u00e9dito hipotecario n\u00b0. 124784 fue otorgado y desembolsado a la se\u00f1ora Rosiris Mar\u00eda Barraza Barraza en agosto de 1999 en sistema UPAC, es un hecho que est\u00e1 demostrado con la documentaci\u00f3n presentada por ambas partes y que viene adem\u00e1s reconocido por el Banco AV Villas en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Esa circunstancia deja ver palmariamente que de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y su interpretaci\u00f3n jurisprudencial, el saldo del cr\u00e9dito hipotecario n\u00b0. 124784 a 31 de diciembre de 1999 ha debido o debe ser reestructurado. <\/p>\n
Inclusive, el juez plural sostuvo que, si bien se dispuso que los efectos del fallo SU813 de 2007 se extend\u00edan a todos los procesos ejecutivos en curso iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, no por ello pod\u00eda extraerse que no era exigible la reestructuraci\u00f3n de los hipotecarios desembolsados en el sistema UPAC antes del 31 de diciembre de 1999, tanto m\u00e1s si estos no han sido cobrados ejecutivamente con anterioridad a esa fecha, por lo tanto el cr\u00e9dito de la censora s\u00ed debi\u00f3 ser reestructurado. <\/p>\n
Ahora, para determinar si en el caso de la actora el cr\u00e9dito fue restructurado, se hizo un estudio de las pruebas allegadas al proceso, entre ellas, el peritaje, los testimonios, los pagar\u00e9s y la hoja de vida del cr\u00e9dito, de ello el Tribunal adujo: <\/p>\n
Lo anterior permite concluir \u2013 y as\u00ed se observa en el historial de amortizaci\u00f3n \u2013 que en ese \u00faltimo t\u00edtulo valor fue recogido el capital en mora hasta la fecha y fue refinanciado por el plazo restante de la obligaci\u00f3n, lo que, sin hesitaci\u00f3n, constituye la segunda soluci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito se\u00f1alada por la H. Corte Constitucional en sentencia SU-787 de 2012, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
Una segunda posibilidad, entonces, ser\u00eda reestructurar la obligaci\u00f3n, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurri\u00f3 en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Aqu\u00ed cabr\u00eda, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la reestructuraci\u00f3n, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el deudor incurri\u00f3 en mora. <\/p>\n
De ah\u00ed que, se repite, s\u00ed hubo reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria n\u00b0. 124784, con lo que queda resuelto el segundo problema jur\u00eddico de manera afirmativa. <\/p>\n
De lo expuesto se extrae que el Tribunal determin\u00f3 c\u00f3mo en el tercer pagar\u00e9 otorgado el 28 de agosto de 2001 se refinanci\u00f3 el capital en mora por el plazo restante de la obligaci\u00f3n, sin que se le exigiera entonces el pago inmediato de las cuotas atrasadas, por lo que concluy\u00f3 que el cr\u00e9dito s\u00ed fue reestructurado y que dicha actuaci\u00f3n no fue unilateral, ya que los pagar\u00e9s estaban suscritos por la accionante. Situaci\u00f3n respecto a la cual la Sala no encuentra yerro may\u00fasculo que amerite la intervenci\u00f3n constitucional, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, seg\u00fan las subreglas ya aducidas, la reestructuraci\u00f3n es cualquier negocio o instrumento jur\u00eddico que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atenci\u00f3n adecuada de su obligaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo anterior puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, de manera que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lo cual puede comprobarse en la enunciaci\u00f3n de los reparos concretos visible en el minuto 01:45:00 de la audiencia del art\u00edculo 373, contenida en el archivo \u00ab44AudienciaArt3737 Parte-a.mp4\u00bb del expediente y tambi\u00e9n en la sustentaci\u00f3n del recurso visible en la carpeta de segunda instancia en el archivo PDF \u00ab05AlegatosParteDemandante\u00bb <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC 3 de julio de 2014, exp. 01326-00. <\/p>\n
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