STC9881-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9881-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02434-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Enrique Ardila Franco y Mar\u00eda Eugenia Morales Castro interpusieron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el resguardo No. 730013103004-2015-00172-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores solicitaron revocar la orden de multa impuesta por el juzgado, la cual fue confirmada por el Tribunal convocado. <\/p>\n
En sustento, adujeron que, mediante sentencia de tutela, el Juzgado concedi\u00f3 el amparo invocado por Carlos Alberto Orozco Ocampo y orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV- \u00aben cabeza de su directora nacional DRA. Paula Gaviria Betancourt inici[ar] los tr\u00e1mites administrativos de indemnizaci\u00f3n\u00bb (19 jun. 2015). Ante el incumplimiento de lo anterior, el all\u00e1 tutelante propuso desacato y se sancion\u00f3 a Paula Gaviria Betancurt y Mar\u00eda Eugenia Morales Castro con multa de un (1) salario m\u00ednimo mensual y arresto de un (1) d\u00eda (29 mar 2016); empero, el superior modific\u00f3 ese resultado al precisar que la funcionaria que incurri\u00f3 en desacato fue \u00fanicamente Mar\u00eda Eugenia Morales Castro (12 abr. 2016). Se\u00f1alaron que el all\u00e1 accionante promovi\u00f3 un nuevo incidente y la c\u00e9lula judicial resolvi\u00f3 sancionar en las mismas condiciones a Enrique Ardila Franco en su condici\u00f3n de Director de Reparaci\u00f3n de la -UARIV- (10 may. 2021), decisi\u00f3n confirmada en consulta por el Tribunal (19 may. 2021). <\/p>\n
Indicaron que el gestor promovi\u00f3 otro tr\u00e1mite de cumplimiento y, en esa ocasi\u00f3n, la sede judicial dispuso inaplicar la sanci\u00f3n por detenci\u00f3n \u00abante la demostraci\u00f3n de la Entidad de estar adelantando las gestiones para acreditar la orden\u00bb; sin embargo, mantuvo la sanci\u00f3n pecuniaria con el argumento de que al momento de ser impuesta se demostr\u00f3 el incumplimiento del fallo (20 oct. 2021). Contaron que el accionante interpuso un nuevo desacato y el Juzgado \u00abdeclar\u00f3 por segunda vez cumplido el fallo judicial y las ordenes adicionales emitidas en providencia anterior\u00bb. La Unidad para las V\u00edctimas solicit\u00f3 \u00abla inaplicaci\u00f3n de las sanciones de multa impuestas\u00bb; no obstante, el estrado judicial neg\u00f3 la solicitud \u00abatendiendo a que la misma fue negada previamente\u00bb; asimismo, manifestaron que ese despacho los \u00abexhort\u00f3 (\u2026) para que se abstengan de elevar solicitudes que ya han sido definidas con antelaci\u00f3n\u00bb. De esas decisiones derivan la lesi\u00f3n ius fundamental. <\/p>\n
2. Para el momento en que se elabor\u00f3 este proyecto no se hab\u00edan recibido informes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Al margen de la procedibilidad de este tipo de mecanismos frente a decisiones emitidas en el tr\u00e1mite del incidente de desacato y las excepciones reconocidas jurisprudencialmente1, lo cierto es que en el caso concreto el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso como quiera que, entre la emisi\u00f3n del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la consulta de la sanci\u00f3n impuesta en el tr\u00e1mite objeto de revisi\u00f3n respecto de Mar\u00eda Eugenia Morales Castro (12 abr. 2016) y frente a Enrique Ardila Franco (19 may. 2021), y la interposici\u00f3n del auxilio (22 jul. 2022), se super\u00f3 el t\u00e9rmino que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional2, situaci\u00f3n que evidencia la falta de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n al respecto. De all\u00ed que, como lo tiene predicado esta Sala, no se entiende por qu\u00e9 si la lesi\u00f3n fundamental era tan inminente, no se acudi\u00f3 a la senda constitucional de forma tempestiva. <\/p>\n
Ahora, si bien los promotores se\u00f1alaron que la -UARIV- solicit\u00f3 \u00aben el mes de marzo de 2022 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones de multa impuestas\u00bb y su petici\u00f3n fue negada el 22 de abril de 2022, ello no permite superar la tardanza referida, pues como lo \u00abexhort\u00f3\u00bb el estrado judicial convocado, la parte incidentada [debi\u00f3] absten[erse] de elevar solicitudes que ya han sido definidas con antelaci\u00f3n\u00bb; en consecuencia, nada imped\u00eda la interposici\u00f3n de esta salvaguarda tan pronto conocieron de la sanci\u00f3n que tuvo lugar (12 abr. 2016 y 19 may. 2021), actos de los cuales derivan la lesi\u00f3n de sus prerrogativas.. <\/p>\n
En suma, por lo expuesto se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR por improcedente la tutela instada por Enrique Ardila Franco y Mar\u00eda Eugenia Morales Castro. Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 SU627-2015, \u00abla acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, (\u2026) siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (\u2026)\u00bb reiterada por esta Sala en STC16354-2021, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
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