STC9907-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9907-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01530-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Leonel Soto Argumedo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Veintinueve Penal del Circuito, Treinta y Seis Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y Doce Penal Municipal todos de esta ciudad, y citadas las partes e intervinientes en las acciones constitucionales con radicado N\u00b0 2021-03098-00, 2022-00354-00 y 115411 (interno); y en el proceso penal con N\u00b0 110016000015201305600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, vida, salud y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en los mencionados asuntos. <\/p>\n
De las manifestaciones ambiguas del actor, se establece que, en el proceso penal seguido en su contra por actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os, le fue designada una abogada de oficio, quien, seg\u00fan sostiene, ha pedido la exclusi\u00f3n del material probatorio a su favor y la renuncia de sus testigos. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, si bien contrat\u00f3 un apoderado de confianza, como \u00e9ste \u00abera un estafador\u00bb renunci\u00f3 sin representarlo debidamente y, enseguida se le asign\u00f3, de nuevo, a la misma profesional de oficio se\u00f1alada pese a los cuestionamientos que propuso contra ella ante los funcionarios de conocimiento. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que le ha sido negado el acceso a la justicia porque no se le ha permitido conectarse virtualmente a las audiencias y aunque ha manifestado sus dificultades para acceder a la tecnolog\u00eda, no ha sido resuelto. <\/p>\n
Asimismo expres\u00f3, que las citaciones a las distintas audiencias no se le han remitido \u00aba tiempo\u00bb, por lo cual ha estado ausente, cuesti\u00f3n que lo \u00abperjudica\u00bb porque el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, encargado de su proceso, ya lo tiene \u00abcondenado\u00bb, pues le indic\u00f3 que \u00abno pod\u00eda oponer[se] a lo que [le] dijera el investigador, en este caso si dice que [\u00e9l] es culpable\u00bb (sic), adem\u00e1s que ha incurrido en \u00abtemeridad y mala fe\u00bb, pues aparte de desconocer el escrito con el cual la \u00absupuesta\u00bb v\u00edctima se retract\u00f3 de sus denuncias, as\u00ed como las declaraciones contradictorias de \u00e9sta, ha favorecido a la Fiscal\u00eda y a \u00e9l le ha negado \u00abel uso de la palabra\u00bb, por lo cual es necesaria \u00abuna audiencia con un juez de control de garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que por hechos similares a los expuestos impuls\u00f3 una tutela contra los Juzgados Veintinueve y Treinta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Fiscal\u00eda Doscientos Treinta y Uno Seccional todos de Bogot\u00e1, que fue negada por el Tribunal Superior de esta ciudad, y, aunque impugn\u00f3, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el radicado N\u00b0 115411 (interno), confirm\u00f3 la decisi\u00f3n en la sentencia STP4123 de 25 de marzo de 2021, tr\u00e1mite en el que, afirma, se vulneraron sus derechos porque se desconoci\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y no se valoraron las pruebas que alleg\u00f3 sobre las irregularidades ocurridas en el citado juicio penal. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que para lograr la protecci\u00f3n de su \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, lesionado por el Centro de Servicios Judiciales de Bogot\u00e1, formul\u00f3 otro amparo con el radicado 2010-03098, al no pronunciarse en torno a la realizaci\u00f3n de una \u00abaudiencia preliminar de restablecimiento de derechos vulnerados\u00bb, queja resuelta de forma favorable a sus intereses, puesto que, la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad accedi\u00f3 a sus s\u00faplicas con fallo de 11 de octubre de 2021, sin embargo, ante el incumplimiento de lo all\u00ed ordenado, impuls\u00f3 un desacato que fue decidido el 14 de enero de 2022, en el sentido de no sancionar al incidentado. <\/p>\n
