STC9903-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC9903-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 16 de junio de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP contra Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito, ambos de esta ciudad, partes autoridades e intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-035-2016-00726-00 (rad. Corte 81557). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 que se deje sin efectos las sentencias SL4234-2021 de 14 de septiembre y SL595-2022 de 1\u00b0 de marzo y se dicte una nueva \u00abno casando la sentencia proferida en segunda instancia (\u2026)\u00bb, o, en subsidio se \u00absuspenda de manera transitoria las sentencias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que Martha Lilia Alarc\u00f3n Castro instaur\u00f3 demanda en su contra con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a partir del 1\u00b0 de enero de 2015, pactada en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre el ISS y Sintaseguridadsocial vigente entre 2001 y 2004, el pago de los intereses moratorios, indexaci\u00f3n de las condenas y los conceptos que aparezcan probados. Narr\u00f3 que la all\u00e1 demandante naci\u00f3 el 29 de junio de 1961, prest\u00f3 sus servicios al ISS, en calidad de trabajadora oficial entre el 1 de septiembre de 1994 y el 30 de diciembre de 2014, que la afiliaci\u00f3n a la organizaci\u00f3n sindical data del 30 de octubre de 2000. Cont\u00f3 que el acuerdo convencional consagr\u00f3 dicho beneficio para los servidores que cumplieran 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos y 55 a\u00f1os de edad, para los hombres y 50 para las mujeres. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 quien neg\u00f3 las pretensiones (14 dic. 2017), apel\u00f3 la peticionaria y el Tribunal confirm\u00f3 (27 feb. 2018), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 la sentencia del Tribunal (CSJ SL4234-2021, 14 sep.), en sede de instancia (CSJ SL595-2022, 1\u00b0 mar) revoc\u00f3 la sentencia de primero grado y dispuso condenar a la UGPP, <\/p>\n
(\u2026) a reconocer en favor de MARTHA LILIA ALARC\u00d3N CASTRO, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal consagrada en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS, en cuant\u00eda inicial de $4.648.898, a partir del 1 de enero de 2015. Dicha cantidad deber\u00e1 ser reajustada anualmente, siendo la mesada del a\u00f1o 2022 equivalente a la suma de $6.280.065 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
(\u2026) a pagar a de MARTHA LILIA ALARC\u00d3N CASTRO la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($503.444.719), por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 28 de febrero de 2022, monto que deber\u00e1 ser indexado, sin perjuicio de las que se lleguen a causar y de la pensi\u00f3n legal de vejez que eventualmente reconozca la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliada, caso en el cual le corresponder\u00e1 a la accionada asumir \u00fanicamente el mayor valor si lo hubiere. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n otorg\u00f3 un derecho pensional \u00absin el lleno de los requisitos lo que hace que se est\u00e9 impactando el patrimonio p\u00fablico y se afecte la sostenibilidad financiera del sistema (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La magistratura acusada defendi\u00f3 sus determinaciones. El juez de conocimiento hizo el recuento de lo rituado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que no se cumpli\u00f3 con el principio de residualidad ante la existencia de otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado por irrespetarse en este caso el presupuesto de subsidiariedad, si en cuenta se tiene que, para combatir los alcances de las sentencias emitidas por el \u00f3rgano l\u00edmite de la jurisdicci\u00f3n del trabajo, la inconforme cuenta con la opci\u00f3n de acudir al recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, para discutir circunstancias como las que pretende zanjar por este sendero excepcional y residual. <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto establece la posibilidad de acudir a esa v\u00eda para refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. Sobre el punto, dicho canon establece que <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, podr\u00e1n ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuyo criterio fue reiterado recientemente por esta Colegiatura en un caso de contornos muy similares (CSJ STC574-2020, STC4595-2022, STC7508-2022 entre otros). <\/p>\n
Ahora bien, la intromisi\u00f3n exhortada se hace inviable, si en cuenta se tiene que los efectos de la decisi\u00f3n cuestionada pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso. <\/p>\n
Entonces, contrario a lo afirmado por la inconforme, dicho medio de control es id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la quejosa a trav\u00e9s de este sendero residual, sin perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional tal mecanismo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed ventilado, esta Sala sent\u00f3 que <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. (CSJ. STC16105-2015, memorada en STC5016-2022). <\/p>\n
De igual manera, importa recordar que la UGPP est\u00e1 habilitada para instaurar el multicitado recurso de revisi\u00f3n, porque dicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, seg\u00fan el cual, corresponde a esa entidad \u00abadelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, debe precisarse que aunque la gestora promovi\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, tales presupuestos no se encuentran estructurados en este asunto, pues, aunque para la UGPP tal situaci\u00f3n es de ese talente porque el acatamiento de la orden judicial de la que discrepa no da espera, y con ello, el pago de sumas de dinero que, seg\u00fan afirma, comprometen el patrimonio p\u00fablico, tal afirmaci\u00f3n se fundamenta en el desconocimiento de las decisiones que, en principio, les asiste la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, de manera que, mientras subsistan generan efectos en contra de la parte vencida en el juicio objeto de escrutinio. <\/p>\n
De igual manera en lo atinente a la aseveraci\u00f3n, seg\u00fan la cual, las condenas impuestas comprometen la sostenibilidad financiera, no es de recibo, pues se trata de una trabajadora que result\u00f3 favorecida con la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en virtud de las cotizaciones que realiz\u00f3 durante su vida laboral, por lo que dif\u00edcilmente podr\u00e1n verse afectados los recursos de la entidad por el hecho de acceder al pago de la mesada. <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, como se anunci\u00f3, la resoluci\u00f3n objeto de reproche ser\u00e1 convalidada por ser evidente que no se satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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