STC9919-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9919-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02444-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Augusto Aguilar P\u00e1ez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad y citadas las partes e intervinientes en proceso de pertenencia de radicado No. 2017-00333-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El apoderado judicial del solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, de su representado, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Como fundamento de la acci\u00f3n manifest\u00f3, que Edgar Augusto Aguilar P\u00e1ez instaur\u00f3 proceso de pertenencia contra Alexandra \u00c1lvarez Y\u00e9pez y otros, sobre el predio de la calle 22 No. 18-13 de Bogot\u00e1, porque ha ejercido la posesi\u00f3n desde el a\u00f1o 2003, y admitida la demanda por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se dio cumplimiento a las publicaciones del edicto emplazatorio, la instalaci\u00f3n de la valla, as\u00ed como la notificaci\u00f3n al curador ad l\u00edtem que representaba a los demandados determinados en indeterminados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 16 de septiembre de 2019 se acept\u00f3 la intervenci\u00f3n de Ciro Antonio Triana Galeano como tercer ad-excludendum, y al proceso tambi\u00e9n comparecieron los se\u00f1ores Alexandra y Leonardo \u00c1lvarez Y\u00e9pez, y el 7 de noviembre de ese a\u00f1o se adelant\u00f3 la diligencia de inspecci\u00f3n judicial al inmueble. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 5 de agosto de 2021 se celebr\u00f3 audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y el 24 de agosto de 2021 el Juzgado de conocimiento profiri\u00f3 la sentencia por escrito, en la que resolvi\u00f3 acceder a las pretensiones de la demanda, declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio en favor del demandante, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 el apoderado de los demandados. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 14 de enero de 2022 admiti\u00f3 la alzada, y surtido el traslado al recurrente, as\u00ed como al no apelante, y en fallo de 6 de abril de 2022 revoc\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Consider\u00f3 que en la sentencia la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, porque si bien estaba facultada para resolver los reparos presentados por el apelante, sin embargo, al desatar la alzada se pronunci\u00f3 sobre aspectos que no fueron propuestos por los demandados, pues de oficio examin\u00f3 de manera errada las pruebas para acreditar \u00abla posesi\u00f3n ininterrumpida y detentaci\u00f3n material del inmueble\u00bb, con lo que vulner\u00f3 el principio de congruencia, porque no tuvo oportunidad para pronunciarse y explicar las razones de hecho y derecho, las que son totalmente diferentes al an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Tribunal Superior. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 revocar la sentencia de 6 de abril de 2022 proferida en segunda instancia, para que, en su lugar, \u00abemita sentencia \u00fanicamente estudiando los puntos planteados por el apelante. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la tutela, orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia de manera recurrente y uniforme ha establecido, que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o, que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan ha sido determinado por la Corte Constitucional, existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: <\/p>\n
\u00aba) Defecto org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. g). Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, h). Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el enlace enviado a este tr\u00e1mite, se observan como relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
2.1 Edgar Augusto Aguilar P\u00e1ez promovi\u00f3 proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio contra Claudia Milena Ospina Cardona, Alexandra, Leonardo Alvares Yepes y personas indeterminadas, del que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2 Surtidas las etapas procesales propias de este litigio el 24 de agosto de 2021, se profiri\u00f3 sentencia en la que se declar\u00f3 que el demandante adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble de la Calle 22 No. 18-13, distinguido con folio de matr\u00edcula No. 50C-110548, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro competente, y decret\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda. Para adoptar esa decisi\u00f3n consider\u00f3, <\/p>\n
\u00abde la inspecci\u00f3n judicial realizada, se pudo corroborar la existencia del inmueble junto con sus linderos y divisiones, encontr\u00e1ndose que existe una casa lote habitada que cuenta con servicios p\u00fablicos domiciliarios y en la diligencia estuvieron presentes los interesados. <\/p>\n