Tras cuestionar otras actuaciones en el citado proceso penal, tales como la decisi\u00f3n del Juzgado Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta ciudad de declarar improcedente su petici\u00f3n de \u00abrestablecimiento de derechos vulnerados\u00bb y el silencio del Juez Veintinueve Penal del Circuito respecto de un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb para que le informara \u00abqu\u00e9 hab\u00eda sucedido el 18 de enero, de una audiencia de alegatos (\u2026) [y que le] enviara los audios para tomar las respectivas decisiones [sobre la interposici\u00f3n de] los recursos\u00bb, indic\u00f3 que formul\u00f3 un nuevo amparo con radicado N\u00b0 2022-00354-00, reprochando tales gestiones, pero el Tribunal Superior lo neg\u00f3 el 11 de febrero de 2022, determinaci\u00f3n que impugn\u00f3 y fue concedida el 2 de marzo siguiente. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se dejen sin efecto los fallos de tutela que le fueron desfavorables y que esta Corporaci\u00f3n disponga, \u00abuna medida preventiva y se ordene una audiencia en donde [le] permitan argumentar y presentar [su] material probatorio (\u2026), de no ser competencia de [esta Sala], se ordene una audiencia con un juez de control de garant\u00edas y que se env\u00ede un delegado para que garantice [sus] derechos y ha[y]a garant\u00eda, y que lo que suceda en la audiencia sirva de fundamento para (\u2026) [el] fallo\u00bb <\/p>\n
3. Mediante providencia ATL1003 de 22 de junio de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida en el presente amparo, por cuanto no hall\u00f3 constancia de la notificaci\u00f3n de los Juzgado Treinta y Seis Penal con Funci\u00f3n de Conocimiento y Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, involucrados en los procesos criticados. <\/p>\n
4. En auto de 21 de julio anterior, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso penal mencionado, as\u00ed como en las acciones de tutela relacionadas, incluyendo a las autoridades referidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Mario Cort\u00e9s Mahecha de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de la tutela radicada bajo el N\u00b0 2010-03098-00 propuesta por Leonel Soto Argumedo contra el Centro de Servicios Judiciales, amparo definido en sentencia de 11 de octubre de 2021, en la que accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n propuesta y se orden\u00f3 a la accionada pronunciarse \u00abfrente a la solicitud presentada por el demandante, encaminada a obtener la realizaci\u00f3n de la audiencia preliminar de \u201crestablecimiento de derechos vulnerados\u201d, con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal adelantada en su contra y a cargo del Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. Indic\u00f3 que el actor promovi\u00f3 un incidente de desacato, que se resolvi\u00f3 negativamente el 14 de enero de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3 la improcedencia del amparo actual, al dirigirse frente a otros de igual naturaleza. <\/p>\n
2. El Magistrado Luis Enrique Bustos de la misma Corporaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que intervino en el proceso penal seguido frente al solicitante para declarar infundada en providencia de 8 de noviembre de 2019, la recusaci\u00f3n que formul\u00f3 el se\u00f1or Soto Argumedo contra el titular del Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de esta ciudad, e indic\u00f3 adem\u00e1s, que la presente acci\u00f3n no debe prosperar porque desconoce el presupuesto de la subsidiariedad, pues el peticionario tiene a su alcance los mecanismos de defensa correspondientes en el tr\u00e1mite penal censurado. <\/p>\n
3. El Fiscal 332 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito -Unidad de Delitos Sexuales-, aseguro que este amparo es improcedente porque adem\u00e1s de cuestionar otros tr\u00e1mites constitucionales, al peticionario no le han sido desconocidos los derechos fundamentales. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el proceso penal del que se queja el accionante, se encuentra en \u00abaudiencia de continuaci\u00f3n de juicio oral, para realizar los alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb, sin embargo, no ha podido agotarse esa etapa \u00abporque el se\u00f1or SOTO ARGUMEDO, en su condici\u00f3n de procesado ha manifestado que inici\u00f3 un desacato, que interpuso denuncia ante la Corte Penal Internacional y que ahora instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal sostuvo que la protecci\u00f3n reclamada no deb\u00eda abrirse paso frente al amparo que resolvi\u00f3 mediante la sentencia STP4123 de 25 de marzo de 2021 en segunda instancia, puesto que no se cumplen los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a otras de igual linaje, y adicion\u00f3 que su providencia se encuentra en firme porque la Corte Constitucional la excluy\u00f3 de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En escrito posterior, la Sala de Casaci\u00f3n Penal a\u00f1adi\u00f3 que la tutela formulada por el accionante contra el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, con radicado 2022-00354-01, que neg\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 11 de febrero de 2022, la confirm\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n, en STP9326 de 14 de julio de 2022. Advirti\u00f3 que las quejas contra ese pronunciamiento no deb\u00edan salir avante por contar el accionante con la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 379 Judicial I Penal de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar el amparo, por cuanto adem\u00e1s que los derechos del actor han sido vulnerados, \u00e9ste ha abusado de la acci\u00f3n de tutela y, con todo, cuenta con otros mecanismos para lograr la defensa de sus intereses. <\/p>\n
