STC9910-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9910-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02428-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la sociedad Mas Sostenible Construcciones SAS -en reorganizaci\u00f3n- contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro y citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal con radicado N\u00ba 05615-31-03-001-2018-00070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la sociedad invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar sus reparos, expuso que la Asociaci\u00f3n de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya del municipio de San Vicente promovi\u00f3 demanda en su contra, con el fin de que se resolviera el \u00abcontrato de promesa de compraventa celebrado con fecha 31 de diciembre de 2015\u00bb, negocio en el que fungi\u00f3 como promitente compradora y su contraparte como promitente vendedora. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, en la etapa de fijaci\u00f3n del litigio, \u00abacomod\u00f3 la pretensi\u00f3n de la parte demandante y manifest\u00f3 (\u2026) que el proceso versar\u00eda acerca de si exist\u00eda un incumplimiento que diera lugar a la resoluci\u00f3n del negocio jur\u00eddico y por ende de la escritura p\u00fablica de venta\u00bb, cuesti\u00f3n frente a la que expres\u00f3 su inconformidad sin \u00e9xito, pues el Juzgado de conocimiento mantuvo su decisi\u00f3n y decisi\u00f3n respecto de la cual no proced\u00eda \u00abapelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, adelantadas las etapas correspondientes, en sentencia de 19 de noviembre de 2019 se orden\u00f3 la resoluci\u00f3n tanto de la mencionada promesa como del contrato de compraventa prometido, y se dispuso que la demandante le devolviera a la demandada los \u00ababonos recibidos\u00bb y que \u00e9sta entregara el inmueble objeto de dichos contratos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que apel\u00f3 la decisi\u00f3n, y el Tribunal Superior la confirm\u00f3 el 13 de junio de 2022, lo que considera lesivo de sus derechos, toda vez que la incongruencia que aleg\u00f3 no fue acogida por esa Corporaci\u00f3n, cuando resultaba evidente que el a quo confundi\u00f3 \u00abel deber de interpretaci\u00f3n de la demanda (\u2026) con la grotesca acomodaci\u00f3n infundada de lo que el accionante no pidi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal accionado incurri\u00f3 en defecto sustantivo al desconocer la jurisprudencia imperante sobre los contratos de promesa como negocios preparatorios y temporales, ya que le \u00abotorg\u00f3 caracter\u00edsticas definitivas (\u2026) ignorando que la \u00fanica obligaci\u00f3n que nace de [la promesa] es la de hacer el contrato prometido que es el que realmente comporta la obligaci\u00f3n de dar\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que en el litigio puso de presente la imposibilidad de decretar la resoluci\u00f3n de la promesa porque ya se hab\u00eda \u00abcumplido su objetivo en el tiempo y por tanto ya no ten\u00eda validez jur\u00eddica como consecuencia de la celebraci\u00f3n del negocio definitivo\u00bb, sin embargo, fue desestimado por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que si lo pretendido por la demandante era lograr la resoluci\u00f3n de la promesa porque en \u00e9sta se hallaban \u00abconsignadas (\u2026) las condiciones reales del negocio jur\u00eddico (\u2026), debi\u00f3 encaminar su pretensi\u00f3n a probar la simulaci\u00f3n absoluta o relativa seg\u00fan el caso, del contrato definitivo\u00bb, no obstante, como no procedi\u00f3 de esa manera el contrato prometido preserva \u00abinc\u00f3lumes sus efectos entre las partes\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia y ordenarle al Tribunal Superior de Antioquia \u00abdictar nueva sentencia debidamente motivada\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro manifest\u00f3 que las garant\u00edas de la sociedad actora no fueron lesionadas, pues en las providencias dictadas en el tr\u00e1mite criticado no se cometieron irregularidades. <\/p>\n
2. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, se establece el fracaso del amparo planteado por la sociedad accionante contra las providencias controvertidas, concretamente, respecto de la sentencia de 13 de junio de 2022, mediante la cual el Tribunal Superior de Antioquia confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro en la que se decret\u00f3 la resoluci\u00f3n de los contratos de promesa y compraventa suscritos entre las partes, orden\u00e1ndose las restituciones correspondientes, pues no se evidencia irregularidad o desafuero lesivo de garant\u00edas sustanciales, que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. En efecto, examinado el anotado pronunciamiento, se encuentra que la Corporaci\u00f3n accionada, tras relacionar los antecedentes del asunto, indicar los fundamentos de la sentencia apelada y se\u00f1alar los argumentos de la alzada, orientados -para lo que aqu\u00ed interesa-, a alegar (i) \u00abla incongruencia de la sentencia censurada, por decidir sobre algo que se afirma no fue solicitado en la demanda: la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa (\u2026) [y (ii)] desconocerse (\u2026) que los efectos y las obligaciones tanto del contrato de promesa como el de compraventa son diferentes, y que en el presente asunto el primero se cumpli\u00f3 a cabalidad con la celebraci\u00f3n del segundo\u00bb, procedi\u00f3 a pronunciarse sobre \u00e9stos en su orden. <\/p>\n
3.1 En cuanto al primero, comenz\u00f3 por destacar el contenido del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, relativo al deber de consonancia de los fallos judiciales con los hechos, pretensiones de la demanda y con las excepciones planteadas o probadas en el proceso, enseguida, advirti\u00f3 que en el caso se descartaba la incongruencia de la sentencia de primera instancia, puesto que, m\u00e1s all\u00e1 de los confusos t\u00e9rminos en los que se presentaron los hechos y pretensiones en la demanda, de la cual no pod\u00eda establecerse con claridad \u00absi lo perseguido es la resoluci\u00f3n de la promesa, o de la compraventa, o de las dos\u00bb, en la audiencia inicial se hab\u00eda fijado el litigio, determin\u00e1ndose que \u00abla disputa versaba sobre la promesa y sobre el contrato de compraventa elevado a escritura p\u00fablica, por hacer referencia, juntos, \u2018al mismo negocio jur\u00eddico\u2019\u00bb, cuesti\u00f3n que si bien controvirti\u00f3 la parte demandada, fue decidida con acierto por el Juzgador de instancia, ya que, seg\u00fan se sostuvo, ese funcionario explic\u00f3 por qu\u00e9 no pod\u00eda manejarse de manera separada la promesa y el contrato definitivo, pues adoptar decisiones sobre el primero, \u00abno tendr\u00eda ning\u00fan efecto (\u2026) [y la decisi\u00f3n] caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb, de acuerdo con las circunstancias particulares presentadas en el litigio. <\/p>\n
Posteriormente, el Tribunal Superior se\u00f1al\u00f3 que esa puntual explicaci\u00f3n brindada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, no hab\u00eda sido materia de reproche y que, con todo, de la revisi\u00f3n de las pruebas y del contenido de la demanda, la cual deb\u00eda ser interpretada por los juzgadores cuando resultaba ambigua o confusa -de acuerdo con la jurisprudencia all\u00ed citada (CSJ SC de oct. 31 de 1956), pod\u00eda determinarse que su \u00absentido genuino\u00bb comprend\u00eda \u00abla aniquilaci\u00f3n de ambos actos jur\u00eddicos\u00bb, esto es, la promesa y la compraventa, las cuales fueron celebradas en una misma fecha respecto de un inmueble en el que se pact\u00f3, en la primera, un valor mayor por su compra, que el reportado en el negocio definitivo. <\/p>\n
Por tanto, indic\u00f3 que la interpretaci\u00f3n del juez de primer grado sobre la demanda estuvo acorde con lo realmente querido por el demandante, motivo por el cual, no sal\u00eda adelante el alegato relativo a la incongruencia de su fallo. <\/p>\n
3.2 En lo concerniente al segundo punto de censura, la Corporaci\u00f3n accionada, tras citar jurisprudencia pertinente de esta Sala, en relaci\u00f3n con las obligaciones emanadas del contrato de promesa de compraventa y las eventualidades relacionadas con que el contrato definitivo reemplace obligaciones fijadas en el preparatorio o permita la existencia aut\u00f3noma de las mismas, cuando no son modificadas en el negocio final \u00ab(G: J. tomo CXCII. sentencia de casaci\u00f3n civil del 23 de mayo de 1988 p\u00e1g: 222 y C2221-2020)\u00bb, resalt\u00f3 que, de las pruebas recaudadas en el asunto, se constataba que los contratantes celebraron el mismo d\u00eda dos contratos diferenciables, \u00abuno preparatorio -contrato de promesa de compraventa, y otro definitivo -contrato de compraventa-\u00bb, negocios aut\u00f3nomos que generan, el primero, obligaciones de hacer y, el segundo, de dar. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 entonces que, en principio, como lo manifest\u00f3 el recurrente, si el contrato de compraventa prometido ya fue firmado, se entiende que las obligaciones del negocio preliminar fueron satisfechas \u00abno siendo, en consecuencia, dable declarar la resoluci\u00f3n de ese acuerdo de voluntades\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, si ocurre, como lo extrajo el Tribunal de la jurisprudencia que cit\u00f3, \u00abque alguna obligaci\u00f3n de dar se anunci\u00f3 en el contrato preparatorio y ella se hizo subsistir a pesar de perfeccionarse el contrato prometido, la voluntad primigenia, en cuanto corresponde a un desarrollo detallado de lo pactado por las partes contratantes, ha de subsistir o permanecer enhiesta\u00bb, y de cara a lo anterior, indic\u00f3 que se estaba en presencia de la situaci\u00f3n antes citada, ya que una vez revisado el proceso bajo su conocimiento, pod\u00eda determinarse que en la promesa se hab\u00eda pactado como precio del bien objeto de compra la suma de $536.000.000 cifra distinta a la relacionada en la escritura de compraventa, puesto que all\u00ed se consign\u00f3 como tal $82.000.000 para \u00abhacer menos cuantiosa la carga impositiva: Es lo que declararon de consuno las partes\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo anterior, el Tribunal Superior concluy\u00f3, que estaba aceptado por las partes, que la demandada, aqu\u00ed accionante, s\u00f3lo pag\u00f3 $115.200.000 del valor real convenido ($536.000.000), y que acertado estuvo el a quo al declarar la resoluci\u00f3n de ambos contratos, ya que, en la promesa, adem\u00e1s de incluirse la obligaci\u00f3n de hacer, esto es, suscribir la escritura de compraventa, \u00abpervivi\u00f3 la [obligaci\u00f3n] de dar en cuanto al pago del precio definitivo ya se\u00f1alado y los plazos para cancelarlo\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, sobre la alegaci\u00f3n de la recurrente, en relaci\u00f3n al supuesto desconocimiento de las obligaciones derivadas de los contratos resueltos, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abno hubo desatino del a- quo en cuanto a la distinci\u00f3n de las obligaciones que emergen del contrato preparatorio y del definitivo, dadas las particularidades de la negociaci\u00f3n que las partes en contienda ajustaron, la m\u00e1s notoria, que el precio y forma de pago pactado en el primero pervivi\u00f3 pese al perfeccionamiento del segundo, con lo cual, manteni\u00e9ndose sus efectos y consecuencias jur\u00eddicas, menester era resolverlo tambi\u00e9n, ante el incumplimiento mutuo de los contratantes que encontr\u00f3 el sentenciador de primera instancia, razonamiento este que, por los dem\u00e1s, no fue materia de reparo concreto, y que por lo mismo impide a esta Corporaci\u00f3n su examen, respet\u00e1ndose as\u00ed el marco de la pretensi\u00f3n impugnaticia\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, como se anunci\u00f3, la argumentaci\u00f3n descrita no revela arbitrariedad o desafuero, pues el Tribunal Superior de Antioquia, apoyado en el material demostrativo y en la actuaci\u00f3n adelantada en el proceso, resolvi\u00f3 confirmar el fallo de primer grado, al encontrar m\u00e9rito para la resoluci\u00f3n tanto del contrato de promesa de compraventa como de este \u00faltimo, ya que al determinarse el valor del bien en el primero y aceptarse por las partes que dicho monto no fue modificado y tampoco cancelado en su totalidad por la obligada, proced\u00eda la resoluci\u00f3n de los dos negocios con sus respectivas restituciones mutuas. <\/p>\n
Por tanto, este amparo no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener la sociedad solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (Ver CSJ STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que en el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Mas Sostenible Construcciones SAS -en reorganizaci\u00f3n- contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9910-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9910-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02428-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la sociedad Mas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}