Ha de decirse que todos los testigos coincidieron en que la comunidad reconoce al demandante como due\u00f1o, que mantiene pendiente del predio y que les consta que est\u00e1n al tanto del pago de los servicios p\u00fablicos, que no han tenido inconvenientes con los vecinos, ni con alguna autoridad judicial y siempre su posesi\u00f3n ha sido pac\u00edfica. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, estamos ante un acervo probatorio plenamente demostrable de que el derecho reclamado por el demandante es cierto y debe ser reconocido por el tiempo de usucapi\u00f3n del bien inmueble, los actos de se\u00f1or y due\u00f1o que ha emergido y las mejoras realizadas permiten denotar al despacho el derecho que han desprendido. <\/p>\n
Respecto a los requerimientos de las entidades prestadoras de servicios p\u00fablicos, el juzgado concluye que los mismos han sido dirigidos contra las personas que aparecen como titulares del derecho de dominio del inmueble, no obstante ante la comunidad y los actos de se\u00f1or y due\u00f1o son ejercidos \u00fanicamente por el ac\u00e1 demandante quien posee el ingreso al inmueble de forma pac\u00edfica y se ha hecho cargo del mantenimiento y de la actividad econ\u00f3mica del bien, en esa medida no se logra tener por cierto que el demandante no ostenta la calidad de poseedor que ac\u00e1 pregona. <\/p>\n
En consecuencia y como quiera que no aparecen desvirtuados en el plenario los hechos posesorios que alega el actor del pleito, ni el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, sin que se pueda afirmar que hayan reconocido dominio ajeno o renunciado a la prescripci\u00f3n aqu\u00ed alegada, concurriendo en el demandante elementos de orden sustancial, pues lleva poseyendo la propiedad por m\u00e1s de 15 a\u00f1os conforme a los hechos probados al interior del proceso, los cuales pudieron ser ratificados en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial se declarara el derecho reclamado por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
2.3 El apoderado de los demandados \u00c1lvarez Y\u00e9pez, apel\u00f3 la decisi\u00f3n y los reparos fueron los siguientes, <\/p>\n
i) no se cumplieron los presupuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n, porque no se reunieron los requisitos de la prescripci\u00f3n adquisitiva, ya que en la inspecci\u00f3n judicial realizada el 7 de noviembre de 2019, solo se ense\u00f1\u00f3 la escalera, ba\u00f1os compartidos, patio interior, y zonas comunes, de donde se infiere que no detentaba totalmente el inmueble. <\/p>\n
ii) la citada diligencia no fue realizada por el juez directamente, sino por el funcionario que lo acompa\u00f1aba. <\/p>\n
iii) los recibos de pago de impuesto presentados eran de los a\u00f1os 2012 a 2016, sin embargo, el sello de pago ante al Banco Davivienda era del 31 de octubre de 2016, <\/p>\n
iv) no se verific\u00f3 que la valla estuviera debidamente instalada y que cumpliera, con los requisitos previstos en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, y, <\/p>\n
v) no se prob\u00f3 que el demandante ha pose\u00eddo el bien ininterrumpidamente por m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os. <\/p>\n
2.4 La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 6 de abril de 2022 desat\u00f3 la alzada propuesta por los demandados y en la sentencia censurada, en principio hizo un breve recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, luego de recordar las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales aplicables a la \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb, refiri\u00f3 que con base en las pruebas recaudadas en ese litigio no hab\u00eda lugar a concluir que se acreditaron los hechos que posibilitan la implorada declaraci\u00f3n de dominio en el caso en concreto, y, explic\u00f3, <\/p>\n
Sin embargo, examinado en su conjunto el material probatorio recaudado, se tiene que -como lo resaltaron los apelantes- la parte actora desatendi\u00f3 el gravamen procesal que pesaba sobre ella, en punto a la acreditaci\u00f3n del se\u00f1or\u00edo continuo e ininterrumpido que dijo haber ostentado sobre el predio, a partir de los a\u00f1os 2002 o 2003, o a m\u00e1s tardar desde el 5 de junio de 2007, esto es, una d\u00e9cada antes de haber formulado su demanda de pertenencia (5 de junio de 2017)\u00bb. <\/p>\n
En lo relacionado con los medios probatorios recaudados manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAqu\u00ed solo se recaudaron dos testimonios, absueltos por los se\u00f1ores Miguel Villareal Montero y Paola Alegr\u00eda Ot\u00e1lora Villanueva. <\/p>\n
A partir de las manifestaciones literales de los testigos es palpable, como lo resaltaron los apelantes, que aquellos estuvieron muy lejos de corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que apoyaron la demanda con la que tuvo su inicio el litigio de la referencia. <\/p>\n
Sobre la \u00e9poca de inicio de la alegada posesi\u00f3n, la cual la demandante remonta a los a\u00f1os 2002 o 2003, es clara la ineptitud de la prueba en comento, por cuanto el testigo Villareal Montero asever\u00f3 que conoci\u00f3 o empez\u00f3 a tener alg\u00fan trato personal con el pretendido prescribiente en el a\u00f1o 2008 y la se\u00f1ora Ot\u00e1lora Villanueva en el 2009, \u00e9pocas en las que cada uno de ellos lleg\u00f3 a vivir a la \u201cresidencia\u201d que funciona en el inmueble en disputa. <\/p>\n