6. El Juzgado Treinta y Seis Penal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso seguido al actor por actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os, al definir la \u00abapelaci\u00f3n de un auto\u00bb proferido en ese tr\u00e1mite, y explic\u00f3 que desconoce \u00ablos hechos de la demanda de tutela\u00bb, pues no le concierne la gesti\u00f3n surtida por el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, quien adelanta actualmente el citado proceso. <\/p>\n
7. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el escrito de tutela, as\u00ed como los soportes allegados a este tr\u00e1mite, advierte la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n invocada frente al proceso penal seguido en contra de Leonel Soto Argumedo, aqu\u00ed accionante, pues los reproches expuestos por esta v\u00eda residual y extraordinaria ya fueron alegados y decididos por esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
1.1 En efecto, se observa que las quejas relativas a las supuestas deficiencias de la abogada de oficio asignada al solicitante, las dificultades de orden t\u00e9cnico para presentarse a las distintas audiencias, los presuntos errores en el env\u00edo de los citatorios y la alegada falta de imparcialidad del titular del Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, fueron cuestiones arg\u00fcidas en el amparo bajo el radicado N\u00b0 115411 (interno), que neg\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de 10 de febrero de 2021, la que, en impugnaci\u00f3n confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en fallo STP4123 de 25 de marzo de 2021. <\/p>\n
Esta \u00faltima decisi\u00f3n tuvo como sustento el desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad, pues el asunto penal reprochado \u00abse encuentra en curso\u00bb y es all\u00ed donde el solicitante debe \u00abplantear sus disensos, expresar los motivos de sus desacuerdos frente a las decisiones adoptadas y recurrirlas, hasta llegar, incluso, a la autoridad de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la que finalmente resuelva el asunto\u00bb, situaci\u00f3n que no ha variado, pues como lo indic\u00f3 en esta instancia la Fiscal\u00eda 332 delegada ante los Jueces Penales del Circuito -Unidad de Delitos Sexuales-, en el proceso a\u00fan no se ha proferido sentencia de primer grado. <\/p>\n
Igualmente, y en cuanto a la falta de defensa t\u00e9cnica expuesta por el actor, la Sala de Casaci\u00f3n Penal le se\u00f1al\u00f3 que esa afirmaci\u00f3n \u00abqued\u00f3 en un mero enunciado, sin ning\u00fan desarrollo en el caso en concreto (\u2026) [y] sin embargo, en caso de considerarlo pertinente, el accionante puede solicitar el cambio de su defensora ante la Defensor\u00eda del Pueblo, previa exposici\u00f3n de los motivos que sustentan su pedido\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que asegur\u00f3 no le contestaron, la autoridad mencionada le indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abel gestor constitucional alega la no contestaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n elevado (\u2026), el 15 de agosto de 2019, por medio del cual pidi\u00f3 copias acerca de la decisi\u00f3n emitida el 2 de septiembre por la citada autoridad, en la que resolvi\u00f3 en sede de segunda instancia el recurso interpuesto frente a las determinaciones adoptadas en sede de control de garant\u00edas dentro del proceso identificado con CUI 110016000015201305600 que se sigue contra Soto Argumedo. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, se convalid\u00f3 que tal solicitud fue atendida el 20 de agosto del 2019, tal y como lo expuso el Tribunal constitucional de primer grado\u00bb. <\/p>\n
1.2 Posteriormente, aunque el actor reiter\u00f3 los reproches se\u00f1alados a trav\u00e9s de otro amparo, \u00e9ste fue negado por el Tribunal accionado el 11 de febrero de 2022, decisi\u00f3n recientemente confirmada la Sala de Casaci\u00f3n Penal en STP9326 de 14 de julio de 2022, quien se\u00f1al\u00f3 que las dificultades del actor para acceder de manera virtual a las diligencias no estaban demostradas y, asimismo, puso de presente que la labor de la defensora p\u00fablica del accionante no se observaba irregular, y, con todo, le indic\u00f3 que \u00e9sta tendr\u00eda a cargo seguir represent\u00e1ndolo en el asunto, el cual, reiter\u00f3, no ha concluido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reclamos rese\u00f1ados formulados frente al juicio penal que se adelanta en contra de Leonel Soto Argumedo, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque ya fueron resueltos en los amparos que vienen de citarse, por tanto, es evidente el fracaso de esta nueva acci\u00f3n de tutela, porque el se\u00f1or Soto Argumedo activ\u00f3 este mecanismo extraordinario para censurar una actuaci\u00f3n que previamente hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n extraordinaria, siendo aplicable, por tanto, lo reglado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
1.3 Ahora, en relaci\u00f3n con las quejas que presenta frente al hecho de \u00abdeclarar improcedente su petici\u00f3n de \u00abrestablecimiento de derechos vulnerados\u00bb decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta ciudad, y la necesidad, en su sentir, de asignarle el asunto penal a otro juez de garant\u00edas para que defina sobre posibles nulidades y el desconocimiento de sus derechos, tambi\u00e9n se constata, que, como lo expres\u00f3 Leonel Soto Argumedo, hab\u00eda acudido a anterior acci\u00f3n de tutela elevando tales cuestionamientos. <\/p>\n
Dicho amparo fue concedido el 11 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, particularmente, frente al Centro de Servicios Judiciales, y le orden\u00f3 que reprogramara la audiencia mencionada de \u00abrestablecimiento de derechos\u00bb. Posteriormente, como el actor estim\u00f3 que lo anterior no estaba cumplido, inici\u00f3 incidente de desacato, pero el Tribunal censurado, en auto de 14 de enero de 2022, se abstuvo de aplicar sanci\u00f3n, al encontrar que s\u00ed se hab\u00eda surtido la audiencia rese\u00f1ada, y en la misma se le indic\u00f3, que \u00able corresponde (\u2026) elevar la solicitud al juez de conocimiento, como quiera que aspira a obtener la nulidad y\/o preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n penal, tal como as\u00ed se lo explic\u00f3 el Juzgado [Doce] Penal Municipal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a la gesti\u00f3n descrita, este amparo no tiene ninguna vocaci\u00f3n de prosperidad al no hallarse un proceder irregular o lesivo de garant\u00edas sustanciales en el tr\u00e1mite incidental y en la actividad del Juzgado Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De otra parte, los reproches que eleva el se\u00f1or Soto Argumedo contra los fallos constitucionales proferidos en forma contraria a sus peticiones por las autoridades aqu\u00ed acusadas, tampoco prosperan, pues las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, en tanto que, \u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte Constitucional SU-1219 de 2001, citada en CSJ STC8221-2022, STC8926-2022 entre muchas). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-202, recientemente en STC4075-2022 y STC7478-2022). <\/p>\n
Se resalta que, si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje; tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC4075-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, en este caso no se alegaron y tampoco se encuentran acreditadas. <\/p>\n
3. Se destaca, asimismo, que el peticionario para controvertir lo resuelto en la sentencia STC7129-2021 de 10 de febrero de 2021, ratificada en STP4123-2021, cont\u00f3 con la revisi\u00f3n de tales pronunciamientos ante la Corte Constitucional -art. 33 del Dto. 2591 de 1991-, sin embargo, una vez excluido el tr\u00e1mite el 31 de enero de 20221, omiti\u00f3 activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo N\u00b0 05 de 1992- con lo cual las sentencias mencionadas adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, frente a las sentencias de tutela proferida en el radicado N\u00ba 2022-00354, en donde la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 el fallo STP9326 de 14 de julio 2022, ya mencionado, el accionante a\u00fan cuenta con el mecanismo de revisi\u00f3n antes comentado, pues el expediente todav\u00eda no ha sido enviado a la Corte Constitucional para surtir ese procedimiento. <\/p>\n
4. En consecuencia y conforme a lo explicado, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonel Soto Argumedo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2022-05-19&radi=Radicados&palabra=Soto+Argumedo+&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
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STC9907-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9907-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01530-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Leonel Soto Argumedo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}