Pero los testigos no pararon ah\u00ed. Miguel Villareal Montero se\u00f1al\u00f3 que cuando lleg\u00f3 al inquilinato en el a\u00f1o 2008, quien le arrend\u00f3 fue una se\u00f1ora conocida como Marta y que vino a conocer al se\u00f1or Edgar Augusto Aguilar P\u00e1ez \u201chace m\u00e1s o menos dos a\u00f1os\u201d (es decir, en el a\u00f1o 2017, si se tiene en cuenta que su testimonio se recaud\u00f3 en el 2019). <\/p>\n
Por su parte, la se\u00f1ora Paola Alegr\u00eda Ot\u00e1lora Villanueva relat\u00f3 que quien le arrend\u00f3 una pieza fue la se\u00f1ora Marta, quien estaba a \u00f3rdenes del \u201cT\u00edo\u201d o \u201cGato\u201d que es como los vecinos \u201cconocen\u201d al demandante, pero sin precisar desde cuando habr\u00eda iniciado el se\u00f1or\u00edo que este se atribuye, lo cual no le pudo constar por percepci\u00f3n directa, por cuanto la testigo, seg\u00fan su relato, apenas habr\u00eda \u201cconocido\u201d al en el a\u00f1o 2008 al se\u00f1or Edgar Augusto Aguilar P\u00e1ez. <\/p>\n
Tampoco los testimonios develaron conocimiento directo y certero de la construcci\u00f3n e instalaci\u00f3n de mejoras por parte del pretendido usucapiente, pues lo \u00fanico que sobre el particular se\u00f1al\u00f3 Paola Alegr\u00eda Ot\u00e1lora Villanueva fue que \u201ctengo entendido que han pintado, sacado unos ladrillos, han sacado basuras y etc.\u201d. <\/p>\n
Nada de ello puede considerarse como mejora, a lo que se a\u00f1ade que, seg\u00fan el acta de la inspecci\u00f3n judicial que acometi\u00f3 el juzgado de primer grado, \u201clos pisos y los techos no est\u00e1n terminados y las instalaciones en general revisten un deterioro considerable que permiten penosamente la estancia de personas al interior del inmueble\u201d (hoja 124 del PDF). <\/p>\n
Por supuesto, para ameritar credibilidad, era indispensable que los testigos hubieran expuesto circunstancias de tiempo, modo y lugar, concernientes a los actos verdaderos de se\u00f1or\u00edo por un periodo no inferior a los 10 a\u00f1os, contados retrospectivamente desde la formulaci\u00f3n de la demanda de pertenencia. Lo que emerge de esos dos testimonios es que los deponentes apenas visitaban espor\u00e1dicamente el lugar; poco trataron personalmente al pretendido due\u00f1o, de quien ni siquiera supieron referir el nombre completo, y que, a lo sumo el se\u00f1or Aguilar P\u00e1ez fungi\u00f3 como arrendador de los cuartos del inmueble, condici\u00f3n que, por s\u00ed sola, no impone dar por probado el se\u00f1or\u00edo, y menos que se hubiera extendido por m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Respecto a los documentos presentados por el demandante, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab2.2. Desechada la utilidad de la totalidad de la prueba testimonial recaudada, es del caso agregar que las \u00fanicas pruebas documentales que aport\u00f3 la parte actora con el prop\u00f3sito de acreditar el se\u00f1or\u00edo del demandante, fue el recibo de pago de los impuestos prediales que, a trav\u00e9s del Banco Davivienda, efectu\u00f3 el se\u00f1or Aguilar P\u00e1ez. No obstante, revisados con detenimiento esos papeles, cual lo sugirieron los apelantes, emerge que esos pagos al fisco -de los per\u00edodos 2012 a 2016-, se verificaron el 31 de octubre de 2016 (ver hojas 7 a 12 del pdf contentivo del cuaderno uno), lo cual poco ayuda en la demostraci\u00f3n de los hechos posesorios que habr\u00edan iniciado, seg\u00fan el actor, en el a\u00f1o 2003. <\/p>\n
Tales documentos, as\u00ed se asumiera que reflejan un verdadero se\u00f1or\u00edo en cabeza del actor (aserto por lo menos discutible si se repara en que el pago de esos rubros no necesariamente proviene del propietario de un inmueble, sino que bien podr\u00edan ser costeados por quien lo detenta en calidad de mero tenedor), en el mejor de los escenarios para la parte actora apenas dar\u00edan cuenta de circunstancias ocurridas pocos meses antes de la fecha en que se radic\u00f3 la demanda de pertenencia. <\/p>\n
Ning\u00fan otro medio de convicci\u00f3n se recaud\u00f3 tendiente a demostrar el momento a partir del cual habr\u00eda iniciado la posesi\u00f3n que el demandante se atribuye; ni tampoco para acreditar la realizaci\u00f3n de las mejoras que dijo haber construido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00ab3. Seg\u00fan se advirti\u00f3 desde el inicio de estas consideraciones, la prosperidad de la demanda exig\u00eda que el expediente reflejara, con suficiente vigor, la concurrencia de los presupuestos que la acci\u00f3n de dominio requiere, entre ellos, la prueba de la prolongaci\u00f3n del se\u00f1or\u00edo del usucapiente por un t\u00e9rmino no inferior a 10 a\u00f1os que debi\u00f3 transcurrir, a cabalidad, para el momento en que se radic\u00f3 el libelo incoativo y como aqu\u00ed esa exigencia no se satisfizo a cabalidad, como a espacio se expuso en las consideraciones precedentes, no se requieren lucubraciones adicionales para colegir que no anduvo afortunado el juez de primera instancia en cuanto despach\u00f3 favorablemente las pretensiones. <\/p>\n
4. En resumidas cuentas, prospera la apelaci\u00f3n en estudio y se declarar\u00e1 probada, de oficio, la excepci\u00f3n de falta de acreditaci\u00f3n de la concurrencia de los requisitos para el \u00e9xito de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, como quiera que, el Tribunal Superior accionado desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado de conocimiento de acuerdo con las leyes sustanciales que rigen la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, y se pronunci\u00f3 sobre los reparos formulados a la decisi\u00f3n por los demandados, siendo el primero precisamente que no se cumpl\u00edan los presupuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n de pertenencia, porque con fundamento en los medios de prueba solicitados, decretados y practicados en el proceso referido, no se acreditaron los diez (10) a\u00f1os de posesi\u00f3n que exige la ley para declarar su reconocimiento. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 luego de analizar la prueba testimonial que daba cuenta de una parte, que ni siquiera sab\u00edan el nombre completo del demandante aqu\u00ed accionante, y refirieron que era conocido como \u00abt\u00edo o gato\u00bb, de otra parte, manifestaron que quien le arrend\u00f3 una pieza fue \u00abMartha, sin tener claro siquiera la \u00e9poca en que comenzaron los actos de se\u00f1or y due\u00f1o del demandante. <\/p>\n
Los dos testigos en sus declaraciones no informaron sobre las mejoras efectuadas al bien, pues simplemente dijeron que pintaron, sacaron unos ladrillos y basura, se\u00f1alando que se trata de un edificio en el cual se rentan espacios para dormir, denominado \u00abpaga diario\u00bb, es decir, que tales exposiciones no dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, necesarios para el \u00e9xito de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, con las documentales aportadas por el demandante, solo dio certeza que los impuestos prediales de los a\u00f1os 2012 a 2016, fueron cancelados por el usucapiente a trav\u00e9s del Banco Davivienda el 31 de octubre de 2016, sin probar que asumi\u00f3 esa carga en fechas anteriores, m\u00e1xime cuando afirm\u00f3 que la posesi\u00f3n inici\u00f3 en el a\u00f1o 2003. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal Superior al desatar el recurso de alzada analiz\u00f3 los reparos efectuados por los demandados a la decisi\u00f3n, siendo el primero de ellos que \u00abel demandante no ha cumplido con todas las condiciones para adquirir por prescripci\u00f3n extraordinaria el inmueble objeto del litigio\u00bb, y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, concluy\u00f3 que analizados los medios probatorios en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, no se acreditaron los presupuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n, toda vez que, el demandante no comprob\u00f3 el t\u00e9rmino establecido por el legislador de diez (10) a\u00f1os de posesi\u00f3n, ni mucho menos que el se\u00f1or\u00edo fue continu\u00f3 e ininterrumpido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, con el material probatorio recaudado no se demostr\u00f3 cuando comenz\u00f3 la posesi\u00f3n, ni las supuestas mejoras efectuadas al bien, y el \u00fanico medio de convicci\u00f3n fue la declaraci\u00f3n rendida por el demandante en el interrogatorio de parte que se practic\u00f3, el que no resulta id\u00f3neo para acreditar dichos supuestos, por tanto, de oficio declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de acreditaci\u00f3n de la totalidad de los requisitos para el \u00e9xito de la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, sentencia que se encuentra motivada y no luce arbitraria, ni caprichosa, as\u00ed como tampoco se evidencia un defecto sustantivo, f\u00e1ctico1 que amerite la intervenci\u00f3n de fallador constitucional. <\/p>\n
En este punto, es necesario destacar que el Juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea flagrante y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en este asunto, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. (Ver CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01, STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01, STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01, STC811-2022 y STC5002-2022, entre muchas). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Augusto Aguilar P\u00e1ez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala: \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012 y, STC2738-2018, 28 feb. rad. 00383-00 entre muchas otras). <\/p>\n
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STC9919-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9919-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02444-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Augusto Aguilar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66516","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66516\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}